Foto tomada de agenciadeprensalimanorte.com

“En el Perú hay un gran fracaso en la administración de justicia para hacer frente a la trata de personas

El SISTRA registró al 2013, 1740 denuncias sobre trata de personas  y el INPE registró al 2013, 120 internos (75 procesados/as y 45 sentenciados/as) por delito de trata de personas a nivel nacional ¿Cuál es la responsabilidad del Estado sobre el proceso de aplicación de justicia a los presuntos delincuentes por trata de personas, considerando esta diferencia de cifras?

Hay una falta de respuesta estatal contra los autores de este crimen. Esta situación deja doblemente en estado de desamparo a las víctimas de este crimen.  El sólo hecho de que hayan tantas personas involucradas y que al final se de  un cuello de botella, porque el número de procesados se minimiza de manera increíble. Lo que empieza con casi 2000 denuncias termina con 50 condenados. Esto es el 2.5%. Lo que quiere decir que por cada 100 personas involucradas en el delito, sólo 2.5 personas  van a ser condenadas, y el 97.5 % está en la impunidad. En el Perú hay un gran fracaso en la administración de justicia para hacer frente a la problemática de la trata de personas. La policía tiene la obligación de investigar y detener. A la fiscalía le corresponde acumular las pruebas y sostener las acusaciones basándose en los elementos de comisión acumulados. Finalmente, el poder judicial tiene que valorar y emitir una sentencia condenatoria cuando corresponda. Este es un proceso único, y todos tienen que trabajar de manera organizada. Todos tienen que cumplir su función, porque si uno no lo hace, todo eso termina en lo que vemos: impunidad.                            

El SISTRA registró al 2013 que el mayor porcentaje de víctimas de trata de personas son menores de edad (59.1 %), de acuerdo al código penal (Art.153.A) la pena a personas que comenten este delito contra menores de edad debe ser mayor a 15 años, pero esto no sucede ya que las condenas oscilan entre 6 a 8 años, ¿Qué está pasando en el Poder Judicial para que la  ley no se esté cumpliendo?

Se está dando una mala valoración de la prueba en los procesos. Hay una condescendencia, por no llamarlo impunidad, con los procesados por el delito de trata de personas. Lo que se refleja en la expedición de sentencias benignas –insólitas– respecto de quienes finalmente fueron vencidos en juicio y cuya responsabilidad en el delito fue demostrada. Por disposición de la ley, ningún condenado por trata de personas –especialmente si agrava a menores de edad– puede tener una pena de 6 años o 7 años. Eso es  inaceptable. Yo creo que frente a esas circunstancias, lo que cabe es una disposición de la corte suprema o del consejo ejecutivo, en el sentido que deben ejecutarse las leyes que correspondan, tal y como están establecidas en el código penal   y, en todo caso, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil deben poner en conocimiento de los órganos de control del propio poder judicial  – y por qué no del mismo Consejo Nacional de la Magistratura– de los actos en los que están incurriendo los jueces del poder judicial y hacer valer las responsabilidades que sobre ellos debe recaer.      


En estos últimos días diversos medios de comunicación dieron a conocer a nivel nacional sobre la decisión del poder judicial de poner en libertad a Claver Ramírez, alias “Lonja”, quien presuntamente es uno de los integrantes de la peligrosa organización criminal dedicada a la trata de personas denominada “Reina del Delta”,  ¿Qué mensaje da el  Poder Judicial a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas –quienes en su mayoría son menores de edad– y a la población general?

Bueno a la población en general, le da un mensaje de debilidad institucional por no ser capaces de hacerle frente a un delito tan grave. A las víctimas, les deja una desazón. El poder judicial les da un mensaje de que están a merced del poder de los tratantes de personas. Es decir, que en este momento, las víctimas de Lonja, pueden coincidir en la calle y en espacios públicos con el tratante, como si nada hubiera ocurrido. Creo que está claro, por la información que se dispone públicamente, que se cuenta con evidencias que vinculan a Lonja con la comisión del delito denunciado, que la pena que eventualmente debe recaer sobre él mínimo debería ser por encima de los 10 años. Y, evidentemente, una persona de sus características y, por el tipo de delito por el que se le persigue, va obstaculizar la acción de la justicia, va amenazar a sus víctimas, y a la primera que pueda, va a darse la fuga. Estas son circunstancias y consideraciones que deben llevar a cualquier juez de la república a decidir la prisión de esta persona mientras dure el proceso penal. 

¿Qué medidas debe tomar el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre la liberación de “Lonja”, considerando que la sociedad percibe esta decisión como un acto más de impunidad?

En principio, hay que poner en conocimiento sobre la liberación de Lonja a los órganos de control interno del poder judicial y al propio Consejo Nacional de la Magistratura. Legalmente entiendo que el ministerio público, la defensa de la víctima, si es que se ha constituido como tal, deberá encontrar algún elemento adicional para solicitar la detención de Lonja. Yo asumo que no habrá ningún problema para demostrar que esta persona va a tratar de amenazar a las víctimas, va a intentar cambiar sus declaraciones, y evidentemente, su presencia en lugares cercanos a las víctimas es un acto inaceptable. Por tales motivos, la policía debe brindar protección a las víctimas.

 

¿Considera que el Estado actúa responsablemente en la lucha contra la trata de personas? ¿Por qué?    

En términos generales, no. Puede haber algunas normas, puede haber algunas reuniones. Pero una política nacional efectiva que uno vea en la práctica, no se está dando. En el tema de la persecución, el estado peruano no se ha adecuado a dar una respuesta al delito, y en todo caso la respuesta que existe es ineficaz y sólo lleva a la impunidad. Por otro lado, no hay un presupuesto para atender a las víctimas, no hay recursos. No hay centros especializados para albergar a las víctimas rescatadas. Una política pública frente a las víctimas significaría también dotarlas de abogados de oficio, que acompañen a las víctimas en su reclamo por justicia, lo que involucra una efectiva  investigación y sanción penal. Esto lamentablemente en el Perú no se da.   


Comentarios finales

A la sociedad civil: La trata de personas es un delito que nos afecta a todos, que no podemos permanecer indiferentes. Cada quien tiene que hacer su labor por pequeña que esta sea. Toda persona que tenga indicios o sospechas que se está  produciendo un acto de trata de personas debe denunciarlo a la policía. Esta es una labor básica como ciudadano.

Al Estado: Sé que hay funcionarios que quieren hacer frente a la trata de personas. La policía ha hecho unos cambios importantes. El MIMP también. La ministra ha demostrado su deseo de proteger a las víctimas y de hacer frente al delito. Pero el estado tiene que concretar una política pública y ella [Ministra de la Mujer] necesita recursos. Si el Estado peruano quiere realmente luchar contra el crimen de la trata de personas, necesita dotar de recursos a su propia administración para hacer frente a este flagelo y lamentablemente de eso hay muy poco todavía.

Tomado de chsalternativo.org

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