Cifras de embarazo adolescente no se han reducido en 25 años

“No hay un enfoque integral de políticas públicas para poder revertir los indicadores, el presupuesto asignado es a todas luces insuficiente. Para empezar, no existe un presupuesto específico para disminución del embarazo adolescente, se está empeñando el desarrollo de miles de peruanas en el país”, afirma a Noticias Aliadas Rossina Guerrero, directora de Incidencia Política del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

El estudio realizado por el doctor Luis Távara “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes en el Perú”, publicado en el 2015, advierte que esta prevalencia se da con grandes diferencias por niveles educativos, por ámbito geográfico (urbano y rural) y por quintiles de pobreza, pese a que se han aplicado diversas estrategias para enfrentar este problema —desde el 2013 el Estado peruano cuenta con un Plan Multisectorial para la prevención del embarazo adolescente (2013-2021), y desde el año pasado el Ministerio de Salud cuenta con una Norma Técnica de Planificación Familiar que determina que ya no hay edad mínima para tener acceso a los métodos anticonceptivos— y todos los establecimientos están obligados a prestar servicios integrales de planificación familiar cuando la adolescente lo solicite.

Guerrero sostiene que lamentablemente este plan no se ha traducido en la mejora y protección de las adolescentes. El embarazo precoz es la segunda causa de deserción escolar en el país: 25%, es decir, más de un millón de adolescentes se quedan fuera del sistema educativo;  y posteriormente las madres adolescentes deben salir a trabajar en labores poco remuneradas para poder mantener a sus hijos, lo que las condena a la pobreza.

Uno de los principales problemas identificados por los expertos es que desde el Estado sólo se está atendiendo la problemática desde un enfoque de salud. Távara remarca que el manejo desde el Estado ha sido unisectorial y no multisectorial, mientras que Irene Del Mastro, magister en estudios de género de la University of Wisconsin, Madison, señala a Noticias Aliadas que el problema no se reduce sólo a tener acceso a la salud y a los métodos anticonceptivos.

“El enfoque del Estado no ha solucionado nada”, dice Del Mastro. “Desde hace 25 años las cifras siguen siendo las mismas, en 25 años ha oscilado entre 12% y 14%, es decir, no hay ningún cambio”.

Conservadurismo al ataque
La maternidad en el país está empezando cada vez más temprano. Cada día 15 niñas de entre 11 y 15 años se convierten en madres, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), teniendo una mayor incidencia en la selva peruana: 40% promedio.

Távara, en su estudio advierte que desde el Ministerio de Educación hay poca voluntad para implementar la educación sexual en todos los niveles educativos.

Para Del Mastro, “el problema de fondo es que no hay educación sexual integral en el país. La educación es uno de los principales pilares para revertir este problema estructural, si se implementa el enfoque de educación sexual en la currícula educativa los resultados no los vamos a ver de acá a 20 años”, añadiendo que hay un control de la sexualidad desde las escuelas y las casas. “No se le habla a los jóvenes de sexo, no vemos el sexo en los adolescentes como algo natural por un tema de conservadurismo”.

“Hay una necesidad de brindar educación sexual”, dice Guerrero. “Más allá de conocer métodos anticonceptivos, es necesario una educación desde el colegio, que alumnos y alumnas puedan conversar con los profesores sobre estos temas, puedan conversarlos también con sus padres. Los adolescentes están iniciando su actividad sexual sin prevenir un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, que también es un problema grave”.

A la falta de la educación sexual integral, los expertos añaden que actualmente hay una gran presión por parte de grupos religiosos que quieren imponer una política no laica de la sexualidad y reproducción, que no es respetuosa de los derechos.

Organizaciones como Promsex, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán han denunciado en diversas oportunidades que hay fuerzas políticas en el Congreso de la República con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y Evangélica, que vienen imponiendo una agenda que podría influir en las políticas públicas, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral y prevención de la violencia sexual.

“Hay constante ataques por parte de los grupos antiderechos en el país respecto a implementar políticas públicas que tendrían un impacto favorable para prevenir y disminuir el embarazo adolescente. El Congreso no puede tener injerencias en las políticas públicas. Si no tomamos conciencia del impacto que pueda tener la presión de estos grupos religiosos, vamos a tener indicadores muchos más graves de los que tenemos ahora”, advierte Guerrero.

Violencia sexual
Otra cifra alarmante es que el Perú ocupa el primer lugar entre los países de América Latina donde se registran más denuncias por violencia sexual. Cada año el Ministerio Público recibe aproximadamente 1,500 denuncias de mujeres peruanas. De acuerdo a estadísticas de DEMUS el 75% de las mujeres violadas eran menores de edad.

Según datos de la Policía Nacional del Perú, diariamente cinco niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres producto de una violación sexual.

“Aunque no hay estadísticas de cuántas jóvenes hayan querido abortar, en el Perú hay un tema de falta de justicia reproductiva. Nuestro país es clasista, elitista, porque no hay acceso al aborto seguro, eso es una forma de condenar a las mujeres pobres a consecuencias reproductivas que no tienen posibilidad de revertir”, dice Del Mastro.

El estudio “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes en el Perú” afirma que el embarazo de las adolescentes es considerado uno de los problemas de salud pública más prevalentes e importantes que afectan a las mujeres peruanas en tres dimensiones: física, mental y social.

Para Guerrero el país tiene un enorme desafío, que debe ser asumido de manera multisectorial, y de manera articulada con los ministerios de la Mujer, Educación, Salud y Trabajo.

“Debemos realmente fortalecer los sistemas públicos y fortalecer el Estado como garantes de los derechos, eso implica una mejor educación, mejores servicios de salud. Los operadores de salud tienen muchos prejuicios en torno a los derechos que tienen los adolescentes en acceder a métodos de planificación familiar. Para hacer valer el cumplimiento de los derechos se necesitan recursos, se necesita presupuesto”, finaliza. —Noticias Aliadas.

Entrevista: Magali Zevallos Ríos / Noticias Aliadas.
Información tomada de noticiasaliadas.org/