La emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 ocasionó que la mayoría de los Estados a nivel mundial concentraran sus esfuerzos en combatir la propagación del virus. Estas medidas tuvieron como una de sus consecuencias el abandono de aquellos servicios de salud ligados a la salud mental, y la sexual y reproductiva (Amnistía Internacional [AI], 2021) En el caso particular de Latinoamérica, lo sucedido durante la pandemia también nos lleva a reflexionar sobre la visibilización de aquellas violencias naturalizadas y actos de discriminación que representan una vulneración de derechos humanos hacia grupos socialmente excluidos, como es el caso de las personas LGBTIQ+ (Ernst, 2020). Sumado a esto, AI (2021) reportó aproximadamente 287 casos de homicidios hacia personas trans y de género diverso durante el primer año de la pandemia por la COVID-19, siendo Brasil el país que tuvo mayor cantidad de asesinatos. Es importante señalar que muchas de estas personas se encontraban ya en situación de precariedad antes de la pandemia al no ser reconocidas como ciudadanas por los diversos Estados. Es así como, en el informe publicado por Sin Violencia LGBTI (2019), se señala que, en los 5 años anteriores al estudio, más de 1 300 personas LGBTIQ+ perdieron la vida de manera violenta en 9 países de América Latina y el Caribe. Estas cifras equivalen a, por lo menos, una persona LGBTIQ+ asesinada diariamente en la región; siendo en la mayoría de los casos, adultas jóvenes entre los 18 y 25 años (Sin Violencia LGBTI, 2019).

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En Perú, en los últimos años las alarmantes cifras por el delito de trata de personas y sus diversas formas de explotación sexual y laboral evidencian que nadie, pero sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, se encuentra libre de caer en estas redes. Sin embargo, el contexto judicial peruano demuestra que las personas sobrevivientes de este delito se enfrentan a una serie de barreras judiciales cuando emprenden su búsqueda por justicia. Además de los altos niveles de corrupción, diversas decisiones judiciales han puesto en evidencia la constante reproducción de estereotipos de género construidos a partir del arquetipo de «víctima ideal» del delito de trata y delitos conexos. Una barrera judicial que, además de ignorar la condición de vulnerabilidad de la sobreviviente, propicia un ambiente de impunidad en torno a este delito.