Un día después de afirmar su compromiso con el derecho a decidir de las mujeres, el flamante presidente norteamericano Barack Obama le puso hechos a las palabras y derogó la llamada Ley Mordaza que impedía el financiamiento de organizaciones para que brindaran abortos, o siquiera aconsejaran sobre el tema, dentro y fuera de Estados Unidos. También esbozó el enfoque de género que intentará dar a su gobierno.

Estados Unidos es uno de los países que más dinero destina históricamente a la planificación familiar. Con la Ley Global de la Mordaza, restaurada en el 2001 por George W. Bush, las zonas menos desarrolladas del mundo fueron las más desfavorecidas. Asia, Africa y América Latina vieron mermar los fondos destinados por agencias financiadoras internacionales al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lo cual afectó sobre todo a las mujeres de menos recursos, destinatarias principales de los programas.

En la labor  de defensa y promoción de los derechos humanos, uno de los objetivos centrales desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil es la lucha contra la discriminación y exclusión social que viven las mujeres. En ese contexto, el caso de la cadete Flor de Jesús Cahuaya Alegre,  la joven expulsada de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú por haber quedado embarazada merece una reflexión pues constituye un caso emblemático por sus implicancias. En efecto, el caso de la cadete embarazada, expulsada de dicha institución de formación militar evidencia de un lado la subsistencia del grave problema social que aun viven las mujeres: la discriminación y exclusión social a causa de la maternidad y de otro lado que son las propias normas y los funcionarios del Estado los promotores y/o partícipes de dicha discriminación y exclusión.

El sexo del futuro, ¿más virtual que nunca? El antropólogo Jaris Mujica tiene la clave.

A la cabeza de una nutrida fila de clientes al interior de un sexshop, una joven reclama a voz en cuello y con gestos bastante didácticos que el consolador con forma de delfín que compró no cumple su función, es decir, no la hace vibrar. La escena se desarrolla en Estocolmo, meca del “amor libre” y de la liberación femenina donde, para efectos del goce, la presencia de un partner de carne y hueso es cada vez más accesoria.

Para la 5ta Rueda del EPU, la Iniciativa difundió una Convocatoria para presentar informes, por la que se dio prioridad a activistas jóvenes, mujeres y personas trans/intersex. La Convocatoria se difundió en listas electrónicas de mujeres, derechos sexuales y LGBT, y están muy agradecid*s con todas las personas que ayudaron a difundirla.

Se recibieron 42 postulaciones para escribir informes sobre 9 de los países bajo examen. Como en ocasiones anteriores, fue un trabajo apasionante y tuvo como resultado la elaboración y envío de informes sobre los siguientes países: Afganistán, Belice, Chad, Chile, en colaboración con Andrés Rivera, presidente de OTDD (Organización de Transexuales por la Dignidad en la Diversidad); Congo, Eslovakia, Macedonia, República Centroafricana, Uruguay, en colaboración con el Grupo EA, que trabaja sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes.

En las últimas semanas ha salido a relucir lo peor de las políticas públicas y, como si todo lo malo tuviera que concentrarse en los directamente implicados, perdemos de vista hechos menos llamativos, pero no menos importantes.

La improvisación, la falta de sentido común y la utilización política siguen siendo los protagonistas, pero esto no debe hacernos ignorar la escasa participación ciudadana que aún se mantiene en el país. Queda en evidencia que el control social es en lo que menos se ha avanzado, a pesar de la inversión  y de los dispositivos legales conquistados, como la Ley de Acceso a la Información. Ante dicho fracaso, las autoridades del Gobierno no tienen mejor propuesta que convocar a la Iglesia Católica, como si se tratara del garante natural de la sociedad y representante de los más pobres. Lo que se propone con esta reflexión no es discutir si la Iglesia hará bien o no esta función, sino poner en cuestión que el Estado la convoque como una salida ante su incapacidad de incluir a la ciudadanía organizada, la cual sí  tendría mucho que decir, pues cada vez hay mayor consenso en que la participación ciudadana y la veeduría social son componentes claves de las políticas públicas, y no tomar en cuenta sus aportes no solo afectará el impacto esperado, sino que atentará en contra de la democracia.

Se han necesitado 30 años de epidemia de VIH/Sida en el mundo, 25 millones de muertes prematuras y un continente prácticamente devastado, para que la jerarquía del Vaticano finalmente señale la posibilidad de usar el condón si es que la persona ya es portadora del VIH.

Este pequeño avance, aunque enorme frente al cierrapuertas que mantiene la Iglesia Católica respecto a los temas de sexualidad y reproducción, muestra algo que hasta ahora sus distintos voceros se han negado a reconocer: el condón sí es efectivo. El problema es que solo lo admite para evitar la reinfección, pero no para prevenir la enfermedad, que para la mayoría se constituye en el tema central de combate a la pandemia.