La Iglesia, el Sodalicio y la política

La Iglesia Católica se ha visto sacudida por el pronunciamiento del superior general del Sodalicio, Alessandro Moroni, quien anunció la separación de Luis Figari (fundador de esa institución que actualmente se encuentra en El Vaticano) al haberlo encontrado responsable de abusos sexuales, sicológicos y físicos a menores de edad.

Pero antes de eso, la misma iglesia estuvo en la polémica por su participación en temas políticos y electorales a raíz de las declaraciones del arzobispo de Arequipa Javier del Río, quien en plena misa dijo que votar por Verónika Mendoza o Alfredo Barnechea es un pecado, pues ambos promueven la unión civil y están a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.

EL SODALICIO
Dos golpes duros en muy corto tiempo para una institución que debería estar alejada de los escándalos. Pero vayamos por partes. En el caso del Sodalicio los hechos imputados tienen connotaciones delictivas de acuerdo a nuestro ordenamiento legal.

Fue el mismo Alessandro Moroni, quien tras pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por demorar en dar una respuesta, reconoció que después de los testimonios recibidos, «consideramos a Luis Figari culpable de los abusos que se le imputan y lo declaramos persona no grata para nuestra organización».

Moroni dijo que reiteraban el pedido al Vaticano, ya hecho en diciembre, para que Figari sea separado de la institución sodálite y se termine el retiro espiritual al que se encuentra sometido en Roma.

Sin embargo, Figari, a través de su abogado Armando Lengua Balbi, insiste en negar los hechos y reitera que solo reconoce «haber cometido graves errores, fallas, ligerezas», pero «manifiesto con toda claridad y verdad mi inocencia sobre ellos (los abusos sexuales), y por lo mismo rechazo enérgicamente dichas imputaciones», dijo Figari.

Lengua Balbi, dijo que el comunicado de Moroni «no agrega nada a los hechos ni a las pruebas que siguen siendo insuficientes en la investigación penal. En la investigación del Ministerio Público no hay absolutamente nada que no sean testimonios presentados bajo seudónimos sin ninguna circunstancia de tiempo, lugar y forma. No hay hechos», refirió.

FIGARI SE RESISTE
Actualmente Figari se encuentra en el Vaticano y Lengua aseguró que su defendido no regresará de Italia a colaborar con la investigación. «No hay nada que justifique que él deba dar cara a la justicia, si la justicia no tiene ningún elemento que provenga de una víctima que se hubiese acreditado como tal».

Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes a través de su libro «Mitad monjes, mitad soldados», presentaron 30 testimonios de víctimas de los abusos contra menores (cinco de ellos sexuales) cometidos por Figari y gente de su entorno, señalaron que el perdón no es suficiente y el Sodalicio debe entregar las investigaciones de los 100 testimonios de abusos que han recibido, para que el caso puede tener resultados judiciales.

«El problema del Sodalicio no solo es Figari. Hubo alrededor de él un entorno que lo encubrió y fue su cómplice, y todavía forma parte de la institución», dijo Pedro Salinas y Paola Ugaz acotó que lo primero que tiene que hacer el Sodalicio es reparar económicamente a las víctimas de los abusos. Ambos pidieron, además, una razzia en esa institución.

Después del pronunciamiento de Alessandro Moroni y la respuesta de Figaro, a través de su abogado, queda claro que el camino para que se haga justicia es aún largo, pese a la aparición de nuevos testimonios que han denunciado los abusos sexuales, sicológicos y físicos de los que fueron víctimas durante su permanencia en el Sodalicio.

IGLESIA Y POLÍTICA
El otro caso que puso a la Iglesia en el tapete fue su intromisión en temas políticos. En realidad lo manifestado por el arzobispo Javier del Río contra las candidaturas Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, es una continuidad de los lineamientos del cardenal Juan Luis Cipriani, quien no tiene reparos en hablar sobre temas políticos en radio, televisión y misas. «¿Ganar votos pensando que se destruye el matrimonio o que se elimina la vida?. Si una persona juega con la vida, ¿cómo no va a jugar con tu dinero?», señaló en distintos foros.

Lo curioso es que Del Río se pronunció justo después de reunirse con Lourdes Flores Nano y Juan Carlos Eguren, dos candidatos en plena campaña; mientras que el exmonseñor Luis Bambarén, dijo luego que jamás votaría por Keiko Fujimori, acompañado de Alfredo Barnechea candidato de AP, como si el debate electoral se hubiera puesto la sotana.

El analista Sandro Macassi, consideró inédito que un obispo tache a candidatos. «Algunos obispos han estado en contra de las ideas de los postulantes, pero hablar directamente de un candidato va mas allá de una opinión, evidentemente se trata de una injerencia. Eso está prohibido por el Concordato que rige la relación entre el Vaticano y el Gobierno», refirió.

Advirtió que entre lo dicho por Del Río y Bambarén, «la diferencia es que una declaración se realiza en una misa y la otra es una opinión personal. Uno opina respecto a un candidato y el otro amenaza a los feligreses con una sanción religiosa diciendo que es un pecado. Son diferencias significativas, pero se debe tener en cuenta que en la Iglesia no hay nada que diga que la votación es un pecado».

ESTADO LAICO
Una de las afectadas por las declaraciones del arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, fue Verónika Mendoza, quien reafirmó su posición en favor de un Estado Peruano verdaderamente laico, lo que «quiere decir que ni las creencias religiosas particulares de algunos de nosotros ni la pretendida injerencia de algunas jerarquías eclesiales puede influir en nuestras políticas públicas».

En ese sentido, planteó retirar los beneficios económicos y tributarios que otorga el Estado Peruano a la Iglesia católica. «Creemos que, en todo caso, la norma de traslado de fondos a la Iglesia Católica debiera ser igual para todos. El mismo valor, respeto y lugar se debería dar a todas las iglesias. A todos o a nadie», refirió.

Es preciso señalar que un acuerdo entre el Perú y la Santa Sede, vigente desde el 19 de julio de 1980, otorga «subvenciones y pensiones» a los representantes de la Iglesia Católica en nuestro país y el Ministerio de Justicia es el encargado de velar por esta norma.

A través del Decreto Supremo 145-91-DF , publicado durante el gobierno de Alberto Fujimori se estableció que el Cardenal Cipriani recibiría el mismo sueldo que un ministro de Estado , mientras que un arzobispo el 80% del sueldo de un vice-ministro y un obispo, el 50%.

Lo cierto es que la intervención de los representantes de la Iglesia en el proceso electoral vuelve a poner en el debate su injerencia en la política y la conveniencia o no del financiamiento del Estado solo a la Iglesia Católica.

Tomado de otramirada.pe