Nuevos escenarios: El desafío de construir instituciones libres de violencia basada en género
Por: Susana Chávez
La violencia basada en género es uno de los fenómenos que acompaña a la historia de la humanidad, más antigua incluso que las guerras. Sin embargo, es la más reciente en cobrar importancia, cuyo debate se inició apenas hace 40 años, al posicionarse en la esfera pública, algo que se consideraba un asunto privado.
No hay duda en que hemos avanzado. Tenemos leyes que sancionan la violencia en el ámbito familiar, que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas y personas LGTBI. Las penas son severas si se trata de una violación sexual a niñas o niños. Existen instituciones especializadas en atender la violencia y otras como el sector educación que han ido marcando políticas para proteger a los niños y niñas de posibles amenazas.
Nada de esto es suficiente y existe un largo camino para desarraigar prácticas y pensamientos fuertemente instalados, que todavía se expresan en la poca credibilidad del testimonio de las víctimas, los altos estándares probatorios en la comisión de estos delitos, la escasa valoración de la afectación de la integridad psicológica de las víctimas, son algunos argumentos que lastiman la integridad de la víctima.
El foco frente a las víctimas de violencia de género y la respuesta social inmediata es: “Ella (el, cuando se trata de niños o adolescentes) fue la que provocó el delito”. Esto ha generado que la mayoría de las victimas retrocedan y callen o que las familias o allegados silencien el crimen. El evidente efecto de este circuito de violencia son los altos índices de subregistro de denuncias por estos hechos.
Este resultado no solo genera una atmosfera negativa en los espacios de relación, sino además una costra indeleble de revictimización e impunidad, dos caras de una misma moneda, difícil de desligar. Las organizaciones de la sociedad civil como cualquier otro espacio social no están exentas de la violencia de género.
En estos espacios al no ser fueros judiciales, no pueden determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien sindicado como responsable. Ante tal dilema, es muy importante hacernos una pregunta de base y sobre la misma tomar decisiones; ¿Puede una institución aceptar dentro de sus integrantes a un acusado de violencia sexual? La respuesta es: “NO”.
Es no, porque necesitamos que todas y todos entendamos que la acusación de ser perpetrador/a de violencia de género, llámese violencia familiar, violencia de pareja y violencia sexual, son hechos graves que al dañar a las personas contravienen la ética institucional basada en un enfoque de derechos y género.
Es no, porque necesitamos poner atención en el daño causado, en la palabra de las afectadas, dado que es principal atributo que el sistema en general desdeña y no repara. Es no, porque necesitamos crear entornos de confianza, donde mujeres, hombres, personas LGBTI, puedan desplegar el máximo de su potencial, sin temor a ser abusadas, en un espacio interno de crecimiento profesional sano.
Es no, porque sea la institución que sea, tiene que tener credibilidad y porque así podremos crear instituciones sólidas que fortalezcan democracias. Es probable que muchos piensen acerca de la presunción de la inocencia. Es verdad, pero eso es algo que quedará en la conciencia individual y en las instituciones especializadas en la investigación y de justicia.
Lo que corresponde a las instituciones y quienes dirigimos las mismas, es reconocer que tenemos la prerrogativa de establecer requisitos mínimos y desde el principio advertir, así como decimos que en esta institución no se admite ningún acto de discriminación. Decir también que en esta institución no se admite ninguna persona señalada por violencia especialmente de género, es una forma de decir que aquí sí creemos en el testimonio de la víctima.
