Tortura contra Yefri Peña, persona trans femenina, queda impune

Decisión de fiscal “especializada” en derechos humanos genera impunidad en caso de crimen por prejuicio

Yefri fue torturada por ser una mujer trans. En la madrugada del 27 de octubre de 2007, Yefri Peña fue torturada por 5 sujetos desconocidos cuando se dirigía a su casa después de trabajar como promotora de salud. El móvil transfóbico de la agresión quedó evidenciado por los insultos proferidos por los agresores mientras la golpeaban y cortaban con botellas rotas.

Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano, policías asignados a un puesto de vigilancia desde el cual vieron lo ocurrido, se negaron a ayudar a Yefri. Ella tuvo que fingir su propia muerte para lograr que la agresión cese. Yefri quedó casi un mes en coma, y actualmente carga con las secuelas físicas y emocionales del brutal ataque.

Más de una década después de este atentado contra la vida y la salud de Yefri, la fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial (instancia supuestamente especializada en la investigación de violaciones de derechos humanos), ha decidido que no existió tortura. Esta decisión, definitiva e inapelable, tomada tras una investigación largamente dilatada, fue ratificada por el fiscal Luis Landa de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional.

Pese a que los agresores dejaron claramente establecida su intención de castigar a Yefri por su identidad de género, se ha dejado en total impunidad un acto de tortura cuyo consentimiento por los dos efectivos policiales hizo imposible que los agresores sean oportunamente detenidos, identificados, procesados y sancionados.

Extrañamente, la fiscal Gutiérrez decidió acusar a los efectivos Gamboa Huamán e Ybias Altamirano solo por el delito de lesiones graves. Sin embargo, esta decisión ha sido adoptada sabiendo que la acusación no conllevará una sanción efectiva a dichos funcionarios, pues ese delito prescribiría en octubre de este año.

Considerando el tiempo transcurrido desde el ataque, ocurrido en el año 2007, sería necesario que se imponga una sanción definitiva este año. Actualmente, el caso se encuentra en un juzgado de Ate-Vitarte y debería pasar por esta instancia, por una Sala Superior y por la Corte Suprema antes del 27 de octubre de 2019. Conociendo la lentitud de nuestro Sistema de Administración de Justicia, sabemos que ello no ocurrirá.

Materialmente, la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez significa la impunidad total para los actos de tortura cometidos contra Yefri a causa de su identidad de género y que, hasta la fecha, tienen impacto en su salud mental y física.

Cabe señalar, que con relación expresa al caso de Yefri Peña el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha manifestado en su informe de diciembre de 2018 en el cual expresó su preocupación por las informaciones recibidas y lamentó que el Estado peruano “no haya proporcionado los datos solicitados sobre denuncias registradas por este tipo de abusos”.

En consecuencia, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de Yefri, denunciarán al Estado peruano ante las instancias internacionales correspondientes por la impunidad y daño generado.

Miraflores, 14 de enero de 2019.

 

Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos

Comunicaciones
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Crimen de odio en nombre de la religión

El primer día del 2019 nos sorprendió con la triste noticia de la muerte de Moisés, un adolescente LGBT de 17 años del distrito de Saposoa (San Martín), asesinado a balazos por su padre, quien no aprobaba su orientación sexual. Tras disparar a Moisés y a su madre (quien resultó herida por defenderlo), el progenitor rezó pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos por él y por su hijo: “Perdóname Señor, por todo lo que he cometido en esta tierra y te pido que cuides a mi hijito, no lo desampares, dale consuelo”. Posteriormente, acabó con su vida suicidándose.

Este crimen de odio nos duele y nos obliga a reflexionar acerca de cómo se inculca la homofobia en nombre de la religión. Apelando a textos sagrados, desde púlpitos y tribunas se promueven discursos de odio que llaman al rechazo, la marginación y la violencia contra la población LGBTIQ:

  • “Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de dios (…) Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, ¡mátenlas a los dos!” (pastor Rodolfo Gonzáles, Movimiento Misionero Mundial).
  • “¿Derechos? No se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual, de un vicio sexual. ¡No hay derecho para la aberración sexual!” (pastor Alberto Santana, El Aposento Alto).
  • “Si bien respetamos al homosexual como persona, no podemos aceptar la homosexualidad como tal. Esa práctica no es aceptable en la Iglesia” (pastor y congresista Julio Rosas).

Nada nos devolverá la vida de Moisés. Pero podemos luchar para evitar que niñas, niños y adolescentes LGBTI se conviertan en nuevas víctimas mortales de la homofobia.

Desde Promsex, exigimos al Estado la implementación de la política nacional con enfoque de género, que sancione drásticamente a los asesinos de crímenes de odio y que apruebe, en el más breve plazo, políticas públicas sectoriales que eduquen a toda la población peruana desde el respeto y la igualdad por la diversidad para prevenir los crímenes de odio.

Dato:                                                                   

Hoy viernes 4 de enero se realizará un plantón de rechazo a los crímenes de odio, organizado por diferentes colectivos LGBT de Lima, a las 7pm en la Plaza San Martín. [Evento] https://www.facebook.com/events/527438277752596/

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Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Prensa: 956-333-969 / 993-705-396

Carta aclaratoria a Ipys sobre nuestro trabajo en La Pampa (Madre de Dios)

Señor:
Augusto Alvarez Rodrich,
Presidente
Ipys.

Señor:
Ricardo Uceda,
Director Ejecutivo
Ipys

Estimados Augusto y Ricardo,

El motivo de la presente es hacerles saber de un hecho que lamentamos y que estamos seguras, no afectará las iniciativas que ustedes impulsan con relación al periodismo valiente que hace posible que nuestra democracia avance en el país.

En tal sentido, en honor a la transparencia y a la verdad y consecuentes con nuestra convicción en la defensa de los derechos humanos y nuestra lucha contra toda forma de violencia, nos vemos en la necesidad de aclarar la información contenida en el informe “La Hipocresía Organizada” de Gabriel Arriaran, presentado en un evento de Ipys el ultimo martes, 18 de diciembre.

En esta publicación se señala que no hemos devuelto “una puñetera encuesta y con ello facilitar que una mujer se reencuentre con sus hijos fuera de la cárcel”, dando a entender que habríamos negado información que hubiese permitido a los jueces determinar que una persona acusada de trata de personas seria en realidad una víctima. Información que vemos necesario precisarles:

  • PROMSEX, desde hace más de cinco años viene trabajando en Madre de Dios. Nuestra oficina se encuentra a diez kilómetros de “La Pampa”, lamentablemente una zona “liberada” donde los servicios del Estado no llegan. Somos la única organización presente en el lugar.
  • Como parte de nuestro trabajo, en setiembre del 2016 empezamos a diseñar un estudio para conocer las necesidades reales de salud de las mujeres que viven en “La Pampa”, y contratamos al antropólogo Gabriel Arriarán quien viajó a la zona para realizar este trabajo.
  • La información que obtuvo se realizó en el marco de las campañas de salud que PROMSEX venía realizando en la Pampa. Para ello se empleó la aplicación de encuestas físicas las que posteriormente fueron registradas en una base de datos. El propio señor Arriarán supervisó dicha actividad, cuyo registro se terminó en febrero del 2017. PROMSEX mantuvo este material hasta que se terminó el análisis y luego de la publicación del informe (Setiembre 2017), se procedió a eliminar las versiones físicas de los formularios, dado que su finalidad ya no tenía sentido y a fin de evitar que estas sean utilizadas para otros propósitos distintos a los de la investigación.
  • En julio del 2018, casi un año después de la publicación, recibimos las llamadas de Gabriel Arriaran, exigiendo de manera poco cordial la entrega de dichos formatos, explicándole que no disponíamos de dicho material. Luego, recibimos un email de la doctora Lizi Elizabeth Fernandez Delgado, abogada de la señora “M”, en el que nos solicitó entregarle la “encuesta suscrita por su patrocinada”. A ella le indicamos con total transparencia que no contábamos con dicho documento. Cabe mencionar que si bien los resultados de esa encuesta forman parte de una base de datos donde se recabó información de 122 mujeres en total, este archivo no fue solicitado por la doctora Fernández.
  • Hemos seguido con especial atención este proceso, manteniendo contacto directo con la doctora Fernández Delgado. A ella, a la señora “M” y al Sistema de Justicia les reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, en un marco de transparencia y de respeto a la confidencialidad de la información personal de las otras 121 mujeres.

Esperamos que la información que remitimos la encuentren útil, aunque entendemos que insuficiente para la defensa del caso recogido en la publicación. Si bien coincidimos en que es sumamente importante revelar un problema urgente, tan sensible y crítico para el país como es el de la trata de personas, y que cada caso merece atención y justicia (estas son también nuestras luchas) lamentamos que en esta publicación se presente información incorrecta e incompleta sobre nuestra voluntad de colaborar con el caso, y que pone en riesgo el trabajo avanzado para el acceso a servicios de salud en un espacio tan vulnerable del país.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o comentario que consideren pertinente.

 

Susana Chávez
Directora Ejecutiva
Promsex

(*) Puede leer la carta dirigida a Ipys en PDF aquí

Segundo encuentro de actores clave sobre educación con enfoque de diversidad sexual y de género

La deserción escolar por la violencia psicológica y física aumenta y evidencia la falta de políticas públicas inclusivas y específicas para las personas LGBTI, por lo que se llevará a cabo esta reunión en Lima.

La Red Iberoamericana de Educación LGBTI es una plataforma de organizaciones que trabaja por los derechos humanos de personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en el ámbito educativo. Colombia Diversa (Colombia), Fundación Triángulo (España), MOVILH (Chile), Promsex (Perú), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia), 100% Diversidad y Derechos (Argentina), Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE) y Defensoras de Derechos Humanos de Uruguay son algunas de las que laboran a favor de las leyes, políticas públicas y desafíos socioculturales ante la necesidad de institucionalizar e implementar de forma transversal, proyectos educativos con una perspectiva de derechos humanos focalizada en la diversidad sexual y de género, así como mejorar el clima escolar para las personas LGBTI.

La RIE-LGBTI se constituyó en el año 2010 durante el desarrollo del proyecto “Contribuir a crear y fortalecer procesos de construcción de espacios en las escuelas donde se trabaje la diversidad afectiva y los derechos humanos de la población LGBTI”. Hoy, la RIE-LGBTI, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, España y viene ejecutando un proyecto, cuyo objetivo fundamental es favorecer el respeto y la garantía del derecho a la educación de la niñez y la adolescencia, sin discriminación con base a la orientación sexual y/o identidad de género en Perú y Latinoamérica, poniendo especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las personas trans.

Durante el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) presentó el “Llamamiento Ministerial a la acción para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” firmado por ministros y representantes de varios países, tras reuniones en las que se abordaron las respuestas del sector educación frente a la violencia originada por orientación sexual, identidad y expresión de género.

En Perú, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), con apoyo de GLSEN (Estados Unidos) y Todo Mejora (Chile), se recogieron las experiencias de estudiantes LGBTI entre 14 y 17 años en 20 regiones del país. Del total de estudiantes que respondió la encuesta, 59% escuchó siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio, de los cuales, 30% aseguró que vinieron del profesorado. Lejos de ser un elemento de protección, el 43 % de estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de comentarios homofóbicos. Asimismo, un 40,6 % de estudiantes ha escuchado comentarios peyorativos sobre las personas trans al describirlas como “traca”, por ejemplo.

Sobre la situación de las personas trans en la escuela, la Organización Trans Diversidades (OTD) de Chile, aplicó una encuesta a 315 personas entre 14 y 69 años llamada Encuesta T2 cuyos resultados grafican la realidad de la población trans en la escuela. De las personas que llenaron la encuesta, 56% aseguró que intentó suicidarse. Un 50% aseguró que su identidad fue cuestionada, 39% que fue ignorada, 39% que sufrió agresión verbal, 31% que fue rechazada y 10% que fue acosada y amenazada. Respecto al tipo de discriminación, la agresión verbal fue ejercida mayormente por los compañeros. Sin embargo, en los casos en los que se cuestionó la identidad, fueron los directores, los inspectores y los orientadores quienes lo hicieron con mayor frecuencia (39%), sin ignorar que los profesores (30%) y los compañeros (31%) también fueron responsables de estos ataques sistemáticos.

De igual manera, Movilh presentó un estudio denominado Encuesta Identidad en julio de 2018 cuya aplicación se dio en Chile a 326 personas entre 14 y 54 años. Los resultados arrojaron que el 28,9% de los estudiantes evita comentar que es trans por temor a ser agredido, amenazado o acosado, mientras el 15,4% inhibe la expresión de su género por el temor a enfrentar malos tratos en las escuelas. El 76,1% reporta haber sufrido algún tipo de discriminación, afirmando el 22% que los abusos fueron propinados por un/a compañero/a de colegio o liceo y el 19,9% por un docente. Producto de la discriminación, las personas trans expresaron que se infringen daño cortando zonas de su cuerpo (45,6%), intentando suicidarse (35%), no comiendo (29,3%), consumiendo de manera abusiva alcohol y drogas (24%) o recurriendo a formas inseguras para expresar su género, al usar vendajes restrictivos (24%). De igual forma, el 46.7% reportó además que la primera vez que se infringió daño fue entre los 11 y 15 años; y el 7% entre los 5 y 10 años.

Considerando estos datos, es menester abrir una discusión en donde la RIE-LGBTI se posicione en favor de una educación que atienda particularmente la situación de la niñez y la adolescencia trans, a través de la creación de una hoja de ruta y principios cuyo fin sea evitar la gestación de más actos de violencia que deriven en deserción escolar condenando a estas personas a seguir desprotegidas.

Promsex Comunicaciones
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Fiscal Marcelita Gutiérrez archiva denuncia contra dos policías que torturaron a Yefri Peña

La madrugada del 28 de octubre del 2007, Yefri Peña Tuanama, una mujer trans, había terminado de trabajar como promotora del Ministerio de Salud (MINSA), en el distrito de Ate Vitarte cuando se dirigió a tomar un taxi que la llevaría a su domicilio. Cinco sujetos aparecieron y se lo impidieron agrediéndola en grupo, entre golpes e insultos que hacían clara alusión a su identidad de género, torturándola psicológica y físicamente.

Yefri, entre el terror y el dolor, sacó fuerzas para huir del ataque y se acercó a un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se encontraban los efectivos Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano. Pese a encontrarse de servicio, ellos se negaron a ayudarla.

Desesperada, Yefri ingresó a un bar cercano, pensando que había perdido de vista a sus agresores. Sin embargo, pudieron encontrarla y continuaron golpeándola incansablemente. Al verse sin escapatoria posible, Yefri fingió su propia muerte pensando que el ataque cesaría, pero ello no fue así: ella pudo sentir cómo uno de sus agresores le desfiguró el rostro antes de abandonarla a su suerte.

Desde marzo del 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) interpusieron ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima una denuncia contra los dos policías, Gamboa Huamán e Ybias Altamirano por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura.

Hasta el momento, la fiscal Marcelita Gutiérrez (quien hasta ahora no cumple con su deber de denunciar las esterilizaciones forzadas ante el Poder Judicial), después de 3 años, ha decidido no denunciar el hecho por tortura y archivar la denuncia, sino solo por lesiones graves en la modalidad de comisión por omisión.

Las abogadas de la ciudadana Yefri Peña Tuanama han acreditado que ambos servidores públicos consintieron que la tortura se produzca, ocasionando sufrimientos físicos y mentales graves contra Yefri, y ésta estuvo motivada por el prejuicio frente a su identidad de género.

Por ello, se han presentado dos recursos de queja: uno, contra la decisión de calificar los hechos como “lesiones graves” y no como “tortura”, y otro contra la fiscal Marcelita Gutiérrez, por su actuación poco diligente al interior del proceso, por incumplir con los deberes que impone la Ley de Carrera Fiscal y por vulnerar los derechos de Yefri Peña.

Las organizaciones representantes de Yefri Peña, exhortamos al Ministerio Público se garantice el deber de investigar con la debida diligencia la violación de sus derechos humanos, causada por el prejuicio sobre su identidad de género; esto supone se respete el plazo razonable y se sigan los criterios para el análisis de casos de violencia por prejuicio desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Campo Algodonero vs. México.

Promsex
Comunicaciones (prensa)
Telf.: 447-8668 anexo 118

Perú deberá responder ante la Corte IDH por detención ilegal y tortura sexual cometida por policías contra una persona LGTB

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido a la Corte Interamericana (Corte IDH) un caso sobre la violencia en contra de las personas LGBTI. El caso se refiere a la detención ilegal y arbitraria de Azul Rojas Marín el 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú, supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad, cuando caminaba hacia su casa.

Durante su detención arbitraria, que duró unas seis horas, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Además, fue víctima de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y violación sexual. Azul fue forzada a desnudarse y fue violada con una vara de reglamento que usan los agentes.

A pesar de que una vez liberada, presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura ante las autoridades peruanas contra los agentes responsables, estos no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú diez años después. Además de que el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron, a lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda de manera revictimizante tanto por operadores de justicia en la actuación probatoria como en el marco de las decisiones que dieron lugar al sobreseimiento de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS, organización internacional que lucha contra la tortura, Azul presentó su caso a la CIDH. La Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes razones y pruebas para considerar que por la naturaleza y forma en que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay. La Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y además que se encuentran presentes elementos constitutivos de la tortura. La Comisión también determinó que la madre de Azul Rojas Marín sufrió como resultado de lo que le sucedió a su hija, por los prejuicios y por la falta de actuación del Estado. Su madre falleció esperando que hubiese justicia en este caso.

La Comisión recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar tanto el daño material como moral sufrido por Azul Rojas Marín y su madre. Estas medidas deberían incluir medidas de satisfacción y compensación, así como una disculpa pública. La Comisión también recomendó a Perú realizar una pronta y efectiva investigación de los hechos, brindar a Azul con el tratamiento médico y sicológico necesario y adoptar mecanismos de no repetición, como, por ejemplo, programas de capacitación para todos los funcionarios que tengan contacto o estén a cargo de investigar casos de violencia por prejuicio, incluida violencia sexual y de otra índole contra la población LGBTI.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto de casos de violencia física, psicológica y sexual, incluida la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGTBI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGTBI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018 porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura sexual de la que fue víctima.

Las organizaciones peticionarias consideramos que después de más de 10 años de espera, la presentación del caso a la Corte IDH representa una esperanza en la búsqueda de justicia y reparación para Azul y su madre; así como, una oportunidad para que el Estado peruano erradique de sus prácticas institucionales la violencia sistemática contra las personas LGTBI. Igualmente, este caso puede ayudar a combatir y a prevenir la violencia, de diversos tipos, que sigue afectando a las personas LGTBI en la región.

Brenda Álvarez, coordinadora del área de litigio de Promsex, explicó la importancia de esta decisión: “la presentación del caso ante la Corte IDH demuestra una vez más la falta de voluntad del Estado peruano para resarcir la vulneración de derechos de Azul, quien es una de las tantas víctimas de la violencia por prejuicio contra las personas LGTBI en el Perú”.

“En este caso emblemático, a la fecha no se ha sancionado penal ni administrativamente a los policías responsables de este crimen, tampoco ha habido sanción al personal de Medicina Legal que no constató las lesiones de Azul ni al personal de Fiscalía que no actuó de acuerdo con sus funciones. Todo esto demuestra que existe impunidad en este caso, y pone en evidencia cómo desde el Estado no existe una verdadera intención de encontrar justicia para los crímenes que se cometen contra las personas LGTBI”, remarcó Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“El caso de Azul es emblemático de un patrón generalizado de discriminación contra personas LGBTI en Perú. Esperamos que este caso ayude a llamar la atención sobre este grave problema y la necesidad de que el Estado peruano tome medidas efectivas para combatirlo”, comentó Rupert Skilbeck, director de REDRESS.

A falta de cifras oficiales, debe recordarse que, según la propia la CIDH, en nuestro país hubo 24 atentados contra la vida y la integridad entre enero de 2013 y marzo de 2014 (17 asesinatos y 7 agresiones) contra personas LGTBI. Además, Promsex y la Red Peruana TLGB han reportado que, entre abril de 2014 y marzo de 2015, ocurrieron 4 suicidios, 13 asesinatos y 13 casos de agresión física en diversas regiones del país. Entre marzo 2015 y abril 2016 se cometieron 43 afectaciones a la seguridad personal, 8 asesinatos y 8 casos de violencia familiar.

Para más información, contactar a: Eva Sanchis, Directora de Comunicación de REDRESS, al correo eva@redress.org o al teléfono +44 (0) 20 7793 177; Grecia Delta, Coordinadora de Comunicaciones de Promsex, al correo grecia@promdsr.org o al teléfono +51 (01) 447-8668, anexo 118.

Comunicado de prensa – 27/08/18

Lima, 27 de agosto del 2018:

Frente a la información propalada en diversos medios, en los que se sindica al antropólogo Jaris Mujica como responsable de un acto de violación sexual, PROMSEX comunica lo siguiente:

  1. En el mes de marzo del año 2017, recibimos el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a Jaris Mujica como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona.
  2. Dada la gravedad de dicha información, PROMSEX le ofreció inmediatamente el apoyo legal y psicológico, soportes que refirió no necesitar en ese momento y de cambiar de opinión, nos lo haría saber. También solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo.
  3. La comunicación fue trasladada al Consejo Directivo de PROMSEX, dado el carácter de asociado que tenía, en ese momento, el profesional mencionado. Solo con el testimonio de la mujer y acorde con los estatutos de la institución, se solicitó la renuncia del asociado a través de esta instancia, conforme consta en las actas y documentos oficiales de la institución.
  4. PROMSEX está abocado a la defensa de los derechos humanos, en particular de las víctimas de violación sexual y no es posible trabajar con alguien sindicado por este grave delito.

PROMSEX continuará generando evidencia que ayude a una mejor comprensión de la violencia sexual en el país, así como a la prevención y el apoyo para que las víctimas alcancen los estándares más altos de justicia y de resarcimiento.

 

PROMSEX
Centro de Promoción y Defensa de los
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Lima – Perú

Avances y retrocesos en DSR en América Latina y El Caribe

Lima, Perú fue sede de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (III CRPD), organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, del 07 al 09 de agosto.

La reunión convocó a más de 250 personas de más de 100 redes, representantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil y delegaciones oficiales de los 38 países de América Latina y el Caribe, para legitimar el Consenso de Montevideo en los planos nacional y regional para cumplir con la Agenda 2030.

El Consenso es uno de los acuerdos multilaterales más relevantes para América Latina y el Caribe. Desde su adopción en la 1era Reunión de la CRPD llevada a cabo en el 2013; evento que se celebra cada dos años, es un referente global en sus once ejes temáticos. Entre los que están: la salud y los derechos sexuales y reproductivos (DSR) como el aborto seguro, atención especializada a víctimas de violencia de género, educación sexual integral y otros.

En la reunión realizada en Lima presentaron los informes de los países miembro y desarrollaron paneles en los que la sociedad civil expuso “la necesidad de una firme decisión política para poner en marcha políticas en los once ejes temáticos con presupuestos suficientes y adecuados”.

Además, “se han profundizado las desigualdades étnico-raciales, culturales y generacionales que se suman a la desigualdad de género, agravando sus efectos y alejándonos del desarrollo sostenible”. También mostraron una plataforma virtual para la constatación regional del Consenso.

Sobre los DSR efectuar programas de salud humanizados y con enfoque de género para adolescentes, garantizar métodos anticonceptivos modernos y seguros, respetando la privacidad con el fin de que las personas en el rango de edad adolescente ejerzan una vida sexual responsable, placentera y saludable, evite los embarazos temprano y no deseados, la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, tomen decisiones libres, informadas y reproductiva, así como el desafío pendiente de despenalización del aborto social y normativo, son algunos pendientes en nuestro país.

Asimismo, se denunció enfáticamente la situación por la que atraviesa Nicaragua y Venezuela, los altos índices de feminicidios en Haití y Honduras, los evidentes retrocesos en los posicionamientos de Brasil en relación con los DSR, la prohibición del uso de perspectiva de género en Paraguay, la situación de Republica Dominicana en donde aún no se aprueba un Código Penal que despenalice el aborto por causales.

La demanda de Argentina por la despenalización del aborto, y el desafío del Perú de seguir trabajando en la lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer, la realidad de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y de adultos mayores, así como otras fotografías que nos devela la agenda desatendida de los países de América Latina y el Caribe.

Cabe anotar que, en dicha reunión, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, ratificó “la defensa de los derechos de la mujer y que ello estará acompañado por la entrega de presupuesto para el financiamiento de políticas públicas integrales de protección a la mujer”. Asimismo, señaló “hemos declarado de interés nacional y prioridad del estado la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres, habiendo constituido una comisión de Emergencia del más alto nivel, presidida por el presidente del Consejo de Ministros, representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y representante de diversas instituciones de la sociedad civil”.

De igual forma, la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, precisó que “existe una tolerancia social respecto a la violencia contra la mujer y la forma más destacada es la violencia psicológica y señaló que en el periodo de enero a julio de 2018 se ha registrado un total de 82 casos de víctimas de feminicidio atendidos por los CEM de enero a julio de 2018”.

A pesar de que el Estado Peruano ha reafirmado su compromiso con las medidas del Consenso de Montevideo, sigue postergando la implementación de programas de educación sexual integral. En suma, representa un reto para los Estados de América Latina y el Caribe seguir trabajando en la implementación de los once ejes temáticos, así como establecer mecanismos nacionales de seguimiento de su cumplimento, con participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Documentos de referencia:

  • Programa Preliminar de la IIICRPyD, ver AQUÍ
  • Declaración de Sociedad Civil III CRPyD que suscribió Promsex entre otras organizaciones de sociedad civil.
  • Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del CPRD, ver AQUÍ
  • Proyecto de Resolución 3(III)
  • Informe de Perú, ver AQUÍ
  • Declaración del Presidente de la República Perú, ver AQUÍ

En paralelo se realizaron diversas actividades en torno a la IIICRPyD

  • Causa Abierta; iniciativa impulsada por la Articulación Feminista Mercosur (AFM), en la cual expuso casos emblemáticos sobre la vulneración grave de derechos y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres y niñas, los desafíos en materia de política pública de los países Argentina, Guatemala, República Dominicana y Paraguay,
  • Presentación del Informe “Mira Que te Miro”; Informe del Monitoreo Social de los compromisos en derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo.

Enlace: https://miraquetemiro.org/

PROMSEX
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Lima – Perú

Promsex demanda un sistema de justicia especializado en niñas y mujeres ante las sentencias a favor de violadores y tratantes

Desde el sábado 7 de julio se vienen difundiendo una serie de audios obtenidos legalmente y en los que se escucha a magistrados de las más altas instancias o cortes del sistema judicial como el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura negociar favores, nombramientos, designaciones y hasta reducción o absolución de penas a delincuentes, particularmente en procesos de violación sexual de niñas y niños.

La impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias que impera en el sistema judicial peruano, en los casos de violaciones sexuales contra niñas y mujeres han sido denunciados por el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) en los más de 13 años de vida institucional, organizaciones feministas y de la sociedad civil. Sin embargo, no encontraron eco sino hasta hoy que las denuncias periodísticas las han puesto al descubierto.

Esto ha provocado las renuncias del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, del presidente del Poder judicial, Duberlí Rodríguez Tineo además de la remoción de algunos de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura por el Congreso de la República.

En medio de este contexto, ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por unanimidad, cuatro denuncias constitucionales contra diferentes miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el vocal supremo César Hinostroza Pariachi; y dos denuncias contra el congresista Héctor Becerril Rodríguez.

En un nuevo audio, emitido la noche del martes 24 de julio, se escucha al juez supremo Ángel Romero en conversación con Cesar Hinostroza solicitarle la casación N°335-2015 en la que la Sala Penal Permanente favorece la disminución de pena de 30 a 5 años de privación de libertad de un acusado de violación sexual de una niña de 13 años. Criterios que son vinculantes, es decir, que esa sentencia constituye un precedente para los otros agresores denunciados o procesados.

Ante la crisis del sistema judicial, el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) demanda al presidente de la República, Martin Vizcarra lo siguiente:

  • La creación de un Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas LGTBI con el objetivo de que las víctimas garantizar investigación y sanción.
  • Exigir la revisión de las resoluciones y pronunciamientos emitidos por la Sala Penal Permanente sobre casos de violencia de género y el pronunciamiento del Consejo Nacional de Magistratura que archiva la denuncia de Promsex contra los integrantes de la Sala Penal Permanente que absolvieron a una acusada por el delito de trata contra una niña de 14 años.
  • Exigir la revisión de los procesos de concurso y ratificación de jueces y fiscales, llevados adelante por el CNM.

Necesitamos una justicia imparcial y con enfoque de género.

Promsex

Justicia, derechos y reconocimiento a favor de la comunidad transgénero

La OMS reconoció que la transexualidad no es una enfermedad. En Argentina se condenó por travesticidio y con cadena perpetua al asesino de Diana Sancayán. En Chile, aprobaron el artículo que incorpora a los menores de 14 años en la Ley de Identidad de Género.

La transexualidad no es una enfermedad, así lo reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS) este lunes 18 de junio, a través del área de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). En una nueva lista en la que se reordenaron las patologías que llevarán al debate en la asamblea general del organismo en el 2019, la OMS precisó entre una de sus principales novedades, que la “incongruencia de género” -la transexualidad- fue retirada de la lista de las enfermedades mentales, y la dejaron dentro del capítulo de las disfunciones sexuales.

Es decir, de la categoría de “trastorno psicológico”; etiqueta que estigmatizaba que el cuerpo no coincida con el género que siente la persona que es, pasó a un contexto físico o biológico. Esta decisión de la OMS es considerada como un logro científico al igual que lo fue la despatologización de la homosexualidad en 1990. Con esta nueva condición se evitará justificar a quienes intentan curar o tratar la transexualidad, lo que resultaba una agresión psicológica y decantaba hasta en física para las personas transexuales y que, además, era causa de discriminación y violencia.

La despatologización de la transexualidad, entre una de sus consecuencias, ayudaría a agilizar el proceso de acomodo al género real como lo es en el caso de las personas transexuales. En países como España, la ley actual exige un diagnóstico psicológico para iniciar los procedimientos médicos correspondientes y cubiertos por el estado, por ejemplo. Al dejar de considerar a la disconformidad de género como una enfermedad mental, este lineamiento ya no tendrá sentido.

EN ARGENTINA. Por primera vez y por travesticidio, Gabriel David Marino (25) fue condenado a cadena perpetua por cometer un “homicidio calificado por odio de género” tras acabar con la vida de la líder del movimiento LGTBI, Diana Sacayán (39) de 13 puñaladas y por travesti, informó el Tribunal Oral 4 de Buenos Aires.

La sala de audiencias estalló en aplausos y lágrimas de diferentes activistas presentes, que obligaron a interrumpir por unos minutos la lectura de la sentencia. Al exterior, las decenas de compañeras y amigos que seguían el veredicto desde el pasillo, a través de una pantalla gigante, convirtieron el sexto piso del Palacio de Tribunales en una celebración.

“El juicio a Diana ha sido un juicio a todas las travas. Y es sólo el comienzo. Que la justicia empiece a condenar crímenes de odio, que empiece a hablar de travesticidios, de las condiciones en las que vivimos, del sistema prostituyente que nos mata y nos condena es muy, muy emocionante”, resaltó al término del juicio, la activista travesti Florencia Guimaraes.

Diana Sacayán creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L) en el 2001. Esta organización se dedica a promover la inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas LGBTIQ. Un mes antes de su asesinato, en setiembre del 2015, observó cómo el proyecto de ley de cupo laboral que redactó y presentó tres veces a la Legislatura, era finalmente aprobado.

La conocida como la “Ley Diana Sacayán” instaura que al menos el 1% de los puestos de trabajo del sector público deben estar ocupados por “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. Su legado continúa exigiendo que esa ley se cumpla a nivel nacional.

EN CHILE. El proyecto de ley sobre Identidad de Género que permite el cambio de sexo registral para menores de edad fue aprobado por la Comisión Mixta de ambas cámaras del Congreso de la República, confirmó el Partido Socialista a través de su cuenta en Twitter.

“Aprobada nuestra indicación para aplicar procedimiento de cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años, ante los tribunales de familia y ejerciendo los padres la titularidad de la acción. Gracias a los padres de niños trans que nos trasmitieron esta convicción”, escribió el diputado Matías Walker en su cuenta en Twitter.

La votación terminó con 7 votos a favor y 3 contra, para incluir a mayores de esa edad en la iniciativa. Entre los parlamentarios que votaron a favor están: Matías Walker (DC), Natalia Castillo (RD), Raúl Saldivar (PS), Alejandro Navarro (País), Felipe Kast (Evópoli), Adrian Muñoz (PPD) e Ignacio Latorre (RD). En contra: Jaime Bellolio (UDI), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Diego Schalper (RN). Estos son avances claves a favor de las personas LGTBIQ, en especial de la comunidad trans, y la inclusión en nuestra región.

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