Esterilizaciones Forzadas: Una Nueva Injusticia

Hace veinte años, diversos medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo hicieron pública una serie de denuncias sobre un hecho sumamente grave: cientos de mujeres habían sido sometidas a operaciones de esterilización sin haber expresado conscientemente su voluntad. En algunos de estos casos, las pacientes fallecieron por las malas condiciones en las que se realizaron las intervenciones quirúrgicas.

Los familiares de una de las víctimas mortales de estos sucesos, María Mamérita Mestanza, llevaron su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta instancia, el Estado peruano se comprometió a realizar una investigación que esclareciera los hechos, estableciendo quiénes son los responsables de los mismos, entendiendo que no solo estábamos ante casos aislados de una mala praxis médica, sino ante una política estatal.

Durante los últimos años, cientos de testimonios en buena parte del país se han dirigido a consolidar esta hipótesis de trabajo. El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado en la segunda mitad del gobierno de Alberto Fujimori, fue empleado para la esterilización masiva de cientos de personas –mujeres en su mayoría, pero también hombres– sin su consentimiento o con un asentimiento parcializado por el engaño o la amenaza. Se instalaron ferias, se obligó a personas a someterse a la anticoncepción quirúrgica con la amenaza de retirarles los beneficios de programas sociales o no se brindó la información adecuada respecto de este tipo de intervenciones. Asimismo, se pedían cuotas a los médicos involucrados. Además de las personas que fallecieron o quedaron con algún tipo de discapacidad luego de las operaciones, se han registrado graves secuelas psicológicas y sociales. Las víctimas se han visto expuestas a maltratos psicológicos, menosprecio por parte de su comunidad y violencia doméstica y de género.

A pesar de los 2.633 testimonios brindados, el Ministerio Público, en primera instancia, se ha negado a calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, decidió archivar la investigación contra el expresidente Fujimori como a los ministros de Salud en cuyo periodo se implementó esta práctica nefasta. En opinión de la fiscal Marcelita Gutiérrez, únicamente nos encontramos ante casos aislados, en los que los únicos que merecen una sanción son los médicos encargados de las intervenciones quirúrgicas sin consentimiento. Sin embargo, como ya ha señalado la prensa, no se ha considerado el pedido de metas y la imposición de estímulos y sanciones a los galenos y, menos aún, se han presentado los documentos que probarían el consentimiento informado de las pacientes. Estos elementos ya ameritan una inmediata revisión del caso ante una instancia superior, a fin de hacer una investigación que pueda brindar justicia pronta a las víctimas de estos execrables sucesos.

El caso de las esterilizaciones forzadas constituye el más serio maltrato a las mujeres peruanas durante las últimas décadas, conjuntamente con los sucesos de violencia sexual cometidos durante el periodo de violencia y, por supuesto, las escalofriantes cifras de asesinatos y violaciones registrados en los últimos años. En tiempos en que se ha adquirido mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres, continuar condenando a las víctimas de estos hechos a una perenne situación de injusticia es otra violación a sus derechos humanos. El Ministerio Público deberá rectificar, cuanto antes, esta afrenta puesta en forma de investigación fiscal.

Tomado de larepublica.pe (edición impresa 5.08.2016)