Fiscal Marcelita Gutiérrez archiva denuncia contra dos policías que torturaron a Yefri Peña

La madrugada del 28 de octubre del 2007, Yefri Peña Tuanama, una mujer trans, había terminado de trabajar como promotora del Ministerio de Salud (MINSA), en el distrito de Ate Vitarte cuando se dirigió a tomar un taxi que la llevaría a su domicilio. Cinco sujetos aparecieron y se lo impidieron agrediéndola en grupo, entre golpes e insultos que hacían clara alusión a su identidad de género, torturándola psicológica y físicamente.

Yefri, entre el terror y el dolor, sacó fuerzas para huir del ataque y se acercó a un puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se encontraban los efectivos Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano. Pese a encontrarse de servicio, ellos se negaron a ayudarla.

Desesperada, Yefri ingresó a un bar cercano, pensando que había perdido de vista a sus agresores. Sin embargo, pudieron encontrarla y continuaron golpeándola incansablemente. Al verse sin escapatoria posible, Yefri fingió su propia muerte pensando que el ataque cesaría, pero ello no fue así: ella pudo sentir cómo uno de sus agresores le desfiguró el rostro antes de abandonarla a su suerte.

Desde marzo del 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) interpusieron ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima una denuncia contra los dos policías, Gamboa Huamán e Ybias Altamirano por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura.

Hasta el momento, la fiscal Marcelita Gutiérrez (quien hasta ahora no cumple con su deber de denunciar las esterilizaciones forzadas ante el Poder Judicial), después de 3 años, ha decidido no denunciar el hecho por tortura y archivar la denuncia, sino solo por lesiones graves en la modalidad de comisión por omisión.

Las abogadas de la ciudadana Yefri Peña Tuanama han acreditado que ambos servidores públicos consintieron que la tortura se produzca, ocasionando sufrimientos físicos y mentales graves contra Yefri, y ésta estuvo motivada por el prejuicio frente a su identidad de género.

Por ello, se han presentado dos recursos de queja: uno, contra la decisión de calificar los hechos como “lesiones graves” y no como “tortura”, y otro contra la fiscal Marcelita Gutiérrez, por su actuación poco diligente al interior del proceso, por incumplir con los deberes que impone la Ley de Carrera Fiscal y por vulnerar los derechos de Yefri Peña.

Las organizaciones representantes de Yefri Peña, exhortamos al Ministerio Público se garantice el deber de investigar con la debida diligencia la violación de sus derechos humanos, causada por el prejuicio sobre su identidad de género; esto supone se respete el plazo razonable y se sigan los criterios para el análisis de casos de violencia por prejuicio desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Campo Algodonero vs. México.

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