La conquista de nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido fruto de un largo recorrido histórico, que ha comprometido la vida y el bienestar de muchas personas. La consecución de estos derechos nos permite expresar libremente nuestra orientación sexual, disfrutar de la sexualidad y del sexo sin consecuencias adversas como un embarazo o deseado o una infección de transmisión sexual. Y aunque pareciera de sentido común que ninguna persona puede verse negada de contar con estas prerrogativas, en la realidad miles de personas no cuentan con estos elementales derechos debido a su sexo, orientación sexual, situación social, raza, lengua, nivel educativo u otros factores.
Por otro lado, es posible afirmar que la tecnología ha provisto de mecanismos altamente seguros y relativamente accesibles para separar el ejercicio sexual de la reproducción, interrumpir un embarazo en condiciones seguras, acceder a la reproducción asistida, cambiar de sexo e incluso tener una muerte digna. Sin embargo, estos aportes no han tenido un impacto crucial en el campo de lo político, donde las ideologías e intereses mantienen las brechas y, muchas veces, se apoderan de la autonomía y de las decisiones de las personas. Cabe señalar que lo que funciona aquí es el intento de controlar el cuerpo y las decisiones de los otros (que no son asumidos como ciudadanos plenos), de aquellos y aquellas que dependen de la política pública.
Cada conquista de derechos enfrenta barreras que no están necesariamente en el lado de quienes son beneficiaros de la política pública, estos son los que cada vez tienen una mayor conciencia de que estos derechos sí les pertenecen. Por el contrario, las barreras suelen ser provistas por aquellos que toman las decisiones políticas. Aunque muchos de estos decisores ejercen sus derechos y están convencidos, en su vida privada, de la importancia de estos, en su función pública se ven influenciados por actores “externos” que terminan decidiendo las políticas. Un grupo de estos actores externos está compuesto por los movimientos conservadores ligados a ciertas alas de la Iglesia, que combaten activamente cualquier viso que promueva la capacidad de decidir de manera libre e informada.
Comprender el contenido y la lógica de sus agendas, cómo se organizan e interactúan es fundamental para defender no sólo los derechos sexuales y reproductivos, sino también para fortalecer la democracia. Asimismo, esto permite comprender de mejor manera la importancia de un Estado laico, pues se espera que un Estado democrático no intervenga en la conciencia de la gente e igualmente, se espera que la conciencia tampoco intervenga en la política pública: se espera que la diversidad sea respetada y ejercida libremente, sin coacción.
La importancia del análisis que en este libro hace Jaris Mujica sobre los movimientos conservadores, da cuenta de que no estamos ante un grupo de fanáticos sin rumbo, sino ante distintos modelos de acción y estrategias complejas, en donde el tema de fondo es la vieja discusión sobre si las personas tienen capacidad o no de discernimiento y cuyo escenario de confrontación son los cuerpos desde una lógica de control.
Con certeza esta publicación abre a una reflexión casi ausente, pero de frecuentes constataciones en la lucha cotidiana de política pública, en donde los activistas pro derechos se han visto muchas veces impedidos de actuar por la intolerancia y por diferentes intereses.
Sin embargo, es fundamental lograr que la violencia y la intolerancia no reviertan en aquellos que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y es por esta razón que estamos seguros de que esta publicación será útil para ese proceso de reflexión que contribuye a asegurar las frágiles bisagras de la democracia.
