Acoso Escolar por homofobia, lesbofobia y transfobia: Menos intenciones y más acción

El pasado 27 de octubre, el diario digital El Búho de Arequipa, dio cuenta de un hecho lamentable. Cuatro adolescentes del colegio «Esclavas del Sagrado Corazón de Jesus» habrían intentado suicidarse. Al ser interrogadas, una de ellas testimonió que «era maltratada por las amigas de su aula, tildándola de lesbiana.» Y que sus tres compañeras también eran constantemente agredidas psicológicamente.

En efecto, el Estudio Nacional sobre Clima Escolar en el Perú 2016, realizado por PROMSEX[1], analizó la realidad de los y las estudiantes lesbianas,, gais, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI) que son víctimas de violencia en las instituciones educativas de nuestro país; dando cuenta del impacto de la violencia que se produce entre el alumnado por el estigma y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Claro está, que este tipo de violencia, afecta al alumnado en general, y no sólo a quienes se perciben como LGBTI.

Entre los principales resultados de este estudio se evidencio que respecto a sentirse seguros/as; 7 de cada 10 estudiantes sintieron inseguridad en el colegio debido a su orientación sexual y 3 de cada 10 estudiantes, debido a su expresión/identidad de género. 38% evitó los baños por sentir inseguridad. 3 de cada 10 estudiantes faltaron al colegio entre 1 y 5 veces en el último mes debido a la sensación de inseguridad.

Respecto a comentarios homofóbicos y transfóbicos, 59% de estudiantes escucharon siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio; un 30% aseguró que algunas veces éstos provinieron del personal docente; y 43% de estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de estos comentarios.

Así mismo, si se considera el nivel de victimización, 72% de estudiantes sufrió acoso verbal debido a su orientación sexual y 58% debido a su identidad de género. 33% de estudiantes sufrió acoso físico debido a su orientación sexual y 26 % debido a su identidad de género. 53% de estudiantes sufrió acoso sexual debido a su orientación sexual y/o identidad de género. Un 57 % de estudiantes NUNCA informó de los acosos al personal escolar; y el 68% nunca informó a ningún familiar.

Desafortunadamente, los esfuerzos que se realizan desde diversas instancias, pasan, en su mayoría desapercibidos, ya que un 74% de estudiantes declaró no conocer ningún programa o grupos de apoyo para alumnado LGBTI y un 58% de estudiantes aseguró que no existe ninguna política para denunciar casos de acoso en su colegio.

Los esfuerzos realizados desde la sociedad civil, aunque realizan un gran trabajo llamando la atención sobre las particularidades, que, por estigma, se obvian en la aplicación de programas y políticas de mayor envergadura, es necesario un mayor esfuerzo por parte de actores que involucren los gobiernos locales y el Ministerio de Educación. Por su parte, la Red Iberoamericana de Educación LGBTI -plataforma de organizaciones que trabaja en favor de la promoción y el respeto de los derechos humanos de personas LGBTI en el ámbito educativo- en cinco países, y de la cual PROMSEX es parte, trabaja para introducir en las leyes, políticas públicas y en los desafíos socioculturales, la necesidad de implementar, de forma transversal, proyectos educativos focalizados en la diversidad sexual y de género, así como mejorar el clima escolar para las personas LGBTI. Hace unas semanas, esta red organizó en Montevideo, un encuentro de actores clave de la Región Latinoamericana, para hacer monitoreo a las políticas que se vienen impulsando en diversos espacios.

En efecto, el tema del acoso escolar basado en la orientación sexual y/o identidad o expresión de genero ha sido una constante preocupación para Naciones Unidas, quienes a través de UNESCO y su informe «Out in The Open» detallan la cruda realidad en el mundo que enfrentan las y los jóvenes en las instituciones educativas. En este marco, hasta agosto del 2016, 46 países, en su mayoría Latino Americanos, entre ellos Perú, acordaron avanzar en la garantía y protección de los derechos de estudiantes que viven, exploran o asumen una orientación sexual o identidad de género no normativa en la escuela, a través del Llamamiento Ministerial a la Acción para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y violencia; asumiendo seis compromisos:

Vigilar sistemáticamente la tasa de prevalencia de la violencia en el entorno escolar, en particular la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género, mediante mecanismos de recopilación de datos y otros métodos.

Instaurar políticas integrales al nivel adecuado (nacional, sub-nacional, escuelas) para prevenir y afrontar la violencia en el entorno escolar, en particular la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género.

Facilitar el acceso de los educandos a información adaptada a las distintas edades, imparcial, basada en los derechos humanos y precisa sobre los estereotipos de género perjudiciales y las cuestiones relacionadas con los comportamientos no conformes con el género, en particular, según proceda, mediante planes de estudios inclusivos, material didáctico y resultados del aprendizaje, campañas de información, investigaciones y alianzas con la sociedad civil y la comunidad escolar en general.

Proporcionar formación y/o apoyo a los docentes y otros miembros del personal educativo y escolar para prevenir y afrontar la violencia en el entorno escolar, en particular la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género.

Garantizar entornos escolares inclusivos y seguros para todos los educandos y prestando apoyo a los afectados por la violencia o la discriminación, en particular la discriminación o la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género, así́ como a sus familias.

Evaluar la eficiencia, la eficacia y la influencia de las respuestas del sector de la educación a la violencia, en particular la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género.

Estos compromisos son claves y colocan una ruta de acción precisa sobre la forma cómo se debe abordar el problema, relevando indicadores clave del nivel de prevención de la violencia; lo que de alguna forma se impulsó en la Encuesta Nacional sobre las Relaciones Sociales, ENARES – 2015 desarrollada por el Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Instituto Nacional de Estadística (INEI). Esta encuesta reveló, entre otros datos, que el 75% de niñas y niños fueron víctimas de violencia psicológica o física alguna vez en su vida por parte de sus pares en la institución educativa. Entre las causas, lastimosamente, no se menciona la violencia por razones de orientación sexual e identidad o expresión de género.

En ese sentido, entendiendo el dialogo político que lleva promover la inclusión de la no discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, en las políticas públicas; es necesario, desde la Instituciones Educativas, a) Promover acciones integrales contra el acoso escolar o bullying que incorporen a todos los actores que participan de la convivencia escolar; b) Reconocer el bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico y transfóbico como un tipo específico de violencia en las instituciones educativas; y c) Evitar sanciones a estudiantes por usar prendas o accesorios que no están socialmente asociadas con el sexo con el que se identificó a la persona al nacer o por realizar demostraciones de afecto hacia una persona del mismo sexo en el espacio escolar; Situaciones que lamentablemente han sido objeto de denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Desde el Ministerio de Educación; es urgente a) Implementar la directiva orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnas y alumnos señalada en la ley Nº29719. Y que ésta incluya específicamente el bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico y transfóbico; b) Mejorar la plataforma del Sistema Especializado en Reportes de Casos sobre Violencia Escolar «SíseVe» e incluir como una categoría de bullying el acoso escolar por identidad de género; c) Recuperar la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE) del Ministerio de Educación como una dirección clave para la implementación de la educación sexual integral en las instituciones educativas; d) Crear un observatorio de casos de acoso escolar a nivel nacional que contenga un registro del bullying por orientación sexual, identidad de género y expresión de género; y e) Implementar un programa de fortalecimiento para el profesorado que permita desterrar prejuicios y estereotipos y erradicar la violencia escolar basada en orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Así mismo, desde el de la Congreso de la República; es primordial modificar la Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas (Ley N° 29719) para que incluya la agresión de profesores/as a alumnos/as y de alumnos/as a profesores/as por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

La implementación de estas recomendaciones es apremiante. Debemos pasar de las intenciones a la acción, ya que la implementación efectiva de todos estos compromisos internacionales y planes nacionales, hará que, en nuestro país, no se repitan casos lamentables, como los de estas cuatro niñas en Arequipa, o los que hemos vivido en años anteriores, con los niños de Ayacucho y Loreto, con fatales desenlaces producto de la homofobia. No podemos permitir, que por culpa del estigma alojado en nuestras escuelas; niñas, niños y adolescentes tengan que llegar al extremo de concluir que dejar de vivir es la única salida a un sistema que les niega toda posibilidad de desarrollar su identidad y querer la vida.

FUENTE DE IMAGEN: http://sinetiquetas.org/2016/06/13/peru-99-personas-lgbt-asesinadas-desde-2008/

[1] Estudio realizado en coordinación con GLSEN y Todo Mejora Chile