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Artículo 30, análisis de constitucionalidad de la ley general de salud sobre la obligación de médicos y médicas de denunciar

El artículo 30 plantea un conflicto entre bienes protegidos jurídicamente: por un lado, el derecho y/o deber del secreto profesional de médicos, médicas y pacientes, así como los derechos a la intimidad, libertad, vida y salud de las personas que acuden a los servicios médicos; por otro, el deber de colaborar con la justicia a través de la denuncia de indicios de la comisión de un delito.

Las y los médicos no son ajenos a este conflicto. En Promsex hemos advertido el malestar de profesionales de la salud contra el referido dispositivo legal. En una serie de reuniones y talleres de promoción de derechos sexuales y reproductivos han expresado que vulnera su derecho constitucional a guardar el secreto profesional.

En consideración a este conjunto de reclamaciones y con la convicción de que el aborto en el Perú se encuentra asociado a situaciones de discriminación y pobreza que afectan de manera particular a las mujeres, y entre ellas a las que pertenecen a sectores sociales y económicos más desfavorecidos, presentamos este análisis sobre la constitucionalidad del artículo 30° de la Ley General de Salud.

Esperamos que, a partir del mismo, se puedan adoptar acciones destinadas a garantizar el respeto de los derechos que pudieren resultar afectados por la vigencia de esa norma.

Las migajas bajo el mantel: la política fundamentalista de USAID y el caso de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en el Perú

A lo largo de treinta años, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) ha sido el mayor donante para los programas de salud en el Perú. Solo en 1998 contribuyó con US$ 21 millones al sector salud, aproximadamente una cuarta parte de toda la ayuda financiera bi- y multilateral correspondiente a este sector. Un importante componente de este apoyo ha sido dirigido a la salud reproductiva. Entre 1994 y 1998, USAID aportó US$ 85 millones en financiamiento para actividades de planificación familiar, tres cuartas partes de toda la cooperación internacional que recibió el Perú en este tema. Este apoyo, sin duda, ha logrado cambios positivos en las condiciones de la salud y el ejercicio de los derechos reproductivos de la población, particularmente de las mujeres.

No obstante, se puede constatar que la cooperación internacional de USAID también ha producido brechas en los derechos reproductivos así como efectos negativos para la salud de las personas. 

Sustento Normativo de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en el Perú

Se ha demostrado que la Anticoncepción Oral de Emergencia – AOE – tiene el potencial para prevenir embarazos no deseados y por ello resulta ser una intervención importante en salud pública que permite un respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. Prevenir un embarazo no deseado, permite también al sistema de salud pública mejorar los índices respecto al número de abortos clandestinos, de muerte materna por aborto, de embarazo adolescente e incluso de abandono infantil.
Este material presenta la información mas relevante sobre la normatividad de la AOE en el Perú, dirigido a los/as profesionales de la salud y a los grupos que trabajan en la promoción y difusión de la AOE en un marco de derechos humanos y como una herramienta para mejorar la salud sexual y reproductiva en nuestro país.