Nuevos escenarios: El desafío de construir instituciones libres de violencia basada en género

Por: Susana Chávez

La violencia basada en género es uno de los fenómenos que acompaña a la historia de la humanidad, más antigua incluso que las guerras. Sin embargo, es la más reciente en cobrar importancia, cuyo debate se inició apenas hace 40 años, al posicionarse en la esfera pública, algo que se consideraba un asunto privado.

No hay duda en que hemos avanzado. Tenemos leyes que sancionan la violencia en el ámbito familiar, que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas y personas LGTBI. Las penas son severas si se trata de una violación sexual a niñas o niños. Existen instituciones especializadas en atender la violencia y otras como el sector educación que han ido marcando políticas para proteger a los niños y niñas de posibles amenazas.

Nada de esto es suficiente y existe un largo camino para desarraigar prácticas y pensamientos fuertemente instalados, que todavía se expresan en la poca credibilidad del testimonio de las víctimas, los altos estándares probatorios en la comisión de estos delitos, la escasa valoración de la afectación de la integridad psicológica de las víctimas, son algunos argumentos que lastiman la integridad de la víctima.

El foco frente a las víctimas de violencia de género y la respuesta social inmediata es: “Ella (el, cuando se trata de niños o adolescentes) fue la que provocó el delito”. Esto ha generado que la mayoría de las victimas retrocedan y callen o que las familias o allegados silencien el crimen. El evidente efecto de este circuito de violencia son los altos índices de subregistro de denuncias por estos hechos.

Este resultado no solo genera una atmosfera negativa en los espacios de relación, sino además una costra indeleble de revictimización e impunidad, dos caras de una misma moneda, difícil de desligar. Las organizaciones de la sociedad civil como cualquier otro espacio social no están exentas de la violencia de género.

En estos espacios al no ser fueros judiciales, no pueden determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien sindicado como responsable. Ante tal dilema, es muy importante hacernos una pregunta de base y sobre la misma tomar decisiones; ¿Puede una institución aceptar dentro de sus integrantes a un acusado de violencia sexual? La respuesta es: “NO”.

Es no, porque necesitamos que todas y todos entendamos que la acusación de ser perpetrador/a de violencia de género, llámese violencia familiar, violencia de pareja y violencia sexual, son hechos graves que al dañar a las personas contravienen la ética institucional basada en un enfoque de derechos y género.

Es no, porque necesitamos poner atención en el daño causado, en la palabra de las afectadas, dado que es principal atributo que el sistema en general desdeña y no repara. Es no, porque necesitamos crear entornos de confianza, donde mujeres, hombres, personas LGBTI, puedan desplegar el máximo de su potencial, sin temor a ser abusadas, en un espacio interno de crecimiento profesional sano.

Es no, porque sea la institución que sea, tiene que tener credibilidad y porque así podremos crear instituciones sólidas que fortalezcan democracias. Es probable que muchos piensen acerca de la presunción de la inocencia. Es verdad, pero eso es algo que quedará en la conciencia individual y en las instituciones especializadas en la investigación y de justicia.

Lo que corresponde a las instituciones y quienes dirigimos las mismas, es reconocer que tenemos la prerrogativa de establecer requisitos mínimos y desde el principio advertir, así como decimos que en esta institución no se admite ningún acto de discriminación. Decir también que en esta institución no se admite ninguna persona señalada por violencia especialmente de género, es una forma de decir que aquí sí creemos en el testimonio de la víctima.

Cumbre de las Américas debe colocar la igualdad de género como prioridad

Lucha contra la corrupción no puede excluir defensa de derechos de las mujeres y jóvenes

Son contundentes. Organizaciones de sociedad civil de distintos países de América se encuentran en nuestro país con la finalidad de proponer a los Jefes de Estado que participan en la VIII Cumbre de las Américas, la urgencia de incorporar a las mujeres, jóvenes y personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB); para luchar contra la corrupción y asegurar la Gobernabilidad Democrática. “Todas las personas deben ser partícipes del cambio que requerimos en la región. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser garantizados y no pueden estar ausentes de nuestras agendas. Hay una ola conservadora que busca que retrocedamos, lo cual pone en serio riesgo a muchas personas, especialmente a mujeres, adolescentes, niñas y población LGTBI”, señalaron las representantes de la Coalición 23, espacio que agrupa a colectivos que defienden los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, la Coalición 23 conformada por organizaciones de mujeres y feministas, señalaron que es importante que los países de América, cumplan los compromisos internacionales asumidos, los cuales contemplan asegurar la eliminación de las brecha de género, étnico-raciales, por situación socioeconómica; para lo cual es preciso que se implementen políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad.

“Es indudable que el sector conservador que pretende eliminar el enfoque de igualdad de género en las políticas públicas, incluyendo las políticas educativas,  no está solo en un país, sino en toda América. Si esta propuesta prospera se agudizarán las inequidades y las desigualdades. Debemos tener claro que no es posible hablar de desarrollo, de institucionalidad y de gobernabilidad en un país sin respetan nuestras diversidades y garantizar los derechos de mujeres y jóvenes”, agregaron voceras de la Coalición 23.

Por otro lado, mostraron su preocupación por la desprotección a las defensoras de derechos humanos, recordando el asesinato de Marielle Franco, feminista afrobrasileña, líder en la lucha por los derechos de las mujeres y de la población LGTB.

La Coalición 23 está conformada por organizaciones de Perú, Paraguay, Argentina, México, Guatemala, USA, El Salvador, tales como como: “Asociación Acción y Reflexión Lésbica Las Safinas , AIDS Healthcare Foundation AHF, AMMAR  Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, ONAEM Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer, Fundación Margen, Asociación Líderes en Acción , Fundación Mujer y Futuro, Asociación de Mujeres buscando libertad ASMUBULI, Asociación La Sala, Movimiento Orquídeas del Mar . Red por los DSyDR -El Salvador, Centro de Derechos Reproductivos , Planned Parenthood Global, Campaña por una Convención Interamericana por los DSyDR Guatemala, Sitrasexgua Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Guatemala, REDMUDE Red de Mujeres Unidas por Nuestros Derechos, AMETS Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales, FEMESS (Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C.), Colectiva Ciudad y Género A C, Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo AC, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos- RedLAC, MEXFAM, Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, Centro de Estudios por la Gobernabilidad y Democracia –CEGODEM, Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá, UNES Unidas en la Esperanza de Paraguay, APROPO Apoyo a Programas de Población , Asociación Kallpa para la promoción integral de la salud y el desarrollo , Ayni Desarrollo, Campaña por una Convención Interamericana por los DSyDR –Perú, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán Centro Ideas, Programa Piura, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Peru, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM PERÚ, Foro Salud, Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático –GIMCC, INPPARES (Instituto Peruano de Paternidad Responsable), Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Presencia y Palabra Mujeres Afroperuanas , Promsex, Red Peruana de Mujeres viviendo con VIH , REDTRASEX Red de Trabajadoras Sexuales Perú, Federación nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú –FEMUCARINAP, OTRASEX Organización de Trabajadoras Sexuales, Cotidiano Mujer, Sección Peruana de Amnistia Internacional, Articulación Feminista Marcosur , CLACAI -Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, Federación Internacional de Planificación Familiar –Región del Hemisferio Occidental  IPPF/RHO, ICW Latina, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe –RSMLAC, RedTraSex LAC Red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamerica y el Caribe, Ipas Centroamérica; entre otras.

El difícil camino del liderazgo político de las mujeres

Por: Susana Chávez

El doble rasero que políticos y políticas utilizan para valorar los actos públicos y de gobierno ya no nos sorprende. Pero esto no implica quedarnos en silencio ante una denuncia como la del congresista Jorge Del Castillo, quien cuestionó el nombramiento de la ministra Liliana La Rosa en la cartera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) por supuestamente ser militante del Frente Amplio y por la ventaja que su organización política podría obtener de cara al próximo proceso electoral.

Lo primero que habría que hacerle saber al congresista es que, desde enero de este año, la ministra ya no milita en esta agrupación política, tal como ella misma lo ha anunciado en redes sociales. Esta situación no resulta difícil de creer ya que todos/as sabemos del cisma que hubo al interior del Frente Amplio y de la posterior salida de muchas personas de esta agrupación.

No deja de ser irónico que la militancia ajena sea un factor de preocupación para el congresista Del Castillo, cuando hasta hace muy poco tiempo dos de sus compañeros ocuparon las carteras de Salud (Abel Salinas Rivas) y Trabajo (Javier Barreda). Por lo menos, no lo escuché decir que esto podría dar ventaja al Partido Aprista en las elecciones.

También preocupa un poco que se objete la militancia de la ministra y no el nombramiento del ministro de Defensa, José Huerta Torres, que aparece en un vladivideo junto con una reducida cúpula militar que celebra alegremente el cumpleaños de su “amigo”, Vladimiro Montesinos. Habría que preguntarse si se trata o no de alguna solidaridad de género.

Sin embargo, no es el ataque a la ministra o el desagravio lo que me anima a escribir sobre este tema. Estoy convencida que ella sabrá responder con una buena gestión, ya que se trata de una mujer competente y de una carrera profesional exitosa. Lo que me gustaría abordar es algo que nos compete a muchas mujeres y es el asunto de las militancias políticas, sobre todo en un contexto donde todavía enfrentamos una enorme brecha de género.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (2016), en 13 de los 24 partidos políticos que presentaron datos de sus afiliados, la militancia femenina es mayor que la masculina, aspecto que se ha mantenido de manera sostenida desde el 2007. Pero cuando se compara la cantidad de directivos, todos los partidos políticos presentan una mayor cantidad de dirigentes hombres que mujeres. Esta proporción apenas ha variado y al revisar las cifras, en los últimos diez años las brechas parecen haberse incrementado. Esta afirmación no exceptúa al Partido Aprista ya que solo el 10% de sus dirigentes son mujeres.

Importa poco si una ministra se encuentra registrada en un partido político o no. Lo que sí es relevante es que las mujeres dejemos de estar subrepresentadas y marginadas del liderazgo. Necesitamos que al interior del debate político nos ocupemos de las causas estructurales de la desigualdad de género, con propuestas concretas para combatir la desigualdad salarial, la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, la ausencia de políticas de cuidado y la desatención a sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Es decir, necesitamos que nuestra democracia se humanice y logre finalmente hacer que todas y todos construyamos un país, en donde la igualdad de oportunidades dejen de ser simples palabras, para convertirse en una realidad.

Artículo escrito por Susana Chávez, directora de Promsex, para otramirada.pe

Promsex presentará el primer Informe Temático sobre la vulneración de los DDHH a las personas LGBT en el Perú

La invitación está abierta para todos y aquellas personas que deseen contar con información y reflexiones actualizadas en torno al derecho a la igualdad de las personas TLGB en el Perú desde una perspectiva jurídica y de políticas públicas. 

Por primera vez, el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) presentará el informe temático: “El Derecho a la Igualdad de las personas LGBT en el Perú: Perspectivas jurídicas y políticas” en el auditorio el Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el día jueves 15 de marzo a las 6:30 de la tarde.

El contexto político y social ha ido cambiado en todo el mundo frente a la violencia respecto a la igualdad y su reconocimiento como derecho fundamental en los países. Este es un requisito indispensable para la construcción de una sociedad democrática, en la cual se erradiquen prácticas de discriminación e intimidación hacia personas que históricamente han sido consideradas de menor valor humano, entre ellas las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

El documento realiza un balance crítico sobre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de orientación sexual no heterosexual y de identidad de género, analiza procesos de judicialización como una herramienta para lograr la igualdad; así como hace un análisis de Ordenanzas Regionales y políticas antidiscriminatorias en los municipios, para finalmente abordar la desigualdad institucionalizada desde la discusión legislativa frente a la sanción de los crímenes de odio.

Este Informe se presenta en el marco de un contexto, en el cual se debe esperar más que nunca que las instituciones de los diferentes niveles de Estado avancen en la implementación de marcos normativos y políticas públicas para la realización de la igualdad como un derecho, y no se ceda frente a presiones de grupos anti derechos, que no hacen más que perpetuar discursos y prácticas de odio y discriminación.

Este “Informe temático LGBT 2018” basa su contenido en nuestro trabajo de incidencia política, litigio estratégico y fiscalización de la actuación del Estado. Por ello, queremos agradecer a quienes confían en Promsex y permiten que sus historias generen cambios sociales y reflexiones jurídicas importantes para lograr una sociedad democrática que perpetúe un contexto de igualdad real. Sobre todo, para quienes históricamente, han sido colocados en una situación de desventaja, estructuralmente hablando.

En los siguientes años, compartiremos con ustedes una serie de Informes Temáticos anuales que abordarán de manera especializada la situación de las personas LGBTI, combinando la reflexión teórica, eminentemente jurídica y los balances políticos e históricos necesarios.

Prensa:
Grecia Delta
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Promsex e IDL rechazan fallo del CNM tras el archivo definitivo de la investigación por caso de trata contra integrantes de Sala Penal Permanente

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) rechazan el fallo por mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que decide archivar definitivamente la investigación contra los magistrados: Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, Duberlí Rodríguez Tineo, César Hinostroza Pariachi y José Neyra Flores, por la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y trato manifiestamente discriminatorio, contemplados como falta muy grave y grave, respectivamente, en la Ley de la Carrera Judicial.

El CNM, en mayoría, declaró infundados los recursos de reconsideración interpuestos por Promsex y otras organizaciones, al sostener que no se apreciaron elementos objetivos que fundamentaran la presunta transgresión a la debida motivación y trato discriminatorio alegados, por cuanto:

  1. La Ejecutoria Suprema se habría ceñido al respecto irrestricto de las garantías procesales como la debida motivación, congruencia recursal y principio de legalidad. (fundamento 18)
  2. No se puede valorar el caso en base a situaciones que no se han incluido como prueba fehaciente al interior del proceso penal, no pudiendo por ello partirse de que es un hecho cierto la forma como se realiza la trata de personas en la zona de Madre de Dios; de lo contrario, se violaría el derecho de defensa, a la valoración de la prueba penal y debida motivación. (fundamento 19)
  3. No se acreditó que la imputada hubiera promovido la captación y traslado de la menor con fines de explotación, ni que tampoco que tal explotación era con fines sexuales. (fundamento 21)
  4. Si bien existe una referencia al agotamiento de la fuerza del trabajador para la explotación laboral en la Ejecutoria Suprema, tal argumento en nada ha aportado a lo que era materia de impugnación, resultando inoficioso entonces efectuar análisis alguno. (fundamento 22)
  5. En cuanto a la presunta aplicación de estereotipos referente al desempeño no agotador de un trabajo como dama de compañía en la Ejecutoria Suprema, dicha referencia no se efectuó en virtud de su condición de mujer, sino que se debió a la propia descripción del trabajo que realizaba la menor. De lo anterior, no se advierte un trato manifiestamente discriminatorio, ni que se pretenda minimizar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual como si se trata de una actividad cualquiera por su condición de mujer. (fundamento 23)

Por su parte, la consejera Elsa Aragón Hermoza, representante del Ministerio Público, fue la única que emitió su voto en el sentido de que se dé inicio al procedimiento disciplinario contra los jueces supremos denunciados, considerando que existen suficientes indicios que así lo justificarían, por lo siguiente:

  1. En la Ejecutoria Suprema no se vierten argumentos razonables que justifiquen la decisión de que la labor que realizaba la menor no agotaba su fuerza trabajadora, siendo flagrante la omisión de precisar la doctrina jurisprudencial en la que se basó para sostener ello (punto 2).
  2. La cantidad de horas laboradas por la menor superaba las 12 horas diarias, pese a ello, la Sala Suprema señaló que tal cantidad de horas por sí misma no implicaba explotación laboral, inobservando normativa nacional referente al límite de jornada laboral permitida para menores de edad (punto 4).

De la Ejecutoria Suprema se evidencia el desarrollo de un juicio estereotipada, toda vez que se basó en argumentos preconcebidos que menoscaban a la mujer por su condición de tal, al referir que hacer de dama de compañía es simplemente beber con clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no presentándose como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora. Ello deviene en una apreciación muy subjetiva, carente de todo sustento probatorio (punto 8).

Es preciso señalar que la impunidad de los magistrados se acrecienta si es que no hay, siquiera, investigaciones administrativas en casos donde hay indicios suficientes de violación de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La impunidad de los actores del sistema de justicia aumenta la posibilidad de la violencia.

Procesos de investigación a violadores sexuales se paralizan por falta de insumos químicos en Medicina Legal y retrasan acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual

N.M. de 12 años fue violada por el tío político de su madre en octubre de 2016 en el distrito de Sullana (Piura). Luego de que la madre de la niña se percatara del embarazo de su pequeña, decidió denunciar al agresor. El acusado lleva el proceso judicial en libertad pues la solicitud de detención preliminar presentada por Fiscalía fue denegada por el Juzgado por considerar que el acusado no iba a fugar ni a obstaculizar el proceso, a pesar de que la niña y su familia recibían múltiples amenazas e insultos.

En diciembre de 2017 el Fiscal a cargo de la investigación dispuso la Acusación. En estas circunstancias, N.M continuó con el embarazo y pese a que fue a un Hospital para ser atendida por el personal médico, en ningún momento se le ofreció el acceder a un aborto terapéutico, después de una serie de maltratos en el nosocomio dio a luz.

La fiscal responsable del caso solicitó a la División Médico Legal de Sullana a que se le practicaran pruebas de ADN al acusado y al niño. El 14 de marzo de 2017, la entidad pública respondió que no se podían extraer muestras porque no se contaban con el instrumental especializado.

El 1 de diciembre de 2017, la fiscalía remitió un oficio al Laboratorio de Biología Molecular y Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal de Lima para reiterar que se cumpla con enviar los resultados de las muestras de ADN practicadas al agresor y al recién nacido. Medicina Legal respondió que la demora en la realización de la prueba de ADN fue la falta de insumos para realizarla.

El 18 de enero de 2018, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana llevó a cabo la audiencia de control de acusación. Dicha audiencia fue cancelada y postergada hasta el 20 de junio de 2018 por no contar con los resultados de la prueba de ADN. Prueba, que, a criterio del Juez, es neurálgica para la continuidad del proceso. Aspecto que Promsex rechaza y se opone, pues la prueba de ADN no es prueba indispensable en la judicialización de casos de violación sexual.

Promsex, como representante de N.C, consultó con el laboratorio de medicina legal del Ministerio Público a fines de enero de 2018, y nos informaron que el nuevo problema que tienen es la falta de personal médico para realizar esta prueba ya que el biólogo a cargo necesita apoyo de otros profesionales para poder avanzar con todos los casos.

Por la falta de recursos para este tipo de actividades, no solo se retrasa el acceso a la justicia sino que constituyen una violación sistemática a los derechos de las niñas. El ser forzadas a asumir una maternidad producto de la violencia sexual, estar expuestas a un proceso extremadamente largo, lleno de obstáculos generados por el propio Estado, la falta de recursos para sus órganos de apoyo en investigaciones y el no respetar su derecho a ser informadas sobre el acceso a un aborto terapéutico, perjudica la salud mental de las pequeñas.

Mientras, el agresor continúa libre y cerca a N.M, quién no recibe siquiera apoyo emocional, apoyo social por parte del Estado. Además, N.M, no ha podido volver al colegio por temor a ser otra vez agredida por el acusado.

PROMSEX hace un llamado al Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial y Ministerio Público a acabar con los obstáculos en la judicialización de los casos de violaciones sexuales contra niños y niñas. Pues obstáculos como el señalado redundan en la falta de acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual  y legitiman la impunidad, la misma que es parte del circulo vicioso de la violencia.

Promsex
Comunicaciones
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Promsex e IDL denuncian peligro de impunidad por parte del CNM en caso de trata de niñas y mujeres en Madre de Dios

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) denuncian el peligro de impunidad ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) frente a la tramitación de la denuncia 107-2016-CNM, presentada contra los magistrados Javier Villa Stein (quien renunció a la Corte Suprema), Josué Pariona Pastrana, Duberlí Rodríguez Tineo (actual presidente del Poder Judicial), César Hinostroza Pariachi y José Neyra Flores, quienes han violado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales e incurrido en trato manifiestamente discriminatorio, situaciones contempladas como falta muy grave y grave, respectivamente, en la Ley de la Carrera Judicial Nº 29277.

Como integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante ejecutoria suprema del 28 de enero del 2016, los referidos jueces supremos confirmaron la absolución de una procesada por el delito de trata de personas, valiéndose para ello de estereotipos de género.

En efecto, refirieron que el hacer de dama de compañía [por más de 12 horas diarias], y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya agotar la fuerza de la trabajadora”, minimizando así su connotación sexual y laboral, y obstaculizando que dicho rol no califique como explotación sexual y laboral, como en efecto lo es.

Al respecto, se denunció ante el Consejo Nacional de la Magistratura a los mencionados jueces supremos, en virtud de la cual (denuncia acumulada a la Nº 086-2016 CNM) se resolvió abrir investigación preliminar. No obstante, una vez concluida dicha etapa, el CNM decidió no haber mérito para abrir procedimiento disciplinario, archivando el caso.

Frente a esa decisión, se presentó un recurso de reconsideración, a fin de que fuera revocada y, en consecuencia, se dispusiera abrir procedimiento disciplinario a los jueces supremos. Y esto, toda vez que los argumentos esbozados por el CNM de ninguna manera han estado precedidos del análisis correspondiente sobre las vulneraciones y faltas ocasionadas con motivo de la emisión de la Ejecutoria Suprema en cuestión, y que fueran invocadas en nuestra denuncia: la indebida motivación de las resoluciones judiciales y el trato manifiestamente discriminatorio.

El 11 de enero se desarrolló el informe oral ante el pleno del CNM, PROMSEX presentó su Informe Oral; y cabe resaltar, que en la misma audiencia hizo sus descargos uno de los Magistrados denunciados, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, actual Presidente del Poder Judicial, quien lamentablemente no centró su defensa en los criterios cuestionados.

Por lo anteriormente señalado, convocamos a una conferencia de prensa para este martes 16 de enero a las 11 de la mañana en la avenida Pardo 601 oficina 604, en el distrito de Miraflores.

Comunicaciones:
Promsex
Telf.: 4478668 anexo 118

Corte IDH determinó obligación de los Estados de garantizar el reconocimiento de identidad de género y matrimonio igualitario

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) celebra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reitere que tanto la “orientación sexual” y la “identidad de género”, son categorías protegidas por la Convención Americana (CADH). Saludamos también que, por primera vez, se reconozca a la “expresión de género” como categoría protegida.

En respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva presentada por Costa Rica, la Corte IDH señaló que, el cambio de nombre y sexo/género, en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida, constituye un derecho protegido por la CADH.

En ese sentido, los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines (de carácter administrativo o notarial), basándose, únicamente, en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos patologizantes y en la medida de lo posible de manera gratuita.

Por otro lado, determinó que, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar, así como del derecho a la protección de la familia, la CADH respalda el vínculo familiar derivado de una relación de una pareja del mismo sexo.

Por lo cual, los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras de protección existentes en los ordenamientos jurídicos internos, como la “unión de hecho” y el “matrimonio civil”, con el fin de asegurar en igualdad el respeto y garantía de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo.

De este modo, a partir de la interpretación de la Convención Americana y otras normas, la Corte IDH ha precisado y determinado para los Estados partes de la CADH y, en general, para todos los Estados miembros de la OEA, incluido el Perú; cuáles son las obligaciones estatales en relación con los derechos humanos de las personas LGBTI.

Los estándares señalados en la Opinión Consultiva N° 24 contribuirán a que el Estado cumpla de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales y desarrolle políticas públicas que garanticen y respeten los DDHH de las personas LGBTI.

La jurisprudencia de la Corte IDH expedida en el marco de su función consultiva es vinculante para el Estado peruano por mandato constitucional. En tal sentido, los diversos órganos del Estado deben realizar el correspondiente control de convencionalidad, sobre la base de lo que ha señalado la Corte IDH.

Esto implica que el poder legislativo y judicial, principalmente, en la discusión legislativa (sobre sanción a los Crímenes de Odio, Ley de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario, entre otros) y en el marco de procesos judiciales en curso, consideren los estándares mencionados, para así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos y la responsabilidad internacional del Estado peruano.

Violador de niña de 12 años que quedó embarazada fue condenado a 25 años de cárcel y a una reparación civil de 2 mil soles

La Sala Superior Especializada en lo Penal Descentralizada y Permanente del distrito San Juan de Lurigancho (SJL) llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en el Penal de SJL contra Daniel Torres Monteza (25), quien fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual a una menor de edad de 12 años y al pago de dos mil soles por concepto de reparación civil a favor de la niña.

La condena Torres Monteza constituye un avance en aras del acceso a la justicia de la víctima, sin embargo, dicha Sala no acogió la agravante invocada por el representante del Ministerio Público en su acusación, contemplada en el último párrafo del artículo 173º del Código Penal, por no haberse acreditado dentro del proceso que el vínculo existente entre el agresor y la agraviada.

Torres Monteza es conviviente de la prima hermana de la niña y esto le daba una particular poder sobre la pequeña. Desde el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) no compartimos tal criterio, dado que la Sala olvida que dicho agravante contempla dos supuestos distintos: el cargo o vínculo familiar que le da al agresor particular autoridad sobre la víctima, o le impulse a depositar en él su confianza.

Este caso en concreto, dadas sus particularidades, no debería encajarse en el primer supuesto, sino en el segundo, esto es, cargo o vínculo familiar que impulse a la víctima a depositar en él su confianza; puesto que de autos se desprende que, efectivamente, la niña agraviada confiaba en Torres Monteza por formar parte de su círculo familiar, a tal punto, que fue aprovechándose de tal confianza que con engaños la hizo ingresar a su habitación donde finalmente la vejó.

Por otro lado, desde Promsex tampoco compartimos el monto fijado por concepto de reparación civil, puesto que es irrisorio en comparación de la magnitud del daño ocasionado a la niña agraviada como consecuencia de la comisión del delito por parte de Torres Monteza.

Tomando en cuenta que la niña agraviada resultó embarazada producto de tales repudiables actos y que posteriormente fue sometida a un aborto terapéutico puesto que fue diagnosticada con estrés postraumático e ideaciones suicidas, la suma de dos mil soles resulta a todas luces, insuficiente.

Además, no compartimos la denegación de las medidas de protección solicitadas por nuestra parte en reiteradas oportunidades a fin de proteger y cesar los actos de violencia y hostilización de los que fueron objeto: la niña agraviada, su madre y sus hermanos por parte de los familiares del ahora sentenciado. El criterio utilizado por la Sala respecto de la necesidad de interponer denuncia previa por los actos invocados es erróneo a la luz de la Ley 30364º, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar.

Los hechos relatados, el abuso sexual y la consecuente estigmatización sufrida por la niña agraviada, han generado en ella un permanente estado de dolor, tristeza, culpa y ansiedad, por lo que la menor requiere una larga terapia psicológica que le permita rehacer su vida, con lo cual, el monto de reparación civil fijado es desproporcional, y, por ende, arbitrario.

Finalmente, desde Promsex repudiamos la estrategia utilizada por la defensa del ahora sentenciado, al pretender a toda costa que éste evada su responsabilidad penal, incluso manipulando y alterando pruebas, tal como se desprende de los indicios encontrados por la misma Sala, y que hoy le han valido a dicha parte, la apertura de una investigación ante la Fiscalía de Turno por la presunta comisión del delito contra la fe pública.

Asimismo, resulta sumamente cuestionable la estrategia de la defensa de Torres Monteza, al haberse centrado en desacreditar a la víctima, y no en probar la inocencia de su defendido, lo cual nos evoca el caso conocido como “La Manada” relativo a una violación sexual grupal ocurrido en España en 2016, donde la defensa de los acusados se centró en la misma “estrategia”, estigmatizando a la víctima y justificando la violencia, causando así la repulsión de la sociedad española.

Comunicado Coalicion LGBTTTI OEA – Nombramiento Victor Madrigal-Borloz

En el día de ayer el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha nombrado al jurista costarricense, Víctor Madrigal-Borloz, como nuevo Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género. La nominación había sido propusiera la semana pasada por el presidente del organismo cuyos miembros son 47 gobiernos encargados de supervisar los derechos humanos en todo el mundo.

Como Especialista Principal de Derechos Humanos en la CIDH, y por medio de su tarea como Asesor principal sobre derechos LGBTI, el Sr Madrigal-Borloz ha colaborado con nuestra Coalición en forma constante, fundamentalmente ayudando a generar conciencia en ese organismo sobre la situación que enfrentan las personas LGBTI en la región.

Desde esa experiencia no nos cabe la menor duda que su permanente práctica por la defensa de los derechos de las personas LGBTI en los más diversos foros internacionales y su inquebrantable ejercicio de dialogo con la sociedad civil aportarán valiosas herramientas a su nuevo rol, al que instamos tomar en cuenta una muy necesaria perspectiva interseccional y un enfoque feminista.

El Sr. Madrigal-Borloz, nombrado por un período inicial de tres años renovable, se encargará de evaluar la aplicación de las leyes internacionales de derechos humanos sobre orientación sexual e identidad de género, concientizar sobre la violencia y la discriminación sufrida por las comunidades LGBT, entablar un diálogo y cooperar con los Estados para implementar medidas y proporcionar asesoramiento y asistencia técnica cuando sea necesario.

El proceso de nombramiento del Sr Madrigal-Borloz nos llama a la reflexión sobre la falta de diversidad por género, región, raza, y otras característica interseccionales entre las personas candidatas que solicitaron este puesto; no hubo personas trans o de género no binario. Un tema que también abordó el Presidente del Consejo de Derechos Humanos al señalar la falta de mujeres candidatas a este puesto.

Teniendo en cuenta nuestra experiencia pasada, desde esta Coalición estamos dispuestos y dispuestas seguir colaborando con la labor del Sr. Madrigal-Borloz y queremos hacerle llegar nuestras felicitación por este nuevo rol.

La Coalición de Organizaciones de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgéneros e Intersex (LGBTTTI) con trabajo en el marco de la OEA, la cual agrupa 53 organizaciones no gubernamentales en 27 países de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos humanos de estos grupos.

En nombre y representación de las organizaciones pertenecientes a la Coalición:

  1. Argentina / AKAHATA Equipo de Trabajo en Sexualidades y Género
  2. Argentina / ATTTA (RedLACTrans)
  3. Bahamas / The D Marco Organization (RedLACTrans)
  4. Belize / TIA Belize (RedLACTrans)
  5. Belize / United Belize Advocacy Movement (UNIBAM)
  6. Bolivia / Red Nacional de Mujeres Trans en Bolivia (REDTREBOL) (RedLACTrans)
  7. Bolivia / Fundación Diversencia
  8. Brasil / Articulação Política das Juventudes Negras
  9. Brasil / Grupo Ativista de Travestis, Transexuais e Amig@s (GATTA)
  10. Brasil / Grupo Esperança
  11. Brasll / Liga Brasileira de Lesbicas (LBL)
  12. Brasil / Rede Nacional de Negr@s e Afros LGBTTT (Rede‐afros‐lgbts)
  13. Chile / Asociación OTD Organizando Trans Diversidades
  14. Chile / Sindicato Amanda Jofré (RedLACTrans)
  15. Colombia / Asociación Lideres en Acción
  16. Colombia / Colombia Diversa
  17. Colombia / Fundación Santamaría
  18. Colombia / Red Comunitaria Trans (RedLACTrans)
  19. Costa Rica / Mulabi ‐ Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
  20. Costa Rica / TRANSVIDA (RedLACTrans)
  21. Dominica / Dominica Chapter of the Caribbean HIV and AIDS partnership (ChapDominica)
  22. Ecuador / Asociación Alfil (RedLACTrans)
  23. Ecuador / Taller de Comunicación Mujer
  24. El Salvador / Asociación Aspidh Arcoiris (RedLACTrans)
  25. Grenada / Grenada Chapter of the Caribbean HIV and AIDS Partnership (GrenCHAP)
  26. Guatemala / Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) (RedLACTrans)
  27. Guyana Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD)
  28. Honduras / Colectivo Unidad Color Rosa (RedLACTrans)
  29. Honduras / APUVIMEH – Asociacion Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras.
  30. Jamaica / Jamaica Forum for Lesbians, All‐sexuals and Gays (J‐FLAG)
  31. Mexico / Letra S SIDA, Cultura y Vida Cotidiana
  32. Mexico / Red Mexicana de Mujeres Trans (RedLACTrans)
  33. Nicaragua / Red Nicaragüense de Activistas Trans (REDTRANS)
  34. Nicaragua / ODETRANS (RedLACTrans)
  35. Panama / Asociación Panameña de Personas Trans (RedLACTrans)
  36. Paraguay / Aireana Grupo por los Derechos de las Lesbianas
  37. Paraguay / Asociación Panambi (RedLACTrans)
  38. Paraguay / Asociación Escalando
  39. Peru / Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMISEX)
  40. Peru / Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género
  41. Perú / Red Trans Perú (RedLACTrans)
  42. Regional Caribbean Forum for Liberation and Acceptance of Genders and Sexualities (CARIFLAGS)
  43. Regional / Synergia – Iniciativas por los Derechos Humanos
  44. Regional / Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS)
  45. Republica Dominicana / Colectiva Mujer y Salud
  46. República Dominicana / COTRAVEDT (RedLACTrans)
  47. St Lucia / United & Strong
  48. Suriname / Women’s Way
  49. Trinidad and Tobago / Allies for Justice & Diversity
  50. Uruguay / Asociación Trans del Uruguay (ATRU)
  51. Uruguay / Colectivo Ovejas Negras
  52. Venezuela / Venezuela Diversa Asociacion Civil
  53. Venezuela / Diversidad e Igualdad a Través de la Ley (DIVERLEX)

Comunicado en inglés

Comunicado en portugués