El Derecho a una vida libre de violencia
El contexto
Somos una sociedad adormecida frente a la violencia basada en género. Es inexplicable que no reaccionemos como sociedad para transformar esta lamentable realidad que se traduce cotidianamente en alarmantes cifras de violación sexual[1], embarazo adolescente[2] y trata de personas con fines de explotación sexual,[3] por mencionar algunas de las más graves formas de violencia basada en género en el país.
Esta situación, más allá del horror que nos genere, nos debe impulsar a revisar las razones de fondo que la motivan: el arraigo de estereotipos machistas, que se traducen en las desiguales relaciones de poder al interior de las familias y las comunidades, lo que decanta en violencia real.
Sin embargo, en este contexto, lo que sucede es que se está dando cabida a la difusión de discursos que promueven el machismo y la homofobia, valiéndose del intenso miedo de reconocer que lo más probable es encontrar al agresor en nuestro entorno más próximo y confiable, pudiendo ser nuestro padre, abuelo, tío, esposo, novio, maestro, o sacerdote. Un discurso que además se niega a aceptar la inmensa diversidad de seres humanos que existen dentro de nuestra sociedad, y que a través de esta violencia se pretende mantener vulnerable y excluido, como es el caso de la población LGBT+[4].
Este letargo social, que ya está cobrando vidas, lejos de llevarnos a abordar alternativas de solución, nos tiene sumidos en una preocupante realidad. Actualmente contamos con una norma educativa obsoleta sobre educación sexual pues data del año 2009. En esa misma línea, otro tema preocupante es la arremetida contra la inclusión del enfoque de género en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, el mismo que hasta hoy corre el riesgo de dejar de implementarse. Asimismo, el Congreso ha derogado y/o modificado sendos decretos que incorporaban el enfoque de género, de derechos humanos e interculturalidad para atender de manera especializada a la población más vulnerable.[5] Mientras eso sucede en los salones del Congreso de la República, la realidad nos devuelve 45 feminicidios y 105 tentativas de feminicidio, sólo desde el 2 de enero al 31 de mayo de lo que va de este año. Sin contar los casos que no han sido denunciados, son nueve asesinatos al mes, en promedio, en los primeros cinco meses del 2017.
La impunidad
El Ministerio de la Mujer señala que en lo que va del año se ha incrementado en 25% la cantidad de denuncias contra la violencia de género en relación al año 2016.
El 28% de las víctimas muere por asfixia y el 27% acuchillada. El 58% de feminicidios ocurrió en el hogar de las mujeres, convirtiéndose así en un espacio de gran inseguridad para ellas.[6]
La ministra Romero-Lozada, hace pocos días afirmaba que “la violencia sexual aun goza de cierta impunidad en Perú”[7] y ello es realmente grave de cara al futuro, ya que el 80% de víctimas de violación sexual son niñas y adolescentes. De ellas, quienes se encuentran en mayor situación de riesgo son las que están entre los 10 y 13 años de edad. Para ellas cabe preguntarnos no solo ¿qué futuro les espera? Sino ¿Qué presente estamos construyendo?
Nuestras alternativas de cambio
Es urgente despertar de este letargo con soluciones estratégicas desde todos los sectores de la sociedad, pero es necesario que la clase política asuma con responsabilidad esa tarea.
Resulta fundamental reconocer que la violencia no es natural, ni deseable ni necesaria en ningún sentido, pues destruye vidas literal y simbólicamente. No hace sino falta voltear a ver nuestra cotidianidad para constatar que la violencia por razones de género existe. Es esa violencia la que hace que las mujeres sean asesinadas en sus casas, pero es esa misma violencia la que inicia en la escuela o en el hogar cuando reforzamos estereotipos.
Nuestras alternativas como sociedad deben ir direccionadas a apostar por la transformación cultural y ello solo inicia con la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en la escuela, los servicios de salud, y el acceso a justicia. Es solo desde una perspectiva que reconozca e incluya nuestras diferencias, que podemos empezar a construir una sociedad menos excluyente y por lo tanto menos violenta. Es la apuesta porque las niñas y los niños de hoy puedan alcanzar el derecho a una vida libre de violencia.
Columna escrita por Sara Indira Ramírez Zubillaga, politóloga integrante del equipo de fortalecimiento de capacidades de Promsex, para IUS
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[1] La violación sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes. La violación no suele ser un hecho aislado, sino que se trata de una cadena de violencia sexual (incluye insinuaciones, tocamientos, intentos de violación y violación) que incrementa en intensidad y que inicia y culmina con la adolescencia.
El 80% de víctimas de violación sexual son niñas y adolescentes. (“Anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú 2015”)
El umbral de riesgo está entre los 10 y 13 años de edad. (Promsex (2015): “Patrones
de victimización en casos de violación sexual a mujeres adolescentes en el Perú”.)
Solo en el 2015, 3194 niñas y adolescentes denunciaron víctimas de violación sexual ante la PNP. (“Anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú 2015”)
La pobreza, el contexto de violencia en el hogar, la escasa protección de parte del Estado y las pocas posibilidades de desarrollo incrementan la vulnerabilidad de niñas o adolescente frente a la violencia y violación sexual.
[2] El embarazo en adolescentes es considerado un problema de salud pública y de afectación de los derechos de las niñas. Usualmente, está enfocado en niñas de 15 a 19, sin embargo, las más vulnerables y las que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir por el embarazo y el parto tienen 15 años o menos.
En el Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres (Seguro Integral de Salud – SIS (2015): “Base de datos del SIS – Sede Central).
En adolescentes de 15 años se registra un promedio de 11 partos al día (Hoja de Datos 3. Violencia contra las Mujeres Adolescentes / Ministerio de Salud – MINSA (2015)
Durante el 2015 se registraron 1538 partos de niñas menores de 15 años (RENIEC- Registro de nacidos vivos 2015/2016.)
[3] La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las más graves vulneraciones contra los derechos humanos.
En el Perú el 80% de las víctimas son mujeres (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico 2014)
El 38.2/ de las victimas tiene entre 13-17 años y el 34% entre 18 y 24. (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico 2014)
Entre el 2009 y el 2014 se registraron 2241 casos de trata de personas. (Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico 2014)
[4] Lesbianas Gays Bisexuales Transexuales Otrxs.
[5] Los siguientes decretos se vieron derogados y/o modificados en lo siguiente: Derogado: DL 1323 que agravaba las penas para los crímenes de odio y violencia de género. Fueron eliminados los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad: DL 1348 que regula el Código de responsabilidad penal de los adolescentes que al incorporar el enfoque de género buscaba garantizar situaciones de discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual. DL 1266 que establece la organización y funciones del Ministerio del Interior, el 1267 Ley de la Policía Nacional del Perú, y DL 1325 que contemplaba un tratamiento especializado e integral para la población vulnerable en los penales en particular por razones de identidad de género y orientación sexual.
[6] Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público http://portal.mpfn.gob.pe.
