Derechos humanos en el Perú: Nuestras luchas persisten. Una mirada desde el activismo LGBTI

Como una consulta importante dentro de las acciones del Estado referidas a los derechos humanos, el MINJUSDH encargó a Ipsos, transnacional de investigación de mercado, la realización de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Esta ha sido trabajada con un margen de error de +-1.7% y un nivel de confianza del 95%; fue aplicada del 7 al 25 de noviembre de 2019 a 3312 personas a nivel nacional e incluyó a población urbana y rural mayor de 18 años, residente en el Perú. Dadas estas condiciones es posible afirmar la validez de sus resultados como forma de calcular/inferir la percepción de la población respecto del estado de los derechos humanos en nuestro país. En el presente texto haremos un análisis contextualizado de los resultados de esta segunda encuesta referidos a las personas LGBTI (1).

Referencialmente, recordemos que la I Encuesta Nacional de DDHH, presentada en diciembre de 2013, no incluyó el tema LGBTI, por lo cual consideramos un avance de las políticas de Estado su incorporación en esta ocasión, como una acción que debe ser repensada, potenciada y complementada.

La Encuesta en general fue respondida nominalmente, incluyendo la identificación de las personas participantes; sin embargo, la pregunta sobre su orientación sexual debía responderse de forma anónima; para lo cual las respuestas escritas fueron colocadas en un ánfora. Este procedimiento permitía la confidencialidad de las respuestas y su confiabilidad. El 90% de personas encuestadas respondió esta pregunta y al inferir/generalizar el resultado a toda la población mayor de 18 años, el 8% se asume como No heterosexual, esto significaría más de un millón setecientos mil residentes.

Esta medición se ha configurado como el primer intento de cuantificar la población LGBTI, dato que es básico para pensar y repensar lo relacionado con el diseño, establecimiento, promoción, ejecución y supervisión de las políticas públicas referidas a ella. Asimismo, debe motivar el ajuste de los mecanismos mediante los cuales se pueda hacer una medición cada vez más exacta.

En el cuestionario, el tema LGBT fue abordado explícitamente en dos bloques, el segundo (Percepción sobre igualdad y discriminación) y el tercero (Situación de grupos de especial protección). En el segundo bloque, se abordó en las preguntas 9, 10, 11 y 16. En la primera de estas preguntas se inquirió sobre: ¿En el Perú, qué tan discriminadas diría que son…? En las respuestas se mencionó expresamente a Las personas homosexuales, trans y bisexuales, y a las personas con VIH – SIDA (2). La pregunta 10: ¿Cuáles cree que son las razones más frecuentes de discriminación que se presentan en el Perú?, ¿alguna otra? Entre las respuestas está explícitamente Por su orientación sexual, pero se omitió la identidad de género. La pregunta 11: En los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación (ya sean insultos, bromas, trato diferenciado, agresión) por…? Se presentaron similares respuestas a la pregunta 10. La pregunta 16: Si tuviera una empresa y tuviera que contratar a alguien para un puesto en su empresa, según la siguiente escala, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a…? Entre las respuestas posibles se planteó: Una persona homosexual, Una persona trans, Una persona con VIH-SIDA.

En el bloque 3, Ítem: Personas Lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), el tema se abordó en dos preguntas. La primera fue: ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas LGBT que no se respetan?, y la segunda pedía calificar, en una escala de 5 a 1, su acuerdo o desacuerdo con siete afirmaciones cargadas de prejuicios, referidas a la homosexualidad, a las personas trans y a las personas viviendo con VIH. Como se aprecia, en el cuestionario hubo varias preguntas y de diversa índole en los que directamente se abordó el tema LGBTI.

Con relación al cuestionario, es necesario plantear cuatro observaciones:

1. A pesar de que en las preguntas se menciona el término trans (usado para  identificar a personas transexuales, transgéneros y travestis), no llega a explicitarse la categoría identidad de género(3) como causal de discriminación.
2. No se menciona la categoría intersexual la cual ha sido incorporado, por ejemplo, en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
3. En las preguntas es recurrente el uso del término homosexual como forma de nominar a gays y lesbianas, el término lesbiana aparece solamente como un elemento de la denominación de este grupo de especial protección. Específicamente se menciona homosexuales, trans y bisexuales, HTB.
4. Con relación al VIH, recurrentemente se utilizó: Personas con VIH-SIDA. Desde los activismos e incluso desde el propio Estado, con el objetivo de dejar de lado los estigmas, se utiliza: Personas viviendo con VIH.

Estas observaciones deberían ser tomadas en cuenta porque el Estado peruano ha suscrito instrumentos a nivel internacional e incluso incorporado estas categorías a políticas públicas que implementa en la actualidad y que responden a la imperiosa necesidad de visibilizar políticamente las particularidades de cada una de las identidades mencionadas.

Es conocido que el contexto legislativo ha sido recurrentemente adverso. A nivel congresal no se ha aprobado ninguna ley que incluya de modo conjunto a la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación, menos aún se ha reconocido a la población LGBTI como de especial protección. Es más, las iniciativas inclusivas planteadas por el Poder Ejecutivo en 2016 y 2017, fueron cuestionadas por el conservador Congreso recientemente disuelto. Ahora bien, es indispensable reconocer que, merced al accionar de las organizaciones que bregan por el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, se ha logrado avances normativos a nivel regional y distrital. Del mismo modo, la presencia de estas organizaciones acompaña los tímidos avances que se vienen dando en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en los sectores Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, Salud, Interior y el INEI, entre otros. En el Poder Judicial, el accionar de ciudadanas y ciudadanos LGBTI ha obtenido logros aún insuficientes, nuestras luchas persisten, lamentablemente los prejuicios también.

Resultados de la encuesta: cruces por género y por nivel socioeconómico

Los resultados de esta II encuesta muestran, por un lado, que el 71% opina que las personas HTB (4) son muy discriminadas, al hacer la distinción por género, se observa que el 66% de hombres y el 77% de mujeres tienen estas opiniones. Sin embargo, hay una contradicción disociada porque los prejuicios persisten, el 38% de hombres y el 35% de mujeres está de acuerdo con la afirmación: Es peligroso dejar a una/un niño con un homosexual. Además, el 46% de hombres y el 44% de mujeres están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: Las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o por malas experiencias.

Si el cruce se trabaja de acuerdo con el nivel socioeconómico (NSE), se observa que la disposición a contratar a una personas homosexual varía sustantivamente: NSE A/B 60%, C 51%, D 45% y E 37%. Algo similar se opina si es que la persona tuviera VIH-SIDA, NSE A/B 52%, C 45%, D 42% y E 37%. Definitivamente el acceso al trabajo se ve menguado debido a la orientación sexual de quien lo solicite. Ante la afirmación que la homosexualidad es una enfermedad, están de acuerdo el 12% en el NSE A/B, 15% C, 18% D y 26% E. Definitivamente los prejuicios desde el discurso biomédico están mucho más vigentes en sectores de bajos ingresos. Este sector de acuerdo con la afirmación que es peligroso dejar a una/un niño con una persona homosexual en el NSE A/B el 31%, el 36% en el C, el 37% en el D y el 45% en el E.

Con relación a las personas trans, el 47% de los hombres y el 43% de las mujeres está de acuerdo con la afirmación: las personas trans están confundidas. Asimismo, solamente el 33% de hombres y el 47% de mujeres tendría la disposición de contratar a una persona trans en su empresa. Si el cruce es por nivel socioeconómico en lo referente a que las personas trans viven confundida, en el NSE A/B el 40% está de acuerdo, el 44% del C, el 48% del D y el 47% del NSE E.

En general, la masculinidad tóxica se evidencia en estos mayores porcentajes de hombres que tienen internalizado el prejuicio comparativamente con las mujeres. Por otro lado, en general los prejuicios con relación a las personas trans están mucho más arraigados que los prejuicios por orientación sexual.

Si bien es cierto el VIH es un tema de salud pública que atañe a la población en su  conjunto, esta condición es mucho más álgida entre la población trans, gay y hombres bisexuales, por lo que desde los activismos se le exige al Estado una acción decidida, especialmente dirigida a estos grupos poblacionales. En este sentido, la asociación prejuiciosa entre el VIH y estas identidades sigue siendo muy fuerte, el estigma y la discriminación están presentes. Algunos ejemplos:

1. El 74% de mujeres y el 63% de hombres considera que las personas viviendo con VIH son muy discriminados o discriminados.
2. El 58% hombres y el 50% de mujeres no tendría la disposición de contratar a una persona viviendo con VIH en su empresa.
3. El 20% de hombres y el 14% de mujeres está de acuerdo con la afirmación que el VIH-SIDA se “contagia” (5) incluso mediante besos, abrazos, y por estrecharse las manos.
4. El 34% de hombres y el 30% de mujeres considera que las personas viviendo con VIH no deberían trabajar pues suponen un riesgo para su centro laboral.

Estos resultados interpelan al Estado, a la sociedad civil y, como parte de ella, al activismo que brega por una sociedad más justa, inclusiva y democrática sin discriminación por orientación sexual e identidad de género. Ante los prejuicios surge una serie de interrogantes que son fundamentales de responder: ¿Qué está haciendo el Estado con relación a la persistencia de los prejuicios? ¿Qué se está haciendo con relación al machismo y las masculinidades tóxicas? ¿Qué reacción tendrá un padre o una madre cuando se entere que la hija o hijo tiene una identidad de género o una orientación sexual que no esperaba?

Desde hace casi cuatro décadas, el activismo LGBTI ha bregado por dejar de lado los prejuicios y por lograr normas que brinden reconocimiento de derechos. Sin duda alguna, en lo primero se ha avanzado, pero también es cierto que en los últimos años, la violencia se ha exacerbado. El posicionamiento de los discursos del fundamentalismo religioso en las esferas de poder de nuestra sociedad es una característica de las últimas décadas. Además, en muchos espacios profesionales, especialmente de la salud, el discurso biomédico también está cargado de prejuicios.

En lo normativo, sigue pendiente la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como categorías de no discriminación a nivel constitucional, el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans, el reconocimiento de las familias que conformamos a partir, por ejemplo, del acceso al matrimonio igualitario y la unión de hecho, la puesta en operación de adecuados protocolos de atención de salud para mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans. Todo esto en el marco de la implementación del enfoque de diversidad sexo-genérica que debe ser transversal a las políticas públicas.

Porque siguen perviviendo en las aulas el bullying y en muchos casos el abuso del propio personal docente sobre las niñas, niños y adolescentes que no encajan en la cisheteronorma. Siguen, lamentablemente, operando los prejuicios, generando actos de discriminación y violencia cotidiana, en los hogares, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los centros de labor, en lo cotidiano y, también, en lo público.

Porque más allá de las normas que están pendientes de aprobar, está la violencia cotidiana, que llega incluso al crimen de odio, y continúan operando los prejuicios que limitan, que encadenan, que traban el desarrollo, los proyectos y los sueños de, como afirma la Encuesta, más de un millón setecientos mil residentes de nuestro territorio.

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Artículo publicado originalmente en el Informe analítico II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborado por el Ministerio de Justicia (junio 2020).

(1) El Plan Nacional de Derechos Humanos utiliza las siglas LGBTI para nombrar a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales y lo nombra como un grupo de especial protección. En la encuesta que se está analizando se nombra al grupo de especial protección como LGBT, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

(2) Con el objetivo de dejar de lado el estigma, desde los activismos se utiliza: Personas viviendo con VIH.

(3) En las preguntas 10 y 11 se explicitan las causales posibles, la identidad de género no se incluyó, es uno de los más importantes puntos de agenda del activismo trans.

(4) El cuestionario utiliza esta denominación para varias preguntas.

(5) En el cuestionario se utilizó este verbo. Desde los activismos se optado por utilizar el verbo “adquirir” con el objetivo de dejar de lado justamente la estigmatización.