22 Agosto 2007

La violencia sexual contra niñas/os y adolescentes representa un grave problema en el Perú. En los últimos años se ha constituido en una preocupación pública el exigir medidas políticas para terminar con este problema. Los y las congresistas electos entre el 2001 y el 2006, antes de finalizar su gestión, decidieron dar respuesta a esta demanda incrementando las penas y ampliando los grupos en particular vulnerabilidad. Sin embargo, en los mas de doce meses transcurridos desde la aprobación de la modificatoria de la Ley Nº 28704, se ha constatado que mas que proteger a las/os adolescentes contra la amenaza de la violencia sexual, les ha colocado al margen de la ley, ha ampliado las barreras de acceso a servicios básicos de salud y educación y, en consecuencia, ha violado sus derechos sexuales y reproductivos


22 Septiembre 2007

Definida por los organismos internacionales como el grupo humano que se encuentra entre 10 y 19 años, la adolescencia es un periodo vulnerable sujeto a cambios somáticos y psicológicos y expuesto a fuertes presiones sociales de su entorno.

En la adolescencia, las personas buscan y definen su propia identidad y se autoafirman como individuos. sin embargo, existe una percepción estereotipada de los/las adolescentes como un grupo humano carente de reflexión, díscolo, hedonista y siempre abierto a cualquier experimentación. La adolescencia es vista como una etapa problemática, especialmente por la aparición de características sexuales secundarias, por el crecimiento emocional psicológico, social y mental.

02 Enero 2008

Los derechos humanos son derechos inalienables que las personas poseen por su condición de seres humanos y cuya protección es responsabilidad de todo Estado. Se basan en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad inherente y tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, etnia, capacidad, idioma, nacionalidad, creencias, o cualquier otra diferencia.

Históricamente son derechos que surgen como una necesidad de establecer límites al poder público. Las primeras declaraciones de derechos individuales las encontramos en las revoluciones independentistas, la americana y la francesa, como expresión de la lucha por eliminar los gobiernos absolutistas.

En el ámbito internacional, los derechos inherentes a la persona toman la denominación de derechos humanos, siendo el Estado el sujeto responsable frente a la violación de éstos; mientras que en el ámbito interno se les identifica como derechos fundamentales o derechos constitucionales de las personas, pudiendo incurrir en responsabilidad internacional en cuanto el Estado no sea capaz de adoptar las acciones y medidas necesarias para atender, sancionar y reparar adecuadamente la violación de estos derechos en la jurisdicción nacional.

30 Enero 2009

La Región Ucayali se localiza en la parte centro oriental del Perú, en la región amazónica. Limita por el Este con la República del Brasil; por el Oeste con las regiones Pasco y Huánuco; por el Norte con laregión Loreto; y por el Sur con las regiones Madre de Dios, Cuzco y Junín.

Su territorio se divide en cuatro provincias: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús. Coronel Portillo, con su capital Pucallpa es la que concentra la mayor población de la región (74.40%), seguida por Padre Abad (13.87%); Atalaya (10.88%) y Purús (0.89%9).

La capital de la región concentra también la mayor proporción de infraestructura en salud y educación, así como en servicios básicos. La provincia de Atalaya, con su capital Villa Atalaya, se ubica a orillas del río Tambo, muy cerca de su unión con el río Urubamba para dar origen al Ucayali. Cuenta con yacimientos de hidrocarburos, especialmente petróleo, recurso no suficientemente explotado. La provincia de Padre Abad, con su capital Aguaytía, se encuentra en la carretera Federico Basadre, que comunica a Pucallpa con la ciudad de Lima y cuenta con yacimientos de gas, actualmente en explotación. La provincia de Purús se encuentra geográficamente aislada, sólo se puede llegar por vía aérea y fluvial.

14 Septiembre 2010

Desde la Conferencia de El Cairo la salud sexual y reproductiva tiene un enfoque integral y abarca todo el ciclo de vida de las personas: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Para mantener o conservar la salud sexual y reproductiva se requiere de múltiples acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que sean específicas en cada una de las etapas del ciclo de vida, de acuerdo a las necesidades cambiantes de las personas.

La salud sexual consiste en disfrutar la sexualidad sin el riesgo de padecer violencia o adquirir alguna enfermedad o de tener un embarazo que no se ha planeado o no se ha deseado. La salud reproductiva incluye la capacidad de las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria y reproducirse de acuerdo a su libertad para decidir cuando, como, con quien y con qué frecuencia hacerlo.

Preservar la salud sexual y reproductiva requiere la existencia de servicios de atención integral que se basen en el pleno respeto de los derechos humanos, con enfoque de género e interculturalidad. Esto significa, además, que los servicios debieran garantizar información y educación sobre salud sexual y reproductiva, acceso a la metodología anticonceptiva y planificación familiar, detección y manejo de las infecciones de transmisión sexual/VIH/SIDA, atención prenatal, atención calificada del parto y postparto, cuidados del recién nacido, prevención del aborto inseguro, atención humanizada del aborto y atención de la infertilidad. Es dentro de este panorama que las actividades de anticoncepción y planificación familiar deben cumplir su cometido, de ayudar a las personas a alcanzar su fecundidad deseada y contribuir a su desarrollo dentro de una sociedad cada vez más exigente y competitiva.

Artículo extraído de la
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia


12 Noviembre 2010

Hasta hoy, el Estado Peruano no ha logrado comprender la necesidad de tener una verdadera política de planificación familiar, enfocada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia fecundidad y enfocada en su acceso a los últimos avances en metodología anticonceptiva.

La planificación familiar no constituye ninguna prioridad en la política pública de salud en el Perú. Este y otros estudios señalan y han señalado que son pocos los esfuerzos que el Estado Peruano ha hecho para incorporar los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y luego los Objetivos del Milenio (ODM) en la política de planificación familiar.

El Estado Peruano tampoco ha logrado advertir los altos costos-beneficio que trae una inversión sostenida en planificación familiar y metodología anticonceptiva. Desde hace años, diversos estudios han señalado que una adecuada inversión evitaría, por ejemplo, la alta incidencia de embarazos no deseados y de los resultantes abortos inseguros, una de las principales causas de muerte materna y de morbilidad extremadamente grave en el Perú; las infecciones de transmisión sexual (ITS, entre ellas la del VIH), uno de los principales problemas de salud pública; el abandono de las escuelas por parte de las mujeres embarazadas a temprana edad; la menor productividad y ahorro a nivel familiar; la existencia de niños y niñas con menores oportunidades para la educación; y, por lo tanto, la existencia persistente de más pobreza en nuestro país.

04 Enero 2011

Es innegable que los avances en el reconocimiento de los derechos reproductivos a nivel internacional se han producido en el marco de los compromisos asumidos por aquellas corrientes que no han dudado en identificarlos como inherentes e indesligables a la condición humana. Es relevante señalar que explícitamente dichos compromisos a nivel nacional también han sido aceptados por el Estado peruano a través de su amplia normatividad y mediante la formulación de políticas y ejecución de intervenciones que han permeabilizado la promoción y defensa de los derechos reproductivos. A pesar de ello, en nuestro país, los indicadores de salud más sensibles como las muertes maternas, los abortos inseguros y la elevada prevalencia de embarazos precoces en adolescentes no reflejan una voluntad política sostenida del Estado y de los gobiernos, afectando la vida de las mujeres.

La ausencia de una atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres –cuya situación es vulnerable por la inequidad social y la discriminación por género en que viven– tiene incidencia en la calidad de vida y el bienestar a que tienen derecho, lo cual se constituye en desafíos permanentes y de prioridad que deben lograrse mediante acciones que comprometan a las instancias de gobierno nacional, regional y local, y mediante la promoción de una participación activa de los diferentes actores sociales.

Es de consenso universal que una de las estrategias más importantes a utilizar para garantizar una salud reproductiva óptima es la planificación familiar, sin embargo en nuestro país se aprecia que existen barreras de diversa índole que impiden el acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo de las mujeres y con preocupante énfasis en las mujeres de bajos recursos económicos.

En Arequipa, estas limitaciones en políticas de planificación familiar, el abastecimiento de métodos anticonceptivos en forma regular, el abandono del fortalecimiento de las competencias de las y los proveedores, entre otros factores, precisan determinarse con mayor exactitud. Por ello, presentamos el presente estudio de corte cualitativo, con el fin de conocer una realidad representativa, la del distrito Alto Selva Alegre; una realidad que puede extrapolarse a otros ámbitos.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el apoyo a nivel operativo de la Asociación Humanidad Libre y el Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, contribuyen así con la tarea de propiciar una reactivación del papel fundamental que tiene la planificación familiar en la vida de las peruanas y los peruanos; una tarea que servirá para colocar la temática en la agenda de los decisores de la Región Arequipa y de los ámbitos municipales. El reto es asumir compromisos y desarrollar intervenciones amigables, eficientes y de calidad en los servicios de salud, a favor de la entrega de métodos anticonceptivos seguros, modernos y oportunos que satisfagan las expectativas de las mujeres usuarias de dichos servicios. El impacto de estas acciones repercutirá en forma gravitante en la salud de las mujeres y en el desarrollo regional, por lo que el esfuerzo de los actores sociales que han intervenido en este estudio será fructífero y valioso.


17 Enero 2011

Según las últimas Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (Endes), en Piura la tasa global de fecundidad (TGF) aumentó de 2,7 a 2,9, del año 2000 al 2009. Además, en el mismo periodo, el 52,7% de las mujeres unidas (sexualmente activas y casadas con pareja estable) usaba métodos anticonceptivos modernos y el 21,1%, tradicionales, habiendo bajado la utilización de los primeros y subido la de los segundos durante aquellos años. Resulta claro, entonces, que pese a los avances aún no logramos propiciar como deberíamos que las mujeres y sus parejas cuenten con los medios para decidir sobre su fecundidad.

Esta falla del sistema de salud tiene diferentes factores, como lo demuestra el siguiente estudio realizado en nuestra región por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX . La ausencia de una política contundente a favor de la planificación familiar recoge la debilidad del nivel nacional para establecerla, pero también la falta de un proceso regional de concertación para definir las prioridades regionales desde la voz de las ciudadanas y ciudadanos.

Es llamativa también la distancia que sigue existiendo entre las necesidades de las usuarias y usuarios y la oferta de servicios que brindamos. Esta brecha se expresa en lo sanitario -propiamente en la ausencia intermitente de insumos para la atención-, en ciertas deficiencias del personal en relación a las habilidades requeridas y en dificultades para un acceso equitativo a los métodos anticonceptivos cuya provisión entraña una mayor complejidad del servicio. Asimismo, existe una brecha entre las características de los servicios brindados y las expectativas de las usuarias y usuarios en ellos; no atender apropiadamente las particulares necesidades de las adolescentes, por ejemplo, se traduce precisamente en un menor acceso de este grupo a nuestros servicios.

El debate levantado a partir de este estudio presentado por PROMSEX ha generado ya en la región el compromiso de las autoridades para revertir la situación. Se espera que su difusión ayude a vencer la inercia contra el cambio requerido en diferentes niveles y podamos asegurar una mejor atención a las necesidades reproductivas de mujeres y hombres.