Las mujeres de los países desarrollados siguen teniendo problemas para abortar

Un estudio muestra los problemas de las mujeres de los países más ricos y cómo se incumplen las recomendaciones de la OMS
La objeción de conciencia, que no está regulada en España, es una de las principales trabas señaladas por el estudio
España sigue a la cola de Europa en número de abortos realizados por métodos farmacológicos.

A pesar de contar con menos barreras legales para acceder a un aborto seguro, las mujeres de los países desarrollados todavía se enfrentan a desigualdades significativas en cuanto al nivel de calidad y las posibilidades de acceso a este tipo de intervención, incumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así lo señala un estudio publicado en la revista Journal of Family Planning and Reproductive Health Care.

Estudios anteriores ya habían señalado que aunque las leyes que rigen la interrupción voluntaria del embarazo apenas influyen en el número de abortos que se realizan, sí determinan las condiciones en la que se llevan a cabo. En aquellos países en los que el aborto es legal, generalmente es también seguro, ya que es realizado por profesionales cualificados y en condiciones adecuadas.

Según las autoras de la investigación, realizada analizando todos los estudios publicados entre 1993 y 2014, en los países desarrollados aún existen diversas trabas a la hora de interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas, entre las que destacan: la falta de profesionales capaces o dispuestos a llevar a cabo el procedimiento, el acoso y la estigmatización del personal sanitario que practica los abortos, la falta de información o la falta de recursos para costear el procedimiento.

Para Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), España puede ser un caso paradigmático de esta situación, ya que «pese a que la ley española es una de las más avanzadas de Europa, si no se invierte en ella, si no se capacita a los profesionales, si no se mejora la educación y la formación, al final la ley se queda hueca».

La objeción médica no está regulada

Una de las principales trabas señaladas en el estudio es la objeción de conciencia que alega parte del personal sanitario para no participar en este tipo de intervenciones. Las investigadoras encontraron grandes desigualdades en los datos registrados según los países o regiones analizadas. Mientras que en algunas zonas rurales de EEUU la objeción superaba el 35%, en países como Reino Unido apenas alcanza el 20%. En muchos de estos casos, la negativa del personal a llevar a cabo una interrupción del embarazo obligaba a las mujeres a cambiar de región para poder llevarlo a cabo.

En España, la ausencia de reglamentación al respecto hace que no existan datos fiables y los únicos disponibles son los de los registros que han puesto en marcha algunos colegios médicos, que, en la mayoría de los casos, apenas han registrado a un 1% de los colegiados. El único registro oficial se estableció en 2010 en la comunidad de Navarra, con el objetivo de que se pudieran conocer aquellos centros públicos en los que se podían practicar abortos, algo que hasta entonces no era posible. Sin embargo, un recurso del Partido Popular contra la ley que regulaba el registro lo mantuvo paralizado hasta el pasado mes de septiembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional decidió desestimar el recurso y avalar la norma.

Las españolas recurren más al quirófano

El estudio también destaca las diferencias a la hora de optar por los distintos métodos abortivos, ya sean quirúrgicos, basados en la aspiración intrauterina, o farmacológicos, en los que se administra una combinación de dos fármacos, mifepristona y misoprostol. En los extremos de la tabla se encuentran Suecia, donde se recurre mayoritariamente al aborto mediante el uso de fármacos, y Canadá, país en el que estos medicamentos ni siquiera están permitidos.

En España, los últimos datos muestran que un 20% de las mujeres optan por el método farmacológico. Este dato supone un aumento significativo con respecto a hace cinco años, ya que en 2010 solo recurrían a este método el 4% de las mujeres. Aún así, nos mantenemos lejos de otros países de nuestro entorno, como Portugal, donde casi el 70% opta por el método farmacológico, o Francia con un 50%. La Organización Mundial de la Salud recomienda por igual ambos métodos para interrupciones voluntarias del embarazo antes de las 9 semanas.

El estudio concluye realizando una serie de recomendaciones para mejorar el acceso a este tipo de intervenciones, como «mejorar la formación del personal sanitario» y «aumentar el número de servicios disponibles», más allá de la atención médica. Según Cañedo, «no debemos olvidar que un aborto no solo es un procedimiento médico, sino que es una situación que, en ocasiones, también requiere de la intervención de varios profesionales, como trabajadores sociales y psicólogos».

Tomado de eldiario.es