Hablar de los derechos de las mujeres en Perú
En un Perú aún muy conservador, dominado por la Iglesia católica y las sectas evangélicas, romper el silencio sobre la violencia sexual y el aborto es un primer paso estratégico.
En abril de 2016 los peruanos elegirán un nuevo presidente. El elenco de presidenciables es bastante usual – ex presidentes y la hija de un ex presidente que ya se presentó, sin éxito, en la anterior convocatoria electoral. Los principales candidatos son todos conservadores y hablan de que el crecimiento económico es una prioridad. En muchos aspectos, estas elecciones no son muy distintas de las precedentes. Sin embargo, algo sí es diferente este año. Hay, por lo menos en una cuestión, una perspectiva más progresista que está echando raíces.
Recientemente, un candidato declaró que se oponía al aborto y un periodista le preguntó: «Pero ¿qué pasa en el caso de una violación?» Esa pregunta habría sido inconcebible en anteriores campañas presidenciales, a pesar de que Perú tiene una de las tasas más altas de violencia sexual de toda la región. Las cifras son impactantes: 1 de cada 5 mujeres peruanas sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 15, y 9 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años son fruto de un incesto. Los investigadores estiman que en Perú, cada año, 35.000 embarazos son a resultas de una violación.
El silencio en torno a la violencia sexual tiene en parte su explicación por la inclinación conservadora del país. Aunque el Estado consta como laico, Perú sigue siendo un país en el que tanto la Iglesia Católica como las sectas evangélicas, actualmente en crecimiento, ejercen una influencia considerable en la sociedad (y en el Congreso). El conflicto con el grupo maoísta Sendero Luminoso, que comenzó en 1980, duró 20 años. Y aunque Sendero Luminoso fue derrotado, los sectores progresistas de la sociedad civil peruana, que a menudo se encontraron en medio de un fuego cruzado, pagaron un alto peaje. A consecuencia del conflicto, la izquierda política quedó considerablemente debilitada. Pocos son hoy, por consiguiente, los defensores de causas progresistas. Dominan el espectro político las voces conservadoras.
Desde 2012, un grupo de feministas y activistas, incluyendo la organización asociada de la International Women’s Health Coalition Promsex, se han propuesto romper este silencio y situar los derechos reproductivos y la violencia sexual en la agenda pública en Perú. Pusieron en marcha una campaña bajo el lema Déjala Decidir, con la que pretendían recabar 60.000 firmas en apoyo de una propuesta para despenalizar el aborto en caso de violación. La campaña acabó superando este objetivo y se convirtió en la primera iniciativa ciudadana de este tipo en la región. En marzo de 2014, se validaron las firmas y ello dio lugar a un proyecto de ley que posteriormente fue debatido en dos comisiones del Congreso. La campaña pasó entonces a una segunda fase: la de solicitar apoyo a la legislación.
Las activistas se enfrentaron a varios retos, incluyendo una contra-campaña liderada por la Iglesia Católica y los antiabortistas radicales, que no sólo se opusieron a los esfuerzos por ampliar el acceso al aborto, sino que presionaron para criminalizarlo sin excepciones. Recientemente, Promsex también ha tenido que enfrentarse a una ola de ataques por parte de grupos antiabortistas, envalentonados por los ataques a los centros de Planned Parenthood en Estados Unidos. Esto ha motivado que diputados conservadores peruanos creen un subcomité en el Congreso para investigar a Promsex y otras organizaciones que presuntamente «promueven» el aborto en Perú. Promsex, sin embargo, ha continuado con su lucha sin inmutarse.
En un momento dado, pareció que el proyecto de ley iba a aprobarse, pero los diputados que se oponían al proyecto de ley se ausentaron físicamente de la cámara, de modo que no hubo quórum para su aprobación. En noviembre, el proyecto de ley fue objeto de debate en la Comisión Constitucional y se perdió la votación por 4 votos a favor y 6 en contra. El proyecto, por consiguiente, se archivó. Algunos diputados han solicitado, sin embargo, que el proyecto de ley se reconsidere de nuevo en 2016.
Aunque la campaña no logró su principal objetivo de despenalizar el aborto en caso de violación, se consiguieron importantes avances. La campaña sirvió para concienciar a la opinión pública acerca de dos temas fundamentales: la violencia sexual y los derechos reproductivos. El sindicato mayoritario del país salió en apoyo de la campaña y los principales periódicos, incluyendo Diario 16, lucieron durante semanas el símbolo de la campaña en su portada. Desde estrellas de telenovelas a senadores, pasando por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, todos declararon públicamente su apoyo a la propuesta. Las encuestas indican que la opinión pública a favor de permitir el aborto en caso de violación se ha incrementado.
Esta fue en parte la estrategia de los activistas: Promsex y sus aliados se dieron cuenta de que era poco probable que se aprobase el proyecto de ley, pero sabían que romper el silencio sobre la violencia sexual y el aborto era un primer paso estratégico. Al crear conciencia y educar a los legisladores, estaban sentando las bases para hacer progresar la causa de los derechos reproductivos en Perú. Hoy, cuando el país anda preparándose para las elecciones, Promsex se ha propuesto presionar a los candidatos para que discutan sobre el aborto. No se puede negar que se están gestando cambios en Perú.
Este artículo fue publicado previamente por International Women’s Health Coalition.
Tomado de https://opendemocracy.net/
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