La región andina se mueve por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Las organizaciones exigen a los gobiernos el cumplimiento de los derechos

Índices altos de mortalidad materna, legislaciones restrictivas sobre el aborto, incremento de embarazos adolescentes, naturalización de la violencia contra la mujer, en un contexto conservador promovido por las iglesias, son una problemática estructural en los países de  la región andina, y concretamente en Bolivia, Ecuador y Perú. El abordaje de los mismos a partir de ópticas patriarcales que provienen del Estado y la sociedad civil son el principal obstáculo para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

La decisiva participación de las organizaciones sociales
En la región se registraron avances normativos que han sido posibles por la movilización de organizaciones sociales, de mujeres, feministas, colectivos GLBT, que con acciones de incidencia han logrado colocar en la esfera pública los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos.
Estas conquistas no han representado un camino fácil. Por el contrario, las leyes y reglamentos no se traducen de manera directa e inmediata en realidad, ya que aún no se ha convertido en acciones concretas; asignación de presupuestos, reglamentos o medidas específicas que garanticen su cumplimiento e implementación ni en un cuestionamiento en el imaginario social y normativo de orden patriarcal.
Estos avances normativos significativos en la región nos plantean retos que deben ser superados y abordados por los Estados como principales garantes de derechos.

Desafíos presentes basados en cifras

En la región, existen aún brechas entre el reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres y la posibilidad de ejercerlos.
Mortalidad materna

La mortalidad materna en Bolivia coloca al país en los primeros lugares por sus índices negativos en la región, 310 muertes por cada cien mil nacidos vivos (ENDSA, 2008), habiéndose producido una disminución poco relevante. En el Ecuador la tasa es de 52.46  muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos  (2007). El Perú ocupa un segundo lugar en Sudamérica y México con mayor índice de mortalidad materna 93 por cada cien mil nacidos vivos (ENDES, 2011); en este caso específico, si bien la cifra es alta ha representado una significativa disminución respecto al dato del año 2000 donde se registraban 185 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos.
Embarazo adolescente
El embarazo adolescente es un problema creciente en las sociedades andinas. En el Ecuador las cifras indican que  2 de cada 3 adolescentes entre 15 y 19 años  son madres o están embarazadas por primera vez. En Bolivia el 74% de los embarazos adolescentes  entre los 15 y 19 años de edad no han sido planificados. Contrastando los datos en el Perú, el Censo 2007 informaba que del total de 2.203.348 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años de edad, 160.258 son madres, 12.5% del total (ENDES, 2011).

Aborto
La legislación respecto al aborto es restrictiva en los tres países; y los altos porcentajes de mortalidad materna provienen de abortos mal practicados, efectuados en condiciones clandestinas e insalubres, principalmente por las mujeres de estratos económicamente más desfavorecidos. En Bolivia se estima que se realizan 100 abortos clandestinos por día, siendo la tercera causa de muerte materna (9,1%). Se calcula que entre 50.000 y 60.000 mujeres practican el aborto cada año en el país. En el Ecuador el 33% de mujeres han realizado abortos, se estima que 95.000 de ellos se efectúan anualmente. En el Perú el aborto ocupa el 4º lugar como causa de muerte materna (7%) (MINSA, 2003), con más de 371.000 abortos clandestinos practicados cada año (Delicia Ferrrando, 2006).
¿Qué acciones estamos realizando?
En Ecuador, a partir de la discusión de la propuesta del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se plantea la ampliación de la legalización del aborto por violación para todas las mujeres y se incide para la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA). En Perú, se incide para la aprobación del protocolo de atención del aborto terapéutico legalizado en el país desde 1924, así como en la despenalización del aborto por violación. En Bolivia organizaciones sociales y el movimiento de mujeres impulsan el artículo que considera la interrupción libre del embarazo a las 12 semanas de gestación en el anteproyecto de ley para su tratamiento.
Al respecto se necesitan estrategias que permitan tratar la problemática de manera abierta y participativa; incorporando el análisis desde diferentes contextos; mujeres indígenas, campesinas, de escasos recursos económicos y desde un análisis de género. Se requiere orientar procesos de formulación de políticas en los cuales todos y todas se sientan representados, acompañados de procesos de educación y sensibilización de la ciudadanía.
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