Entre la epidemia y la ilegalidad

La respuesta mundial frente a la epidemia del Zika y los problemas neurológicos en fetos asociados al virus ha sido variada en sus estrategias y en los agentes que articula. Aunque entidades gubernamentales e internacionales han liderado la formulación de políticas y líneas de acción para frenar la epidemia, organizaciones no gubernamentales, entidades privadas e instituciones de carácter científico y militar han desempeñado un papel activo.

En países con altas tasas de infección, los gobiernos apostaron por combatir el Aedes aegypti atacando el entorno en el que se reproduce, promoviendo prácticas de autocuidado en sus habitantes y reforzando los controles prenatales de las mujeres embarazadas. Algunos, como Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras, recomendaron a las mujeres postergar sus embarazos hasta que culminase la fase epidémica ; mientras que países como Estados Unidos, a donde el zika llegó recientemente, recomendaron a sus ciudadanos abstenerse de viajar a zonas con altas tasas de infección. Asimismo, la fumigación aérea para erradicar el mosquito ha sido aprobada en Brasil –aunque no implementada– y en Estados Unidos, donde la medida ha suscitado protestas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en Florida, debido a los efectos neurotóxicos que el agente químico Naled puede acarrear para la salud humana y de otros animales.

En materia de investigación, los países que cuentan con una mayor inversión de recursos públicos o privados en ciencia y tecnología le han apostado al desarrollo de métodos de inmunización contra la enfermedad, con la participación de compañías farmacéuticas y biotecnológicas, universidades y entes gubernamentales tanto de investigación básica y aplicada como militar. Es el caso de Brasil y Estados Unidos, que trabajan de forma conjunta en la creación de una vacuna; Francia, cuya mayor empresa farmacéutica, Sanofi, firmó un convenio con el Instituto Walter Reed de Investigación del Ejército estadounidense ; India y Austria . Otra línea de investigación apunta al desarrollo de sofisticados métodos para evitar la reproducción del mosquito, ya sea a través de técnicas de modificación genética para frenar su desarrollo en fase larvaria (Oxitec en Reino Unido) o mediante la manipulación del gen que determina el sexo del insecto, de modo que al escasear las hembras los machos no puedan reproducirse (Instituto Politécnico de Virginia, EEUU). Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, entidades pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, desarrollaron un método nuclear de esterilización de los mosquitos machos a través de radiación.

El marcado despliegue en ‘Investigación Científicamente Basada’ (Scientifically Based Research) –promovida con énfasis en los Estados Unidos desde la administración de George W. Bush– no sólo da cuenta de un abordaje de la epidemia que privilegia las ciencias experimentales y los estudios de corte positivista por encima de las investigaciones cualitativas que buscan entender las dimensiones sociales de la epidemia, sino también la ausencia de una perspectiva crítica que indague las condiciones de vida de las personas más afectadas por el virus y el impacto de las políticas para frenar la epidemia. La antropóloga portuguesa Cristiana Bastos señala que el Sida mostró con claridad la insuficiencia de las estrategias verticales en el abordaje de las epidemias y con ello la importancia de atender las desigualdades sociales y el limitado acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva . No obstante, la perspectiva de derechos ha tenido un lugar subordinado, cuando no ausente, en la lucha contra el zika.

Los efectos contraproducentes de este vacío aparecen de forma manifiesta en Honduras, el país centroamericano más afectado por el zika. El último reporte de la Secretaría de Salud de ese país (14 de agosto) registra más de 29.000 infecciones en lo corrido de 2016, así como 24 nacimientos de niños con microcefalia, de los cuales 18 tuvieron lugar en las últimas dos semanas y en 10 se ha comprobado el vínculo con el virus . En Choluteca, un municipio de 121.000 habitantes, durante el mes de julio nacieron seis bebés con microcefalia en un lapso de tres días , lo que encendió las alarmas en el país. Pese a ello, como en otros países de la región, la lucha contra la epidemia se ha centrado principalmente en la eliminación del mosquito y en la militarización del contagio.

Tras declarar la emergencia sanitaria en febrero de este año, el presidente Juan Orlando Hernández convocó a iglesias, empresarios, medios de comunicación, funcionarios públicos, estudiantes y educadores para que, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, se unieran en un “movimiento social” que lograra “ganar la guerra contra el zancudo” . Desde entonces se han llevado a cabo varios ‘megaoperativos’ en los que militares coordinan y ejecutan la fumigación de viviendas y la limpieza de alcantarillas, mientras que funcionarios del gobierno, como Yolani Batres, ministra de salud, insisten en que la lucha contra el zika no dará resultados hasta que la población “no vea al zancudo como un enemigo mortal” y se comprometa con su erradicación.

El fastuoso despliegue castrense encubre el inexistente abordaje de la epidemia en clave de derechos, así como el precario panorama en salud sexual y reproductiva del país. Regina Fonseca, coordinadora del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Derechos de Mujeres – CDM, afirma que la poca atención del Ejecutivo y el Legislativo a la educación e información y a los servicios en salud sexual y reproductiva obedece en buena medida a la “fragilización de las instituciones estatales” luego del golpe de estado de 2009, cuando fue depuesto el entonces presidente Manuel Zelaya.

Sumada a la criminalización del aborto sin excepción, la prohibición de la venta y promoción de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) decretada por el gobierno de facto profundizó la delicada situación de derechos sexuales y derechos reproductivos del país. Aunque la medida fue criticada por las organizaciones feministas y demandada ante la máxima instancia judicial hondureña, la decisión ejecutiva fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia que en su fallo afirmó que la píldora era abortiva y su uso violaba la protección constitucional de la vida.

“En aquel momento, la situación política en Honduras era muy complicada, así que las organizaciones de mujeres dejamos de promover la anticoncepción de emergencia, el Yuspe, que era a lo que podían acceder las mujeres. Posteriormente adelantamos una serie de acciones a nivel administrativo en la Secretaría de Salud, y a nivel judicial en la Corte Suprema de Justicia, con el fin de revertir el acuerdo ministerial, pero hasta ahora ha sido imposible. Aunque los problemas en salud sexual y reproductiva venían de antes, se profundizaron con el golpe de estado. Se puede decir que, en Honduras, las políticas dirigidas a las mujeres y la situación de derechos humanos en general tienen un antes y un después del gobierno de facto”, afirma Fonseca.

El debilitamiento de los derechos sexuales y reproductivos impactó negativamente no sólo a las mujeres, que son las principales usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino también a las personas que viven con VIH/Sida, explica la integrante del CDM. Más allá de una política desactualizada en salud sexual y reproductiva, que data de 1999, no se han formulado otras acciones y los programas vigentes hasta antes del golpe de estado fueron acabados, comenta la activista.

Pero el problema no es sólo de falta de interés, sino también de oposición activa frente a los derechos sexuales y reproductivos, explica Fonseca. La actual discusión del nuevo Código Penal da cuenta de ello. Desde el año pasado, el Congreso Nacional trabaja en la modernización de dicho instrumento punitivo, ya que el Código vigente data de 1983. “Las organizaciones feministas y de mujeres hemos constituido una plataforma para el cabildeo y la incidencia política con el fin de que el aborto sea despenalizado en caso de violación e incesto, cuando peligra la salud y la vida de las mujeres, y cuando hay inviabilidad fetal. Asimismo, para fortalecer un discurso de respeto a las mujeres y de equidad respecto a nuestra reproducción en situaciones extremas”, relata Fonseca. Sin embargo, los legisladores han anunciado que el estatus del aborto permanecerá intacto.

En otros países, la coyuntura del zika ha contribuido a poner en el debate político el problema de la ilegalidad del aborto, así como el diseño de mecanismos que den cuenta de las necesidades de mujeres embarazadas con zika. En Honduras, sin embargo, no tuvo dicho efecto. Frente a las evidencias que sugieren la transmisión sexual del zika, a inicios de agosto la Organización Panamericana de la Salud recomendó al país despenalizar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) con el fin de evitar nuevos casos de microcefalia asociados al virus. Y aunque Maynor Vargas, miembro de la Comisión de Salud del Congreso, señaló que quizá este era el momento apropiado para revisar la prohibición de la PAE, las autoridades de Salud y el Colegio Médico de Honduras descartaron de entrada dicha posibilidad. La Secretaría de Salud del país aseveró que dichos riesgos podían ser evitados con el uso de métodos anticonceptivos como el preservativo, disponibles de forma gratuita para la población general; aunque también reconoció que hay un desabastecimiento de los mismos en hospitales y centros de salud. Por su parte, según el diario hondureño La Prensa, la presidenta del Colegio de Médicos señalóque “por la cultura de la población hondureña no se puede controlar la natalidad y las autoridades de Salud deben enfocarse más en combatir al mosquito y sus criaderos”.

El Ejecutivo y miembros del Congreso hicieron eco de la propuesta del Colegio de Médicos y volcaron de nuevo la atención al Aedes aegypti. El diputado del Partido Libre, Eleázar Juárez, presentó hace unos días un proyecto de ley que busca crear el día de lucha contra el mosquito , para que el último viernes de agosto de cada año se realicen jornadas nacionales de información y destrucción de criaderos. El gobierno anunció que incluirá a las madres de niños con microcefalia en un programa de apoyo económico para familias pobres y que le dará regalos a sus hijos.

La negativa a abordar con seriedad las políticas de estado frente a la salud sexual y reproductiva, así como a revisar el estatus del aborto pese a la gravedad de la coyuntura actual, obedece también a intereses electorales. Ambos temas parecen comprometer el capital político que los futuros candidatos buscan acumular, o por lo menos no perder, para las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2017: “Aunque las elecciones son hasta el próximo año, a finales de éste hay elecciones primarias e internas y eso hace que el Código Penal sea otra herramienta al servicio del proselitismo político. La demanda de despenalización del aborto en tres causales perturba electoralmente a los políticos, por lo que las organizaciones feministas y de mujeres sabemos que la tenemos difícil, que seguramente no lo vamos a lograr, aunque continuaremos permeando los imaginarios y las formas de reconocer los derechos humanos de las mujeres”, comenta Fonseca.

La activista señala que la emergencia del zika ha tenido un efecto positivo aunque moderado en la opinión pública. Actualmente se observa una mayor aceptación de la despenalización del aborto por causales y de la píldora anticonceptiva de emergencia. Pero aclara que los principales diarios y canales de televisión del país han asumido una posición marcadamente conservadora. Un análisis de la producción impresa de noticias sobre aborto entre 2011 y 2014 realizado por el Centro de Derechos de Mujeres señala que, del total de textos producidos en ese período, sólo 2 no emiten juicios de valor al respecto. “En el resto de noticias se leen frases como ‘abominable crimen’, ‘madres desnaturalizadas’, ‘hembra que mata a la persona que lleva en su seno’”, reza el documento. Para Fonseca, el cubrimiento de los medios no ha cambiado de forma significativa con la irrupción del zika. Por el contrario, los reportajes sobre la despenalización del aborto siguen siendo sesgados y abundan los juicios mediáticos a las luchas de organizaciones de mujeres y feministas.

Por otro lado, el peso ideológico de las iglesias católica y evangélica sobre el tema sigue siendo considerable. Los medios de comunicación mayoritarios las presentan como las voces moralmente autorizadas para emitir una verdad sobre el tema. “Antes de que nacieran los primeros niños con microcefalia a raíz del zika, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica ya había publicado un comunicado de 8 páginas –algo que yo nunca había visto– en el que asumía una postura vehemente contra los derechos reproductivos de las mujeres y la posibilidad mínima de una apertura a la despenalización del aborto. El comunicado era un ataque previo a las feministas. La Conferencia Episcopal dijo que con el zika seguramente saldrían las abortistas a pedir la despenalización del aborto por microcefalia, algo que ni siquiera planteamos en la revisión del delito de aborto en el Código Penal. Pero la Iglesia y los medios corporativos de comunicación manipularon de antemano a la ciudadanía. Así que creo que aún estamos lejos de que siquiera se abra un debate serio frente a la interrupción del embarazo o la anticoncepción de emergencia”, relata.

El año pasado, el CDM publicó los resultados de una investigación sobre aborto realizada entre 2012 y 2014 , que indagó, a partir de información oficial y de entrevistas a mujeres que abortaron, el porcentaje de egresos hospitalarios en Honduras producto del aborto inseguro y las principales razones por las cuales las mujeres interrumpen un embarazo. Según el estudio, “en 2013 egresaron de los hospitales públicos del país 11.354 mujeres con diagnóstico de aborto y otras 2.338 lo hicieron de los hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social”. Aunque el documento aclara que no se puede asegurar que en todos los casos se trató de un aborto voluntario, “tampoco se puede afirmar que todas las que sí lo hacen terminan en un hospital”.

A partir de estimaciones realizadas en otros países según las cuales 1 de cada 6 mujeres que interrumpe un embarazo llega a un hospital, la investigadoras calculan que “en Honduras estarían ocurriendo entre 50.749 y 82.135 abortos por año, que implican tasas de entre 23,8 y 28,6 abortos por cada 1.000 mujeres entre 14 y 44 años, similar a las estimaciones para Centro América”. Los registros oficiales del país señalan que 5% de las muertes maternas están asociadas a abortos inseguros, lo que evidencia, una vez más, que la ilegalidad del aborto no impide su práctica, sino que precariza las condiciones en las cuales dicho procedimiento se lleva a cabo.

Las mujeres que interrumpieron un embarazo y accedieron a ser entrevistadas por las investigadoras del CDM tienen entre 15 y 44 años. Las principales razones que argumentaron para abortar fueron económicas (28%), la poca favorabilidad del momento en que se produjo el embarazo (24%) y el hecho de que éste fuera producto de una violación (17%). Las razones asociadas a problemas de salud se encontraban entre las menos señaladas (1,9%).

Fonseca afirma que las razones socioeconómicas seguirán predominando en el contexto actual, pero cree que la irrupción del zika incidirá en las otras razones de las mujeres para interrumpir un embarazo.“Es muy probable que los abortos por problemas de salud se incrementen y con ello los abortos clandestinos en general, lo que a su vez generará más riesgos para las mujeres”, pondera la especialista.

Un artículo publicado en la edición de julio de The New England Journal of Medicine apoya dicha conjetura . El texto corresponde a un estudio realizado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Princeton, la Universidad de Cambridge y la organización holandesa sin ánimo de lucro Women on Web , que provee medicamentos para interrumpir el embarazo (misoprostol y mifepristone) a mujeres de distintos países del mundo a través de solicitudes hechas por Internet. Tomando como línea de base los registros de Women on Web entre el 1 de enero de 2010 y el 2 de marzo de 2016, los investigadores buscaron determinar el impacto de la alerta de la OPS por la epidemia del Zika en las solicitudes de medicamentos para abortar a la organización holandesa. El estudio reveló un aumento ostensible en los países con legislaciones restrictivas en materia de aborto y altas tasas de infección. Brasil encabeza la lista con un incremento del 108%, seguido de Ecuador (107,7%), Venezuela (93,3%) y Honduras (75,7%). En Colombia, el segundo país con mayor número de infecciones en la región y donde las mujeres embarazadas con zika o con sospecha de estarlo pueden abortar legalmente, el número de solicitudes a Women on Web aumentó sólo en un 38,7%.

Aunque no se puede asegurar que todas las mujeres que solicitaron misoprostol y mifepristone llevarán a término su decisión de abortar, todo parece indicar que en los próximos meses se incrementarán de forma palpable los abortos ilegales y con ello los riesgos para la salud de las mujeres. Son ellas quienes tendrán que vivir bajo el asedio de la ilegalidad y de la epidemia.

Información tomada de http://www.clam.org.br/