Atención mutua que niega familias

El congresista evangélico fujimorista Julio Rosas presentó la semana pasada, el Proyecto de Ley N° 2801/2013-CR que pretende regular la «Atención Mutua» entre dos personas para reconocer derechos patrimoniales, en especial los pensionarios y hereditarios; a manera de contrapropuesta a la iniciativa de «Unión Civil No Matrimonial» del congresista Carlos Bruce.

El congresista Rosas, al tratar de dar forma jurídica a sus creencias religiosas, termina desarrollando una propuesta que provoca nada más que las risas de estudiantes de derecho. A tal punto, que algunas congresistas, como la Sra. Martha Chávez, de la misma bancada fujimorista, ante la evidencia de lo absurdo e incoherente del proyecto de ley, manifestaron que no habían leído detenidamente el documento, lamentando haber puesto su firma.

Lo cierto es que la propuesta de «Atención Mutua» no reconoce derechos, sino que limita los que ya existen. Es decir, el proyecto niega que las parejas del mismo sexo sean familia, y no los reconoce como parientes de ningún grado; reafirmando la prioridad sobre el patrimonio, las pensiones y la herencia a los familiares ascendientes o descendientes, extendiendo este candado, de manera forzada, a la decisión sobre el inicio de tratamientos quirúrgicos de emergencia.

Por el contrario, una de las principales características del Proyecto de Ley de Uniones Civiles del congresista Bruce, es otorgar el mismo tratamiento de parientes de primer grado a los compañeros civiles, lo que les permite acceder a derechos fundamentales como la habitación, seguridad social, pensiones, recibir alimentos, protección contra la violencia familiar, entre otros, más allá de compartir su patrimonio, en el marco del Derecho de Familia. Es decir reconocer un cambio en su estado civil a partir de la propia decisión de establecer un hogar con una pareja con proyectos de vida comunes.

Entonces, la exclusión del reconocimiento de estas parejas como parientes de algún grado hace que los derechos personales, como la decisión sobre las pensiones o la herencia, no puedan ser aplicables porque no se dan dentro de las relaciones de familia reconocidas jurídicamente. Lo mismo para la decisión en problemas de salud.

Por ejemplo, la iniciativa Rosas plantea que «el otro podrá heredar, siempre y cuando no existan herederos legales». Esta es la realidad vigente. Pero el proyecto reafirma y ubica a las personas gais y lesbianas después del sexto orden de familiares legales. Adicionalmente, cualquiera de los tres supuestos nuevos derechos que se pretendían reconocer, solo podrán ser aplicables después de dos años de inscrita la atención mutua, ante un libro poco claro de los Registros Públicos.

El documento, en el fondo, no plantea ningún cambio legal o si quiera la intención de solucionar un problema de discriminación «de cualquier índole», como lo menciona en su exposición de motivos; por el contrario, coloca candados a situaciones de exclusión basadas en la orientación sexual de las personas. Es lamentable que existan congresistas que desarrollen proyectos de ley sin conocimientos jurídicos elementales; y se firmen sin importarles su contenido. Pero, más allá de lo caricaturesco de esta situación, Claramente se observa la estrategia de sectores opositores a los derechos humanos, que tratan de bloquear la igualdad ante la ley y la democracia en el país.

George Liendo