Consenso de Montevideo, un compromiso con la igualdad

A casi 20 años del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas (1994), que significó el cambio de paradigma en las políticas de desarrollo y el quiebre con el enfoque malhtusiano colocando en el centro a las personas, se viene revisando el grado de implementación de las medidas y metas del Programa en los países de todo el mundo.

De cara al examen global de las metas del Programa, del 12 a 15 de agosto, se realizó la Primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo realizada en Uruguay, reunión en la que participaron 38 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. El resultado de dicha conferencia fue el Consenso de Montevideo.

El Consenso de Montevideo plantea un nuevo paradigma que refleja, en alguna medida, la apuesta progresista de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe por la justicia social, que parte de la eliminación de brechas de desigualdad y el cuestionamiento a los modelos de desarrollo que han mantenido y aumentado la desigualdad social y que han promovido la mercantilización de los derechos fundamentales a la salud, el territorio y la vida.

El Consenso recoge el reto de la igualdad para las mujeres, que es una agenda pendiente y urgente en la región, y la importancia de la armonización de las políticas públicas sobre población y el marco internacional de los derechos humanos, con énfasis en los grupos poblacionales que históricamente hemos vivido relegados: las mujeres, los pueblos indígenas y las lesbianas, gays, trans y bisexuales.

Un punto de partida principal es la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de los derechos humanos, su ejercicio como condición para el goce de otros derechos fundamentales y la eliminación de la pobreza.

Resulta trascendental tener en cuenta que Latinoamérica y el Caribe es una región heterogénea en torno al reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, puesto que tenemos países en los que el aborto está completamente penalizado y en otros es legal y gratuito; algunos en los que se han reconocido derechos civiles a personas TLGB, y otros que se resisten a tomar medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género; algunos completamente confesionales y otros con una laicidad absoluta. El Consenso de Montevideo marca un horizonte mínimo hacia el cual los 38 países deben avanzar.

Este documento reafirma la importancia de la laicidad del Estado como pieza fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia, y la eliminación de la discriminación contra las personas TLGB. Además, insta a los Estados a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias, y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, así como a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados y la eliminación de los abortos inseguros.

Regresando al plano local, esperamos que este documento sea el empuje que necesita el gobierno peruano para aprobar de una buena vez las urgentes medidas que vienen siendo encarpetadas año tras año y que cobran vidas de miles de mujeres y personas LTGB, como la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico, las leyes y políticas públicas necesarias para eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y avanzar hacia la descriminalización del aborto.

Fuente: Artículo escrito para SpacioLibre