Foto: cedha.net

Derechos Humanos, la agenda pendiente

El día de ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que sirve para recordarnos cuán lejos podemos estar en nuestro país y en el mundo de la plena vigencia de dichos derechos. Y además constatar las resistencias del Estado y de importantes sectores de la sociedad peruana a aceptar que los derechos son para todos y todas, sin excepción, y que han impedido que hasta la fecha se apruebe el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Así, a pesar de que los Derechos Humanos son parte de la enseñanza en escuelas y colegios, vemos que persisten y se desarrollan nuevas formas de discriminación, que se margina a los sectores más pobres de la ciudadanía que viven en las zonas rurales, y a quienes se les niegan derechos que están consagrados en la ley, como es el de la consulta previa a los pueblos indígenas, y todo en nombre de la necesidad de promover la sacrosanta inversión privada. O como en el caso de las mujeres, a quienes se les niega el derecho a decidir sobre sus propias vidas al no poder acceder al aborto terapéutico en casos de violación.

De otro lado, constatamos la enorme intolerancia frente a sectores tradicionalmente excluidos de los derechos civiles, como la población LGTBI que recién en este año ha logrado colocar en el centro del debate público el derecho que tienen a formar familia, con todas las obligaciones y derechos que ello conlleva. Pero además vemos que ésta se convierte en violencia como en el reciente asesinato del joven Joel Molero, masacrado por sus asesinos por el solo hecho de ser gay, que es quizás la manifestación más cruel de una intolerancia alimentada por los sectores más conservadores de la sociedad peruana.

De otro lado, aunque este año tuvimos menos violencia de parte del Estado en la represión de los conflictos sociales, constatamos que sigue existiendo de parte del mismo y del sector privado, una política sistemática de denuncias contra quienes lideran las protestas, amparándose en la vigencia de un conjunto de decretos que tienen por finalidad evitar la movilización social, que es legítima en tanto no vulnere los derechos del resto de la ciudadanía.

Con respecto a las cuentas pendientes del pasado, sigue abierta la agenda de justicia y reparación que propuso la CVR, siendo preocupante la cantidad de absoluciones y archivamientos de casos referidos a violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas del orden. Y también es lamentable que el actual gobierno no haya cumplido con mejorar los montos vergonzosos de reparaciones económicas individuales que estableció el anterior gobierno.

En Noticias SER consideramos, sin embargo, que hay un hecho fundamental que destacar y es la permanente reacción de un importante sector de la ciudadanía frente a todos estos atropellos, olvidos y abusos que hemos mencionado. Es esta actitud, en buena medida, lo que permite que en un país como el nuestro, donde las tentaciones y las pulsiones autoritarias siempre están a flor de piel, nuestra frágil democracia siga en pie y que las violaciones a los derechos humanos no sean mayores. Pero ello no basta. Por tanto resulta fundamental insistir una vez más en la obligación que tiene el Estado de garantizar, promover y hacer respetar los derechos humanos.

Fuentehttp://www.noticiasser.pe/

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