Las muertes maternas en el país son inaceptables

A inicios de esta semana conocimos el terrible caso de una menor de 17 años, embarazada de gemelas, que acudió el lunes 25 de noviembre al centro de salud de Tambogrande (Piura) pero que, a pesar de su estado, no fue atendida de emergencia oportunamente por falta de doctores disponibles y falleció camino al Hospital de Apoyo de Sullana.

Esta es la segunda muerte materna que enluta la ciudad de Tambogrande en solo nueve días. El 16 de noviembre, una mujer de 32 años murió como consecuencia de una gestación de 39 semanas complicada. La víctima fue trasladada a un consultorio privado y a otra clínica de Sullana. Lamentablemente, el ginecólogo no llegó a tiempo y dos horas después fue derivada a la clínica Olguín de la misma ciudad, donde falleció.

“Nadie debería morirse por estos casos. Es muy difícil predecir la complicación de un embarazo, pero algo que no puede fallar es la atención de la emergencia obstétrica. Todo establecimiento de salud, desde el más básico hasta aquel que se encuentra en el primer nivel de atención, debe brindar el soporte adecuado para tener una derivación asistida. Si se actúa de manera oportuna, el 90% de las causas de muerte obstétrica son prevenibles”, señaló Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX.

Según cifras de la Dirección Regional de Salud de Piura (DIRESA), hasta la primera semana de septiembre del presente año se habían registrado 17 muertes de gestantes en la región. En la mayoría de los casos, las víctimas se ubicaron en las jurisdicciones de Piura, Sullana y Huancabamba.

Solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para que se realice una adecuada investigación pública que determine cuáles han sido las causas reales de estas muertes y que establezca responsabilidades y sanciones para los culpables de actos de negligencia médica, de ser el caso.

No podremos reducir nuestro índice de mortalidad materna nacional mientras sigan existiendo fallas en la red sanitaria que impidan una adecuada atención frente a una emergencia obstétrica.

Las muertes maternas en el país son inaceptables.

Lima, 27 de noviembre del 2019

Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Comunicaciones Promsex
447-8668, anexo 1108

Exigimos acciones efectivas para atender la emergencia del dengue en Madre de Dios.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, manifiesta su preocupación frente a la situación de emergencia por el virus del dengue que en estos momentos se viene viviendo en la región Madre de Dios. En tal sentido manifestamos que:

  • Nos preocupan las cifras que ha dado a conocer la DIRESA ya que hasta hoy 21 de noviembre existían 3,120 casos de dengue confirmados y 17 fallecidos en lo que va del año.
  • Exigimos que se ponga especial atención a las muertes maternas y que las acciones se puedan enfocar en su prevención y atención.
  • Es urgente que el Estado despliegue todos sus esfuerzos para proveer a los servicios de salud con insumos de laboratorio para casos de dengue.
  • Exigimos al Gobierno Regional fortalecer las acciones comunicacionales a través de campañas estratégicas para fortalecer la cultura de la prevención del dengue en la región.
  • Es necesario que el Gobierno Regional movilice personal médico y de enfermería para atender a los pacientes del hospital Santa Rosa.

Promsex desde su oficina en Madre de Dios exige que las acciones del gobierno central y el gobierno regional estén enmarcadas en la atención principalmente de la población más vulnerabilizada, así como en la provisión de insumos y servicios necesarios para atender a las mujeres gestantes las mismas que podrían seguir sumando más muertes maternas si no son atendidas de forma adecuada.

Promsex
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Oficina Madre de Dios. Telf: 082-571480

Poder Judicial discrimina a parejas del mismo sexo

En una decisión inaudita, el juez del Primer Juzgado de Familia de Lima, Erick Veramendi Flores, ha solicitado que Armando Zorrilla, quien busca el reconocimiento de la unión de hecho con su fallecida pareja, debe someterse a “una evaluación psicológica ante el Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lima, además de una evaluación psiquiátrica ante el Instituto de Medicina Legal”. ¿El motivo? Haber mantenido una relación de convivencia con otro hombre.

Armando convivió con su pareja por más de 25 años. Compartieron negocios, bienes, sueños y el mismo departamento hasta el fallecimiento de Alejandro, en mayo del 2015. Desde hace cuatro años, Armando viene solicitando que el Poder Judicial reconozca su unión.

La unión de hecho es una de las figuras jurídicas de protección para parejas que no se unieron en un matrimonio. El artículo 326 del Código Civil señala como requisitos mínimos para su reconocimiento:

  • Unión libre, voluntaria y estable entre “un varón y una mujer” que se encuentran libres de impedimento matrimonial.
  • Convivencia mínima de dos años continuos.

Para “probar” esta unión, el Código Civil permite emplear cualquiera de los medios que contempla nuestro ordenamiento (documentos, testimonios, etc.). En estos casos es usual acreditar las uniones con la dirección registrada en el DNI, declaraciones de testigos, fotografías, documentos bancarios de cuentas compartidas, entre otros.

“En el Perú, a las parejas heterosexuales no se les requiere una evaluación psicológica o psiquiátrica para demostrar su orientación sexual. En cambio, a una pareja del mismo sexo sí y eso es discriminación”, señala Claudia Castro, abogada del área de Litigio Estratégico de PROMSEX.

Sin embargo, el juez a cargo del caso ha solicitado que Armando se someta a exámenes psicológicos y psiquiátricos para determinar su “orientación e identidad sexual”. Si se niega a hacerlas, recibirá una multa compulsiva y progresiva de 800 soles, monto que se incrementará con el paso del tiempo.

En el Perú, ninguna figura legal protege a las parejas del mismo sexo, por eso, la demanda de reconocimiento de unión de hecho interpuesta por Armando en noviembre del 2015 es la primera en el país y, de ser aceptada, puede dejar un importante precedente para que todas las parejas del mismo sexo sean reconocidas ante la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual”. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia reconocen y protegen estas convivencias. Es momento de que Perú se sume a la lista de países de la región, y del mundo, que reconocen los derechos de las parejas del mismo sexo.

Lima, 28 de octubre del 2019

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Comunicaciones Promsex: 
447-8668, anexo 109.

Por un acceso universal de la salud que atienda a todas

En una reciente entrevista, el premier Vicente Zeballos aseguró que el gobierno está preparando dos decretos de urgencia vinculados a temas de salud que serán aprobados en los próximos días: la ampliación de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) y el acceso obligatorio a medicamentos genéricos en farmacias privadas.

Frente a ello desde el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, manifestamos:

  • Saludamos que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se esté ampliando el acceso al SIS, iniciativa que ya había sido planteada por el presidente Vizcarra en su último mensaje de 28 de julio y que beneficiará a cuatro millones de ciudadanos que actualmente no cuentan con ningún tipo de seguro. Uno de los requisitos para acceder al SIS gratuito era tener una clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo, criterio que muchas veces era evaluado solamente por la ubicación geográfica del solicitante.
  • Saludamos también el decreto de urgencia que busca que toda farmacia o botica privada cuente obligatoriamente con un listado de medicamentos genéricos, productos biológicos y dispositivos médicos. De esta manera, se garantiza la accesibilidad y disponibilidad de estos materiales, para beneficio de los pacientes más pobres del país.
  • Nos preocupa cómo, a pesar de estos avances en la universalización de la salud, aún hay sectores de la población que quedan marginados de la promesa de una atención integral y oportuna. Nos referimos en particular a las niñas y adolescentes que, debido al desconocimiento y la incomprensión de muchas autoridades y miembros del personal de salud, se les niega el derecho a acceder al aborto terapéutico y se ven obligadas a llevar un embarazo forzado. Numerosos estudios dan cuenta de los daños permanentes a la salud física y psicológica a los que una menor de quince años se ve expuesta cuando está embarazada.
  • Alertamos al Ministerio de Salud y al Primer Ministro sobre el caso reciente de una niña de diez años que llegó a un hospital público con 14 semanas de embarazo y cuyo derecho al aborto terapéutico se viene debatiendo con mucha incertidumbre por parte del personal de salud encargado de su atención y que viene postergando injustificadamente esta intervención.
  • Le recordamos al Ministerio de Salud que el aborto terapéutico es una práctica legal en el Perú desde 1924. El Estado peruano ha ratificado tratados de derechos humanos y, por consiguiente, está comprometido a implementar las recomendaciones que emitan organismos internacionales. Precisamente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer condenaron al Perú por vulnerar los derechos de dos menores de edad embarazadas a quienes negó la posibilidad de acceder al aborto terapéutico.

Reiteramos nuestra preocupación y exigimos que el gobierno peruano cumpla con sus compromisos internacionales para que ninguna niña quede atrás. No queremos más muertes maternas de niñas ni de adolescentes.

Lima, 21 de octubre del 2019

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

PROMSEX lanza nuevo estudio sobre aborto

Nueva encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) -realizada por encargo de PROMSEX- revela que el 19% de mujeres peruanas se ha realizado un aborto.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) encargó al Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP) el estudio: “El aborto en cifras: Encuesta a mujeres en el Perú”, una investigación realizada a mujeres entre 18 y 49 años que residen en zonas urbanas de todo el país.

Los resultados obtenidos reflejan la incidencia geográfica del aborto en el Perú, así como el perfil socioeconómico y educativo de las mujeres que han abortado. Entre los principales hallazgos se encuentran:

  • Cerca de un millón de peruanas (19%) han abortado a nivel nacional.
  • La práctica del aborto es transversal a todos los niveles socioeconómicos, con una mayor incidencia en los sectores C, D y E (81% del total).
  • Las mujeres abortan en todas las edades y no es una práctica exclusiva ni mayoritaria de adolescentes o jóvenes.
  • El 58% de las mujeres acudieron a un profesional de la salud para interrumpir el embarazo.
  • Los métodos más empleados son las intervenciones quirúrgicas (47%) y las pastillas (32%).
  • El 17% de mujeres que interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser hospitalizadas. Este porcentaje aumenta a 49% entre las mujeres que tuvieron un aborto quirúrgico.
  • Las mujeres que han abortado tienen en promedio 2.5 hijos.

“El aborto es una realidad y continuará siéndolo. Su realización no debería exponer a las mujeres a situaciones de criminalización ni a prácticas inseguras que pongan en riesgo su salud y sus vidas”, indicó Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX.

Desde PROMSEX, exigimos al Estado garantizar el respeto irrestricto de los derechos sexuales y reproductivos de todas las peruanas, así como reconocer su autonomía reproductiva para elegir cuándo y cómo ejercer su maternidad. Ninguna mujer, niña o adolescente debe ser criminalizada por interrumpir un embarazo.

Lima, 28 de septiembre del 2019

#TodasAbortamos
Comunicaciones PROMSEX:
447-8668, anexo 118

 

 

 

 

 

 

 

Es momento de prevenir el embarazo adolescente en el Perú

  • 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas por primera vez (ENDES 2018).
  • Solo en el 2018, se atendieron más de veintidós mil partos de niñas entre 12 y 18 años (22,129 casos registrados por el MINSA).
  • 41% de nacimientos prematuros registrados el 2019 lo tuvieron niñas y adolescentes entre los 12 a 17 años. (MINSA).

Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, así como el Día Mundial de la Anticoncepción, pero no hay nada que celebrar. América Latina y el Caribe es la segunda región con mayor tasa de embarazos en adolescentes, problema de salud pública que durante más de dos décadas ha representado uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país.

La estadística es contundente. El año pasado, 22 129 adolescentes entre los 12 y 18 años se convirtieron en madres. La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2018) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que las adolescentes que viven en áreas rurales, que solo tienen educación primaria o que se encuentran en situación de extrema pobreza son las que presentan mayor riesgo de quedar embarazadas.

A diferencia de otras mujeres, las adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muertes a consecuencia de un embarazo. Además, se encuentran menos preparadas económica y emocionalmente para atravesar por esta experiencia.

“El embarazo no deseado en adolescentes hace tiempo ha dejado de ser un indicador de salud para ser un indicador de desigualdad. Una madre adolescente tiene el doble de posibilidades de quedar embarazada por segunda vez en menos de dos años, tendrá menos nivel educativo y, en consecuencia, menos posibilidades de acceder a un trabajo remunerado”. sostiene Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX.

En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, el Estado peruano ha fijado como meta nacional reducir en 20% el embarazo en adolescentes. Por otro lado, el Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 plantea reducir el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que ya son madres o están embarazadas por primera vez al 11%.

Desde PROMSEX, consideramos que ha llegado la hora de que el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Es momento de instaurar lo más pronto posible una educación sexual integral en todo el país. De garantizar una atención especializada en los servicios de salud, con acceso a métodos anticonceptivos modernos y una adecuada consejería en sexualidad. De implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en coordinación con los gobiernos regionales y locales del país.

Es momento de poner a los niños, niñas y adolescentes primero.

#MiMomento

Lima, 26 de septiembre del 2019

Comunicaciones PROMSEX:

447-8668, anexo 118

Promsex contra la trata de personas

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, manifestamos nuestra preocupación por los escasos esfuerzos para abordar este problema de manera integral poniendo en el centro de la actuación estatal a las víctimas y a la prevención del delito. Desde PROMSEX, concebimos la trata como una forma de violencia basada en género y una afectación de los derechos humanos. Por ello, exigimos un compromiso público firme para prevenir y erradicar este delito, con el objetivo que se garantice el bienestar integral y los derechos de las víctimas, especialmente niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTI.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas demandamos a las instituciones públicas de nuestro país tomar las siguientes medidas:

  • Reforzar el marco normativo con la aprobación de una ley integral para la prevención y atención de la trata de personas. De igual manera, implementar adecuadamente el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, así como los planes regionales aprobados en esta materia, incluyendo las asignaciones presupuestarias respectivas y las medidas de coordinación interinstitucional necesarias. Es importante que este marco normativo considere los enfoques de interculturalidad, derechos humanos e igualdad de género.
  • Mejorar la coordinación interinstitucional (Estado, gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales) e intersectorial (salud, educación, entre otras) en el abordaje de la prevención de la trata de personas y la atención integral de sus víctimas. Para ello, es imprescindible contar con la implicación y el compromiso de las distintas instituciones públicas que poseen competencias en estos ámbitos.
  • Mejorar la atención a las víctimas de trata a través de capacitaciones dirigidas a las personas encargadas de los servicios. Resulta necesario enfocar estos servicios en responder a las necesidades de las víctimas- alojamiento, resocialización, acompañamiento emocional, entre otras-, a su protección y a la garantía de sus derechos, con una perspectiva de abordaje a largo plazo, que evite su retorno a las redes de trata.
  • Orientar el proceso de atención de las víctimas a la restauración de sus derechos y el acceso a los servicios que requieran para su adecuada recuperación. Garantizar, asimismo, el acceso a la justicia para las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, erradicando los estereotipos de género que las revictimizan y violentan en los procesos judiciales. Asegurar, finalmente, investigaciones efectivas para acabar con la impunidad de este delito complejo y cambiante.
  • Después de operativos recientes como la Operación Mercurio en la región de Madre de Dios, es imprescindible contar con información pública sobre los alcances, logros y desafíos que se tienen con relación a los nuevos espacios, rutas y procesos en los que se asienta la trata de personas. Asimismo, resulta necesario conocer las medidas adoptadas para garantizar la seguridad a las víctimas que se han logrado rescatar.
  • Fortalecer los espacios de articulación y concertación entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada para impulsar y promover acciones consensuadas de prevención de la trata de personas y de abordaje integral de sus causas en todos los niveles de actuación estatal.
  • Visibilizar y problematizar el fenómeno en la ciudadanía para que se reconozcan los medios de captación, el funcionamiento de las redes de trata, los factores de riesgo y los medios de denuncia disponibles con el objetivo de ampliar las acciones de prevención de este fenómeno.

 

#ConLaTrataNoHayTrato

Lima, 23 de septiembre de 2019.

Comunicaciones PROMSEX

Prensa: 447-8668 anexo 118

 

Primer caso de tortura por discriminación contra una persona LGTBI llega a la Corte Interamericana de DDHH.

(Barranquilla, 27 agosto de 2019) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considerará hoy por primera vez en su historia un caso de tortura por discriminación contra una persona LGTBI en América Latina. Se trata del caso de violencia sexual como tortura sufrida por Azul Rojas Marín.

Azul fue detenida arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional del Perú el 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (La Libertad). Durante su detención los agentes agredieron a Azul con expresiones homofóbicas (Azul en ese entonces se identificaba como un hombre gay), la trasladaron a una comisaría, la forzaron a desnudarse y la violaron con una vara de reglamento. Pese a que presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura, más de 11 años después de estos hechos, los responsables aún no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú.

Azul llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y REDRESS.

La Comisión consideró que por la naturaleza y forma de la violencia hubo un especial ensañamiento contra Azul debido a su orientación sexual percibida por los agentes, lo cual constituyó tortura con un fin discriminatorio. La CIDH encontró que el Estado peruano no investigó con debida diligencia la denuncia de Azul, con el factor agravado del prejuicio existente en Perú respecto a las personas LGTBI.

La CIDH recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño material y moral sufrido por Azul y por su madre, incluyendo medidas de satisfacción, rehabilitación y compensación, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. La Comisión consideró que Perú no había dado cumplimiento integral a las reparaciones ordenadas, por lo que el 22 de agosto de 2018 sometió el caso a la Corte IDH.

Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región.

Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal.

Para más información, por favor, contacte a:
Eva Sanchis, Directora de Comunicación de REDRESS: eva@redress.org o +44(0)20 77931777

En Perú:
Luis Yañez, asesor de comunicaciones de Promsex (Perú) luis@promdsr.org o al 447-8668 anexo 118
Fernando Chinchay, comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fchinchay@derechoshumanos.pe

Promsex exige la prohibición de las “terapias de conversión” que atentan contra el derecho a la salud de las personas LGBTI

A los 18 años, Thomas, un joven trans peruano, fue sometido a un “exorcismo” en una iglesia evangélica para “sacarle el demonio” que supuestamente habitaba su cuerpo. El psicólogo que “trató” la homosexualidad de Daniel le pidió que se masturbara viendo porno y que tuviera relaciones con una mujer delante de él. En México, Iván pasó por una terapia de conversión a los 15 años mientras que, en Ecuador, Zulema fue internada contra su voluntad por 21 días y sometida a maltratos y humillaciones por el hecho de ser lesbiana.

Las terapias de conversión (también llamadas “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género” o ECOSIG) son prácticas no aceptadas por las ciencias de la salud mental y constituyen una forma de tortura, según la ONU. Las personas LGBTI que llegan a estos supuestos “centros de ayuda”, llevados a la fuerza por familiares que buscan su “curación”, reciben un trato discriminatorio, cargado de violencia física y psicológica, que atenta contra su dignidad. En la mayoría de las ocasiones, las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

El artículo “Terapias de la tortura”, publicado en La República*, muestra terribles testimonios que grafican cómo estas prácticas se realizan con el respaldo de iglesias evangélicas y centros psicológicos cristianos. Dichos centros ofrecen este servicio, camuflado entre consultas médicas y tratamientos de adicciones por alcohol o drogas, con una impunidad preocupante.

En el Perú, iglesias cristianas como el Movimiento Misionero Mundial o El Aposento Alto son el nexo con estos centros, que son atendidos por profesionales que brindan información falsa, basada en creencias religiosas y no en bases científicas.

Desde Promsex, exigimos al Ministerio de Salud (MINSA) que se pronuncie públicamente para reafirmar el compromiso del Gobierno peruano con la protección y garantía de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y que prohíba efectivamente estas falsas terapias de conversión, como ya lo hacen países de la región como Brasil y Ecuador. El MINSA debe investigar y clausurar de forma definitiva los centros de salud mental que desarrollen estos tratamientos.

Demandamos que el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Psicólogos de Lima y el Colegio de Psicólogos del Perú tomen medidas firmes para sancionar la conducta antiética de sus profesionales involucrados en las prácticas que atentan contra el derecho a la salud de las personas LGBTI y que deben ser proscritas en el actuar de las y los profesionales de la salud. La Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su lista de trastornos mentales en 1973 y la OMS hizo lo propio en 1990. Además, en 2018 la transexualidad perdió la categoría de trastorno psicológico en la clasificación de patologías de la OMS.

Igualmente, solicitamos que la Comisión de Salud del Congreso de la República inicie el debate de la incorporación de un artículo en el Código Penal Peruano y en la Ley General de Salud que castigue la promoción de dichas terapias de conversión.

La orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades y no pueden curarse.
Las terapias de conversión son tortura.

#ConversiónEsTortura

Lima, 14 de agosto de 2019

Comunicaciones Promsex
4478668 anexo 118

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*Este reportaje forma parte de la serie colaborativa “Transnacionales de la Fe”, proyecto de la Columbia Journalism Investigations que cuenta con el apoyo del CLACAI y que involucra a periodistas de 16 medios latinoamericanos que investigaron el crecimiento del poder político evangélico y su agenda fundamentalista en América Latina, alentada por la administración de Donald Trump.

COMUNICADO

Luego de recibir los resultados de la Comisión Investigadora designada para revisar los hechos que se le atribuyen, la Asamblea General de Asociados de PROMSEX, reunida el 31 de julio, ha acordado por unanimidad separar y excluir definitivamente a Jerónimo Centurión Aguirre, al haber incurrido en el artículo 15, acápites a, b y d de los Estatutos¹ de la asociación.

La Comisión Investigadora concluyó que el Sr. Centurión transgredió límites indispensables en las relaciones de trabajo, no adoptó medidas correctivas de forma inmediata, no valoró los daños provocados por sus actos y brindó información incompleta de los hechos a la institución. El mismo Sr. Centurión admitió ante la Comisión Investigadora haber cometido errores graves respecto a su actuar como asociado de PROMSEX y como proveedor de la asociación. Esta conducta, irresponsable e inaceptable, no corresponde a la que se espera para cualquier persona vinculada a PROMSEX, más aun tratándose del presidente de su Consejo Directivo.

La Comisión Investigadora, conformada por dos integrantes de la Asamblea General y una trabajadora, recopiló la información disponible y ha respetado en todo momento los principios de presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa del Sr. Centurión.

Ni la Comisión Investigadora ni la Asamblea de Asociados de PROMSEX han recibido de manera directa la denuncia. Aunque no le compete comprobar la veracidad de este y otros hechos imputados, la asociación está dispuesta a acompañar a las víctimas en caso ellas decidan hacer una denuncia formal ante los órganos jurisdiccionales pertinentes.

PROMSEX cuenta con políticas institucionales en contra del acoso y hostigamiento sexual, que se expresan en nuestros Estatutos, nuestro Código de Conducta contra la Discriminación y las Violencias de Género, y en nuestro Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente.

Para prevención y atención de denuncias similares que involucren a trabajadores, asociadas y asociados, mejoraremos nuestros protocolos para que se determinen los pasos a seguir de manera automática y sin discrecionalidad, dejando constancia de lo actuado y limitando la exposición al riesgo de la denunciante.

Reiteramos nuestras más sinceras y profundas disculpas a las personas que han sido afectadas por el comportamiento de una persona integrante de nuestra organización. Las puertas de nuestra institución siempre estarán abiertas para darles nuestro apoyo y solidaridad. Nuestro compromiso con la lucha por el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la eliminación de todo tipo de violencia basada en el género permanece intacto.

Lima, 09 de agosto del 2019


  1. “ARTÍCULO 15°.- Son causales de separación definitiva de la asociación y por consiguiente pérdida de la calidad de asociado/a:
    a) Causar daño moral o pecuniario a la asociación.
    b) Los que observaran una conducta que atente contra los intereses de la asociación o de sus miembros, y de los que demuestran conducta dolosa sea contra ella, contra terceros o ante la asociación o el Estado (…)
    d) Tener o profesar conductas discriminatorias, ofensivas o insultantes, así como cualquier tipo de agresión sea esta verbal, física o por incitación a terceros contra cualquier asociado/a, trabajador/a o persona que se relaciones directa o indirectamente con la asociación.”