El Proyecto de Ley 904, ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
Una vez más el Congreso de la República decidió hipotecar la viabilidad democrática del país al dar paso a dos medidas que desandan lo aún poco logrado en el campo de la educación. La desnaturalización de la SUNEDU y el Proyecto de ley 904, que afecta la educación básica. A diferencia de otros retrocesos impulsados tanto desde el Ejecutivo, como del Congreso, ya no se trata de años perdidos, sino del futuro y en especial, de quienes dependen de la educación pública.
El PL 904/2021-CR, o llamada “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”, presentado por Esdras Medina Minaya, pastor evangélico, impulsor de “ConMisHijosNoTeMetas”, de Renovación Popular y apoyado por Perú Libre, Fuerza Popular y Acción Popular, tiene como propósito, “mejorar la calidad educativa”, otorgando a los padres y madres de familia, un mecanismo de intervención directa en la elaboración, aprobación y distribución de los textos y materiales educativos.
Este proyecto, aprobado por una incomprensible mayoría (91 votos), decidió menoscabar la rectoría, ya alicaída del Ministerio de Educación, por el constante activismo de sectores militaristas y religiosos que se niegan a la incorporación de información crítica contenida en el Informe de la Verdad y Reconciliación, el enfoque de género y la educación sexual integral en la malla curricular, lo cual además ya lo habían intentado anteriormente con una acción judicial que fracasó, emprendida por “Padres En Acción”, una asociación que se autodefine como “promotores y defensores del valor de la familia, la vida y la participación en la educación de sus hijos”, pero cuyo real propósito es imponer una ideología religiosa ultra conservadora, basada en la desigualdad de género y el desconocimiento de los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, de allí su enorme encono hacia la educación sexual.
Con este proyecto de ley, se obliga así al Ministerio de Educación a consultar los contenidos educativos de seis áreas curriculares: Personal social, Desarrollo personal, Ciudadanía y Educación Cívica, Ciencias Sociales, Descubrimiento del mundo y Ciencia y Tecnología; cursos muy vinculados a las relaciones sociales y al combate a la violencia, la construcción de identidad, el análisis crítico y el conocimiento científico, elementos básicos y fundamentales que se demandarían en cualquier propuesta educativa.
Según este proyecto, los padres de familia, representados en organizaciones registradas en Registros Públicos u oficialmente reconocidas por los órganos de gobierno del Ministerio de Educación (MINEDU), son los que conducirán la orquesta, pues sin su opinión, ningún texto o material educativo podrá ser usado y su alcance no solo implica autorizar, sino proponer alternativas, así como elaborar sus propios materiales y textos y si no son atendidos en su medida, pueden también sancionar, suspender y llevar a los tribunales a los profesores desobedientes, pues el MINEDU está obligado a atender sus demandas tal como las asociaciones y/o “representantes”, lo señalen; la medida incluye la posibilidad de que estos deleguen a organizaciones “especializadas” que consideren y es aquí, donde intervienen “ConMisHijosNoTeMetas”, “PadresEnAcción” y seguramente otras que surgirán en el camino.
Lo que el proyecto de ley no señala, es qué hará el MINEDU, si en una misma comunidad, los representantes de padres de familia opinan de manera distinta; es decir si uno si propone la educación sexual integral y la otra no; Si una asociación que ahora opina de una manera, el siguiente año, con el cambio de integrantes, lo hará de manera distinta o incluso contraria. Qué tendrían que hacer los y las funcionarias/docentes? ¿Quién y cómo dirimirían?, cómo se controlará el negocio de las editoriales si son los padres, los que tienen que decidir? Eso no dice el PL, porque por donde se mire, es un PL con patas muy cortas y caminando al revés.
Lamentablemente hasta ahora el ministro Serna no expresa mucha preocupación, pero lo que más llama la atención es que lejos de movilizarse, ha iniciado la “Consulta Nacional de Aprendizajes”, citando a todos los actores, incluyendo los padres de familia, a fin de realizar la revisión curricular, justo cuando estamos esperando que el presidente Castillo, también docente, impida que este semejante mamarracho se convierta en Ley. Sin duda, es una medida poco confiable por parte del ministro que no quiere confrontar con el Congreso, así esto signifique una real bomba de tiempo para su Ministerio.
De hecho, vivimos tiempos difíciles, que esperamos podamos superar, pero esto es algo que podemos decir desde nuestra perspectiva, como adultos/as, después de todo mal que bien ya recibimos la educación que tenemos, pero esto es algo que no podrán decir nuestros niños y niñas, así que allí ya no nos debemos a nosotros/as, sino a nuestros hijos, pues son ellos y ellas las que están en real riesgo.
Artículo tomado de Otra Mirada
