5 países recomiendan a Perú despenalizar el aborto en caso de violación sexual durante el 3er Ciclo del EPU en ONU

Al menos unos 05 países miembro de la Organización de las Naciones Unidas recomendaron despenalizar el aborto en casos de violación sexual a Perú, en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, durante la sesión del 8 de noviembre en Ginebra, Suiza. La lista de preguntas avanzadas hubiera sido mejor respondida por autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de Educación (MINEDU); sin embargo, fueron asumidas por miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Eslovenia y Bélgica preguntaron sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la situación de discriminación hacia las personas LGBT. Sus interrogantes fueron: ¿Qué políticas se tiene para reducir el embarazo adolescente y asistir a aquellas cuyo embarazo es producto de una violación sexual?, ¿se considera la despenalización del aborto en casos de violación sexual, incesto y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina?, ¿considera adoptar legislación que prohíba la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género?

Frente a ello, la delegación peruana se limitó a señalar que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) estaría trabajando en estos temas y que, además, serán abordados por el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2017 – 2021. En el caso de Reino Unido que consultó ¿Cómo el gobierno planea revertir los retrocesos en materia de igualdad de género con la actual composición del Congreso?, la respuesta dada por Perú no abordó adecuadamente lo planteado. La delegación solo señaló los esfuerzos formales realizados, principalmente desde el Ejecutivo, para lograr políticas de la igualdad de género.

“Tenemos medidas en el Plan contra la Violencia de género 2012 -2017, que incluye reglas para mejorar la igualdad de género. Además, damos soporte legal a las víctimas de violencia desde el MINJUS”, precisó José Coloma, Viceministro de Derechos Humanos del MINJUS.

Por su parte, Hubert Wieland Conroy, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló una serie de medidas como la adopción del Plan Nacional de igualdad de Género 2012-2017, la disminución en la cifra de mujeres indocumentadas, la adopción de una política educativa con enfoque de igualdad de género, la nueva ley y reglamento frente a violencia contra la mujer, la implementación de 256 Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y un Protocolo para casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Pero ninguno de ellos hizo referencia al contexto legislativo en su respuesta.

Lamentablemente, la situación fue similar cuando República Checa consultó ¿qué medidas se habían tomado para eliminar las políticas de seguridad municipal de Lima que mencionan la “erradicación de homosexuales” en los espacios públicos?  Frente a lo cual la delegación se limitó a señalar que los Principios de Yogyakarta venía siendo usados para la formulación del nuevo PNDH 2017-2021 y que el Manual de DDHH de la PNP enfatizaba la no discriminación ni violencia contra las personas LGBT; pese a ser de conocimiento público que los principales agresores de las personas LGBT son miembros de serenazgo y la policía.

Por otro lado, José Coloma sostuvo en cuanto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que el Estado había realizado algunos ajustes a las normas de planificación familiar para asegurar el acceso efectivo. Pero reconoció que todavía faltaba realizar mayores acciones frente al embarazo adolescente, aunque este tema había sido abordado en el recién aprobado Currículo Escolar. En ese sentido, agregó la intención del Estado de trabajar sobre la materia junto con la sociedad civil.

Finalmente, luego de la sesión, 05 países (Canadá, Eslovenia, Suiza, Finlandia e Islandia) recomendaron explícitamente a Perú que despenalice el aborto en casos de violación sexual e incesto, al menos 08 estados (Canadá, Colombia, Honduras, Eslovenia, Francia, Argentina, Timor-Leste e Israel) le instaron a prevenir, penalizar, investigar y sancionar la violencia y discriminación contra las personas LGBT. Asimismo, Canadá le recomendó garantizar el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) y junto a Portugal, Francia y Eslovenia instaron a Perú a garantizar la educación sexual integral; mientras que, República Checa, exhortó a eliminar los planes de seguridad municipal que mencionan la erradicación de las personas LGBT en el espacio público.

Ya realizadas las recomendaciones, el Estado puede señalar antes de mañana, 10 de noviembre, o en marzo del 2018, cuáles serían las recomendaciones que el Estado acepta implementar durante los próximos 5 años. Por ello, PROMSEX solicita a la sociedad civil a unificar esfuerzos e instar al Estado a responder oportunamente y aceptar las recomendaciones que se le realizaron para mejorar la situación de las personas LGBT y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Promsex Comunicaciones
4478668 anexo 118

MIMP, MINSA ni MINEDU acuden al Examen de la ONU pese a graves retrocesos en los derechos de las mujeres y personas LGBT

El informe sobre la situación de derechos humanos durante el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas fue presentado por José Coloma Marquina, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, quien presidió la delegación estatal en Ginebra, Suiza, este miércoles 8 de noviembre en Ginebra, según comunicado de prensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

El Estado peruano ya ha sido evaluado en el marco del EPU en dos oportunidades (2008 y 2012) y en el último año aceptó implementar 129 recomendaciones realizadas por otros Estados para mejorar la situación de derechos humanos en el país.

Por ello, durante este 3er ciclo de EPU, Perú ha dado cuenta sobre sus esfuerzos, avances y pendientes para lograr su efectiva implementación; así como también ha respondido a las preguntas avanzadas, sobre la situación actual de derechos humanos, que le realizaron, previamente, países como Bélgica, República Checa, Eslovenia, Reino Unido, Portugal, entre otros.

Dichas preguntas manifiestaron la preocupación de la comunidad internacional frente a la violencia contra las mujeres y personas LGBT, la penalización del aborto en casos de violación sexual e incesto, el embarazo adolescente, la desprotección de defensore(a)s de derechos humanos y la atención a las víctimas de trata de personas, entre otros temas que no deben pasar desapercibidos para el Estado peruano.

Por ello, PROMSEX lamenta que la delegación peruana no haya incluído a representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA) ni Ministerio de educación (MINEDU); pese a la coyuntura nacional de graves retrocesos en la política pública y normativa que no permiten garantizar la igualdad de género ni los derechos de las mujeres y personas LGBT en diferentes ámbitos y, principalmente, en el campo de la salud sexual y reproductiva.

De igual manera cuestionamos que dichas carteras no hayan sido consideradas a pesar de las recientes denuncias de violencia contra las mujeres que reflejan un problema estructural de derechos humanos que debe ser considerado principalmente por el Perú. Así pues, la composición de la delegación peruana demuestra la falta de priorización de la situación de las mujeres y personas LGBT cuando se aborda la situación de derechos humanos en el país, incluso en instancias internacionales.

Por lo señalado, solicitamos a la sociedad civil dar seguimiento detallado de la participación del Estado peruano y hacer rastreo de las respuestas de la delegación a las recomendaciones que formulen otros Estados al país.

Comunicaciones Promsex
grecia@promdsr.org

Promsex alerta sobre el riesgo de eliminarse el protocolo de aborto terapéutico pese a las muertes maternas

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) advierte a las personas y organizaciones de defensa de derechos humanos que el Protocolo de Aborto Terapeútico se vería amenazado por un proceso judicial impulsado por la Organización no gubernamental (ONG) Acción de Lucha Anticorrupción sin Componenda que busca, a través de la vía judicial, que el Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de implementar, difundir y monitorear a nivel nacional la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”.

Este proceso legal se encuentra en trámite en el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, luego de que dicha ONG argumentase lo siguiente: “El protocolo de aborto terapéutico es un acto manifiestamente inconstitucional. Evidente peligro de “asesinato masivo”. Apología de impunidad con visos de legalidad. Bajo el amparo de una posición de dominio y poder que ejerce el Estado. En agravio de los indefensos concebidos. Derechos de concebidos en calidad de sujetos de derechos (“sujetos biológicos”) por la jurisprudencia latinoamericana que no hace distinción con aquellos derechos que tienen los nacidos y toda persona humana. Aplicación de la muerte de los recién concebidos. Dicha actitud vulnera los derechos del recién concebido como persona humana, indefensa, silenciada y condenada a muerte”.

Frente a ello, Promsex lamenta lo siguiente: la admisión de esta demanda que da pie a la judicialización de una política pública constitucional que busca garantizar la vida y salud de las mujeres peruanas y que ha permitido salvar la vida de 917 mujeres desde su entrada en vigencia hasta diciembre del 2016; y que la misma organización, Alas Sin Componenda, que dejó a las mujeres más pobres de este país sin acceso al Anticonceptivo Oral de Emergencia arremeta ahora contra otra política a favor de la vida y salud de las mujeres.

La ausencia del Protocolo de Aborto Terapeútico le costó la salud y una vida digna a L.C, una adolescente a la que le negaron una intervención quirúrgica de emergencia por estar embarazada a consecuencia de una violación sexual, la misma que sobrevive con una cuadriplejia que pudo ser prevenida. Promsex demandó al Estado peruano por la violación de los derechos de esta adolescente y Perú fue condenado internacionalmente por el Comité CEDAW de Naciones Unidas.

Es en el marco del cumplimiento del Dictamen del Comité que el Estado peruano, en la encargatura del Ministerio de Salud, genera este Protocolo como una medida que busca evitar la vulneración de los derechos de otras niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. Por ello, Promsex asumirá la defensa judicial del Protocolo de Aborto Terapeútico y ya es parte del proceso judicial en curso. Finalmente, hacemos un llamado al Poder Judicial a tramitar este proceso con la debida imparcialidad, lo que supone administrar justicia sin la presencia de estereotipos de género respecto a la maternidad.

Comunicaciones Promsex
447-8668 anexo 118

Congreso debe abordar con seriedad la violencia sexual contra niñas/os con políticas de prevención, atención y sanción efectivas y no a través de la pena de muerte

La propuesta sobre la pena de muerte como sanción a quienes sean sentenciados como autores del delito de violación sexual cometido contra niñas y niños y que, en los últimos días, el grupo parlamentario Fuerza Popular voceaba incorporar al código penal, ha generado el debate entre quienes están a favor y en contra y Promsex manifiesta lo siguiente:

La pena de muerte no tiene carácter disuasivo de éstos y otros delitos. Así lo evidencian las estadísticas de países como Estados Unidos y Japón en los que sí se aplica esta condena. Esta medida fue parte de nuestro sistema de justicia hasta el año 1979 y no tuvo ningún impacto en la reducción del número de víctimas por violación sexual en nuestro país.

En ese sentido, exhortamos al Congreso de la República, fundamentalmente al partido político Fuerza Popular, a no distraer del debate principal las medidas que desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo se deben implementar para erradicar las principales causas de la violencia contra niñas, niños y mujeres.

Es en esa misma línea que solicitamos que se cumplan con seriedad las funciones como parlamentarios y que se planteen políticas y leyes a favor de la educación con igualdad, de fortalecer el sistema de protección a niños y niñas, y, sobre todo, a resolver de manera inmediata los obstáculos que hay en las comisarías, fiscalías y Poder Judicial que dejan en la impunidad estos crímenes. Impunidad que es el mayor incentivo y fortalecimiento para estos delincuentes.

Hacemos un llamado de atención al Congreso de la República debido a que la presidencia de la Comisión de la Mujer y Familia, espacio parlamentario de suprema importancia en la generación de marcos legislativos para la erradicación, atención y sanción de la violencia contra niñas, niños y mujeres no está a cargo de nadie y es por ello que solicitamos se coloque al alguien idóneo para dicho cargo.

Debido a la desidia del Congreso de la República, Poder Judicial y Ejecutivo, Promsex lamenta que el foco de atención continúe en los agresores como una estrategia populista y egoísta y no en las miles de víctimas que no pueden acceder si quiera a una escuela libre de discriminación, a un sistema de justicia que no las revictimice, a un sistema de salud que atienda de modo presto su integridad física y mental, y especialmente, a una sentencia justa y a su favor.

También advertimos que la propuesta para implementar la pena de muerte implicaría renunciar a un sistema amplio de protección de derechos humanos en la región establecido por la Convención Americana sobre derechos humanos al cual las propias víctimas de violencia sexual han acudido cuando el Estado ha fallado en su protección y dejando impunes a sus agresores.

¿Cómo salvar a los niños y niñas de que no sean violados? Con la igualdad de género, la misma que debe ser parte fundamental de todas las políticas de todos los sectores para erradicar la pandemia de las violaciones sexuales en nuestro país. Por ello, lamentamos, que los grupos fundamentalistas en el Congreso y otros espacios, estén logrando retrocesos en nuestro sistema de prevención, atención y sanción a la violencia como, por ejemplo, la incorporación de los lineamientos de no discriminación en el Currículo Educativo para lograr la igualdad de género.

Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Telf.: 4478668 anexo 118

Feministas exigen al Congreso respeto al enfoque de género para enfrentar la violencia hacia las mujeres

Organizaciones civiles convocan a los medios escritos, televisivos, radiales y digitales a conferencia de prensa para el día de mañana 27 de octubre a las 11 de la mañana en Miraflores con la finalidad de hablar sobre cuatro puntos:

  1. El partido político Fuerza Popular, tras la renuncia de la Congresista García, no ha presentado una candidata idónea para presidir la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República pese a la urgente necesidad de atender la violencia contra las mujeres.
  2. El partido político Fuerza Popular sostiene una postura que atenta contra los derechos de las mujeres, en especial a una vida libre de violencia, al expresar posiciones adversas al enfoque de género, contrario a la legislación vigente y los compromisos internacionales.
  3. La parlamentaria Nelly Cuadros, quien sería la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, votó en contra del proyecto de ley 072-2016 para eliminar los beneficios carcelarios a lo violadores porque incluía la palabra género.
  4. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su vista de esta semana, ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en especial de las mujeres y de las personas LGBTI.

En ese contexto es que la sociedad civil exige a las autoridades tomar en cuenta estas advertencias que vulneran los derechos humanos de todas las peruanas.

Organizaciones:
PROMSEX, C.M.P. Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, DEMUS y otras.

Lugar: Avenida José Pardo 601 oficina 604 – Miraflores
Hora: 11 de la mañana
Día: 27 de octubre de 2017

Contacto de Prensa:
Grecia Delta
983-153-815

COMUNICADO sobre maltrato del conductor de TV y pastor Claudio Zolla hacia nuestra vocera Sara Ramírez

Lima, 20 de octubre de 2017

 

Sr. Alberto Moreno
Gerente General de RBC Televisión
Presente.-

Claudio Zolla Suárez
Conductor
Pablo Bertolini
Productor Peridístico

De nuestra mayor consideración:

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, organización no gubernamental defensora de derechos humanos de las mujeres, niñas, niños  y personas LTGBI manifiesta lo siguiente:

El 20 de octubre al promediar las 4 de la tarde, una integrante del equipo de especialista de Promsex acudió al set de televisión del programa “Yo Claudio”, que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche por el canal RBC, para hablar sobre la despenalización del aborto en el Perú, en respuesta a la invitación que la producción de este programa hiciera a nuestra institución.

Mientras la entrevista fue desarrollándose, el conductor de dicho programa identificado como Claudio Zolla Suárez, pastor evángelico,[1] agredió verbal y psicológicamente a la politóloga Sara Ramírez de Promsex.

Promsex está comprometido con la deliberación pública, proporcionando información de estándares de derechos humanos y evidencia científica, a fin de que las personas puedan formarse una opinión informada respecto a los derechos sexuales y reproductivos. En los más de 10 años de nuestra institución de participación activa en los medios de comunicación, ningún conductor ha agredido a una de nuestras voceras como el conductor de “Yo Claudio”.

En ese sentido, prohibimos la emisión de la entrevista por dicho medio ya que la entrevistada Sara Ramírez no autoriza el uso de imagen y su difusión. Así como exigimos se nos proporcione el material  grabado en la entrevista a fin de iniciar las acciones legales correspondientes por las agresiones verbales y psicológicas a nuestra vocera y defensora de derechos humanos.

De ser emitido el programa, Promsex actuará legalmente por la vulneración de los derechos de nuestra vocera.

_______

[1] http://www.claudiozolla.com/wp-content/uploads/2016/08/HOJA-DE-VIDA.pdf

ONU advierte que grupos religiosos y sociales que se oponen a la “ideología de género” son amenazantes para los Derechos Humanos

“Cada avance en la lucha por los derechos de la mujer es también un avance en la lucha contra el fundamentalismo”[1]

En el más reciente Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales de Naciones Unidas (http://undocs.org/es/A/72/155), que toma en consideración el informe elaborado por Promsex sobre los ataques fundamentalistas a las políticas educativas con igualdad en Perú (https://goo.gl/YofYQp), se hace un llamado a dar una respuesta mundial urgente frente a la avalancha del fundamentalismo y el extremismo. Los mismos que en diversas formas y en todas las regiones, representan una de las principales amenazas contra el sistema de derechos humanos y, especialmente, los derechos de determinados grupos como las mujeres y personas LGBTI, pues tratan de hacer retroceder los avances realizados para lograr la igualdad, tienen por objeto impedir nuevos avances y tratan de castigar y estigmatizar a defensores de derechos humanos que promueven tan importante labor .[2]

El informe emplea el término “fundamentalismo” para aludir a grupos cuyo postulado central es el rechazo de la igualdad y la universalidad de los derechos humanos[3]; siendo que, entre los elementos centrales de sus programas se encuentran la represión de los derechos de las mujeres y el control sobre ellas[4], basados en cosmovisiones rígidas, centradas en la aversión por “el otro”, así como la demonización de los esfuerzos que se oponen a la fijación de estereotipos calificándolos como “ideología de género”[5]. Algunos de estos grupos suelen imponer su interpretación de las doctrinas religiosas u otras[6], por lo que las leyes y las políticas que promueven se sustentan en ideas estereotipadas y sexistas sobre las relaciones de género, las cuales discriminan claramente a las mujeres[7] y personas LGBTI. Siendo así, a la Experta le preocupa la creciente aceptación de este tipo de discursos entre lo/as principales candidato/as, partidos políticos y medios de comunicación, lo que tiene graves consecuencias y empodera a fundamentalistas y extremistas.

Por ello, los grupos que promueven causas fundamentalistas y extremistas no pueden ser considerados defensores de los derechos humanos por constituir fundamentos ideológicos para la violación de los mismos. En ese sentido, la Experta advirtió que los fundamentalistas a veces intentan promover sus causas o resguardarse de las críticas empleando el lenguaje de los derechos humanos y de la libertad de religión; sin embargo, no se puede reconocer derecho alguno a un grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de los derechos humanos[8].

En cuanto a los impactos del fundamentalismo, pueden ser diversos; sin embargo, suele repercutir de forma desproporcionada en los derechos de las mujeres y personas LGBT. Lo que se evidencia en la presión que ejercen la Iglesia Católica y los movimientos evangélicos en las organizaciones de mujeres de América Latina que luchan por la salud y los derechos reproductivos[9]. Asimismo, se registra que los fundamentalistas atacan la educación de diferentes maneras, en un intento de imponer su visión del mundo[10], como lo que sucede en Perú, donde las iniciativas para fomentar la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBT en las escuelas se ven frustradas por acciones fundamentalistas concertadas. Por tanto, la medida más importante que pueden adoptar los Gobiernos para derrotar al fundamentalismo es garantizar la educación con un sistema de enseñanza de carácter laico y no sexista que promueva una cultura de igualdad de género[11].

Cabe precisar que, La Relatora Especial hace hincapié en que es obligación de los Estados prevenir y sancionar los actos cometidos por los agentes no estatales (grupos de sociedad civil, iglesias, etc.) fundamentalistas y extremistas contra los derechos humanos, de lo contrario puede ser responsable de dichos actos al no adoptar medidas con la diligencia debida para impedir la violación o para investigar y castigar los actos de violencia [12].

En ese sentido, instamos al Estado peruano a considerar los estándares señalados a tomar públicas frente a los discursos y acciones de grupos fundamentalistas contrarias al sistema de derechos humanos, en nuestro país. Pues vienen actuando impunemente obstaculizando el reconocimiento y garantía de los  derechos humanos de las personas LGBTI y de los derechos sexuales y reproductivos; además de incitar a la violencia y discriminación contra las mujeres y personas LGBTI en diversos ámbitos.

________________

[1] Zeinabou Hadari, citada en Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight against Muslim Fundamentalism (Nueva York, W.W. Norton and Company, 2013), pág. 82.
[2] Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales Karima Bennoune, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 28/9 del Consejo de Derechos Humanos. Fecha: 17 de julio de 2017 (A/72/155)., párr. 02y 95
[3] Ibidem., párr. 04 y 06.
[4] Ibidem., párr. 15.
[5] Ibidem., párr. 07.
[6] Ibidem., párr. 12.
[7] Ibidem., párr. 16
[8] Ibidem., párr. 55
[9] Ibidem., párr. 57.
[10] Ibidem., párr. 88.
[11] Ibidem., párr. 97.
[12] Ibidem., párr. 45.

Promsex hace un llamado a la inclusión de las personas LGBT en el Censo Nacional

En el marco de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, este 22 de octubre el INEI llevará a cabo el Censo Nacional para obtener información demográfica, económica, cultural y social de todos los habitantes y sus viviendas, el Centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos
(PROMSEX) señala lo siguiente:

Que, siendo las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) parte de la ciudadanía; nos preocupa que no se hayan incluido preguntas u opciones de respuesta específicas que recojan información sobre las orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Ello, resulta en una situación discriminatoria que invalida e invisibiliza las relaciones de pareja no heterosexuales y, de manera desproporcionada, las identidades trans en su diversidad cuyo reconocimiento legal no se logra debido a la ausencia de mecanismos administrativos del propio Estado.

Cabe señalar que, debido a las finalidades del Censo, el mismo no debería obstaculizar el reconocimiento de las personas LGBT en sus identidades y relaciones, pues no es un instrumento de reconocimiento jurídico sino, únicamente, de recojo de información para fines de política del Estado, donde ninguna persona debe ser invisibilizada debido a su orientación sexual y/o identidad de género.

En ese sentido, habiendo tomado conocimiento de la Cédula Censal (https://es.scribd.com/document/361746291/Cedula-censal) que se aplicará este 22 de octubre, recomendamos que:

Las personas que constituyen una pareja no heterosexual y quieran visibilizarlo en el Censo, deben:

  1. Recordar que quienes sean empadronadores no pueden negarse a incluir la información que brindan.
  2. En las preguntas en que se solicite señalar ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR?, debe marcarse la opción de “2. Esposo/a o compañero/a”.
  3. No debe aceptarse incluir la denominación: “Otro/a no pariente” para su pareja, pues según la propia cartilla censal, se entiende que la denominación “Otras personas no parientes del/de la jefe/a” solo es usada para “(amigos/as, compadres, etc.)” y no debe servir para invisibilizar su unión no heterosexual.
  4. Recuerde que si su unión no heterosexual realizada en otro país puede marcar la opción correspondiente cuando le consulten por su estado civil, del mismo modo quienes tengan una relación de convivencia.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

  1. Debe esclarecer si existen o no directivas, para quienes participen como empadronadores, sobre la forma en que deben consignar información de las parejas no heterosexuales, sin generar situaciones de discriminación.
  2. Deberá considerar toda la información brindada por parejas no heterosexuales y garantizar que el sistema de recojo y sistematización de la información no anule ni invisibilice la existencia de estas parejas, pues lo contrario constituiría un acto discriminatorio.

Finalmente, hacemos un llamado para que el Estado se comprometa a incluir en el nuevo Plan de Derechos Humanos 2017-2021 objetivos específicos que tomen en consideración la necesidad de formular, para posteriores Censos Nacionales, la cartilla censal de modo que las personas LGBT no se vean invisibilizadas.

Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos

Prensa: 447-8668 anexo 118

Promsex solicita retiro del cargo a la Presidenta de la Comisión de la Mujer

La congresista fujimorista Maritza García justificó la violencia de género basándose en estereotipos que atentan a los derechos humanos.

Las expresiones de justificación de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Maritza García ante la violencia de género que se vive en el país son rechazadas por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex. En ese contexto, la Organización No Gubernamental (ONG) solicita a la bancada fujimorista removerla de su cargo por su falta de idoneidad a favor de la lucha por la igualdad de género, así como por defender graves atentados a los derechos humanos, basándose en estereotipos.

Este miércoles 6, durante la última sesión de la Comisión de la Mujer del Congreso, la parlamentaria fujimorista Maritza García consideró que las mujeres “no deben utilizar términos que pudieran afectar psicológicamente” a los hombres, al intentar disculpar la violencia de género. El hecho ocurrió en medio del debate en torno al proyecto de la también fujimorista Nelly Cuadros que plantea declarar “de interés público” el “fortalecimiento de la familia”.

Un video publicado en redes sociales evidencia el instante en que la titular de la Comisión ‘aclara’ a la congresista Indira Huilca que cuando minutos antes hablaba de “violencia” lo hacía no con la intención de que las mujeres se quedaran calladas frente al abuso, sino porque también se debía “proteger a los varones” evitando, en otras palabras: provocarlos.

“Cuando me refería al tema de la violencia, no era que yo estaba promoviendo que las mujeres guardaran silencio o sean víctimas o provoquen actos de violencia, sino que también protegemos a los varones y que las mujeres no debemos utilizar términos que pudieran interferir o afectarlos psicológicamente. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, obviamente siempre voy a estar frente a la familia independientemente de su sexo o género”, argumentó García.

La reacción de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer fue inmediata, criticando lo dicho por Martiza García en calidad de presidenta de esta Comisión y recordando que hace poco suscribió el proyecto de ley del congresista evangélico Juan Carlos Gonzales que plantea la eliminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el de Desarrollo e Inclusión Social, para así crear uno solo denominado Ministerio de la Familia e Inclusión Social.

El proyecto de la fujimorista Nelly Cuadros -conocida también por oponerse abiertamente al reconocimiento de derechos a las personas LGTBI y a las políticas de igualdad de género- generó el debate en el que García realizó las expresiones que hoy ya han planteado la exclusión de su participación en esta presidencia por el perfil inapropiado para quien preside en el Parlamento una comisión que vela por los derechos de las mujeres. Paradójico pero real e inaceptable.

 

Por maternidades elegidas y celebradas

Rossina Guerrero*] Promsex.- En los años 2001 y 2009 las comisiones revisoras del Código Penal del Congreso de la República recomendaron despenalizar el aborto en caso de violación sexual y malformaciones incompatibles con la vida. En el año 2014 más de 60,000 ciudadanas y ciudadanos llevaron al Congreso una iniciativa ciudadana transformada en el Proyecto de Ley 3839/2014-IC, que acogía las recomendaciones de dichas comisiones revisoras, planteando que se incluya como causal de aborto no punible al aborto en casos de violación sexual.

El debate congresal, vacío de argumentos y lleno de declaraciones ofensivas contra las mujeres y de argucias por parte de congresistas, para no contar con el quorum que pudo permitir un Dictamen favorable en la Comisión de Constitución y Reglamento, concluyó con el archivamiento de esta iniciativa en manos del conservadurismo en la Comisión de Justicia y Derechos humanos. El tiempo de vigencia del Proyecto se acabó con el fin del gobierno de Ollanta Humala.

En el 2016, congresistas de diferentes bancadas presentaron el Proyecto de Ley 387/2016 – CR en el cual insisten en que el Congreso despenalice el aborto por violación e incorpora la despenalización en casos de malformaciones incompatibles con la vida fetal extrauterina. Este proyecto no ha tenido el impulso debido por parte de sus firmantes y se encuentra pendiente de debate en el Congreso a casi un año de su presentación.

El Perú vive en un CONTEXTO DE URGENCIA donde la violación sexual es habitual y tiene sobre todo rostro de niña o adolescente, violaciones que pueden dar como resultado un embarazo impuesto y una maternidad forzada. Y se calcula que cada año alrededor de 1,000 recién nacidos fallecen por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Las mujeres son forzadas a continuar con un embarazo que no llega a buen puerto, que las lleva a un duelo inesperado; mujeres que a lo mejor deseaban este embarazo y recibieron esta terrible noticia, sin poder si quiera optar por interrumpirlo, para incluso intentar embarazarse nuevamente.

Desde 1924 queda claro que cuando el derecho a la vida y salud de las mujeres se encuentra en riesgo, el aborto es una opción válida para salvaguardar sus derechos; por eso el aborto terapéutico es legal, sin embargo, contradictoriamente, el actual Código Penal sanciona a las mujeres que desean terminar un embarazo producto de una violación sexual o cuando el feto tiene malformaciones incluso si estas son incompatibles con la vida.

Esta Ley que considera que la violación sexual o un embarazo con malformaciones no daña la salud o pone en riesgo la vida de las mujeres tiene 93 largos años de vigencia, y es momento de solucionar esta situación que solo pone en un riesgo innecesario a miles de mujeres en el país de sufrir los impactos de un aborto inseguro o una maternidad forzada.

Dejar decidir a las mujeres para que sus embarazos y maternidades sean elegidas y celebradas es el mínimo derecho que se les debe reconocer en una democracia, el país tiene una deuda muy grande con estas mujeres, por ello avanzar hacia la despenalización de estas causales de aborto se considera un imperativo mínimo por el derecho a la vida, salud y dignidad de las mujeres.

(*) Rossina Guerero es directora de incidencia política de Promsex