Caso Camila: Comité de Derechos del Niño de la ONU condena al Estado peruano por negar aborto terapéutico a niña víctima de violación sexual
El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un fallo histórico en el caso de Camila, donde se determinó que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos a la vida y a la salud de Camila, al negarle la información y el acceso al aborto terapéutico.
El dictamen también señala que el Estado peruano debe despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así cómo asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y la salud de la madre, violación o incesto.
El logro del Caso Camila es resultado de la estrategia de litigio que desarrolló el Movimiento Son Niñas, No Madres, conformado por una decena de organizaciones a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas, entre las que se encuentran las colitigantes de esta demanda: Promsex y Planned Parenthood Global.
La Historia de Camila
En el 2017, cuando tenía 13 años, quedó embarazada producto de estos abusos continuados, que fueron mantenidos en secreto debido a las amenazas realizadas por su progenitor. Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico. Sin embargo, los funcionarios del hospital no respondieron dentro de los plazos legales a dicha solicitud, lo que impidió que ella acceda a este servicio oportunamente. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.
Por este hecho, la Fiscalía culpó a Camila e inició un proceso legal contra la niña, acusándola de autoaborto. Unos días después, y desinformada de la pérdida, una obstetra del centro médico local acudió reiteradas veces a la casa de Camila junto con un policía para exigirle que retome sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento. Como consecuencia, Camila dejó de ir a la escuela, se distanció de sus amigas y finalmente tuvo que mudarse con su tía a otra ciudad.
A pesar de las denuncias y la gravedad de los hechos, las autoridades peruanas no brindaron una respuesta adecuada ni tomaron medidas efectivas para proteger a la menor y perseguir a los responsables. Esta falta de acción puso en riesgo la integridad física y emocional de Camila, además de socavar su derecho a la justicia y la reparación.
#JusticiaParaCamila
Debido a lo sucedido, de la mano de Promsex y en colitigio con Planned Parenthood Global y con el respaldo del Centro de Derechos Reproductivos cómo parte de la campaña Son Niñas No Madres, Camila buscó justicia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Esto con el objetivo de que se reconozca el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a una interrupción legal del embarazo de modo seguro, dado el grave riesgo para su salud física y mental.
De esta forma, el Comité de Derechos del Niño, órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño –en vigor desde 1990, ha responsabilizado al Estado Peruano por haber violado los derechos que la asisten en virtud de los artículos 2, 6, 12, 16, 17, 24, 37, 39 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño.
En respuesta al fallo del Comité, Susana Chávez, directora de Promsex, declaró lo siguiente: «El fallo del Comité de Derechos del Niño de la ONU en el caso de Camila es un llamado de atención contundente para el Estado peruano. Es inaceptable que se haya permitido que una niña sufriera abusos, sin que se tomarán medidas adecuadas para protegerla y garantizar su bienestar”.
Finalmente, el Estado peruano tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. El caso de Camila, debido a que es el primer dictamen del Comité de los Derechos del Niño de ONU contra el Estado peruano, es un gran logro en la búsqueda de justicia y un gran precedente para el país, porque a todas las niñas y adolescentes se les debe permitir acceder a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto.
