Derechos sexuales y reproductivos en jaque mate: El caso de la distribución gratuita del AOE para las mujeres pobres y niñas víctimas de violencia sexual en el Perú

El Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) o también conocido como la “Píldora del día siguiente” es definida como uno de los métodos anticonceptivos que se pueden utilizar para prevenir embarazos en los días inmediatamente posteriores a la relación sexual. Actualmente, es de venta libre en todas las farmacias del país, siendo accesible solo para aquellas mujeres con los recursos económicos necesarios para adquirirlo. Sin embargo, no puede ser adquirido por aquellas que se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema. Además de ello, es más alarmante cuando esta anticoncepción oral de emergencia es necesaria para el caso de niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual.

Es así que, la distribución gratuita del AOE se convierte en una cuestión de garantía y respeto a los derechos humanos de las mujeres peruanas y -principalmente- en una cuestión de garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.

En un país conservador como el Perú, el AOE ha sido materia de debates políticos y de judicialización por parte de organizaciones antiderechos, que tratan de conducir el debate hacia una cuestión que la ciencia ha señalado de forma rotunda: el AOE no tiene efectos abortivos, y, por lo tanto, se constituye como un método anticonceptivo de emergencia.

Es en ese sentido que, Susana Chávez, directora de Promsex, señaló en un reciente artículo publicado en El Comercio que “el debate de la AOE ya no está basado en la ciencia, ni mucho menos en los derechos constitucionales, sino en la agenda moral que asume que todas las relaciones sexuales, incluyendo las forzadas, tienen que estar abiertas a la reproducción”. En efecto, lo que hacen las organizaciones conservadoras en el escenario político y judicial es reconducir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos hacia una agenda moral que solo defiende sus intereses y deja desplazadas a las verdaderas víctimas del problema: las niñas, adolescentes y mujeres peruanas.

Estas idas y venidas judiciales han generado que organizaciones como Promsex tengan que acudir a la interposición de una medida cautelar, para seguir garantizando que las mujeres en condición de pobreza y las niñas víctimas de abuso sexual no queden en una situación de desprotección y desamparo.

Finalmente, este trato diferenciado injustificado, el cual ha sido validado con insuficiente motivación por el Tribunal Constitucional en una anterior sentencia, vulnerando el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres peruanas y también el derecho al libre desarrollo de la personalidad en su vertiente referida a la autodeterminación reproductiva. Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene el poder de cambiar esa decisión que valida las desigualdades existentes en nuestro país, teniendo la oportunidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas y con esto, un país más justo e igualitario.