100 años de Aborto Terapéutico en el Perú

Han pasado 30 años desde que se incluyó por primera vez el concepto de derechos reproductivos en un documento oficial de las Naciones Unidas. Este hito se produjo en el marco de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y respaldada por más de 170 países. En este evento, se aprobó un Plan de Acción con el propósito de reconocer el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones reproductivas, lo que revolucionó las políticas públicas de población y desarrollo, dejando atrás aquellas de control demográfico. 

Este logro no fue casual, ya que estuvo antecedido por al menos 30 años de activismo feminista y el desarrollo de investigaciones sociales y buenas prácticas. Las ONG de este entonces impulsaron estos trabajos para demostrar cómo la desigualdad de género impactaba en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y cómo afectaba el desarrollo de los pueblos al imponer cargas desproporcionadas debido a normas sociales que reducen el potencial de vida de al menos el 50% de la población.

Desde ese entonces muchos aspectos han cambiado: se producen menos muertes maternas, muchas más mujeres podemos decidir cuántos hijos tener, existen políticas e instituciones que combaten las violencias de género, se han logrado cambios sustantivos en el acceso a la educación y hay oportunidades laborales que han transformado nuestras actividades económicas. Además, hay un mayor reconocimiento de la participación de las mujeres en política y en la toma de decisiones.

Sin embargo, esto aún no representa la igualdad completa y existen amplios sectores de la población que han quedado excluidos. No podemos ignorar que los avances logrados son todavía insuficientes, pues existen amplios sectores de la población, en particular mujeres, cuyos derechos aún no son reconocidos y se enfrentan a situaciones inaceptables que niegan derechos reconocidos por décadas. 

Uno de estos derechos negados es el aborto terapéutico, a pesar de que la ley lo reconoce desde hace 100 años. Cuando se despenalizó tenía como fin prevenir un daño grave y permanente a la salud de las mujeres mediante la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en ese mismo marco legal, también se incluyó la penalización del aborto en casos de violación o malformaciones fetales, con penas muy simbólicas de entre 3 y 6 meses.

Desde que esta ley entró en vigencia en 1924, no ha habido esfuerzos significativos por parte del Estado para su correcta implementación, salvo una breve mención varias décadas después en el denominado código de ética del Colegio Médico del Perú, que ordenaba la constitución de una junta médica. Esto llevó a que en el Perú se negara por décadas el derecho a la interrupción legal al aborto, obligando así a recurrir a prácticas inseguras y peligrosas.

Fue recién a partir del 2003 que se empezó a exigir el cumplimiento de esta ley, lo que implicó varios años de lucha y tristes eventos que fueron hechos públicos, como los casos de K.L. y L.C., que llevaron a que el Perú recibiera una sanción internacional. Esto obligó al país a aprobar, 90 años después, el protocolo de aborto terapéutico.

De hecho, este no se trata de un gran avance, sino simplemente del cumplimiento de una obligación que el Estado no venía atendiendo y que lamentablemente todavía incumple de manera cotidiana, afectando principalmente a las más pobres, en particular a niñas y adolescentes, muchas de las cuales son víctimas de violación o tienen embarazos producto de la desinformación y la falta de acceso a los servicios.

A 100 años de su legalización, el reconocimiento del derecho al aborto terapéutico sigue siendo un camino lleno de desafíos en el Perú. Desde la sociedad civil, nos toca seguir trabajando para que todas puedan ejercer este derecho, y que ello les permita tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.