English Portuguese Spanish

Publicaciones

Los Grupos Conservadores en el Perú

E-mail Imprimir PDF

La imagen común que las personas tienen de los “conservadores” refiere sobre todo a su figura clásica. La imagen de un grupo de sujetos que forman comunidades sectarias o grupos herméticos, con codificaciones crípticas y rituales secretos, viene a la mente con rapidez. Al mismo tiempo, se suele asociar a los “conservadores” con grupos fundamentalistas o extremistas que están fuera del sistema, que marchan a contracorriente de las formas de la democracia o que pretenden un regreso a las maneras arcaicas de relaciones sociales (divisiones estamentales, gobiernos aristocráticos, formas de racismo, etcétera).

Sin embargo, la estructura de los grupos conservadores es más compleja y más difícil de comprender.

No se trata simplemente de fundamentalistas que buscan restaurar un “antiguo régimen”, sino de grupos que estando insertos en las estructuras de la democracia, utilizando sus instrumentos y sus procedimientos, buscan instaurar ideas y posturas que reafirman la unión entre Estado e Iglesia, que asumen que la familia monogámica heterosexual con mandato reproductivo es la única posibilidad y que están en contra de los diferentes métodos anticonceptivos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto (entre otros temas). Estos movimientos han crecido con fuerza en los últimos años en América Latina y tienen en el Perú un núcleo importante de acción y coordinación a nivel continental; grupos que reciben apoyo de organizaciones conservadoras internacionales y de diferentes instancias de poder político y económico en el Perú.

Apuntes para la Acción: El derecho al Aborto Legal

E-mail Imprimir PDF

Hace muchos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la SALUD como un completo estado de bienestar, físico, mental y social y no solo como la mera ausencia de enfermedad. Bajo ese principio, desde 1967 la OMS reconoce la importancia que tiene el aborto como problema de salud pública en muchos países del mundo, dado que la interrupción del embarazo realizada en forma clandestina e insegura, representa un riesgo alto de muerte materna y aquellas mujeres que sobreviven pueden tener secuelas, entre las que se encuentran los problemas para concebir.

Sabemos que la mayoría de las gestaciones tienen un curso normal en las mujeres; sin embargo el embarazo puede algunas veces representar amenaza para la vida de las mujeres o amenaza de daño para su salud física y mental. En reconocimiento a tales circunstancias es que la mayoría de países en el mundo han aprobado leyes que permiten la terminación del embarazo ante tales condiciones.

Free Choise Restricted: USAID´S reactionary policies and the case of emergency contraception in Perú

E-mail Imprimir PDF

For 30 years the United States Agency for International Development (USAID) has been the primary foreign donor to health programs in Peru. In 1998 alone it provided $21 million to Peru’s public health sector, making up approximately one fourth of the bi- and multilateral financial aid in this area. 1 A significant portion of USAID’s funding has been directed to reproductive health, with a focus on family planning. For example, between 1994 and 1998, USAID provided $85 million to family planning activities,2 or three quarters of all of its reproductive health aid to Peru. USAID’s support has contributed significantly to improving the reproductive health and rights of people living in poverty in Peru, particularly women.

Nevertheless, politically driven U.S. policies governing USAID’s programs have at times inhibited reproductive rights and adversely affected the health and wellbeing of individuals. Depending on the goals of successive U.S. administrations, USAID’s support for family planning programs in Peru has shifted since it began working there in the 1960s. Initially, it focused on meeting demographic goals, with a mindset toward simply slowing rapid population growth. After the International Conference on Population and Development in Cairo in 1994, USAID sought to implement that agreement, shifting to a rights-based approach to population policy, which emphasized women’s needs and context, rather than fertility targets. Today, under the conservative Bush administration, USAID’s position on emergency contraception in Peru negates fundamental human rights, including the right to informed and voluntary decisions over one’s body, reproduction, and contraceptive use.

Economía Política del Cuerpo: La restructuración de los grupos conservadores y el biopoder

E-mail Imprimir PDF

La conquista de nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido fruto de un largo recorrido histórico, que ha comprometido la vida y el bienestar de muchas personas. La consecución de estos derechos nos permite expresar libremente nuestra orientación sexual, disfrutar de la sexualidad y del sexo sin consecuencias adversas como un embarazo o deseado o una infección de transmisión sexual. Y aunque pareciera de sentido común que ninguna persona puede verse negada de contar con estas prerrogativas, en la realidad miles de personas no cuentan con estos elementales derechos debido a su sexo, orientación sexual, situación social, raza, lengua, nivel educativo u otros factores.

Por otro lado, es posible afirmar que la tecnología ha provisto de mecanismos altamente seguros y relativamente accesibles para separar el ejercicio sexual de la reproducción, interrumpir un embarazo en condiciones seguras, acceder a la reproducción asistida, cambiar de sexo e incluso tener una muerte digna. Sin embargo, estos aportes no han tenido un impacto crucial en el campo de lo político, donde las ideologías e intereses mantienen las brechas y, muchas veces, se apoderan de la autonomía y de las decisiones de las personas. Cabe señalar que lo que funciona aquí es el intento de controlar el cuerpo y las decisiones de los otros (que no son asumidos como ciudadanos plenos), de aquellos y aquellas que dependen de la política pública.

Un derecho negado, una responsabilidad eludida. Comportamiento del Estado Peruano frente al Aborto terapéutico.

E-mail Imprimir PDF

Desde 1924 en que el Código Penal admitió la interrupción del embarazo en casos en que la vida de la gestante estuviera en riesgo o si su salud pueda sufrir un daño grave y permanente, ha habido un largo silencio en torno a este tema.

La falta de dispositivos que precisen los alcances de la norma limitó el derecho de muchas mujeres a acceder al aborto legal para proteger su vida y su salud, y restringieron a los médicos la posibilidad de desarrollar una práctica sanitaria necesaria, acorde con sus obligaciones y los principios de la ética médica y los derechos humanos.

De allí que la reglamentación del aborto terapéutico haya sido para diferentes organizaciones que promueven los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población, una apuesta que ha demandado una larga lucha.

Página 6 de 8