“Los jóvenes somos la fuerza del cambio, no podemos quedarnos al margen de nuestro destino”. Esta poderosa afirmación, pronunciada por una de las delegadas durante la Cumbre Nacional de Jóvenes – En Defensa de Nuestros Derechos, celebrada en julio de este año, subraya la determinación y el entusiasmo de una generación decidida a transformar su futuro. Con la participación de más de 100 jóvenes de Amazonas, Cajamarca, Piura y Lima, esta cumbre destacó los logros positivos que, gracias al apoyo de la Unión Europea, las organizaciones beneficiarias de los Fondos Concursables EMPODERA están alcanzando en áreas cruciales como la educación sexual integral, el fortalecimiento del liderazgo juvenil, y la salud mental y sexual-reproductiva, entre otras. Estas iniciativas están enriqueciendo el panorama juvenil y ofreciendo soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentan en Perú.
Representando el 23,3 % de la población peruana, con más de 7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años (INEI, 2023), la juventud está enfrentando con determinación y capacidad los desafíos relacionados con la desigualdad, particularmente para grupos en situación de vulnerabilidad como afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas LGBTIQ+, indígenas y con discapacidad. La clave para que la actual generación alcance su pleno potencial radica en asegurar una educación de calidad y equitativa. No obstante, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema educativo tras la pandemia de la COVID-19, persisten deficiencias significativas. El informe “Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2023” revela que muchos escolares aún no alcanzan niveles satisfactorios en comprensión lectora y matemáticas a nivel nacional (Minedu, 2023). Además, las disparidades en los recursos educativos entre zonas urbanas y rurales siguen afectando la infraestructura, el mobiliario y los servicios básicos.
Considerando la arremetida de los sectores antiderechos contra el enfoque de género y las diversas políticas públicas logradas en las últimas dos décadas, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo de turno han dado un duro golpe a la educación del país, afectando importantes reformas como la calidad educativa universitaria, la meritocracia con la Carrera Pública Magisterial, la censura en los textos escolares, la eliminación del lenguaje inclusivo, el abandono de los espacios de participación adolescente y la normalización de la violencia con declaraciones inaceptables de los titulares del sector Educación y Mujer, estigmatizando a las comunidades amazónicas.
La precariedad laboral juvenil también refleja las consecuencias de decisiones políticas cuestionables. Aproximadamente el 85% de las y los jóvenes en el Perú, entre 14 y 24 años, trabajan en el sector informal, lo que limita su acceso a beneficios sociales y estabilidad laboral (INEI, 2023). La tragedia del incendio en la galería Nicolini en 2017, que cobró la vida de dos jóvenes trabajadores, ejemplifica las duras realidades que enfrentan.
En el marco del bono demográfico, donde la población económicamente activa menor de 25 años constituye el 14,5 % del total nacional (INEI, 2024), estamos en una etapa crucial para impulsar el crecimiento económico y social del país. Este período presenta una oportunidad única para invertir en educación, salud y empleo juvenil, y así maximizar el potencial de esta valiosa fuerza laboral. Sin embargo, la falta de programas estatales que fomenten la innovación y el emprendimiento está limitando significativamente las oportunidades para la juventud. Para que la recuperación económica sea inclusiva y efectiva, es fundamental crear oportunidades equitativas que promuevan el acceso a la capacitación y formación continua. La juventud debe tener la posibilidad de desarrollar y perfeccionar competencias y habilidades acordes con las demandas del mundo globalizado, al mismo tiempo que se valoran y preservan los conocimientos ancestrales.
La salud de la juventud también está recibiendo atención en la sociedad, pero aún hay áreas que necesitan fortalecerse, como el acceso a la salud y la prevención. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2023) señala una alta tasa de embarazos adolescentes, lo que exige una respuesta más efectiva para mejorar la salud sexual y reproductiva y la educación integral en estas áreas. Además, el retorno a la presencialidad ha revelado serios desafíos en salud mental, con el 32,3% de los jóvenes reportando problemas de salud mental o emocional, siendo las mujeres las más afectadas (INEI, 2022). La falta de acceso a una salud pública de calidad y la escasez de profesionales en el sector agravan las brechas existentes en igualdad y derechos humanos, representando un costo significativo para la sociedad.
Las juventudes en el Perú están cada vez más comprometidas con la participación política, enfrentando con determinación las barreras estructurales y buscando espacios inclusivos en las instituciones políticas. A diferencia de la clase política tradicional, las y los jóvenes participan de manera diferenciada, distanciándose de las malas prácticas que han dañado la democracia. A pesar de la estigmatización y los prejuicios que enfrentan, están demostrando su capacidad para liderar y tomar decisiones, exigiendo su derecho a ser escuchados y a influir en la toma de decisiones políticas. Las protestas de 2022 y 2023, que lamentablemente resultaron en la pérdida de 49 vidas, han evidenciado la fuerza y el compromiso de la juventud por un cambio positivo. En lugar de dejarse desanimar por los desafíos, las y los jóvenes están construyendo nuevas formas de participación que buscan transformar la política y fortalecer la democracia con prácticas transparentes, inclusivas y orientadas hacia el bien común.
En medio de todos los desafíos, las organizaciones juveniles están liderando transformaciones significativas en sus comunidades con acciones innovadoras. La iniciativa “Diálogos Jóvenes por la Educación”, liderada por Promsex y Centro Ideas con el apoyo de la Unión Europea, es un ejemplo de cómo se está trabajando para reconstruir la esperanza y fortalecer los espacios de participación juvenil, garantizando sus derechos en espacios seguros y de confianza. La participación activa de la juventud en la construcción de su futuro es esencial para garantizar un país más justo y equitativo.
En el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, es el momento de dejar atrás las malas prácticas políticas y demostrar que las voces jóvenes tienen un impacto real en la sociedad. Los objetivos de desarrollo sostenible nos ofrecen una ruta para unir esfuerzos y avanzar de forma conjunta. Es vital abrir los espacios, construir puentes y trabajar en conjunto para lograr un cambio intergeneracional que respete la memoria y la dignidad. El país debe reconocer el valor y la potencialidad de su juventud, garantizando un futuro equitativo para todas las personas.
