Mujeres continúan siendo condenadas y presas por sufrir abortos espontaneos en Latinoamérica

Incluso parece irreal que una mujer puede ser castigada, incluyendo la detención ordenada por un cese involuntario del embarazo. “Es el colmo de la culpabilizaciónde la sexualidad femenina”, dice Rosangela, para quien las iglesias, especialmente las cristianas como la católica, y los valores culturales siguen influyendo decisivamente en el imaginario social y en las rígidas leyes anti-aborto de la región latinoamericana, cuando, de hecho, el aborto debe ser visto como un problema de salud pública.

El castigo de mujeres que sufren abortos involuntarios es todavía una realidad en los países latinoamericanos. Este es el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde no importa si el aborto es espontáneo, o la vida de una mujer está en riesgo o si fue el resultado de la violencia sexual. Allá interrumpir un embarazo, cualquiera que sea la razón, es un delito y quien se arriesga a abortar puede ser condenada a decenas de años de prisión. Esto también puede ocurrir en Chile, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En la mayoría de los países, como sucede en Brasil, se permite la interrupción del embarazo cuando es espontáneo, amenaza la vida de la madre, el embarazo anencefálico y violación, pero sólo hasta la semana 20 de embarazo. El aborto voluntario sigue siendo un delito. Rosangela señala que, en Brasil, hay pocos casos, pero algunas mujeres siguen siendo condenadas por abortar voluntariamente. En América Latina y el Caribe sólo Cuba, el Distrito Federal de México y, más recientemente, Uruguay han legalizado el aborto.

En El Salvador, María Teresa Rivera, fue condenada a 40 años por homicidio intencional en 2012. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que un día, en la fábrica textil donde trabajaba, sintió una necesidad urgente de ir al baño. Algún tiempo después, fue encontrado por su suegra, caída en el suelo y sangrado. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, sufrió un aborto involuntario. Y por este “crimen” fue condenada. María Teresa tiene un hijo de cinco años. Cuando ella salga de la cárcel, su hijo ya será un adulto.

Guadalupe Vásquez tenía sólo 18 años y trabajaba como doméstica cuando ella quedó embarazada y tuvo un aborto involuntario. Ella dormía en la casa de los jefes, en una habitación pequeña, que ni siquiera tienen electricidad. Fue en esa habitación donde tuvo complicaciones obstétricas y parto prematuro. En estado de shock y hemorragia grave, fue llevado al hospital. Allí, Guadalupe fue acusada por el personal médico por el aborto y, durante el juicio, la tipificación del delito fue de homicidio agravado, siendo condenado a 30 años de prisión.

Incluso las organizaciones que trabajan por no legalizar el aborto como el Movimiento en Favor de la Vida(Movida) en Brasil, condenan la penalización del aborto si es espontáneo. “No podemos exigir a una mujer a controlar su propio cuerpo y, aun en los casos de aborto voluntario, debemos tratar de entender las razones que llevaron a la mujeres a hacer esto, a menudo bajo la presión de la familia y/o de su pareja”, dice Fernando Lobo, fundador de Movida, señalando que, en primer lugar, debe estar la vida de la mujer, aunque señalan que los quienes hacen abortos voluntarios en Brasil están sujetas a sanciones. Incluso en el caso de embarazo anencefálico, el sostiene que la mujer espere un aborto involuntario, no provocado. Cuando ha habido violación, él entiende que cada caso debe evaluarse de forma aislada.

Para Lobo, la información de que hay miles de muertes de mujeres por abortos por año en Brasil es una falacia. “Conoces a alguien que ha muerto a causa del aborto? Según los datos del SUS [Sistema Único de Salud], el número de muertes por abortono pasó 100 casos, si no me equivoco, en 2011″, dice. Sin embargo, hay estudios que estiman los abortos constituyen la quinta mayor causa de mortalidad materna en Brasil. Sobre la base de los números Data Sus (Departamento de Informática del Sistema Único de Salud), la prensa ha informado de que se efectúan cerca de 850.000 abortos ilegales al año en Brasil. El número de hospitalizaciones por complicaciones durante abortos pasa de 200 mil, 155 mil por interrupción inducida.

Lobo, de la Movida, y Rosangela, el CDD, coinciden en una cosa: tenemos que fortalecer las iniciativas de educación en salud sexual y reproductiva de las mujeres, ampliando el acceso a los anticonceptivos. Para la integrante Católicas, está equivocado quien piensa que la legalización del aborto provocará una carrera a los hospitales. Las experiencias muestran que, por el contrario, la legalización del aborto conduce a una mayor concienciación de la sociedad en la prevención del embarazo y en los países que han legalizado, como es el caso de Uruguay, las tasas de aborto inducido disminuyeron con el tiempo.

EL ABORTO Y LA IGLESIA

En la evaluación de Rosangela, de CDD, la Iglesia Católica, incluso con apertura progresiva iniciada por el Papa Francisco los últimos dos años, no se ha avanzado prácticamente nada en la discusión de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Es decir, la mujer sigue siendo reprimida en su sexualidad. “La iglesia sigue predicando que el sexo sólo debe aceptarse dentro de matrimonio heterosexual y con vistas a la procreación, que está muy lejos de la revolución sexual que viene dando las mujeres”, dice Rosangela.

Para ella, ya será un gran logro cuando la iglesia acepte oficialmente el aborto en caso de riesgo de vida de las mujeres, de embarazo anencefálico y violación. Sin embargo, esta perspectiva todavía está lejos de realizarse, en su opinión, por razones a menudo religiosas. En pleno siglo XXI, hay muchas más iniciativas, en particular las leyes, en el caso de Brasil, para criminalizar, que para despenalizar y legalizar el aborto.

CAMPAÑAS

Grupos de derechos humanos, como el Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto en El Salvador y Amnistía Internacional luchan para proteger a las mujeres condenadas a someterse a abortos. Apenas la semana pasada, el Parlamento de El Salvador aprobó un indulto para Guadalupe Vásquez, que estaba cumpliendo una condena de 30 años de prisión por haber sufrido un aborto involuntario. En la evaluación de las instituciones, la decisión debe ahora servir de precedente para otras 16 mujeres salvadoreñas que permanecen prisioneras a causa de la total penalización del aborto y abrir la puerta a los necesarios cambios en la legislación.

Una de las mayores defensoras de Guadalupe Vásquez es Morena Herrera – persona destacada en la lucha por la libertad en El Salvador, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos – quien explica por qué la total penalización del aborto en ese país debe ser anulada. Desde 2009, ella está en esta lucha, a través de la asociación que lidera – Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto.

“Un día recibí una llamada telefónica. Era una estudiante que estaba en el baño de una escuela, con una hemorragia. Le pedí a un colega que la llevara a un hospital privado. Había sido violada en las inmediaciones de la universidad [quedando embarazada], pero no se lo dijo a nadie. Tomó algunas cápsulas hechas de soda cáustica, que le destruyeron las paredes de las arterias – pero continuaba embarazada. Para nosotros, este es el dilema: ¿preferimos que esta persona muerta o prisión? Esta es la realidad que vivimos todos los días. Es demoledora”, describe Morena.

El embarazo no deseado es una realidad dolorosa para muchas mujeres y jóvenes en El Salvador. Cómo Morena Herrera señala, en el 36% de los nacimientos registrados en los hospitales, las madres tienen entre nueve y 18 años. Sin una adecuada educación sexual, con un acceso muy limitado a los anticonceptivos y la prohibición total del aborto, las jóvenes no tienen otra salida – excepto los abortos clandestinos (35.000 por año) o suicidio (con una tasa de 57 % de las muertes durante el embarazo).

Ante esta realidad, Amnistía está promoviendo una campaña para presionar al presidente de El Salvador Sánchez Cerén, a despenalización del aborto en el país; liberación incondicional e inmediata a todas las mujeres y niñas las presas por haberse sometido a un aborto o por aborto espontáneamente; garantizar el acceso al aborto seguro y legal para todas las mujeres y niñas en casos de violación o incesto, cuando la salud de la mujer está en riesgo y cuando es poco probable que sobreviva el feto; y garantizar el acceso a la información y servicios de anticoncepción adecuados y proporcionar una educación sexual integral para todos y todas.

Tomado de http://www.elciudadano.cl