Tortura contra Yefri Peña, persona trans femenina, queda impune

Decisión de fiscal “especializada” en derechos humanos genera impunidad en caso de crimen por prejuicio

Yefri fue torturada por ser una mujer trans. En la madrugada del 27 de octubre de 2007, Yefri Peña fue torturada por 5 sujetos desconocidos cuando se dirigía a su casa después de trabajar como promotora de salud. El móvil transfóbico de la agresión quedó evidenciado por los insultos proferidos por los agresores mientras la golpeaban y cortaban con botellas rotas.

Henry Alberto Gamboa Huamán y José Marcial Ybias Altamirano, policías asignados a un puesto de vigilancia desde el cual vieron lo ocurrido, se negaron a ayudar a Yefri. Ella tuvo que fingir su propia muerte para lograr que la agresión cese. Yefri quedó casi un mes en coma, y actualmente carga con las secuelas físicas y emocionales del brutal ataque.

Más de una década después de este atentado contra la vida y la salud de Yefri, la fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial (instancia supuestamente especializada en la investigación de violaciones de derechos humanos), ha decidido que no existió tortura. Esta decisión, definitiva e inapelable, tomada tras una investigación largamente dilatada, fue ratificada por el fiscal Luis Landa de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional.

Pese a que los agresores dejaron claramente establecida su intención de castigar a Yefri por su identidad de género, se ha dejado en total impunidad un acto de tortura cuyo consentimiento por los dos efectivos policiales hizo imposible que los agresores sean oportunamente detenidos, identificados, procesados y sancionados.

Extrañamente, la fiscal Gutiérrez decidió acusar a los efectivos Gamboa Huamán e Ybias Altamirano solo por el delito de lesiones graves. Sin embargo, esta decisión ha sido adoptada sabiendo que la acusación no conllevará una sanción efectiva a dichos funcionarios, pues ese delito prescribiría en octubre de este año.

Considerando el tiempo transcurrido desde el ataque, ocurrido en el año 2007, sería necesario que se imponga una sanción definitiva este año. Actualmente, el caso se encuentra en un juzgado de Ate-Vitarte y debería pasar por esta instancia, por una Sala Superior y por la Corte Suprema antes del 27 de octubre de 2019. Conociendo la lentitud de nuestro Sistema de Administración de Justicia, sabemos que ello no ocurrirá.

Materialmente, la decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez significa la impunidad total para los actos de tortura cometidos contra Yefri a causa de su identidad de género y que, hasta la fecha, tienen impacto en su salud mental y física.

Cabe señalar, que con relación expresa al caso de Yefri Peña el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha manifestado en su informe de diciembre de 2018 en el cual expresó su preocupación por las informaciones recibidas y lamentó que el Estado peruano “no haya proporcionado los datos solicitados sobre denuncias registradas por este tipo de abusos”.

En consecuencia, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de Yefri, denunciarán al Estado peruano ante las instancias internacionales correspondientes por la impunidad y daño generado.

Miraflores, 14 de enero de 2019.

 

Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos

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