Las rutas hacia la esperanza en la agenda de las mujeres y poblaciones vulnerables
Es urgente incrementar el presupuesto a los programas de prevención de la violencia de género que equivale al 1.8% del fondo público, pues es una deuda pendiente con el 50% de la población peruana que somos las mujeres.
Hablar de una agenda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para el periodo de gobierno que queda no resulta sencillo. Más aún cuando la ministra Ana María Mendieta es una persona a quien aprecio y que conoce bastante bien a su sector. Por lo tanto, más que sugerencias, quiero incidir en preocupaciones que -estoy segura- son plenamente compartidas con la ministra y por cuya resolución yo también apuesto.
Incrementar el presupuesto del MIMP
Aunque hay quienes piensan que el presupuesto es intocable, deben admitir que asignar 1.8% de este fondo público a programas críticos para mujeres es una vergüenza. Tal como lo señala el informe “Iguales” (Oxfam 2017), ni siquiera en la mejor época económica (2003-2013) se ha hecho mucho por asegurar que las mujeres tengan realmente una igualdad de oportunidades. Aumentar el presupuesto sería, sin duda, una medida histórica a favor del 50% de la población, cuyo impacto tendrá un efecto favorable en el 100%.
Sistemas locales articulados y enfocados en la prevención de la violencia
Entre los principales logros del MIMP figuran: haber hecho que la violencia hacia la mujer sea reconocida como un problema social y el institucionalizar servicios claves como los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Después de algunas décadas, los CEM (aún con limitaciones y problemas) han generado un nuevo grupo de personas especializadas en atender la violencia de género. Sin embargo, esto no es suficiente para erradicar las terribles cifras de violencia que, por razones de espacio, no puedo citar aquí.
Pero sí me gustaría señalar la importancia de las Redes de Atención Corresponsables (RAC). Pues los sistemas que integren lo institucional y lo comunitario para controlar la vulnerabilidad y los riesgos de la violencia de manera conjunta es vital para las mujeres. Hace falta un sistema que cuente con la participación de la comunidad organizada y donde el Estado se haga presente con servicios inmediatos y de atención a la ciudadanía.
Bajo este concepto, las autoridades municipales a cargo de barrios y comunidades podrían desarrollar planes serios y reales junto a las escuelas, establecimientos de salud, comisarías, rondas vecinales, organizaciones de mujeres, juntas de padres de familia, de jóvenes y diferentes conjuntos de personas interesadas y de manera articulada, en la erradicación de la violencia de género. Necesitamos que la violencia se prevenga para que los CEM se encarguen de los casos extraordinarios que no fueron prevenidos. En este periodo podríamos impulsar este esfuerzo, dado a que ya contamos con el marco legal para hacerlo.
Datos y evidencias para combatir la desigualdad
El Perú no ha sido ajeno al desarrollo de sus estadísticas, por lo que hay que felicitar al INEI. Duante los últimos años disponemos de cifras que han desnudado a la desigualdad salarial y el mayor tiempo de trabajo que nos toca invertir por ser mujeres.
Estas cifras demuestran los costos que tiene el ser mujer en el Perú y desmienten a aquellas mujeres que ingenuamente consideran que su éxito no les costó mucho. Además, son de utilidad para enfrentar a los despistados que siguen pensando que las mujeres no progresamos porque solo queremos ser madres.
Atención integral a niñas que quedan embarazadas tras una violación
Cada año en el Perú, al menos 2.000 niñas menores de 14 años son obligadas a una maternidad forzada y altamente riesgosa para su salud. Dentro de la esfera de protección a las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad, no se nos puede escapar esta vergonzosa cifra. La continuidad impuesta de un embarazo a una víctima de violación no solo es una gran crueldad y tortura para la niña afectada. Es también el rostro de un Estado negligente y que viola sus propias leyes.
El aborto terapéutico debe ser una opción en estos casos y son las propias víctimas las que deberían elegir si quieren continuar con el embarazo originado por un mal padre, padrastro, abuelo o tío, pues en casi todos los casos los violadores triplican la edad de sus víctimas. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) es el ente responsable de la salud de estas niñas, el MIMP es el garante de su protección y recuperación emocional.
Protección a las víctimas de trata
En el Perú es bastante conocido que el 70% de las víctimas de trata son mujeres, adolescentes e incluso niñas. Que las víctimas están en la más baja escala social que nos podamos imaginar y lo peor es que miles son invisibles e ignoradas. Al parecer, nadie fija su atención respecto a que muchas permanecen en casas esclavizadas como “ayudantes domésticas”, con promesas de alimentación y estudios que con algo de suerte se cumplen.
Están en lo más ínfimo de la informalidad, aspiran aire contaminado y se encuentran bajo llave o en los vergonzosos “prostibares”. Son tan invisibles que gran parte de la política está destinada a perseguir el delito, pero casi nada se ha hecho para protegerlas, para que hallen justicia y mucho menos para resarcirlas, ya que una vez rescatadas de las mafias de trata inician un nuevo vía crucis en los CEM.
Urge trabajar por espacios que realmente les devuelvan la dignidad. Se necesita desarrollar estrategias para labrar su propio escape y restituirles la vida arrebatada, pues necesitamos demostrarles que el sistema también funciona para ellas y que no las excluye.
Agenda Consenso de Montevideo
Finalmente, y no es menos importante, el Perú tiene una responsabilidad que lo enaltece: será la sede de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. En estas negociaciones la viceministra de Poblaciones Vulnerables, diplomática de carrera, Ana Angélica Peña ha tenido un rol importante.
En esta conferencia, los Estados de la región latinoamericana aprobarán el plan de acción del Consenso de Montevideo, uno de los documentos más completos en términos de población y derechos sexuales y reproductivos, en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) que abren esperanzas hacia un desarrollo humano sostenido para todos y todas.
Seguramente para muchos, esta lista es corta y para mí también lo es. Por ello, no perdamos de perspectiva pues estamos en un momento de ordenar las fichas. Nada de lo propuesto es ajeno al sector. Hay avances que deberían continuar pero que se encuentran dispersos. Ahora, es el tiempo de dejar las bases sentadas y en eso, creo, hay acuerdos que existen gracias al esfuerzo de muchos y que no debemos desperdiciar.
Artículo tomado del portal lamula.pe