La agenda escondida en los derechos sexuales y reproductivos

Uno de los asuntos que ha ido ganando espacio en la mayoría de las sociedades es la libertad sexual, expresada principalmente en la capacidad de las personas de tomar el control de sus propias decisiones sexuales y reproductivas. Así lo señala el avance de 14 países que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la progresión de la opinión pública respecto de la importancia de la educación sexual, la igualdad de género, la anticoncepción, las familias pequeñas, la escasa valoración de la virginidad y una mejor aceptación del aborto, especialmente en situaciones extremas como la violación, daños a la salud y malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Sin embargo, esto parece no ocurrir con nuestra clase política: sin importar cuán liberales, modernos y demócratas señalen ser, cuando se trata de legislar en asuntos que tengan que ver con la sexualidad y la reproducción, resultan ser de tal conservadurismo que terminan marcando una distancia enorme entre las necesidades de la población y la política pública, de modo que varias de sus leyes no solo son poco aceptadas, sino también, en muchos de los casos, una seria amenaza para la seguridad, el bienestar y el acceso a los servicios, lo que amplía aún más las brechas de discriminación y exclusión, dado que muchas de estas medidas solo afectan a las mujeres y a los y las adolescentes.

Ejemplos de cuán dañinas pueden ser algunas de las medidas normativas y programáticas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos son ampliamente conocidos; solo a modo de referencias, he aquí algunas de las más conocidas:

• • La decisión del Tribunal Constitucional (obviando una sentencia anterior y todas las evidencias científicas) de prohibir al Estado la provisión de la anticoncepción oral de emergencia, pero no su venta en farmacias, apelando a la “duda” de sus supuestos efectos abortivos.
  • Un agregado que el anterior Congreso hizo al Código Penal, incluyendo a las y los menores entre 14 y 18 años que tienen relaciones sexuales voluntarias como víctimas de violación.
  • La persistente oposición a aprobar el aborto terapéutico, lo que ha generado un vacío legal de protección de salud de las mujeres gestantes cuyos embarazos ponen en peligro su vida y su salud.
  • La ausencia de educación sexual en los colegios, pese a que la principal causa de abandono escolar de las estudiantes es el embarazo y a que la edad de infección del VIH es la adolescencia.
  • La negativa a legislar sobre crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, pese al cada vez mayor número de víctimas y el evidente descuido en torno a las investigaciones y acceso a la justicia en estos casos.

En algunos casos es posible calcular el impacto negativo de estas medidas, pero en otros no lo es, a no ser que la vida humana tenga precio. Por ejemplo, es factible estimar el gasto que hacen los establecimientos de salud y las familias por una hospitalización a causa de la morbilidad materna extrema grave que podría resultar de un embarazo no deseado. Esto hubiese sido prevenido con anticoncepción (cuya oferta de calidad en los servicios públicos sigue yendo en picada), o con una interrupción oportuna del embarazo, debido al grave y permanente daño que podría haberse previsto.

Y en lo que concierne al embarazo en adolescentes, ¿cuánto le cuesta al Estado y al futuro de la joven implicada? También depende de lo que se mide: si se trata de la escuela, podría creerse que una alumna menos en el aula podría ser un ahorro, pero esto dista de la prioridad del país de que más chicos y chicas terminen la educación secundaria y la superior. Tampoco incluye el mayor gasto en salud, debido a que el embarazo suele ser más complicado para las adolescentes y sus bebés suelen enfermarse más y suelen ser los que más mueren. Para no hablar de los costos en (in)seguridad ciudadana, debido que los hijos de madres adolescentes son más proclives a la delincuencia, asunto que ha sido documentado en varios países.

Lo irónico del asunto es que todo esto podría ser evitado o amenguado, y su abordaje debería ser prioritario, sobre todo cuando hay evidencia de que se trata de situaciones adversas que pueden ser transformadas, tal como se plantea en los siguientes ejemplos:

• • Una educación sexual acorde para cada grupo de edad, y la disponibilidad de servicios integrales de salud sexual y reproductiva para adolescentes, incluyendo anticonceptivos, permitirá que aquéllos que no han iniciado su vida sexual posterguen este inicio y quienes tienen relaciones estén más protegidos. Para ambos grupos, una educación sexual basada en la igualdad de género y en el respeto de derechos humanos contribuirá con el fortalecimiento de los planes de vida.
  • Las políticas orientadas a la reducción del VIH deben incluir a la población LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex) como actores activos, y su tratamiento debe responder necesariamente a fortalecer su ejercicio ciudadano. Cuanto más marginadas estén las personas LGTBI, menos posibilidades habrá de combatir la epidemia.
  • La prevención de la muerte materna solo puede funcionar si, junto con la atención del embarazo, parto y puerperio, se reducen los embarazos no deseados y se erradica el aborto inseguro.

Es decir, si todas las evidencias existen, si hay una racionalidad de costo-efectividad, ¿qué impide que la política pública recoja y aplique esta evidencia? De hecho, no es falta de información: lo que opera aquí es una agenda totalmente distinta al bienestar del y de la ciudadana, y son otros los móviles que están conduciendo a decisiones contrarias.

La presencia de las organizaciones confesionales en la política pública
Tal como señala Jaris Mujica (PROMSEX 2009), la participación activa de los sectores religiosos en la política no es un fenómeno reciente; hasta hace algunas décadas, su presencia estaba asegurada como la contraparte necesaria en todos los actos públicos, y, así, asuntos relativos a la salud y a la educación fueron encargados a la Iglesia, con lo que se creó una sólida vinculación entre los gobernantes de turno y la jerarquía católica. Desde esta posición, la Iglesia católica fue moldeando imaginarios orientados a mantener un orden social sustentado en el patriarcado, la familia heterosexual y la sexualidad admitida solo para fines reproductivos.

De hecho, los cambios sociales de las últimas décadas, el mayor reconocimiento de los derechos humanos y, en general, el impacto de la globalización, han ido marcando no solo nuevos modelos de democracia, sino también diversas formas de vida, incluyendo la relativización de valores tradicionales, especialmente aquéllos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

Estas transformaciones han puesto en cuestión principios fundamentales del orden social que fueron funcionales al poderío de la religión, a lo que Mujica denomina con bastante propiedad “la economía política del cuerpo”. Sin embargo, es muy importante precisar que no todas las organizaciones religiosas, ni iglesias, ni personas con convicción religiosa persiguen estos fines, pues hay también aquéllas que hacen una clara distinción entre el mundo espiritual, sus asuntos de fe, su código de conducta y los asuntos del Estado y el bien público.

Los temas de debate
Más allá de las luchas de poder en el espacio político, que las puede haber entre las distintas agrupaciones católicas y evangélicas que pugnan por el control social, existen asuntos sobre los cuales han encontrado consenso, articulando de esta manera una férrea oposición a los derechos sexuales y reproductivos. Estos temas son:

• • La administración del ejercicio sexual y decisiones reproductivas de los y las adolescentes.
  • La restricción de la anticoncepción, en particular la anticoncepción oral de emergencia.
  • La prohibición del aborto en cualquiera de sus denominaciones.
  • El reconocimiento de la familia y la protección de la figura legal del matrimonio y solo para las parejas heterosexuales.

Con respecto al primer tema, la sexualidad de los y las adolescentes es un asunto poderoso de resistencia, y su control es perseguido a través de dos mecanismos: la intermediación absoluta de los padres y la restricción a servicios de salud para, de esta forma, hacer inseguras las relaciones sexuales. Estos dos mecanismos son muy perversos, no solo por su ineficacia, ya que los padres no tienen esa posibilidad de control, sino también porque se les niega, conociendo la existencia de recursos, las posibilidades de prevenir el embarazo no deseado y el VIH.

En cuanto al segundo aspecto, aunque mejor tolerados como un mal necesario entre los grupos religiosos menos extremistas, están los anticonceptivos. Sin embargo, la condición que prevalece es que sea para las parejas estables y adultas y que ya hayan tenido hijos. Estas organizaciones que se oponen a la anticoncepción señalan sin ningún fundamento que los anticonceptivos son nocivos. El más atacado es el de emergencia, pues saben que éste es la punta de lanza para el ataque a los demás anticonceptivos.

En lo que atañe al aborto, un punto de entrada ha sido la negativa sistemática de aprobar el protocolo del aborto terapéutico, actitud que se sustenta en los derechos del concebido, ignorando los de las mujeres. Un asunto extremo ha sido el proyecto de la Comisión de la Mujer y Familia, presidido por la congresista Tan, que otorga al concebido “derechos especiales y privilegiados” y que, de aprobarse, consolidaría la incapacidad de al menos 8 ministros de Salud para avalar esta norma.

Respecto de la negativa de derechos de las personas LGTBI, es importante señalar que no solo afectan asuntos gananciales, como propiedad compartida y el reconocimiento de sus estatus de pareja, sino también aspectos tan cruciales de inseguridad como los crímenes de odio debido a la homofobia aún imperante en la sociedad.

Quiénes se oponen y dónde actúan
Actualmente, junto con la agenda conservadora, existe una estructura que la sostiene, ocupa diversos espacios y actúa de una manera coordinada y eficiente. Su presencia no solo está en el Congreso: los hay también en el Ejecutivo, y han generado toda una red de organizaciones denominadas de “sociedad civil” constituida en muchos de los casos por las mismas personas que se reagrupan de manera funcional de acuerdo con los temas en cuestión y desde allí realizan acciones de incidencia.

De hecho, el Congreso de la República es uno de los espacios más preciados por los grupos religiosos. En la contienda electoral de 2011, según datos de la página web de la Iglesia luterana, postularon 38 candidatos evangélicos, de los cuales 16 fueron pastores y 22 laicos. Esto ha asegurado la presencia de al menos 8 congresistas de Iglesia. Sin embargo, el número podría ser mayor, pues la identidad religiosa de muchos de ellos aparece solo cuando empiezan a actuar, lo que permite la existencia de una articulación no oficial denominada “bancada evangélica”, compuesta por integrantes de diversos partidos y donde estarían tomando acuerdos en aquellos temas que los partidos oficiales consideran “de conciencia”. Hay quienes señalan que una de las escuchadas en este espacio sería la congresista y ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, lo que permite que las opiniones oficiales de su Ministerio no sean tomadas en cuenta, tal como ha ocurrido por ejemplo en el debate del Proyecto del Nuevo Código del Niño y Adolescente, aprobado en julio del 2013 en la Comisión de la Mujer y Familia.

En cuanto a los y las representantes católicos en el Congreso, aunque también opositores a los derechos sexuales y reproductivos, parecen ser menos orgánicos, lo que hace posible que expresen una diversidad de opiniones, muchas de las cuales a veces no son consensuadas, aunque tiendan al conservadurismo. Éstos son los y las congresistas que podrían estar muy atentos al llamado directo del Episcopado. Lo que sí se ha observado en varios de estos congresistas es el voto duro en relación con la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero la presencia de las y los congresistas religiosos sería insuficiente si no hubiera un equipo de asesores que los acompañan. Éstos tienen dos funciones: elaborar los proyectos de ley y facilitar el contacto del o de la congresista con las autodenominadas organizaciones de sociedad civil. Así se pudo observar claramente en la Comisión de Mujer y Familia respecto al debate del Código mencionado, en el que convocaron a 22 “organizaciones” vinculadas a sectores religiosos (entre las que se ubicaba una dedicada a la “cura” de la homosexualidad) y a solo tres representantes de instituciones especialistas en la materia.

En el Ejecutivo, la presencia de personas opositoras suele ser más difusa, y su actuación pública depende más del tipo de ministro de turno. Una forma usual de influencia es la visita que suelen hacer los altos representantes de la Iglesia católica para expresarles su preocupación respecto a ciertos temas o “advertirles” sobre la presencia de funcionarios y funcionarias que podrían estar teniendo posiciones contrarias a la ley de Dios y las “buenas costumbres”. Estas visitas “protocolares” tienen por lo común un gran impacto, y luego se complementan con las acciones de los funcionarios, muchos de ellos ubicados en las direcciones jurídicas de los ministerios, pues allí se consolidan muchos de los filtros. Cuando esto no funciona, la otra estrategia es el peregrinaje de consultas en los distintos ministerios, tal como ha ocurrido con el protocolo del aborto terapéutico.

Finalmente, en relación con los actores de “sociedad civil”, Mujica hace una cuidadosa revisión de sus orígenes, su estructura funcional y articuladora, así como de sus métodos de incidencia. El Congreso es uno de los espacios donde más circulan, y en los últimos tres o cuatro años se ha podido identificar una aparente diversificación institucional, que ha tomado incluso el nombre de universidades e inventado instancias académicas. Tal es el caso del llamado “Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento Familiar de la Fertilidad” que señala pertenecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Aun así, esta “orquesta de organizaciones” a pedido no sería posible sin un articulador que las avive, y ése es el papel que cumple Carlos Polo, conocido activista católico promotor de cuanta marcha y evento público “por la vida” exista en Lima. Este personaje, actualmente pagado por SEDAPAL, es un perseguidor tenaz de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, al punto de acosar a congresistas que no comulgan con sus ideas ni sus métodos, razón por la cual un integrante de su equipo fue expulsado de una sesión del Congreso. Como parte de la Agencia Católica de Información (ACI Prensa), lanzan “noticias” y supuestas denuncias que no tienen nada que ver con la realidad, razón por la cual su credibilidad es escasísima.

Concluyendo: vivimos una etapa en la que los derechos humanos ya no pueden seguir siendo nominales, como se viene explicitando en las exigencias de libertades individuales, pero también en la demanda por las respuestas del Estado para que ellas sean protegidas, garantizadas y no vulneradas, lo que también genera una reacción de endurecimiento que se propone resolver a través de las leyes y produce peligrosos retrocesos.

No hay duda de que estos retrocesos afectan a todos, debido a la situación de inseguridad y arbitrariedad; pero lo que no hay que perder de vista es que afecta a las personas más pobres y, sobre todo, a los y las adolescentes, cuyas situaciones adversas podrían marcar sus vidas para siempre, como el caso de un embarazo que no pudo ser prevenido o la infección del VIH.

Es importante, además, no generalizar a partir de lo que se observa en los espacios de política pública, pues existen organizaciones religiosas con posturas distintas, que reconocen los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El asunto es que muchas de estas organizaciones no participan tan activamente en política, razón por la cual sus posiciones no son aún escuchadas.

Todavía estamos ante un Estado de derecho muy débil, que no ha hecho una clara distinción entre las posiciones confesionales y los asuntos de interés público y de Estado. Soy parte de aquéllos que creen que es imposible impedir la participación de personas religiosas en la política; pero creo que ella debería darse con reglas claras y como parte del juego democrático. No es posible, por ejemplo, que un congresista señale que los tratados internacionales de Naciones Unidas o de las cortes internacionales no tengan carácter vinculante, y que ninguno de sus colegas con formación de abogado no señale el equívoco. Tampoco es posible admitir la falta de transparencia en los debates, cuando se tolera la manipulación de información que se sabe inexistente o se trata de burdas manipulaciones. Todos sabemos que a estas alturas hay muchos temas no opinables, y que los derechos humanos es uno de ellos.

Asimismo, tiene mucha relevancia que aquéllos que estén sujetos a sus convicciones religiosas expliciten sus conflictos de intereses frente a determinados debates, para que se pueda hacer una diferencia entre su mundo como feligrés y el derecho de la ciudadanía. Finalmente, una definición clara de política de lobby en el Congreso debería delimitar quiénes pueden participar en los debates, más aún cuando se trata de fondos públicos, con el fin de garantizar la transparencia de los procesos y, sobre todo, el uso de recursos que pagamos todas y todos los peruanos.

Fuente: http://www.revistaideele.com