Más mujeres. ¿Mejores propuestas y más derechos para las mujeres?

Ma. Jennie Dador Tozzini

Las agrupaciones políticas tienen la obligación de entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus propuestas de Programas de Gobierno, lo que debiera significar para la ciudadanía un cierto grado de predictibilidad respecto de lo que podría ser la administración del Estado a manos de tal o cual organización. Sin embargo, el Perú es uno de los países de la región, donde las y los candidatos que resultan electos, más rápidamente abandonan las propuestas que alzaron durante la campaña para ganar la elección. Siendo el gobierno del presidente Humala, quien ostenta el record de estos abandonos. Entonces, no es casual que solo el 13% de la ciudadanía confíe en los partidos políticos, y que solo uno de cada cinco peruanos/as crea que el voto es un mecanismo válido para cambiar las cosas (Corporación Latinobarómetro, 2011).

En este contexto, sobre la participación política de las mujeres, hemos sostenido reiteradamente, que ha sido como llegar «tarde a la cita». Es decir, cuando ya no era la arena política el centro del poder de las decisiones, cuando el sistema de representación y sus actores por excelencia, los partidos políticos, estaban en crisis. Con todo, la participación de las mujeres, por efecto de la ley de cuotas de 1997, fue consolidándose, aunque con avances desiguales e insuficientes. Pues si bien la ley obliga a las organizaciones políticas a incorporar, como mínimo un 30% de mujeres u hombres, en las listas electorales, ellas siguen compitiendo en las mismas condiciones estructurales desventajosas que constituyen barreras para su empoderamiento político y su real participación. Las mujeres tienen menos recursos y un menor acceso a redes de apoyo para participar en espacios de decisión política, carecen de autonomía económica, son pobres de tiempo y dinero, ya que realizan la mayor parte del trabajo doméstico no renumerado y perciben menores salarios. Además, según datos de las ENDES, en la última década, 4 de cada 10 mujeres, en edad reproductiva, fueron agredidas por su pareja; incluso en la función pública las hace víctimas del acoso político por parte de sus pares varones. Situación que motivó a la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú-RENAMA a presentar una propuesta para su penalización, la que fue acogida por la congresista Verónika Mendoza , durante la legislatura pasada.

En cuanto al impacto de la aplicación de este mecanismo, se evidenció rápidamente que era progresivo, aunque no sostenido, pues si bien el número de mujeres en el Congreso se triplicó hasta casi alcanzar el 30% en las elecciones del 2006, en las elecciones de 2011, la representación femenina disminuyó al 21.5%. Asimismo, a nivel regional, de las 26 circunscripciones electorales en las que se divide el país, 12 (46.1%) no cuentan con representación parlamentaria femenina alguna.

Desde que se aprobó la ley de cuotas, cada proceso electoral significó un agudo ejercicio de vigilancia, por parte de las organizaciones feministas y de instituciones como la Defensoría del Pueblo. Entonces, se contaban por cientos las listas que incumplían con el número mínimo de mujeres o que tramposamente sumaban candidatas titulares y accesitarias o que redondeaban la cifra decimal al entero superior, contando a las mujeres como si de papas o camotes se tratase. Se llegó incluso a la judicialización de un caso de incumplimiento por interpretación restrictiva.

En estas elecciones, con contadas excepciones, esto no se da. El 39,6% de las candidatas al Congreso son mujeres y, solo en el distrito electoral de Loreto, el Partido Perú Libertario incumplió la cuota de género al presentar una lista con solo una sola candidata, cuando el mínimo establecido es de 2 .

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