Derechos de las mujeres de la niñez y la adolescencia en contextos de desastre

El contexto

Es un hecho que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático[1]. Los impactos han ido intensificándose con los años y se agudizan por la pobre planificación en términos de prevención. El fenómeno denominado “Niño Costero” se encuentra entre los más catastróficos y sería el número 26 de una larga lista que incluye el de 1983 y 1998.[2]

Hasta el momento, se calculan más de 80 víctimas mortales, así como, aproximadamente, 111,000 personas damnificadas, y más de 10 600 viviendas colapsadas.[3] Asimismo, 8,600 hectáreas de cultivos se han perjudicado por el desborde de los ríos y la caída de huaicos en la costa peruana.[4] Las zonas más afectadas se encuentran fundamentalmente en la costa norte de Perú y parte del margen occidental de los Andes.

De más está decir, que el contexto es desolador y sumamente crítico, y que frente a esta situación se han desplegado gran cantidad de recursos desde el Estado y desde diversas organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, así como esfuerzos individuales y colectivos de ciudadanos y ciudadanas que en conjunto se han sumado a hacer frente a la situación, pero sobre todo a buscar restituir el estado de bienestar perdido.

El problema           

Ante este contexto se comprueba que la falta de prevención y las políticas del país sobre los desastres naturales son insuficientes. Esta situación expresa el lado negativo del desarrollo de una sociedad que no ha consolidado una institucionalidad democrática, incluyente y respetuosa de los Derechos Humanos de todos los miembros de la sociedad, y eso se evidencia especialmente en las mujeres, la niñez y adolescencia.[5]

Frente a ello cabe señalar que, si bien los desastres no discriminan, las personas sí. Está comprobado por múltiple evidencia[6] que en contextos de emergencia las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad. Esto debido a que la interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que, como en este caso, ocasiona muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.[7] Ello significa en términos concretos que se pierde acceso a la zona afectada, se suspenden los servicios, así como las prácticas de prevención y cuidado hacia niños, niñas y adolescentes. A ello habría que agregarle la precariedad de la vivienda, falta de acceso al agua potable y sistemas de saneamiento, desnutrición, suspensión del acceso a los sistemas educativos, de sistemas de comunicación e información.[8]

En circunstancias de emergencia, durante y después de los desastres la precariedad de los espacios compartidos por las familias, implica un mayor riesgo de ser víctimas de alguna modalidad de violencia sexual o violación.[9]

Disminuyen los espacios seguros de socialización de recreación, al ser utilizados como lugares de acopio o albergues, incrementándose los riesgos de abandono, de maltrato físico, psicológico y abuso sexual.[10]

Se incrementa el riesgo de ser víctima de acoso sexual o chantajes, muchas veces en el marco de la relación de quien presta la ayuda y/o suministra el apoyo alimentario, sanitario de seguridad etc.[11]

Es decir, se incrementan el embarazo no planificado, la violencia sexual, la violencia familiar y la trata de personas. Situaciones que tienen mayor impacto en mujeres, niñas, niños y adolescentes.

¿Qué hacer?

La gestión integral del riesgo a favor de las mujeres, la niñez y la adolescencia debe estar explícitamente incluida en los procesos de planificación e inversión pública del país, ya que el Estado tiene responsabilidad de reducir y evitar que se generen más y nuevos riesgos en su contra.

La vulnerabilidad específica que afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes y las oportunidades que tienen las autoridades nacionales, regionales y locales de velar por sus derechos y bienestar son dos puntos básicos que deben priorizarse de cara al futuro, pero también en este momento en el que se está atendiendo la gestión del desastre deben tomarse acciones en este sentido.

Los hombres deben asumir también tareas de cuidado, no debe asumirse estereotipadamente que solo las mujeres y las niñas se encuentran en capacidad de responsabilizarse de estas tareas, así como del suministro de agua y alimentos para los hogares. En esa lógica, las mujeres, deben tener agencia en las decisiones respecto de la atención de la emergencia, tanto en el momento de la misma como en la posterior reconstrucción.

Asimismo, se deben garantizar medidas de prevención y protección que hagan frente al posible incremento de la violencia sexual. Es responsabilidad directa del sector salud, el no perder de vista la necesidad del abastecimiento de kits de atención para víctimas de violencia sexual en los centros de salud del país que incluye anticoncepción oral de emergencia, medicamentos de prevención para el VIH e ITS. Así como, el proveer el suministro de métodos de planificación familiar gratuitos, incluida la anticoncepción oral de emergencia, frente al incremento del embarazo no deseado.

Sin duda hay muchas otras medidas que pueden y deben incorporarse en la gestión de prevención y atención de desastres, de modo que el Estado proteja a mujeres, niñas, niños y adolescentes de estas consecuencias negativas para su vida y su salud.

Es necesario que no se cometa el error de considerar que la emergencia ha afectado a toda la ciudadanía por igual, porque no es así. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes de las zonas afectadas, tienen necesidades específicas cuya atención debe incorporarse en las políticas públicas de prevención, gestión y atención de emergencias, así como en el proceso de reconstrucción. Es urgente.


*Artículo elaborado para IUS360 por Sara Indira Ramírez Zubillaga, Politóloga, e integrante del equipo de fortalecimiento de capacidades del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-PROMSEX

[1] Informe sobre cambio climático presentado en COP20 realizada en Lima diciembre 2014. Disponible en: http://www.tyndall.ac.uk/

[2] Corporación Andina de Fomento. El Fenómeno El Niño 1997-1998 Memoria, retos y soluciones Volumen V. Disponible en: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/FCDB3627F438725605257E1400594DAE/$FILE/Las_lecciones_de_El_Ni%C3%B1o_Per%C3%BA.pdf

[3] Informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) actualizado al 22 de marzo.

[4] Informe de José Manuel Hernández, ministro de Agricultura y Riego. En Diario Gestión. Disponible en: http://gestion.pe/economia/nino-costero-8600-hectareas-cultivos-son-afectadas-evento-climatico-2185394

[5] OEA 2011, Documento de posicionamiento político Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes.

[6] Ibíd.

[7] Naciones Unidas 2011, Revelar el riesgo, replantear el desarrollo. Resumen y resultados principales.

[8] CEPAL y UNICEF 2010 – Pobreza infantil en América Latina y el Caribe pág. 7.

[9] MIMP 2015 Convirtiendo los escenarios de desastre en oportunidades para la construcción de nuevos escenarios de igualdad. El MIMP ante el Fenómeno el Niño. Disponible en: http://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2015/11/Cartilla-FEN-MIMP-DGTEG-151015.pdf

[10] Ibíd.

[11] Ibíd.

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