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Write on Jueves, 08 Mayo 2008

La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas emite la alerta: Perú - Demanda de investigación caso de violación

RESUMEN

El pasado 25 de febrero tres efectivos de la Policía Nacional violaron a Luís Alberto Rojas Marín, de 26 años de edad, en la Comisaría de la PNP del distrito de Casa Grande, ubicado en la Provincia de Ascope en la Región La Libertad. El pasado viernes 11 de abril, Juez Rosendo Villas Castillo, magistrado de la Provincia de Ascope, ordenó la prisión preventiva contra los tres policías implicados. Sin embargo, luego de que familiares y allegados a los policías organizaran marchas a favor de los detenidos, los magistrados Víctor Burgos Mariños y Cesar Ortiz Mostacero, dejaron sin efecto la orden de detención que pesaba contra los policías: Dino Horacio Ponce Pardo, Luís Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero.

Entre los derechos violados en este caso se encuentran:
Derecho a la vida y a la seguridad personales
Derecho de igualdad ante la ley
Derecho al remedio efectivo y compensación
Derecho a la protección judicial

ACCION

La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) se une a la Asociación GLTB La Libertad de Perú en un llamado de urgencia pidiendo vuestro apoyo, enviando cartas a las autoridades de Perú, solicitando un juicio y castigo justo y sin prejuicios a los policías que perpetraron la violación de Luís Alberto Rojas Marín como así también un justo resarcimiento a la victima.

Pueden copiar y pegar nuestra carta adjunta como ejemplo y escribir a las personas listadas abajo. Por favor, envíe su carta a:

Presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso del Perú
Sr. Raúl Eduardo Castro Stagnaro
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Defensora del Pueblo del Perú
Dra. Beatriz Merino Lucero
Jirón Ucayali Nº 388, Lima Nº 01, Cercado
Apartado Postal Nº 4403, Lima 1, Lima - Perú.
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Ministro del Interior del Perú
Señor Luís Alva Castro
Plaza 30 de Agosto s/n.
Urb. Corpac, San Isidro, Lima Nº 27
Perú.
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Defensoria del Pueblo
Dr. William Raphael León Huertas
Defensor del Pueblo de la Región de La Libertad
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Ministerio Público
Dra. Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación
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Consejo Nacional de Derechos Humanos - Ministerio de Justicia
Dr. Miguel Facundo Chingel
Secretario Ejecutivo
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Con Copia a

Fernando D'Elio - IGLHRC
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Víctor Omar Vázquez - Asociación GLTB La Libertad
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EJEMPLO DE CARTA

Presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso del Perú
Raúl Eduardo Castro Stagnaro

Escribimos para manifestar nuestra preocupación e indignación por los reportes recibidos acerca de que tres oficiales de la policía violaron recientemente a un hombre a quien ellos percibieron como gay, y de hecho, ejercieron tal violación por su orientación sexual. La violación reportada tuvo lugar en la estación de policía del distrito de Casa Grande de la provincia de Ascope en la Región de La Libertad, Perú.

El 11 de abril de 2008 el magistrado de la provincia de Ascope ordenó la detención de los tres oficiales acusados del crimen -fue la primera vez que las autoridades de Perú arrestan a personas por violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con orientación sexual, una acción que debería ser aplaudida.

No obstante después que familiares y amigos de los oficiales organizaran marchas de apoyo, autoridades de la Corte Judicial de La Libertad, pusieron en libertad a los oficiales. Esta acción, motivada políticamente, anuló la orden original del magistrado de Ascope, menoscabando la ley y reduciendo la confianza de la comunidad en la obligación del estado Peruano de considerar seriamente los crímenes cometidos contra miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) .

Como firmante de declaraciones y tratados internacionales que aseguran el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, es la obligación de Perú asegurar que las violaciones a los Derechos Humanos, incluidas las violaciones y otros tipos de violencia sexual sean totalmente investigadas y que sus perpetradores sean enviados a la justicia. Esto es requerido en todos los casos sin distinción por orientación sexual o identidad de genero.

Asimismo, los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género especifica que "todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género" y que los estados "adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada" (Principio 2)

Les solicitamos que se condene públicamente la violación de Luis Alberto Rojas Marín, dejando claro que crímenes cometidos por razones de orientación sexual o identidad de genero no serán tolerados en la sociedad peruana. Asimismo le pedimos que se aseguren que las autoridades efectúen una investigación exhaustiva y justa del crimen y si los oficiales de policía acusados resultaran culpables sean castigados de acuerdo a la ley. Requerimos también que se efectúe un monitoreo del trato de la policía a la comunidad LGBT, que se capacite a la fuerza policial para terminar con la homofobia dentro de la institución y tomar todas las medidas necesarias para evitar que crímenes similares contra la comunidad LGBT se cometan en el futuro.

Las autoridades peruanas deben respetar y proteger los Derechos Humanos de todos los ciudadanos sin distinción de su orientación sexual o identidad de genero.

Confiamos que le darán a este tema la atención que se merece.

Cordialmente,
Nombre y Apellido
Cargo
Organizacion a la que pertenece, también es posible enviar a titulo personal

ANTECEDENTES

El pasado 25 de febrero, Luís Alberto Rojas Marín de 26 años de edad, fue conducido a un calabozo de la Comisaría de la PNP del distrito de Casa Grande, ubicado en la Provincia de Ascope en la Región La Libertad, en la costa norte del Perú, donde los oficiales de la policía Dino Horacio Ponce Pardo, Luís Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero se apropiaron de su dinero y pertenencias, posteriormente lo desnudaron y luego procedieron violarlo y someterlo a diferentes practicas sexuales. El joven permaneció desnudo casi toda la madrugada, ya que recién a las 6 de la mañana le devolvieron su ropa y lo dejaron en libertad. Es digno de resaltar que el hecho se produjo en el interior de una Comisaría, por oficiales de policía y la víctima refiere que la agresión se debió por el simple hecho de ser homosexual.

El pasado viernes 11 de abril, el Juez Rosendo Villas Castillo, magistrado de la Provincia de Ascope- Región la Libertad, ordenó la prisión preventiva contra tres efectivos de la Policía Nacional, siendo la primera vez en el Perú se ordena el arresto de efectivos policiales por un acto de crímenes de odio por orientación sexual.

Pese a esta medida tomada por el Juez, la Policía Nacional no ha expulsado a estos efectivos que cuentan con la asesoría legal de la Defensoría Policial, incluso el jefe de la III Dirección Territorial Policial, general Raúl Becerra no ha asumido ninguna responsabilidad pese a que el hecho se produjo al interior de un establecimiento policial.

Asimismo, familiares y allegados a los policías intentaban presionar al Poder Judicial, a tal efecto el pasado sábado 12 de abril, organizaron una marcha en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad. En la concentración participaron unos cincuenta simpatizantes de los policías, los cuales lanzaron una serie de acusaciones contra Luís Alberto Rojas, víctima de la violación, al cual se le intenta desprestigiar por su orientación abiertamente homosexual.

Posteriormente un tribunal judicial de la región La Libertad dejó libres a los tres policías acusados. Los magistrados Víctor Burgos Mariños y Cesar Ortiz Mostacero, dejaron sin efecto la orden de detención que pesaba contra los tres oficiales de la Policía Nacional Peruana.

Para ver entrevista televisiva a Luis Alberto Rojas Marin siga el siguiente link:
http://boletindiversidad.blogspot.com/2008/05/video-televisivo-del-joven-gay-violado.html

MARCO LEGAL INTERNACIONAL

El derecho a la vida (y a la libertad y seguridad personales) lo protegen la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 3; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en sus Artículos 6 y 9, y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en sus Artículos 4 y 7.

El derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada/o, lo protegen la Declaración en sus Artículos 2 y 7, el Pacto en sus Artículos 2 y 26, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus Artículos 1 y 24.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo en el caso de Toonen contra Australia (1994) que las provisiones antidiscriminatorias existentes en los Artículos 2 y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos debían interpretarse como incluyentes de la orientación sexual como condición protegida. Muchos otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han condenado consecutivamente la discriminación basada en la orientación sexual.

Desde 2002, Perú es signatario de la Carta Andina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos cuyo artículo 10. reafirma la decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición; y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la discriminación racial. El punto F. de la carta está especialmente dedicado a los derechos de las personas con diversa orientación sexual y en su artículo 52. reconoce que las personas, cualesquiera sean su orientación u opción sexuales, tienen iguales derechos humanos que todas las demás. y en su artículo 53. los estados firmantes se comprometen a combatir toda forma de discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexuales, con arreglo a las legislaciones nacionales y, para ello, prestarán especial atención a la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las personas con diversa orientación u opción sexual, y la garantía de recursos legales para una efectiva reparación por los daños y perjuicios derivados de tales delitos.

La Ley 28237 (aprobada por el Congreso de la República Peruana), que instituye un nuevo Código Procesal Constitucional para el país, reconoce la no - discriminación por orientación sexual como objeto de protección legal y permite presentar recursos de amparo en casos de discriminación por ese motivo. Dicha ley entró en vigencia el 1 de diciembre de 2004.

Perú ha ratificado el PIDCP el 18 de abril de 1978 y la CIDH el 28 de julio de 1978. La Declaración Universal se considera parte del derecho consuetudinario internacional, y compromete a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Perú. Lo mismo sucede con la Convención Interamericana para los Estados Miembros de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

##
La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC) es una organización líder en Derechos Humanos exclusivamente dedicada al desarrollo de los derechos de las personas victimas de presidio, abuso o asesinato por causa de su sexualidad, identidad de género, o estatus VIH en todo el mundo. IGLHRC trabaja en violaciones a los Derechos Humanos asociandose o apoyando a activistas de diferentes paises alrededor del mundo, monitoreando y documentando abusos a los Derechos Humanos, involucrandose contra gobiernos ofensivos y entrnando activistas en Derechos Humanos. Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, tiene su oficina central en Nueva York y oficinas en Cape Town y Buenos Aires.
Para mas información visite: http://www.iglhrc.org

Write on Viernes, 27 Marzo 2009

ESTA ES UNA ACCIÓN URGENTE CONVOCADA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, REGIONALES, NACIONALES Y LOCALES:

Internacionales y regionales:
Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC)
Human Rights Watch (HRW)
Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
Internacional Lesbian and Gays Law Association - Latinamerica

Nacionales y Locales:
Asociación Junio Unicidad
Bogota Neoqueer Rockers
Colombia Diversa
De-liberar

Diversidad Humana
Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y Sexualidad, Paréntesis
La corporación EL OTRO
Lideres en Acción
Mesa Joven por la Diversidad Sexual
Mesa LGBT de Bogotá
Mujeres Enredadas
Mujeres al Borde
Planeta Paz
Red Colombiana de PVVS – RECOLVIH
Santamaría Fundación
Sentido bisexual
Sentimos Diverso
Sisma Mujer
TRANS-SER Red de Apoyo a Transgeneristas


LOS HECHOS
El 6 de marzo de 2009 hombres desconocidos asesinaron al defensor de derechos humanos Álvaro Miguel Rivera en la ciudad de Cali, Colombia.

Álvaro era representante de la organización Tínku, integrante de Planeta Paz, del Polo de Rosa y un activista comprometido que trabajaba por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero (LGBT) y de personas viviendo con VIH y ya antes había tenido que huir de Villavicencio, ciudad al oriente del país, por amenazas contra su vida.

El asesinato de Rivera ocurre en una ciudad donde la violencia contra la comunidad LGBT es constante. En un comunicado del 12 de marzo de 2009, la CIDH condeno la muerte de Álvaro y señaló que ha recibido información sobre la situación de inseguridad de los defensores LGBT en Colombia, en particular en Cali. Él mismo, documentó la violencia en contra de esta comunidad en Cali para el informe anual de derechos humanos 2007 de Colombia Diversa y continuó denunciado la muerte de otros hombres gay en la ciudad en 2008 y 2009, hasta el día de su muerte.

Esté es el segundo caso en los últimos 13 meses que un defensor de la comunidad LGBTI es asesinado en Colombia. El 16 de febrero de 2008 desconocidos asesinaron a Fredys Pineda en la ciudad de Apartadó. Al momento de su asesinato, Pineda se desempeñaba como consultor de la Defensoría del Pueblo en temas de desplazamiento. Anteriormente Pineda había trabajado a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI y en programas de prevención de VIH/SIDA en el departamento de Córdoba.

Asimismo en las Organizaciones que estamos promoviendo esta acción hemos documentado y hecho públicas numerosas violaciones a los Derechos Humanos que incluyen asesinatos continuados a integrantes de la comunidad LGTBI en Colombia y especialmente en la ciudad de Cali.

Para mas información puede seguir los siguientes links:

http://www.colombiadiversa.org/dmdocuments/Violencia%20por%20Prejuicio.pdf
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/globalactionalerts/213.html
http://mulabi-colombia.blogspot.com/2008/10/reporte-sobre-colombia-tercera-ronda.html
Entre los derechos violados en este caso se encuentran el DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONALES, DERECHO A NO SER DISCRIMINADO y DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

LA ACCIÓN
Envíe urgentemente una carta (puede seguir el formato que se sugiere a continuación) a las direcciones electrónicas de las autoridades que se listan a continuación por favor con copia a:
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Por favor, envíe su carta a:

Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia: Carlos Franco
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Defensor del Pueblo Doctor Volmar Pérez Ortiz
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Defensor del Pueblo Regional Dr. Andrés Santamaría Garrido
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Fiscal General de la Nación: Mario Germán Iguarán Arana
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Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación: Leonardo Augusto Cabana Fonseca
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Ministro del Interior y de Justicia.
Fabio Valencia Cossio Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Policía Nacional de Colombia
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Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Nacional en el Departamento del Valle.
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Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra Señora Embajadora Clemencia Forero Ucrós,
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Defensoría del Pueblo:
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Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas y los organismos internacionales: Embajador Angelino Garzón
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EJEMPLO DE CARTA

Sr (a). ...

Le escribo para expresar mi indignación con referencia al asesinato de Álvaro Miguel Rivera, ocurrido en la ciudad de Cali el 6 de marzo de 2009.

Colombia como signataria de diversas declaraciones internacionales tiene la obligación de asegurar que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas exhaustivamente y que los culpables sean llevados a la justicia. Lo sucedido a Álvaro Miguel Rivera es una clara violación a la Convención Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumentos todos ellos suscriptos y firmados por el estado Colombiano. Asimismo son actos violatorios de los derechos fundamentales enunciados en la Constitución de Colombia.

Asimismo, los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género especifica que “todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género” y que los estados “adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada” (Principio 2)

A nivel regional la reciente aprobación de la resolución AG/RES-2435(XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual se adhirió el gobierno colombiano, conmina a Colombia a realizar todas las acciones concretas necesarias a fin de relevar la grave situación de violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, en particular cuando se trata de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas LGBTI.

Finalmente la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una comunicación del día 12 de marzo, del presente año, condena el asesinato de Álvaro Miguel Rivera y urge al Estado de Colombia a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de este asesinato.

Por todo lo anterior demandamos que:

Condenen públicamente este hecho y se aseguren que las autoridades locales efectúen una investigación exhaustiva sobre el mismo y los responsables sean llevados a la justicia.
Que la división de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en conjunto con la Fiscalía General de la Nación implementen un programa de búsqueda, seguimiento y acompañamiento a los casos de crímenes de odio y- o expresiones de odio asociadas al a orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, en el cual se contemple una reparación integral a las víctimas y sus familias.
Que se promulgue una ley sobre crímenes de odio que incluya -entre otras condiciones- a la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Una vez promulgada dicha ley, elaborar e implementar un plan para su difusión tanto entre el personal de seguridad y las/os funcionarias/os del poder judicial, como entre la población en general y particularmente entre las poblaciones protegidas por la ley.
También pedimos se realicen todas las acciones necesarias para procurar que estos hechos no se repitan en el futuro y que incluyan a la comunidad LGBTI dentro de los planes de desarrollo y seguridad de la ciudad de Cali.
Las autoridades de Colombia deberían respetar y proteger los Derechos Humanos de todos los ciudadanos sin discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Estaremos pendientes de los avances concretos que se den para atender este grave problema.

Cordialmente,

Nombre:
Cargo:
Organización:
País:
Correo electrónico:

Write on Jueves, 27 Septiembre 2007

Asociación Agua Buena nos informa… Ecuador y Perú, además de compartir parte de su historia, las cordillera de los Andes y parte de sus fronteras; comparten también características en su Sistemas de Salud.

Ambos países cuentan con Sistemas de Salud fragmentados, que dividen la atención para los trabajadores dependientes “aportadores”, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Ecuador y de EsSalud en Perú, que alcanza a aproximadamente un 20% de la población; para el personal activo de las fuerzas armadas y policiales, a través de las Sanidades respectivas; y para la población más pobre, que es atendida por los hospitales del Ministerios de Salud Pública (MSP) en Ecuador y el Ministerio de Salud (MINSA) en Perú. Contextos similares se viven en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Creemos que esta fragmentación del Sistema de Salud tiene un fuerte impacto en la atención de todas las afecciones de salud, sin embargo, nos centraremos en la atención de personas que viven con VIH y SIDA (PVVS).

Tanto Ecuador, como Perú cuentan desde hace varios años con un fuerte financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (FM), ayuda que ha sido canalizada a través del MSP y MINSA para la atención de personas que viven con VIH y SIDA.

En Ecuador:

El Ministerio de Salud Pública respondió rápidamente a las presiones del Proyecto del Fondo Mundial para incrementar el número de personas en tratamiento, superando las 2200 para julio 2007; aumentar la disponibilidad –no gratuita- de la prueba diagnóstica de VIH en la mayoría de los Centro y Sub - centros de salud y fortalecer la prevención de la transmisión vertical a nivel nacional. Sin embargo, estos avances parecen no haber trascendido a las otras instituciones que brindan atención en Salud.

En Machala, una pequeña ciudad ubicada al sur oeste del Ecuador, el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no solo no cuenta con pruebas diagnósticas para VIH –sean Elisa o pruebas rápidas- para sus asegurados, sino que tampoco tiene contemplada la atención de las personas VIH positivos. “En caso se sospeche –en palabras de un médico del hospital- que una gestante tiene la infección, es derivada a la Cruz Roja, donde podrá hacerse la prueba (luego de un pago de US$5.00)”. Si el resultado es positivo, la persona diagnosticada –sea gestante o no- es derivada al IESS de Guayaquil, donde en adelante recibirá atención y la provisión de medicamentos que necesite. Esta derivación costará al usuario no solo el transporte hasta la ciudad de Guayaquil – US$10.00- sino la pérdida de horas de trabajo, deterioro en su salud y pondrá en riesgo la adherencia al régimen de tratamiento y seguimiento que se le asigne.

En Quito, la ciudad capital, las PVVS usuarias del IESS deben invertir periódicamente entre 145 y 180 dólares americanos para realizarse las pruebas de Carga Viral y CD4, ya que en el Hospital aún no realizan estos exámenes, lo cual tiene un gran impacto en la economía de las familias afectadas por el VIH y SIDA.

En Perú:

Un obstáculo aún vigente en la atención en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), es el cobro de las pruebas de diagnóstico para VIH, lo cual debe ser eliminado para garantizar un real acceso a TARV. A pesar de ello, el incremento del acceso a atención para personas que viven con VIH y SIDA ha sido muy significativo, el MINSA pasó de brindar tratamiento para poco más de 250 personas a inicios del 2004, a más de 8000 en marzo del 2007. Este incremento fue posible gracias al fuerte apoyo financiero del Fondo Mundial y al compromiso del Programa Nacional de Sida. Asimismo, se extendió la estrategia de prevención de transmisión vertical a todo el territorio nacional.

La Policía Nacional del Perú (PNP), en cambio, no ha logrado garantizar el abastecimiento de medicamentos antirretrovirales para las PVVS que pertenecen a aquella institución. Las licitaciones anuales no se han realizado en los últimos dos años, por lo que el abastecimiento de medicamentos depende de compras de emergencia que, generalmente, se inician luego de que se reporta el desabastecimiento total; y, dado que el proceso demora hasta tres meses, los usuarios deben invertir sus propios recursos para adquirir los medicamentos, o bien pedir donaciones y préstamos de otros usuarios.

En EsSalud, donde son atendidos los trabajadores dependientes que aportan al sistema, la situación es parecida a la de la PNP; los usuarios debe regresar por alguno de los medicamentos que no se le entregó cuando a tiempo. En estos casos, los usuarios optan por comprar los medicamentos faltantes, conseguirlos prestados de amigos, continuar tomando la terapia incompleta, o interrumpir la terapia hasta que se le entregue el medicamento restante; siendo estas últimas muy peligrosas para la salud.

¿Cómo nos afecta esta fragmentación?

En países tan pequeños como los nuestros, es evidente que la fragmentación de los servicios en salud resulta perjudicial para el Estado y la población:

* Se invierte tiempo y recursos en llevar repetidos procesos de compra de medicamentos para cada uno de los sistemas.
* Se contemplan distintos esquemas de tratamiento, lo cual perjudica a todos los sistemas y en última instancia al usuario, ya que si éste migra de un sistema a otro, el nuevo sistema deberá comprar el nuevo medicamento no previsto o modificar la terapia.
* Se pagan precios más altos, ya que el volumen de cada servicio es reducido, además que cada proceso depende de la capacidad de negociación del servicio y es más susceptible de corrupción. Así tenemos, por ejemplo, que el MINSA (Perú) compró Reyataz® (un inhibidor de proteasa) en junio 2006 a US$5.75/tableta y EsSalud compró el mismo producto a US$ 6.83. es decir US$379 más por tratamiento/año.
* Los costos de medicamentos se incrementan aún más en situaciones de compra de emergencia, ya que la necesidad es inminente, las posibilidad de negociación son menores y los proveedores pueden establecer el precio que deseen.

Encontrando soluciones

Creemos que es necesario que los países reestructuren la atención en salud, incluyendo la atención de las personas que viven con VIH y Sida.

Así, pueden realizarse compras nacionales de medicamentos antirretrovirales y otros insumos, de tal manera que todos los servicios puedan acceder a mejores precios y ahorrar recursos en los procesos de licitación.

Por otro lado, pueden establecerse convenios de atención entre los diversos servicios para los usuarios puedan acceder a medicamentos y atención en sus propias ciudades.

Es importante tener en cuenta que el fin último del servicio de atención, es la salud de los usuarios, por tanto, deben modificarse las estructuras deficientes para garantizar una mejor atención y sobre todo el acceso a la salud para todos y todas.

Por Lídice López Tocón

Asociación Agua Buena Pro Defensa de los Derechos Humanos
www.aguabuena.org

Richard Stern
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00-50-6-280-3548

Lídice López Tocón
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 Septiembre 07, 2007
Write on Viernes, 09 Marzo 2007

“Al cabo de un año decidí irme a vivir con mi padre y empezar de nuevo en un lugar en donde nadie me conocía”.

CARETAS narró la semana pasada el caso de Karen Llantoy (22), a quien el Estado se negó a practicarle un aborto terapéutico cuando era menor de edad, a pesar que el feto era anencefálico (carencia de cerebro y cráneo) y se sabía que moriría poco después del parto. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Perú indemnizarla y una serie de medidas para corregir el daño. Hoy, un documento recién aprobado podría cambiar para siempre la faz del aborto terapéutico en el país.

Karen Llantoy decidió despercudirse de las iniciales que la identificaban en la edición anterior de esta revista. A través de sus abogadas del Estudio Para la Defensa y los Derechos de la Mujer, DEMUS, comunicó su disposición para hablar de este caso sucedido hace cinco años. Llantoy se vio obligada por el Estado a continuar con el embarazo y dar a luz una niña anencefálica que amamantó y murió a los cuatro días. Las consonantes llegan hasta hoy y son tan emblemáticas como para merecer reacción de Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Colegio Médico del Perú y las asociaciones que velan por los derechos de las mujeres. Pero toda esa espiral desemboca en el punto de partida: la historia de una jovencita.

–¿No pensó en algún momento en someterse a un aborto clandestino?

–Claro que sí, pero yo era muy joven y sentía que eso no era lo correcto. Además tenía mucho miedo de hacerlo de esa manera. Si mi bebé hubiese venido en buenas condiciones ni siquiera hubiese pensado en esa posibilidad, pero por desgracia no era así. Pensar en el aborto clandestino me hacia sentir muy culpable.

–¿Cuáles fueron los daños psicológicos que le produjo este episodio, antes y después del parto?

–Tuve muchos trastornos psicológicos. Fue la etapa en la que más lágrimas derramé. Tenia muchas interrogantes sin respuestas y sobre todo siempre tuve ese sentimiento de culpa que hasta hoy no puedo quitármelo de encima.

–El primer informe del Centro de Derechos Reproductivos menciona que el embarazo sí ponía bajo riesgo su vida. ¿De qué manera?

–Yo llevaba una bebé y no sabía hasta cuando iba a vivir. Siempre tenía que estar al tanto de sus movimientos dentro de mí. Pero en realidad creo que el mayor riesgo era la parte psicológica. No sentía ganas de vivir y mis días eran absolutamente nublados en todo aspecto. No sé como he logrado salir de todo eso. Me alegro de que sea así.

–¿Cómo es que el doctor Ygor Pérez recomienda en primera instancia un legrado uterino y luego el director del hospital lo niega? ¿Eso quiere decir que nunca antes se había presentado un caso de esas características?

–Pues supongo que no. Porque el doctor Pérez me recomendó el legrado con la seguridad de que era lo correcto y el mismo día que me lo iban a hacer llegó el informe con la negativa del director del hospital.

–¿El personal médico que se negaba a autorizar el aborto le ofreció en algún momento una solución alternativa?

–No. La única solución que me daban era esperar al término del embarazo.

–¿Cómo se decidió a denunciar el caso?

–En la desesperación de no saber qué hacer, con la incertidumbre de desconocer lo que podía ocurrir, y por recomendaciones de personas cercanas a mí, decidí hacerlo público con la esperanza de que alguien me ayudara a resolver la situación con el hospital.

–¿Cuándo optó por salir del país?

–Después del parto pasé muchos meses en estado de depresión, luchando contra ello y cayendo una y otra vez más. Al cabo de un año decidí irme a vivir con mi padre y empezar de nuevo en un lugar en donde nadie me conocía. (E.CH.)

Caretas 08.03.2007

Write on Jueves, 25 Octubre 2007

Dos años después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU fallara a su favor, la peruana Karen Llantoy trae a Londres su lucha contra el Gobierno de Lima, que le negó con tan sólo 17 años el derecho al aborto terapéutico, aún sabiendo que el bebé nacería sin cerebro.

"El caso de Karen es uno de los miles que prueban el vacío legal que existe en Perú. A pesar de que la ley autoriza el aborto terapéutico, no existe un protocolo que recoja cómo, dónde y en qué condiciones se puede interrumpir el embarazo, por lo que muchas mujeres quedan al amparo de lo que decida el médico", denuncia a Efe su abogada, Jeanette Llaja, de la organización DEMUS Junto a ella y la psicóloga Giannina Paredes, Karen viajó a la capital británica, donde hoy comparte su experiencia con otras mujeres en la conferencia "Global Safe Abortion", la primera que a nivel internacional aborda la lucha contra los abortos de riesgo.

"Sólo deseo que lo que me pasó no se vuelva a repetir. Para una chica de 17 años es realmente difícil de sobrellevar. No sabéis las veces que he intentado dejar este mundo porque para mi el valor de la vida ya carece de importancia", afirmó Karen ante el Tribunal Ético por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres, en julio de 2005.

En un contexto en el que aproximadamente 376.000 mujeres abortan en Perú cada año, la experiencia de Karen "fue paradigmática", afirmó Llaja.

En 2001, a mitad de su embarazo, un examen médico le diagnosticó que el feto era anencefálico (sin cerebro) y que no sólo moriría al nacer sino que entrañaba un grave riesgo para la salud de la madre.

El director del hospital al que la joven acudió pidiendo un aborto terapéutico le negó la solicitud, obligándola a llevar su embarazo hasta el final y a amamantar al bebé durante los cuatro días que sobrevivió.

"Me sentía tan impotente que decidí denunciarlo", declaró a Efe Karen, cuyos abogados llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC, en sus siglas en inglés), alegando que el Estado peruano puso en peligro la integridad física y mental de la joven y le negó el derecho a un aborto terapéutico.  En noviembre de 2005, el UNHRC se pronunció a su favor y estableció que negarle el acceso al aborto legal violaba los derechos humanos básicos de las mujeres, puntualizando que el derecho a la salud no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral.  Era la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos responsabilizaba a un gobierno de asegurar el acceso a servicios para un aborto legal, pero el ejecutivo peruano aún ahora, dos años después, no ha cumplido el dictamen de la UNHRC.

Desde Londres, Llaja y Paredes piden apoyo internacional para presionar a las autoridades peruanas a fin de que tomen medidas que aseguren a las mujeres su derecho a un aborto terapéutico seguro, cuando se sabe que la inseguridad en los abortos se cobra 66.000 muertes en el mundo cada año.

EFE

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Write on Viernes, 06 Febrero 2009

La familia de una joven discapacitada santiagueña pidió esta semana la interrupción legal de su embarazo, producto de una violación. A pesar de que el caso encuadra en el artículo 86 del Código Penal, los médicos esperan que la Justicia convalide la práctica. Este es el primer caso de aborto no punible en la provincia de Santiago del Estero, pero repite la fórmula de otros registrados en el país: la interpretación restrictiva de la ley argentina. En exclusivo, Artemisa Noticias presenta este caso en el que se demuestra una vez más los obstáculos que deben sortear las mujeres para ejercer sus derechos.

La familia de una joven discapacitada santiagueña pidió la interrupción legal del embarazo, producto de una violación de la que fue víctima.

A pesar de que el artículo 86 del Código Penal es claro en cuanto a los procedimientos médicos que se deben seguir para realizar la práctica abortiva, l@s efector@s de salud de la provincia pidieron que la Justicia autorice la práctica médica.

Este sería el primer caso de aborto no punible, conocido públicamente, en la conservadora provincia de Santiago del Estero.
 
La joven P.B. (22) tiene un retraso psicomotor severo, no puede comunicarse, no puede ubicarse en el tiempo y en el espacio, se autoagrede y rechaza todo tipo de contacto físico. Por vivir desde siempre en un inhóspito paraje rural del interior santiagueño, con escasos recursos

económicos y sociales, su familia nunca pudo brindarle ningún tipo de estimulación que le permita valerse por sí misma.

A mediados de enero pasado, la hermana de P.B. denunció ante la policía local la violación (actualmente el Juzgado de 3º Nominación en lo Criminal a cargo de Jorge Salomón investiga el o los autores) y pidió al cuerpo médico de un hospital cercano que se le realice un aborto no punible, tal como lo contempla el Código Penal. Ante la imposibilidad técnica (esbozada por l@s efector@s públicos) de practicarle un aborto, se traslada a P.B. a la capital santiagueña para su atención.

Este sería el principio de una serie de obstáculos que se le fueron presentando a la familia de la joven que ya cursa la 12º semana de gestación. Al llegar a Santiago capital, los médicos pidieron, entre otras cosas, una orden judicial que autorice el aborto, un certificado de discapacidad expedido por una junta provincial de discapacidad y la historia clínica original, requisitos que dilatan los tiempos del proceso.

En exclusiva para Artemisa Noticias Miriam Nallar, abogada patrocinante de la familia, relató que ''P.B. no tiene conciencia de lo que le está pasando a su cuerpo, no puede procurarse los cuidados elementales para su propia persona y toda esta situación, agravada por la extrema pobreza y el aberrante hecho de la que fue víctima, la han colocado en un total estado de indefensión''. Así también lo especifica el escrito formal presentado este martes por la letrada ante la Justicia de Familia, que solicita al servicio de salud pública cumpla con los requisitos del Código penal argentino.

Según establece el artículo 86, inciso 2o, de dicho código, el profesional de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto ''cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente (en este caso se necesita el consentimiento de su representante legal).

''Nos hemos chocado aquí con otras cuestiones que no hacen al normal procedimiento, como la objeción de conciencia, las creencias religiosas, las interpretaciones restrictivas, etc, cuando ése no es el espíritu del texto que dejaron nuestros legisladores'' enfatizó Nallar.

En cambio para Silvia Borsellino, representante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Santiago, '' las condiciones de acceso a garantias de derecho de las mujeres está mediado por el nivel de vulnerabilidad y debilidad que el procedimiento que dicta el Código penal tiene, a pesar de estar explícito. Este caso es parte de este concepto de fragilidad. En las condiciones que se presenta, con los agravantes de pensar en el delito del que es víctima, el sistema prolonga y demora una decisión que la revictimiza a ella y a su familia''.

A pesar del oscuro panorama, las organizaciones feministas que acompañan a P.B. son optimistas: ''es muy importante que ellas hayan solicitado ayuda para ser acompañadas. Si bien vienen de un lugar con muy escasa comunicación con los centros urbanos mas próximos, pero han podido registrar en algún punto el derecho que las contiene. Por eso – aclara Borsellino - el Estado provincial debe responder a la decisión de la familia para el cumplimiento de derechos, y no debe obviar ninguna responsabilidad. Creo que este es el camino, entender la responsabilidad de cada un@, nosotr@s como ciudadan@s organizad@s y el Estado como garante de los derechos de las mujeres''.

Hasta el cierre de esta edición, Artemisa Noticias intentó infructuosamente comunicarse con las autoridades sanitarias de la provincia, quienes, según dijeron l@s asistentes, ''estaban ocupados con otros casos''.    

Expert@s en dilaciones  
El objetivo de reglamentar las normas de procedimiento para garantizar el acceso de las mujeres a las prácticas de aborto habilitadas por el Código Penal de la Nación, ha desvelado a legislador@s y funcionari@s sensibles con la temática y al propio movimiento feminsta, quienes no han logrado aún consensuar una fórmula.

Si bien el Código Penal de la Nación señala las circunstancias en las que el aborto puede llevarse a cabo sin cometer delito, en la práctica l@s médic@s, por miedo o por ignorancia, se convierten en los principales obstaculizadores para el ejercicio del derecho al aborto legal.

En los últimos días de la gestión del ministro de Salud de la Nación Ginés González García se aprobó la distribución de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No punibles (ANP), que regula las situaciones previstas por el artículo 86 del Código Penal de la Nación en los casos en los que se autoriza el aborto eximiendo de pena al médico y a la mujer que lo llevan adelante. Sin embargo, la distribución se mantiene frenada ya que la nueva titular de dicha cartera Graciela Ocaña dice que el protocolo permanece ''en estudio''.

El objetivo de la Guía fue establecer los procedimientos para la provisión de los abortos permitidos por el artículo 86 del Código Penal argentino y estandarizar los procedimientos clínicos y quirúrgicos para la provisión del ANP dentro del sistema de salud. Está destinado a todas las mujeres que soliciten la realización de un aborto legal en un servicio de salud y los profesionales responsables de garantizar esta práctica.

Según esta guía, ''cualquier imposición de exigencias adicionales, tales como, autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización por auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, períodos y listas de espera, y demás trámites que puedan representar una carga para la mujer representarán una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley. Condicionar la realización de un aborto legal a la obtención de autorizaciones adicionales vulnera el derecho de las personas a la autodeterminación e incrementa el riesgo para la salud. El cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional''.

Otro intento fue el proyecto de reforma al Código Penal (conocido como proyecto ''César'', por su autora Nora César) impulsado en el 2008 por legislador@s nacionales oficialistas, que buscaba clarificar la redacción del artículo 86. El proyecto fue frenado el 18 de noviembre pasado, justo en el momento en que iba a pasar al recinto legislativo para su tratamiento.

El peligro de repetir

En noviembre de 2008, el Estado nacional argentino reconoció ante el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas el incumplimiento de la legislación vigente en materia de aborto. El estado había sido denunciado por el caso conocido como LMR de Guernica, (una joven con discapacidad mental y violada por su tío a la que se le negó el acceso a un aborto no punible en el sistema sanitario oficial y que fuera obligada a recurrir al circuito clandestino).

''La demanda demostró que la acción del Estado en el caso de LMR no fue un hecho aislado, sino que corresponde a un patrón de violaciones'' decía en declaraciones al diario Página 12 Estela Díaz, integrante de Acción por los derechos de las Mujeres (ADEM) y del equipo que presentó la demanda.

Para discutir la reparación integral de la niña y, fundamentalmente, las medidas de no repetición, es que funciona una mesa de diálogo con representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y las peticionantes (el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR de Rosario), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (CDD de Córdoba), y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La idea es redactar propuestas legislativas, de programas y políticas a los fines de garantizar aspectos relacionados a violencia de género y salud reproductiva.

Por Marcela Espíndola | 28.1.2009

Fuente: artemisanoticias.com.ar

Write on Lunes, 06 Abril 2009

Víctimas de la violencia

Por: Pilar Aguilar*

El acto de los hombres de dar muerte a “sus” mujeres no fue siempre un delito. Era no solo un derecho, sino incluso un deber. Lavar con sangre la honra manchada con el adulterio.

En los países musulmanes, en los que rige la cultura del honor, “un crimen de honor” no es un crimen en el sentido penal, sino un castigo que corresponde a una conducta que ofende el honor familiar, de la que la mujer es depositaria. En Afganistán, Jordania, Yemen, Egipto, Pakistán y Nigeria las mujeres son castigadas con la muerte por perder la virginidad antes del matrimonio, ser infieles o haber sido violadas. Es un acto disciplinador, regulado, que no tiene el carácter de transgresión que tiene para nosotros. La lapidación hasta la muerte es una forma legal de castigo por adulterio en Afganistán, Irán, Nigeria, Pakistán, Sudán, y los Emiratos Árabes Unidos.

La mayoría de las legislaciones medievales también otorgaban al marido derecho a matar. El poder paterno y la autoridad marital iban de la mano. El padre-patriarca tenía el derecho absoluto de juzgar y castigar incluso con la muerte. Estos poderes fueron atenuados en Grecia, acentuados en Roma y según Badinter tuvieron un freno con el mensaje de Cristo que elevó la condición de la mujer, pero fue traicionado por apóstoles y teólogos.

Las leyes españolas del medioevo que se aplicaron en sus colonias siguieron la tradición. El honor jugó un papel preponderante.

Hasta la República, la pena para el marido que asesinaba a una mujer adúltera era solo de destierro. Desde 1863 hasta 1924 la pena fue de tres años. En nuestro sistema penal moderno, la figura se ha ido desligando de la honra, convirtiéndose en un crimen de emoción. Ya no se exime de pena el criminal pero la emoción pasional le atenúa la culpa y le reduce la pena.

El deber de obediencia de las mujeres casadas a sus maridos, que no era solo una costumbre, sino una norma expresa, estuvo vigente en el Perú hasta 1936 y en España hasta 1975. Al deber de obediencia le correspondía un deber de corrección que el esposo aplicaba siempre que la conducta de la mujer no se ajustara a los patrones vigentes.

El uxoricidio (la muerte causada a la mujer por el marido) y el castigo físico no son más legales, pero siguen siendo prácticas consentidas e impunes. Aún hoy está regulada la corrección que incluye el castigo físico a los niños como derecho de los padres.

El pasado en materia de sexo y roles es demasiado reciente. Sesenta años no son nada en términos históricos. Somos herederos de miles de años de este pasado del que hablamos y que todavía está entre nosotros.

Las ideas de la igualdad entre los sexos son frágiles y precarias y los residuos de ese pasado aún están en actividad. La violencia y la muerte de miles de mujeres cada día en el mundo lo demuestran.

Lo nuevo y lo antiguo en materia de lugares en la sociedad para hombres y mujeres conviven en un campo de tensión y de conflicto entre un sistema que da tal vez los estertores finales y la cultura de la igualdad pugnando por imponerse. En palabras de Derrida, un sistema que es a la vez arcaico, moderno y posmoderno.

El tránsito de lo arcaico a lo moderno en esta materia debe entenderse como un proceso dinámico en el que hay componentes de la sociedad que actúan como agentes de cambio y otros como obstáculos del mismo.

La persistencia de la ideología de la superioridad masculina y de la violencia contra las mujeres, no obstante la decente legislación que podemos exhibir, pone al descubierto la necesidad de trabajar no solo en el ámbito de los derechos sino, sobre todo, en el de la cultura.

* INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL

Fuente: elcomercio.com.pe

Write on Viernes, 20 Marzo 2009

Nosotras niñas, mujeres y lesbianas Feministas Autónomas convocadas en el Encuentro Feminista Autónomo: haciendo comunidad en la Casa de las Diferencias, desde la rebeldía, la radicalidad y el gozo por las apuestas políticas que el feminismo ha aportado a nuestras vidas y a la construcción de comunidades de mujeres, le hacemos frente al clasismo, al racismo, al sexismo, a la colonización de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad. Por todo eso es que afirmamos nuestras posturas políticas:

Reconocemos a los encuentros feministas como ejercicios de radicalidad desde la complicidad entre mujeres, desde nuestros cuerpos, vidas y conciencias, lo cual implica existir sin ningún tipo de concesiones.

A casi 30 años de feminismo Latinoamericano y Caribeño y once encuentros feministas, es una oportunidad para reflexionar sobre el hacer político y la construcción ética de nuestro movimiento. Los encuentros feministas históricamente han sido y deben seguir siendo espacios construidos y defendidos por y para las mujeres, para debatir, intercambiar, convocar, denunciar, edificar alianzas, defender nuestros derechos, alimentar nuestras utopías y expresar la multiplicidad de nuestras visiones.

Organizar un encuentro feminista en sí mismo, significa un ejercicio político de nuestra ética y autonomía feminista, sin embargo, la organización de este décimo primer encuentro feminista se ha convertido en un espacio que refuerza a las instituciones patriarcales, vaciando y mercantilizando el contenido de las propuestas feministas, ejerciendo un discurso legitimador de prácticas opresoras para las mujeres.

El mal uso del mayor presupuesto de la historia de los encuentros, es un insulto ante la pobreza de las mujeres de la región, una expresión de ello son los salarios exorbitantes para la organización de dicho evento sacrificando las becas para la participación de un mayor número de compañeras.

El ocultamiento y retraso de la información así como la falta de transparencia en el uso de los recursos económicos pueden llevar a prácticas corruptas. Es indispensable entonces, contar con una obligatoria y permanente transparencia sobre los recursos obtenidos. Esa transparencia debió de ser antes y durante y debe realizarse al finalizar cada encuentro feminista. Proponemos esto como un principio fundamental y rector de nuestra ética política.

Las decisiones por mayoría, levantando la mano solamente, votando como en la falacia de las democracias burguesas, ocultan lógicas patriarcales, niegan las reflexiones que reconocen las diferencias en las ideas.

Compañeras afrodescendientes, indígenas, lesbianas, pobladoras, que no tienen acceso al Internet o que no pertenecen a las redes tecnócratas, no han podido acceder a información ni a becas, en cambio se privilegia a los nuevos sujetos del feminismo y a quienes gozan de las prerrogativas de la sociedad neoliberal.

Los ejes temáticos no han sido decididos por las bases feministas, si no por las políticas emanadas de organismos trasnacionales que responden a intereses económicos propios y de los grandes capitales, ajenos a las necesidades y propuestas del feminismo latinoamericano.

La complicidad con un gobierno de seudo izquierda y persecutor es un dato más en todo esto.

Nosotras soñamos y hacemos un feminismo horizontal, que ejercite mínimos comunes, alejados de las lógicas clasistas, racistas, heterocentristas e institucionales. No queremos un feminismo vaciado de contenido político crítico que se esconde en la categoría de género cuyo complicidad con el capitalismo neoliberal pretende controlar y definir nuestros espacios políticos, nuestros apuestas feministas, nuestros cuerpos, vidas y conciencias.

Queremos finalmente saludar a todas las feministas latinoamericanas y caribeñas que han venido con ilusión y buena fe. Las alentamos a ser parte de un feminismo crítico y contrahegemónico.

Desde la radicalidad y la autonomía, otro feminismo es posible.

Encuentro Feminista Autónomo
Marzo 2009, México, DF

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http://feministasautonomasenlucha.blogspot.com/
Publicado por Rumbo al encuentro Feminista Autónomo en 23:56
Etiquetas: Declaraciones