Minsa pagará a mujer que no pudo abortar y quedó parapléjica
Joven de 22 años espera ser indemnizada desde hace nueve años por el Estado Peruano.
Detrás de un plástico azul que hace de puerta, está L.C. con el rostro desencajado, destilando indignación. «¿Segura de que no quieres decir tu nombre?», le preguntamos. «Sí, prefiero seguir siendo L.C.», responde con firmeza, aunque autoriza el uso de su foto y la difusión del nombre de su madre en esta nota. Ella, Teresa Palacios, la observa desde una esquina con una mirada cansada, con una especie de resignación. Nos han recibido en un dormitorio que hace, a la vez, de comedor, en su casa en Mi Perú, en el Callao.
L.C. ha decidido romper el pacto de confidencialidad que cumplía desde hace un año con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lleva esperando nueve años (siete de ellos en una silla de ruedas) a que el Estado Peruano la indemnice por una negligencia médica, pero hasta hoy solo ha recibido promesas. «Me da cólera, rabia, frustración. ¿Por qué a mí?», se lamenta.
SIN DERECHO
Desde los 13 años, a L.C. la vida le ha sabido amarga. A esa edad, en el 2006, fue violada sistemáticamente por dos sujetos que la amenazaban con matarla si los denunciaba. Al sospechar que estaba embarazada, intentó suicidarse. Se lanzó desde el techo de su casa. Ingresó al hospital Daniel Alcides Carrión con la columna vertebral rota y los médicos determinaron que debía ser operada de emergencia para evitar una discapacidad física permanente. Aunque su operación fue programada, quedó postergada cuando los doctores y L.C. descubrieron que tenía seis semanas de gestación.
«Le dijeron que tenían que esperar que diera a luz para operarla. Por el riesgo que corría, su mamá solicitó el aborto terapéutico, pero decidieron procurar la vida del feto sobre la de ella», cuenta Brenda Álvarez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Según el artículo 119 del Código Penal, el aborto terapéutico puede realizarse «cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente».
La junta médica determinó que L.C. no corría riesgo y desestimó el pedido de aborto terapéutico. «Le lloré a los médicos, les pedí que la operaran, pero no me escucharon», recuerda Teresa Palacios.
Casi tres meses después, L.C. sufrió un aborto espontáneo y recién pudo ser operada de la columna: para entonces ya había quedado parapléjica sin remedio, condenada a que le realicen hasta cuatro cateterismos diarios para eliminar heces y orina.
LUCHA LEGAL
L.C. y su familia, con apoyo de Promsex, demandaron al Estado Peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU en el 2009. Dos años después, el comité dictaminó a favor de L.C. y recomendó al Estado no solo indemnizarla, sino mejorar los mecanismos legales para ejecutar el aborto terapéutico.
Sin embargo, L.C. siguió sin ver la luz. Durante los años de espera, gracias a la tenacidad de su madre, quien hasta ahora vende desayuno en la puerta de su casa, logró llevar terapias de rehabilitación y sobrevivir a su dolor. Dejó de vivir escondida debajo de una frazada y empezó a movilizarse con una silla de ruedas que un grupo religioso le obsequió.
Fue así que recién en febrero de este año, la esperanza volvió a su vida. Los ministerios de Justicia y de Salud la invitaron a reunirse para conciliar el pago de su indemnización. Fueron ocho los encuentros que tuvieron los representantes de las entidades con L.C. y sus defensores. Sin embargo, los ministerios no han logrado ponerse de acuerdo. «Llevo una vida esperando y ya no puedo más», afirma L.C. Su abogada la respalda. «Las conversaciones se acabaron, ahora tendremos que iniciar un proceso penal contra el ministro de Salud», anuncia Álvarez.
SE COMPROMETEN A PAGAR
Desde el Ministerio de Salud, la jefa del Gabinete de Asesores, Dalia Suárez Salazar, reconoce la demora, pero señala que es parte del proceso de conciliación. «No es fácil, hubo demoras por problemas de competencias», indica.
Suárez asegura que las dificultades ya se han vencido y que el Minsa pagará la indemnización en enero, por una cifra mantenida en reserva. «El lunes [mañana] me comunicaré con su abogada y los convocaremos para firmar la preacta de conciliación», afirmó. Mientras tanto, L.C. sigue esperando.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!