Integrantes de la orquesta Zaparoko han sido denunciados penalmente por burlas homófobicas

Antonio Gálvez Salazar, joven homosexual que fue agredido por los integrantes de la orquesta Zaperoko, ha interpuesto una denuncia penal por los delitos de injuria agravada, acoso sexual agravado y discriminación. Promsex acompaña este proceso legal.

El pasado viernes 30 de noviembre del 2018, Antonio Gálvez Salazar fue agredido por integrantes de la orquesta salsera Zaperoko en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a realizar un vuelo de Lima a Arequipa. El incidente se inició en la sala de embarque y continuó en la manga y dentro del avión, sin la intervención del personal de Lima Airport Partners (LAP) ni de la aerolínea LATAM.

“Me percaté que el señor Juan Carlos Paz Lobatón (…) se encontraba parado parodiando mis movimientos de una forma burlona, exagerada y homofóbica. Mientras esto sucedía, el resto del grupo, incluyendo al dueño de la orquesta Jhonny Peña de los Santos, se reía de una forma ruidosa en apoyo a las burlas del señor Paz”, afirma Antonio dentro de su denuncia.

Para la defensa legal de Antonio Gálvez, se han cometido tres delitos:

  1. Delito de injuria agravado: los gestos y palabras realizados por el señor Paz ofendieron y ultrajaron la dignidad y el honor de Antonio. Este delito se agrava por haber utilizado su expresión de género y orientación sexual como motivo de burla.
  2. Delito de acoso sexual agravado: el señor Paz y los demás integrantes de la orquesta hostigaron a Antonio mediante gestos, comentarios, burlas y risas insistentes que se realizaron sin su consentimiento y en su agravio. Además, el testimonio y los videos registrados por Antonio ese día demuestran que la conducta del señor Paz estaba cargada de connotación sexual.
    “El acoso sexual tipificado en el artículo 176-B no implica únicamente las situaciones de acoso por parte de un hombre a una mujer. El acoso sexual se puede producir entre personas sin importar el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de estas”, aclara la defensa legal en la denuncia.
  3. Delito de discriminación: La orientación sexual y la expresión de género son características prohibidas de discriminación. La agresión de los integrantes de la orquesta Zaperoko vulneró una serie de derechos de Antonio: a la igualdad, al libre tránsito, al libre desarrollo y bienestar, a la libertad de expresión, a la identidad, a la integridad psíquica, y al honor y la buena reputación.

La denuncia penal alcanza al señor Juan Carlos Paz Lobatón, animador de la orquesta, al señor Jhonny Peña de los Santos, director de la banda musical, y a las demás personas que participaron en las agresiones en contra de Antonio. La defensa solicita que se les identifique para que sean investigadas y sancionadas conforme a ley.

PROMSEX continuará luchando por la defensa de los derechos de Antonio Gálvez en todas las instancias que correspondan.

Lima, 25 de febrero del 2019

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PROMSEX actúa en defensa de Antonio Gálvez

Ante el acoso sexual y el trato discriminatorio recibido por Antonio Gálvez al interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se han llevado a cabo acciones de defensa legal para garantizar el reconocimiento pleno de sus derechos.

En las últimas semanas, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) ha venido realizando acciones de defensa legal de Antonio Gálvez Salazar, joven homosexual que el pasado viernes 30 de noviembre del 2018 fue víctima de discriminación, injuria homofóbica y acoso sexual al interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como se recordará, aquella madrugada Gálvez se disponía a viajar de Lima a Arequipa cuando, al entrar a la sala de embarque, fue agredido por integrantes de la orquesta salsera Zaperoko, ante la inacción del personal de Lima Airport Partners (LAP), operadores del aeropuerto, y de la aerolínea LATAM. La burla continuó en la manga y dentro del avión, sin la intervención de los representantes de estas empresas.

Una de las primeras medidas tomadas por la defensa legal de Antonio fue dejar constancia del maltrato en los libros de reclamaciones de LATAM y de LAP. El 19 de diciembre, el operador del aeropuerto respondió que “ningún personal de LAP se encontraba presente en la zona en la que se produjo el incidente ni tampoco fue alertado respecto a los hechos que motivaron su comunicación”. PROMSEX ha apelado su respuesta y ha solicitado los reportes de ocurrencias y los videos de circuito cerrado para corroborar dicha afirmación.

El 25 de enero de este año se interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador contra LAP y LATAM, por haber vulnerado tres derechos de Antonio como consumidor:

  • A un trato justo y equitativo durante la transacción comercial realizada;
  • A no ser discriminado por tener una orientación sexual y una expresión de género no normativa; y
  • A la garantía de un servicio idóneo que le brinde la confianza y tranquilidad de encontrarse en un espacio público seguro.

“Desde el momento que se suscitó el incidente de discriminación, acoso y agresión verbal contra nuestro representado, no se brindó apoyo oportuno para prestar ayuda al señor Gálvez o para lograr que los agravios cesaran a pesar de la presencia de su personal”, indica la denuncia.

En paralelo, PROMSEX presentó una denuncia el 16 de enero dirigida a la Municipalidad Provincial del Callao en la que refiere que LAP ha infringido el artículo 7 de la Ordenanza Municipal N° 026-2009, que prohíbe toda forma de discriminación al interior de esta jurisdicción. Tras una inspección ocular, la Gerencia de Licencia y Autorizaciones del municipio chalaco constató que LAP no había colocado en un lugar visible un cartel que señale dicha prohibición, por lo que le impuso una infracción equivalente al 50% de una UIT (S/2,000 soles).

PROMSEX continuará luchando por la defensa de los derechos de Antonio Gálvez en todas las instancias que correspondan.

Lima, 19 de febrero del 2019

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Violencia escolar contra niñes y adolescentes LGBTI de Perú será expuesta en audiencia temática de la CIDH

Ocho organizaciones de la sociedad civil solicitaron este espacio para exponer la falta de políticas de prevención, atención y sanción por parte del Estado para atender esta problemática.

La situación de la violencia escolar por orientación sexual, identidad de género y expresión de género no normativa real o percibida en el Perú será puesta en discusión este jueves 14 de febrero a las 8:00 a.m. (hora peruana) en la ciudad de Sucre (Bolivia), como parte de las audiencias públicas que se desarrollan en el marco del 171° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta será la primera vez que la Comisión abra una audiencia temática orientada a la violencia escolar que enfrentan niñes y adolescentes LGTBI y también será la primera vez en que el Estado peruano exponga su actuación frente a este problema.

Las personas LGTBI en el Perú experimentan constante discriminación en sus entornos familiares, en los espacios públicos o abiertos al público, y principalmente en la escuela. El impacto de la violencia por prejuicio hacia niñes y adolescentes lesbianas, gays y trans, o que sean percibidos como estos, en las escuelas es una problemática alarmante que aún permanece desatendida por el Estado. Según cifras del Minedu, entre enero 2016 y agosto 2018 se reportaron 252 casos de violencia hacia escolares con una orientación sexual, una identidad o una expresión de género distinta, real o percibida.

Esta audiencia fue solicitada por ocho organizaciones peruanas que luchan por los derechos de la comunidad LGBTI y que defienden el enfoque de una educación con igualdad: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Asociación Civil Diversidad Sanmartinense (Disam), Féminas, Comunidad Homosexual Esperanza Región Loreto (CHERL), Diversidades Trans Masculinas (DTM), Colectivo Reforma Trans PUCP, Colectivo Educación e Igualdad y la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación.

Las organizaciones peticionarias solicitan que el Estado peruano siga las recomendaciones de la Unesco para la implementación de una política integral y diferenciada que combata este tipo de violencia escolar. “Incorporar estos principios permitiría elaborar políticas y manuales adecuadas que permitan a docentes y autoridades entender la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género no normativa, prevenir la misma y responder adecuadamente a las necesidades de niñes y adolescentes que viven estas circunstancias en la escuela con el objetivo de que la escuela sea un lugar seguro y libre de discriminación para todas y todos”.

La delegación de la sociedad civil de Perú está integrada por: Santiago Balvín (DTM), Gabriela Oporto y Brenda Alvarez (PROMSEX). La audiencia pública se transmitirá en vivo vía streaming a través del siguiente enlace: http://www.oas.org/es/cidh/

#CIDHAudiencias

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Tortura contra Yefri Peña, persona trans femenina, queda impune

Decisión de fiscal “especializada” en derechos humanos genera impunidad en caso de crimen por prejuicio

Yefri fue torturada por ser una mujer trans. En la madrugada del 27 de octubre de 2007, Yefri Peña fue torturada por 5 sujetos desconocidos cuando se dirigía a su casa después de trabajar como promotora de salud. El móvil transfóbico de la agresión quedó evidenciado por los insultos proferidos por los agresores mientras la golpeaban y cortaban con botellas rotas.

Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano, policías asignados a un puesto de vigilancia desde el cual vieron lo ocurrido, se negaron a ayudar a Yefri. Ella tuvo que fingir su propia muerte para lograr que la agresión cese. Yefri quedó casi un mes en coma, y actualmente carga con las secuelas físicas y emocionales del brutal ataque.

Más de una década después de este atentado contra la vida y la salud de Yefri, la fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial (instancia supuestamente especializada en la investigación de violaciones de derechos humanos), ha decidido que no existió tortura. Esta decisión, definitiva e inapelable, tomada tras una investigación largamente dilatada, fue ratificada por el fiscal Luis Landa de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional.

Pese a que los agresores dejaron claramente establecida su intención de castigar a Yefri por su identidad de género, se ha dejado en total impunidad un acto de tortura cuyo consentimiento por los dos efectivos policiales hizo imposible que los agresores sean oportunamente detenidos, identificados, procesados y sancionados.

Extrañamente, la fiscal Gutiérrez decidió acusar a los efectivos Gamboa Huamán e Ybias Altamirano solo por el delito de lesiones graves. Sin embargo, esta decisión ha sido adoptada sabiendo que la acusación no conllevará una sanción efectiva a dichos funcionarios, pues ese delito prescribiría en octubre de este año.

Considerando el tiempo transcurrido desde el ataque, ocurrido en el año 2007, sería necesario que se imponga una sanción definitiva este año. Actualmente, el caso se encuentra en un juzgado de Ate-Vitarte y debería pasar por esta instancia, por una Sala Superior y por la Corte Suprema antes del 27 de octubre de 2019. Conociendo la lentitud de nuestro Sistema de Administración de Justicia, sabemos que ello no ocurrirá.

Materialmente, la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez significa la impunidad total para los actos de tortura cometidos contra Yefri a causa de su identidad de género y que, hasta la fecha, tienen impacto en su salud mental y física.

Cabe señalar, que con relación expresa al caso de Yefri Peña el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha manifestado en su informe de diciembre de 2018 en el cual expresó su preocupación por las informaciones recibidas y lamentó que el Estado peruano “no haya proporcionado los datos solicitados sobre denuncias registradas por este tipo de abusos”.

En consecuencia, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de Yefri, denunciarán al Estado peruano ante las instancias internacionales correspondientes por la impunidad y daño generado.

Miraflores, 14 de enero de 2019.

 

Centro de Promoción y Defensa de los
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Crimen de odio en nombre de la religión

El primer día del 2019 nos sorprendió con la triste noticia de la muerte de Moisés, un adolescente LGBT de 17 años del distrito de Saposoa (San Martín), asesinado a balazos por su padre, quien no aprobaba su orientación sexual. Tras disparar a Moisés y a su madre (quien resultó herida por defenderlo), el progenitor rezó pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos por él y por su hijo: “Perdóname Señor, por todo lo que he cometido en esta tierra y te pido que cuides a mi hijito, no lo desampares, dale consuelo”. Posteriormente, acabó con su vida suicidándose.

Este crimen de odio nos duele y nos obliga a reflexionar acerca de cómo se inculca la homofobia en nombre de la religión. Apelando a textos sagrados, desde púlpitos y tribunas se promueven discursos de odio que llaman al rechazo, la marginación y la violencia contra la población LGBTIQ:

  • “Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos, porque no son obra de dios (…) Si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, ¡mátenlas a los dos!” (pastor Rodolfo Gonzáles, Movimiento Misionero Mundial).
  • “¿Derechos? No se puede hablar de un derecho cuando se está hablando de una aberración sexual, de un vicio sexual. ¡No hay derecho para la aberración sexual!” (pastor Alberto Santana, El Aposento Alto).
  • “Si bien respetamos al homosexual como persona, no podemos aceptar la homosexualidad como tal. Esa práctica no es aceptable en la Iglesia” (pastor y congresista Julio Rosas).

Nada nos devolverá la vida de Moisés. Pero podemos luchar para evitar que niñas, niños y adolescentes LGBTI se conviertan en nuevas víctimas mortales de la homofobia.

Desde Promsex, exigimos al Estado la implementación de la política nacional con enfoque de género, que sancione drásticamente a los asesinos de crímenes de odio y que apruebe, en el más breve plazo, políticas públicas sectoriales que eduquen a toda la población peruana desde el respeto y la igualdad por la diversidad para prevenir los crímenes de odio.

Dato:                                                                   

Hoy viernes 4 de enero se realizará un plantón de rechazo a los crímenes de odio, organizado por diferentes colectivos LGBT de Lima, a las 7pm en la Plaza San Martín. [Evento] https://www.facebook.com/events/527438277752596/

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Carta aclaratoria a Ipys sobre nuestro trabajo en La Pampa (Madre de Dios)

Señor:
Augusto Alvarez Rodrich,
Presidente
Ipys.

Señor:
Ricardo Uceda,
Director Ejecutivo
Ipys

Estimados Augusto y Ricardo,

El motivo de la presente es hacerles saber de un hecho que lamentamos y que estamos seguras, no afectará las iniciativas que ustedes impulsan con relación al periodismo valiente que hace posible que nuestra democracia avance en el país.

En tal sentido, en honor a la transparencia y a la verdad y consecuentes con nuestra convicción en la defensa de los derechos humanos y nuestra lucha contra toda forma de violencia, nos vemos en la necesidad de aclarar la información contenida en el informe “La Hipocresía Organizada” de Gabriel Arriaran, presentado en un evento de Ipys el ultimo martes, 18 de diciembre.

En esta publicación se señala que no hemos devuelto “una puñetera encuesta y con ello facilitar que una mujer se reencuentre con sus hijos fuera de la cárcel”, dando a entender que habríamos negado información que hubiese permitido a los jueces determinar que una persona acusada de trata de personas seria en realidad una víctima. Información que vemos necesario precisarles:

  • PROMSEX, desde hace más de cinco años viene trabajando en Madre de Dios. Nuestra oficina se encuentra a diez kilómetros de “La Pampa”, lamentablemente una zona “liberada” donde los servicios del Estado no llegan. Somos la única organización presente en el lugar.
  • Como parte de nuestro trabajo, en setiembre del 2016 empezamos a diseñar un estudio para conocer las necesidades reales de salud de las mujeres que viven en “La Pampa”, y contratamos al antropólogo Gabriel Arriarán quien viajó a la zona para realizar este trabajo.
  • La información que obtuvo se realizó en el marco de las campañas de salud que PROMSEX venía realizando en la Pampa. Para ello se empleó la aplicación de encuestas físicas las que posteriormente fueron registradas en una base de datos. El propio señor Arriarán supervisó dicha actividad, cuyo registro se terminó en febrero del 2017. PROMSEX mantuvo este material hasta que se terminó el análisis y luego de la publicación del informe (Setiembre 2017), se procedió a eliminar las versiones físicas de los formularios, dado que su finalidad ya no tenía sentido y a fin de evitar que estas sean utilizadas para otros propósitos distintos a los de la investigación.
  • En julio del 2018, casi un año después de la publicación, recibimos las llamadas de Gabriel Arriaran, exigiendo de manera poco cordial la entrega de dichos formatos, explicándole que no disponíamos de dicho material. Luego, recibimos un email de la doctora Lizi Elizabeth Fernandez Delgado, abogada de la señora “M”, en el que nos solicitó entregarle la “encuesta suscrita por su patrocinada”. A ella le indicamos con total transparencia que no contábamos con dicho documento. Cabe mencionar que si bien los resultados de esa encuesta forman parte de una base de datos donde se recabó información de 122 mujeres en total, este archivo no fue solicitado por la doctora Fernández.
  • Hemos seguido con especial atención este proceso, manteniendo contacto directo con la doctora Fernández Delgado. A ella, a la señora “M” y al Sistema de Justicia les reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, en un marco de transparencia y de respeto a la confidencialidad de la información personal de las otras 121 mujeres.

Esperamos que la información que remitimos la encuentren útil, aunque entendemos que insuficiente para la defensa del caso recogido en la publicación. Si bien coincidimos en que es sumamente importante revelar un problema urgente, tan sensible y crítico para el país como es el de la trata de personas, y que cada caso merece atención y justicia (estas son también nuestras luchas) lamentamos que en esta publicación se presente información incorrecta e incompleta sobre nuestra voluntad de colaborar con el caso, y que pone en riesgo el trabajo avanzado para el acceso a servicios de salud en un espacio tan vulnerable del país.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o comentario que consideren pertinente.

 

Susana Chávez
Directora Ejecutiva
Promsex

(*) Puede leer la carta dirigida a Ipys en PDF aquí

Segundo encuentro de actores clave sobre educación con enfoque de diversidad sexual y de género

La deserción escolar por la violencia psicológica y física aumenta y evidencia la falta de políticas públicas inclusivas y específicas para las personas LGBTI, por lo que se llevará a cabo esta reunión en Lima.

La Red Iberoamericana de Educación LGBTI es una plataforma de organizaciones que trabaja por los derechos humanos de personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) en el ámbito educativo. Colombia Diversa (Colombia), Fundación Triángulo (España), MOVILH (Chile), Promsex (Perú), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia), 100% Diversidad y Derechos (Argentina), Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE) y Defensoras de Derechos Humanos de Uruguay son algunas de las que laboran a favor de las leyes, políticas públicas y desafíos socioculturales ante la necesidad de institucionalizar e implementar de forma transversal, proyectos educativos con una perspectiva de derechos humanos focalizada en la diversidad sexual y de género, así como mejorar el clima escolar para las personas LGBTI.

La RIE-LGBTI se constituyó en el año 2010 durante el desarrollo del proyecto “Contribuir a crear y fortalecer procesos de construcción de espacios en las escuelas donde se trabaje la diversidad afectiva y los derechos humanos de la población LGBTI”. Hoy, la RIE-LGBTI, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, España y viene ejecutando un proyecto, cuyo objetivo fundamental es favorecer el respeto y la garantía del derecho a la educación de la niñez y la adolescencia, sin discriminación con base a la orientación sexual y/o identidad de género en Perú y Latinoamérica, poniendo especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las personas trans.

Durante el año 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) presentó el “Llamamiento Ministerial a la acción para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia” firmado por ministros y representantes de varios países, tras reuniones en las que se abordaron las respuestas del sector educación frente a la violencia originada por orientación sexual, identidad y expresión de género.

En Perú, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), con apoyo de GLSEN (Estados Unidos) y Todo Mejora (Chile), se recogieron las experiencias de estudiantes LGBTI entre 14 y 17 años en 20 regiones del país. Del total de estudiantes que respondió la encuesta, 59% escuchó siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio, de los cuales, 30% aseguró que vinieron del profesorado. Lejos de ser un elemento de protección, el 43 % de estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de comentarios homofóbicos. Asimismo, un 40,6 % de estudiantes ha escuchado comentarios peyorativos sobre las personas trans al describirlas como “traca”, por ejemplo.

Sobre la situación de las personas trans en la escuela, la Organización Trans Diversidades (OTD) de Chile, aplicó una encuesta a 315 personas entre 14 y 69 años llamada Encuesta T2 cuyos resultados grafican la realidad de la población trans en la escuela. De las personas que llenaron la encuesta, 56% aseguró que intentó suicidarse. Un 50% aseguró que su identidad fue cuestionada, 39% que fue ignorada, 39% que sufrió agresión verbal, 31% que fue rechazada y 10% que fue acosada y amenazada. Respecto al tipo de discriminación, la agresión verbal fue ejercida mayormente por los compañeros. Sin embargo, en los casos en los que se cuestionó la identidad, fueron los directores, los inspectores y los orientadores quienes lo hicieron con mayor frecuencia (39%), sin ignorar que los profesores (30%) y los compañeros (31%) también fueron responsables de estos ataques sistemáticos.

De igual manera, Movilh presentó un estudio denominado Encuesta Identidad en julio de 2018 cuya aplicación se dio en Chile a 326 personas entre 14 y 54 años. Los resultados arrojaron que el 28,9% de los estudiantes evita comentar que es trans por temor a ser agredido, amenazado o acosado, mientras el 15,4% inhibe la expresión de su género por el temor a enfrentar malos tratos en las escuelas. El 76,1% reporta haber sufrido algún tipo de discriminación, afirmando el 22% que los abusos fueron propinados por un/a compañero/a de colegio o liceo y el 19,9% por un docente. Producto de la discriminación, las personas trans expresaron que se infringen daño cortando zonas de su cuerpo (45,6%), intentando suicidarse (35%), no comiendo (29,3%), consumiendo de manera abusiva alcohol y drogas (24%) o recurriendo a formas inseguras para expresar su género, al usar vendajes restrictivos (24%). De igual forma, el 46.7% reportó además que la primera vez que se infringió daño fue entre los 11 y 15 años; y el 7% entre los 5 y 10 años.

Considerando estos datos, es menester abrir una discusión en donde la RIE-LGBTI se posicione en favor de una educación que atienda particularmente la situación de la niñez y la adolescencia trans, a través de la creación de una hoja de ruta y principios cuyo fin sea evitar la gestación de más actos de violencia que deriven en deserción escolar condenando a estas personas a seguir desprotegidas.

Promsex Comunicaciones
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Fiscal Marcelita Gutiérrez archiva denuncia contra dos policías que torturaron a Yefri Peña

La madrugada del 28 de octubre del 2007, Yefri Peña Tuanama, una mujer trans, había terminado de trabajar como promotora del Ministerio de Salud (MINSA), en el distrito de Ate Vitarte cuando se dirigió a tomar un taxi que la llevaría a su domicilio. Cinco sujetos aparecieron y se lo impidieron agrediéndola en grupo, entre golpes e insultos que hacían clara alusión a su identidad de género, torturándola psicológica y físicamente.

Yefri, entre el terror y el dolor, sacó fuerzas para huir del ataque y se acercó a un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se encontraban los efectivos Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano. Pese a encontrarse de servicio, ellos se negaron a ayudarla.

Desesperada, Yefri ingresó a un bar cercano, pensando que había perdido de vista a sus agresores. Sin embargo, pudieron encontrarla y continuaron golpeándola incansablemente. Al verse sin escapatoria posible, Yefri fingió su propia muerte pensando que el ataque cesaría, pero ello no fue así: ella pudo sentir cómo uno de sus agresores le desfiguró el rostro antes de abandonarla a su suerte.

Desde marzo del 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) interpusieron ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima una denuncia contra los dos policías, Gamboa Huamán e Ybias Altamirano por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura.

Hasta el momento, la fiscal Marcelita Gutiérrez (quien hasta ahora no cumple con su deber de denunciar las esterilizaciones forzadas ante el Poder Judicial), después de 3 años, ha decidido no denunciar el hecho por tortura y archivar la denuncia, sino solo por lesiones graves en la modalidad de comisión por omisión.

Las abogadas de la ciudadana Yefri Peña Tuanama han acreditado que ambos servidores públicos consintieron que la tortura se produzca, ocasionando sufrimientos físicos y mentales graves contra Yefri, y ésta estuvo motivada por el prejuicio frente a su identidad de género.

Por ello, se han presentado dos recursos de queja: uno, contra la decisión de calificar los hechos como “lesiones graves” y no como “tortura”, y otro contra la fiscal Marcelita Gutiérrez, por su actuación poco diligente al interior del proceso, por incumplir con los deberes que impone la Ley de Carrera Fiscal y por vulnerar los derechos de Yefri Peña.

Las organizaciones representantes de Yefri Peña, exhortamos al Ministerio Público se garantice el deber de investigar con la debida diligencia la violación de sus derechos humanos, causada por el prejuicio sobre su identidad de género; esto supone se respete el plazo razonable y se sigan los criterios para el análisis de casos de violencia por prejuicio desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Campo Algodonero vs. México.

Promsex
Comunicaciones (prensa)
Telf.: 447-8668 anexo 118

Perú deberá responder ante la Corte IDH por detención ilegal y tortura sexual cometida por policías contra una persona LGTB

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sometido a la Corte Interamericana (Corte IDH) un caso sobre la violencia en contra de las personas LGBTI. El caso se refiere a la detención ilegal y arbitraria de Azul Rojas Marín el 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (Trujillo) por miembros de la Policía Nacional del Perú, supuestamente con la finalidad de realizar un control de identidad, cuando caminaba hacia su casa.

Durante su detención arbitraria, que duró unas seis horas, los policías ejercieron violencia física en su contra y la agredieron verbalmente con expresiones denigrantes referidas a su orientación sexual (en ese entonces, la víctima se identificaba como un hombre gay). Además, fue víctima de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y violación sexual. Azul fue forzada a desnudarse y fue violada con una vara de reglamento que usan los agentes.

A pesar de que una vez liberada, presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura ante las autoridades peruanas contra los agentes responsables, estos no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú diez años después. Además de que el Estado incumplió su deber de debida diligencia en las investigaciones que se iniciaron, a lo largo de la investigación, Azul fue descalificada y su credibilidad fue puesta en duda de manera revictimizante tanto por operadores de justicia en la actuación probatoria como en el marco de las decisiones que dieron lugar al sobreseimiento de la denuncia por el delito de tortura (por la supuesta falta de elementos que acrediten la violencia ejercida contra Azul).

Ante esta situación, con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de REDRESS, organización internacional que lucha contra la tortura, Azul presentó su caso a la CIDH. La Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBTI.

Al analizar los hechos del caso, la Comisión encontró suficientes razones y pruebas para considerar que por la naturaleza y forma en que se ejerció la violencia, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay. La Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y además que se encuentran presentes elementos constitutivos de la tortura. La Comisión también determinó que la madre de Azul Rojas Marín sufrió como resultado de lo que le sucedió a su hija, por los prejuicios y por la falta de actuación del Estado. Su madre falleció esperando que hubiese justicia en este caso.

La Comisión recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar tanto el daño material como moral sufrido por Azul Rojas Marín y su madre. Estas medidas deberían incluir medidas de satisfacción y compensación, así como una disculpa pública. La Comisión también recomendó a Perú realizar una pronta y efectiva investigación de los hechos, brindar a Azul con el tratamiento médico y sicológico necesario y adoptar mecanismos de no repetición, como, por ejemplo, programas de capacitación para todos los funcionarios que tengan contacto o estén a cargo de investigar casos de violencia por prejuicio, incluida violencia sexual y de otra índole contra la población LGBTI.

Para la CIDH, el caso permitirá que la Corte Interamericana fije estándares respecto de casos de violencia física, psicológica y sexual, incluida la tortura, por parte de agentes de seguridad del Estado cometidas contra personas LGTBI, así como profundizar su jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia en la investigación penal, materia probatoria y sanción de los responsables en casos de violencia por perjuicio cometidas contra personas LGTBI.

La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 22 de agosto de 2018 porque el Estado peruano no presentó propuesta alguna de reparación integral a favor de Azul Rojas Marín y su madre, a pesar de la gravedad de la tortura sexual de la que fue víctima.

Las organizaciones peticionarias consideramos que después de más de 10 años de espera, la presentación del caso a la Corte IDH representa una esperanza en la búsqueda de justicia y reparación para Azul y su madre; así como, una oportunidad para que el Estado peruano erradique de sus prácticas institucionales la violencia sistemática contra las personas LGTBI. Igualmente, este caso puede ayudar a combatir y a prevenir la violencia, de diversos tipos, que sigue afectando a las personas LGTBI en la región.

Brenda Álvarez, coordinadora del área de litigio de Promsex, explicó la importancia de esta decisión: “la presentación del caso ante la Corte IDH demuestra una vez más la falta de voluntad del Estado peruano para resarcir la vulneración de derechos de Azul, quien es una de las tantas víctimas de la violencia por prejuicio contra las personas LGTBI en el Perú”.

“En este caso emblemático, a la fecha no se ha sancionado penal ni administrativamente a los policías responsables de este crimen, tampoco ha habido sanción al personal de Medicina Legal que no constató las lesiones de Azul ni al personal de Fiscalía que no actuó de acuerdo con sus funciones. Todo esto demuestra que existe impunidad en este caso, y pone en evidencia cómo desde el Estado no existe una verdadera intención de encontrar justicia para los crímenes que se cometen contra las personas LGTBI”, remarcó Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“El caso de Azul es emblemático de un patrón generalizado de discriminación contra personas LGBTI en Perú. Esperamos que este caso ayude a llamar la atención sobre este grave problema y la necesidad de que el Estado peruano tome medidas efectivas para combatirlo”, comentó Rupert Skilbeck, director de REDRESS.

A falta de cifras oficiales, debe recordarse que, según la propia la CIDH, en nuestro país hubo 24 atentados contra la vida y la integridad entre enero de 2013 y marzo de 2014 (17 asesinatos y 7 agresiones) contra personas LGTBI. Además, Promsex y la Red Peruana TLGB han reportado que, entre abril de 2014 y marzo de 2015, ocurrieron 4 suicidios, 13 asesinatos y 13 casos de agresión física en diversas regiones del país. Entre marzo 2015 y abril 2016 se cometieron 43 afectaciones a la seguridad personal, 8 asesinatos y 8 casos de violencia familiar.

Para más información, contactar a: Eva Sanchis, Directora de Comunicación de REDRESS, al correo eva@redress.org o al teléfono +44 (0) 20 7793 177; Grecia Delta, Coordinadora de Comunicaciones de Promsex, al correo grecia@promdsr.org o al teléfono +51 (01) 447-8668, anexo 118.

Comunicado de prensa – 27/08/18

Lima, 27 de agosto del 2018:

Frente a la información propalada en diversos medios, en los que se sindica al antropólogo Jaris Mujica como responsable de un acto de violación sexual, PROMSEX comunica lo siguiente:

  1. En el mes de marzo del año 2017, recibimos el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a Jaris Mujica como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona.
  2. Dada la gravedad de dicha información, PROMSEX le ofreció inmediatamente el apoyo legal y psicológico, soportes que refirió no necesitar en ese momento y de cambiar de opinión, nos lo haría saber. También solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo.
  3. La comunicación fue trasladada al Consejo Directivo de PROMSEX, dado el carácter de asociado que tenía, en ese momento, el profesional mencionado. Solo con el testimonio de la mujer y acorde con los estatutos de la institución, se solicitó la renuncia del asociado a través de esta instancia, conforme consta en las actas y documentos oficiales de la institución.
  4. PROMSEX está abocado a la defensa de los derechos humanos, en particular de las víctimas de violación sexual y no es posible trabajar con alguien sindicado por este grave delito.

PROMSEX continuará generando evidencia que ayude a una mejor comprensión de la violencia sexual en el país, así como a la prevención y el apoyo para que las víctimas alcancen los estándares más altos de justicia y de resarcimiento.

 

PROMSEX
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Lima – Perú