La atención a la salud en casos de abortos incompletos es un derecho de todas las mujeres y es obligación de los servicios de salud atenderlos

La Organización Mundial de la Salud señala que se debe asegurar que las mujeres que se presentan con complicaciones de un aborto inseguro o ilegal reciban tratamiento de manera urgente y respetuosa, como cualquier otro paciente de urgencia, sin comportamientos punitivos, prejuiciosos o tendenciosos1.

Frente a la publicación de una ciudadana que da a conocer un aviso colocado en el servicio de emergencia del Hospital EsSalud de Abancay, que sostiene “todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno (PNP)”, Promsex informa:

El aborto incompleto es una emergencia obstétrica según la Organización Mundial de la Salud y las normas sanitarias del Ministerio de Salud (Resolución Ministerial 695-2006-/MINSA), la cual no constituye un delito, cuya atención es obligatoria en cualquier servicio de salud público o privado. Dicha atención no puede estar supeditada a ningún requisito previo, no puede estar sujeto de reporte policial y tiene que ser tratada como una emergencia sanitaria sin ningún tipo de dilación, ni inseguridad para las mujeres que asisten a los servicios.

Cualquier mujer gestante puede estar en riesgo de un aborto incompleto y cuanto más pronto acudan las mujeres a los establecimientos de salud, se evitarán complicaciones, por lo tanto, un anuncio de estas características incrementará el riesgo de mortalidad materna, cuyas cifras, venimos combatiendo desde hace muchos años, con relativo éxito.

Según datos del Ministerio de Salud, en el año 2016 se atendieron a 34,303 mujeres por aborto incompleto, en su mayoría no complicados, sin embargo, en los últimos 2 años, el Ministerio de Salud reportó que 1,522 mujeres con complicaciones graves de aborto, siendo esta la primera causa asociada a morbilidad materna extrema grave, por lo que medidas de este tipo causan graves daños a las mujeres y al sistema sanitario. Solo en el período 2014- 2016, 86 mujeres murieron a consecuencias de un aborto, que se hubiesen evitado al acceder oportunamente a los servicios de salud y con la confianza de no ser estigmatizadas.  

La prevención de la mortalidad materna exige la atención oportuna y respetuosa de los abortos incompletos. Por tal motivo, la publicación realizada por la Jefatura de Gineco obstetricia del Hospital de ESSALUD de Abancay es una violación a las normas sanitarias y el derecho a la salud de las mujeres.  

El sistema de salud no es parte del sistema de persecución penal que corresponde a la policía y Ministerio Público. El deber de los profesionales de salud es atender a las mujeres y garantizar que las situaciones de emergencia obstétrica que presenten no resulten en la agravación de su salud o en su muerte.

En relación al comunicado emitido por ESSALUD, precisamos que el citado artículo 30 de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842 es inconstitucional por violar el artículo 2 (inciso 18), de la Constitución Política que impone el deber de guardar el secreto médico profesional y velar por el derecho a la privacidad de las pacientes. Asimismo, es contrario a la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos De la Cruz Flores vs. Perú y Pollo Rivera y otros vs. Perú, sobre la ilegalidad de la imposición a médicas/os de denunciar a sus pacientes.

Desde Promsex hacemos un llamado a ESSALUD, SUSALUD y al Ministerio de Salud, a fin de que, en el más breve de los plazos se retire el aviso, se garantice la atención de las mujeres ante un aborto incompleto, sin ningún tipo de amenazas, y se proceda a las sanciones correspondientes a la Jefatura del Departamento de Gineco Obstetricia.

_________________________________
[1] Aborto seguro sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da Edición. Organización Mundial de la Salud. pág.69

 

awesome comments!
Visto 1582 veces Modificado por última vez en Jueves, 07 Septiembre 2017 19:37