El aborto y las esterilizaciones: Dos caras de una sola moneda

En el Perú, el aborto y las esterilizaciones forzadas fueron, en los años noventa del siglo XX, dos caras de una misma moneda: El control estatal del cuerpo de la mujer peruana. Como sabemos, entre los años 1996 y 2000, fueron esterilizadas, sin su consentimiento legítimo, miles de mujeres en el territorio nacional[1]. Si el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) bajo el que se ejecutó dicho control hubiera sido producto de una preocupación real por la salud reproductiva y no una forma eugenésica de economía política y control demográfico, se hubieran implementado los protocolos necesarios para educar a la población, haciendo uso de los diversos métodos anticonceptivos, y no se hubiera privilegiado la ligadura de trompas para las mujeres.

Aunque parezca contradictorio, en el tiempo en que ocurrían las campañas masivas de ligadura de trompas, desaparecían de las postas médicas las demás opciones de prevención. Los testimonios de las mujeres y hombres afectados por el PNSRPF, así como los del personal de salud que ha denunciado los abusos, nos revelan que una de las formas que se utilizó para presionar a las usuarias consistió en restringir la distribución de anticonceptivos en los establecimientos de salud.[2]Tampoco se incorporaron las pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE) en los protocolos de atención de los servicios brindados por el Ministerio de Salud[3], sino hasta el 2001. En Piura, a la señora J.G.C. (de entre 25 y 28 años) «le ofrecieron alimentos y la amenazaron con dejar de suministrarle gratuitamente los anticonceptivos que usaba. Esta paciente falleció. Cuando la Defensora Especializada de Derechos de la Mujer acudió al Centro donde la operaron, para revisar su historia clínica, el médico encargado sostuvo que esta no se encontraba en el archivo, sin poder explicar el motivo de ello»[4].

El discurso que utilizó Fujimori fue un cóctel que mezclaba, al ritmo de cumbia, la propaganda feminista y una serie de falacias en pro del desarrollo y los derechos humanos. En su momento, todo ello convenció a la sociedad civil y al movimiento feminista (aunque no en su totalidad), a la cooperación internacional y a los organismos financieros internacionales. Alcanzó su máxima popularidad en Beijing (septiembre de 1995), durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuando el padre de Keiko Fujimori, entonces Primera Dama, declaró que: “¡Las mujeres peruanas deben ser las dueñas de su destino!”.[5] Hoy sabemos que este discurso nunca estuvo más lejos de la realidad. Pero, ¿qué significa que las mujeres sean dueñas de su destino en materia de derechos sexuales y reproductivos?

Hay un doble discurso cuando el Estado pone en marcha un drástico programa de cuotas para la reducción demográfica nacional y a la vez no permite que las mujeres puedan abortar de manera gratuita, segura y libre. Si una mujer toma la difícil y legítima decisión de abortar, el Estado debería proveer el apoyo y los cuidados posibles para que su vida no corra peligro. Esto no fue así en la época de las esterilizaciones forzadas ni lo es ahora. Al final de la década de los noventa, las mujeres pobres sufrían, además de la estigmatización sociocultural, la pena de cárcel por abortar. No importaba que su vida hubiera estado en riesgo o que se tratara de una menor de edad violada por algún escuadrón del Ejército o por su propio padre. Finalmente, la falsa postura de la Iglesia conservadora, pro vida, anti derechos de la mujer y cucufata, que se decía en contra de esta situación, pero que no hizo ni hace nada para detener las aberrantes esterilizaciones forzadas, y del gobierno autocrático de Fujimori, que esterilizaba sin piedad en nombre de la libertad de las mujeres, hoy se hace evidente.

En una nación que se dice laica y democrática, ni el Estado ni la Iglesia deben controlar el cuerpo de las mujeres o de los hombres. Sin embargo, hoy en el Perú, más de mil mujeres recurren cada día al aborto clandestino, poniendo en riesgo su vida, ya que el Estado sigue sin implementar una atención libre, segura y gratuita del aborto, como ya ocurre en México y otros países de la región. Al igual que con las esterilizaciones forzadas de los noventas, estos abortos afectan en su gran mayoría a mujeres pobres. Sabemos, por muy repetidas experiencias, que una mujer con recursos económicos puede practicarse un aborto seguro sin problemas y sin estigmatización. Nuevamente, en el tercer lustro del siglo XXI, el control del cuerpo de la mujer es una ecuación económica, disfrazada de cuestión moral, con la que lucran el Estado, la Iglesia y la corporación médica. Ese racismo moral por parte de la Iglesia y del Estado, en cuanto a la comunidad LTGBI, es denunciado por Violeta Barrientos y se aplica, en general, al control de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú (aborto, crímenes de odio, esterilizaciones forzadas, violaciones, etcétera).[6] En los años noventa, como en los días que corren, la esterilización forzada y el aborto también fueron implementados o penados obedeciendo a políticas económicas neoliberales.