CIDH concluye el 154º Período de Sesiones

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe «Derecho a la verdad en América».

Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas.

Después de evaluar la información recibida, la Comisión destaca que las transiciones a la democracia que muchos países de América Latina vivieron a mediados de la década de los ochenta constituyeron logros históricos, ya que sólo en democracia es posible caminar hacia la garantía de los derechos humanos de los habitantes, sean los derechos políticos y civiles como los económicos, sociales y culturales. Según la información recibida por la CIDH, en estas décadas se han logrado avances muy significativos en la aprobación de leyes y políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la igualdad, en materia de acceso a la información pública, y en relación a la independencia judicial, todo lo cual tiene un impacto positivo en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la información disponible indica que en los últimos 15 años se registró una importante reducción de la pobreza en varios países de la región.

Sin embargo, la región aún tiene profundos desafíos pendientes, tanto en materia de derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las graves violaciones del pasado, como en el ejercicio de los derechos humanos en el presente democrático. En algunos países continúan siendo generalizadas las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y en la región sigue siendo extendida la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles y centros de detención. Asimismo, existen significativos obstáculos en el acceso a la justicia. Los defensores y las defensoras de derechos humanos y los periodistas son objeto de amenazas, hostigamientos y asesinatos, que en un alto porcentaje permanecen impunes. Asimismo, hay una tendencia hacia la criminalización y represión de la protesta social en muchos países de la región, y se recibió información según la cual en algunos países se utiliza frecuentemente a las Fuerzas Armadas para el control de las manifestaciones y en funciones de seguridad ciudadana, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos. Además, se recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas policiales, lo cual genera un grave impacto, en especial sobre niños, niñas y adolescentes y sobre jóvenes afrodescendientes. La violencia contra los y las afrodescendientes, las mujeres, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex se perpetúa en un contexto de permisividad social y con altos niveles de impunidad para los perpetradores, mientras que las personas afrodescendientes siguen viviendo en condiciones estructurales de discriminación, la cual permea los sistemas judiciales. Finalmente, se recibió información sobre la elevada concentración de la propiedad y el control de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, lo cual deriva en una preocupante ausencia de diversidad y pluralismo. Asimismo, subsiste una situación de afectación a los derechos de niños, niñas y adolescentes como resultado del contenido de la programación de muchos medios de comunicación. Delegaciones de cinco Estados compartieron sus experiencias en el abordaje a este tema en una fructífera reunión convocada por la Comisión.

Por otra parte, el desarrollo económico de la región en las últimas décadas ha generado un impulso sin precedentes en la explotación de recursos naturales en el continente. En muchas ocasiones, estos proyectos de desarrollo no se manejan en estricto apego a los derechos humanos, y tienen un especial impacto sobre las personas afrodescendientes y sobre los pueblos indígenas y sus tierras y territorios ancestrales. En una de las audiencias, un participante indicó que se presentó ante la CIDH para «testimoniar la angustia y sufrimiento de muchos hermanos y hermanas que sufren en algunas circunstancias las consecuencias de una devastadora y cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano y sin ética». Es imprescindible que cualquier proyecto de desarrollo se realice de acuerdo a los estándares de derechos humanos del sistema interamericano, incluyendo el requisito de consulta previa. Asimismo, se recibió información preocupante sobre la existencia de una relación entre empresas extractivas y agentes de policía que serían contratados por estas. La explotación de recursos naturales genera diversos tipos de impacto que afectan no sólo a los pueblos indígenas y afrodescendientes sino a otros sectores poblacionales, incluyendo dificultades crecientes en el acceso al agua potable en algunas regiones, en especial en áreas rurales.

Las presiones del desarrollo sobre el medio ambiente habrían generado un aumento en los flujos de migrantes y desplazados internos. Estos fenómenos responden tanto a motivos económicos y de falta de oportunidades en el lugar o país de origen, como a intentos por escapar de situaciones de altos niveles de criminalidad y violencia, ya que la inseguridad ciudadana es otro problema generalizado en varios países del continente. Resulta alarmante la situación de grave vulneración a los derechos humanos en la que viven personas apátridas y miles de desplazados internos en el continente, así como las amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones forzadas de las cuales son víctimas cientos de miles de migrantes y de víctimas del tráfico y la trata de personas, incluyendo niños y niñas, muchos de ellos con fines de explotación sexual.

La CIDH recibió en este período de sesiones información altamente preocupante sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos que resultan de vivir en asentamientos urbanos. Asimismo, la pobreza continúa afectando en forma desproporcionada a las mujeres, los niños y las niñas, los pueblos indígenas, y las personas afrodescendientes, así como a las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

A fin de poder profundizar su trabajo en los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH anunció en abril de 2014 su intención de crear una Relatoría Especial, que empezaría a funcionar a fines de 2015, a condición de que se reciban los recursos financieros necesarios. Para alcanzar este objetivo, la CIDH invitó a los Estados Miembros de la OEA a colaborar con aportes a un fondo especial destinado a recaudar recursos que se dedicarán en forma exclusiva a la creación y las actividades de esta Relatoría Especial, invitación que la CIDH reitera a Estados miembros y otros donantes.

Finalmente, la CIDH recibió información de que las personas de algunos países sufren represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben «otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter» y no pueden «enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión».

La Comisión publicará en las próximas semanas un Informe sobre el 154 Período de Sesiones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Tomado de Comunicado de prensa 37/15