Sexualidad y responsabilidad penal

Me refiero al proyecto de ley tratado recientemente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que propone despenalizar las relaciones sexuales consentidas de adolescentes entre los 14 y 18 años de edad, para cuyos fines plantea modificar los artículos 170°, 173° y 175° del Código Penal.

Sobre el particular, cabe señalar que es preocupante que todavía   existan en nuestro medio posiciones tan reaccionarias que se oponen  de manera radical a esta iniciativa legislativa, incluso recurriendo a afirmaciones tan temerarias de que esta modificación legal lo que propiciará es que aumenten las relaciones sexuales y embarazos entre menores, o que nuestro país pasará a convertirse en el destino sexual de millares de turistas pervertidos interesados en la prostitución infantil, desconociéndose la legislación penal que reprime el turismo sexual infantil hasta con penas de diez años (ver artículo 181-A del Código Penal). No es que estemos a favor ni avalemos de forma indiscriminada la promiscuidad sexual, el libertinaje, las madres solteras, los niños abandonados o la transmisión de enfermedades sexuales entre menores de edad. Sin embargo, defender a rajatabla la criminalización de las relaciones sexuales entre menores de edad como parte de una política de Estado, en la que el encarcelamiento indiscriminado hasta con penas de treinta años de cárcel aparece como la columna vertebral, es como querer remontarnos a la época del Medioevo o el oscurantismo en la que la libertad sexual era vista como algo pecaminoso, inmoral, sucio y  prohibido, y se recurría sin mayores miramientos a la tortura, el castigo, el sufrimiento físico, el aislamiento y la misma pena de muerte para los que renegaban de estos preceptos.

No confundamos con tanta facilidad la libertad sexual con la indemnidad sexual, en razón a que la primera es la capacidad legalmente reconocida que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad; mientras que la segunda no es otra cosa que la preservación de la sexualidad de una persona cuando no está en condiciones de decidir sobre su sexualidad (incapaces). En ambos casos, el fundamento material es el derecho a una actividad sexual en libertad sin otras restricciones que las que establece la ley y la misma Constitución Política, siempre por supuesto que no medie en las relaciones sexuales la violencia, el engaño, la incapacidad de resistir, la seducción u otras formas de coacción, que es lo que realmente debe castigar la ley.

Fuente: Expreso, domingo 14 de noviembre de 2010

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