Poder Judicial y Ministerio Público emiten opiniones favorables a despenalizar el aborto por violación

Se espera que Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso debata este martes iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de más de 64 mil personas.

Las opiniones técnicas del Poder Judicial y el Ministerio Público a favor del proyecto de ley N° 3839-2014-IC, que propone despenalizar el aborto en casos de violación sexual, defienden la igualdad de derechos de las mujeres para decidir si desean o no continuar con un embarazo que es producto de una experiencia violenta y traumática.

En las conclusiones de su opinión técnica, el Poder Judicial afirma que la mujer, en su calidad de persona humana, debe ser considerada un fin en sí misma y no un instrumento para asegurar la perpetuación de la especie, por encima de su integridad personal y sus derechos sexuales y reproductivos.

Además, enfatiza que el Estado no solo está obligado a evitar que se produzcan casos de violación a mujeres, sino que debe garantizar que las consecuencias de los mismos no se prolonguen en el tiempo, a través de la imposición de un embarazo que «a todas luces resulta traumático y pluriofensivo».

DERECHO A DECIDIR

Por ello, el Poder Judicial concluye que la despenalización del aborto en casos de violación resulta razonable y proporcional y subraya que la imposición de un embarazo en estas condiciones «se convierte en una coacción legal ilegitima por parte del Estado, que no hace más que perpetrar las condiciones de desigualdad en que vive la mujer».

Finalmente, advierte que insistir en la penalización del aborto en casos de violación es persistir en la perpetuación de la violencia y discriminación estructural contra la mujer,» responsabilizándola, además, por la ineficacia del Estado en combatir los diversos hechos y delitos que vulneren sus derechos».

Por su parte, el Ministerio Público destacó el derecho de las mujeres a que la sociedad respete su decisión de interrumpir un embarazo, que es consecuencia de una violación, y que el Estado le provea de la atención necesaria para salvaguardar su salud y su vida.

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