La trata de personas no solo es un delito, sino también una violación de derechos humanos que afecta a miles de mujeres, adolescentes y jóvenes cada año en nuestro país. Con múltiples consecuencias en la vida, salud e integridad de sus víctimas, la trata es un flagelo que se alimenta de la vulnerabilidad social, de la desigualdad de género y de las “ausencias” del Estado, para cumplir su rol de garante en la protección de derechos, así como de la pobreza.

La investigación sobre las representaciones sociales (RS) de las sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual y de quienes administran justicia y asumen su tutela y cuidado aporta información sobre su impacto en la vida después del rescate. La centralidad del prejuicio respecto a la explotación sexual es un elemento común entre todos los actores. Otro elemento común es el traslado parcial de la responsabilidad del delito hacia la sobreviviente y sus familias, culpando a las primeras por su conducta y a las segundas por su negligencia en el cuidado.

Se individualiza las responsabilidades y se despolitiza el tema, liberando al Estado de su responsabilidad por generar condiciones propiciadoras para la trata de personas. Luego de su rescate una nueva relación asimétrica de poder las subordina y revictimiza al limitar sus derechos humanos bajo el argumento de protegerlas.

En Perú, en los últimos años las alarmantes cifras por el delito de trata de personas y sus diversas formas de explotación sexual y laboral evidencian que nadie, pero sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, se encuentra libre de caer en estas redes. Sin embargo, el contexto judicial peruano demuestra que las personas sobrevivientes de este delito se enfrentan a una serie de barreras judiciales cuando emprenden su búsqueda por justicia. Además de los altos niveles de corrupción, diversas decisiones judiciales han puesto en evidencia la constante reproducción de estereotipos de género construidos a partir del arquetipo de «víctima ideal» del delito de trata y delitos conexos. Una barrera judicial que, además de ignorar la condición de vulnerabilidad de la sobreviviente, propicia un ambiente de impunidad en torno a este delito.

La evidencia muestra que, en los últimos años, el fenómeno de la trata de personas se ha expandido y que su caracterización ha cobrado nuevos matices. El contexto de pandemia por COVID-19 ha incrementado los factores de vulnerabilidad y ha producido un aumento en el uso de medios digitales, promoviendo nuevas formas de captación y explotación de víctimas. En el Perú, el contexto de minería informal genera un escenario propicio para el desarrollo de la explotación sexual y laboral, en donde se insertan las víctimas de trata. Las principales regiones con estas características son Madre de Dios y Piura. En ese sentido, en el presente documento, se propone una política regional orientada al fortalecimiento de la gestión institucional y de la prevención contra la trata de personas en contextos de minería informal.