La presente publicación tiene como objetivo socializar y discutir las investigaciones recientes sobre el estado actual de los servicios de planificación familiar y su relación con las cifras de mortalidad materna a fin de consensuar una propuesta guía para su uso en el sector público.
Según las últimas Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (Endes), en Piura la tasa global de fecundidad (TGF) aumentó de 2,7 a 2,9, del año 2000 al 2009. Además, en el mismo periodo, el 52,7% de las mujeres unidas (sexualmente activas y casadas con pareja estable) usaba métodos anticonceptivos modernos y el 21,1%, tradicionales, habiendo bajado la utilización de los primeros y subido la de los segundos durante aquellos años. Resulta claro, entonces, que pese a los avances aún no logramos propiciar como deberíamos que las mujeres y sus parejas cuenten con los medios para decidir sobre su fecundidad.
Esta falla del sistema de salud tiene diferentes factores, como lo demuestra el siguiente estudio realizado en nuestra región por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX . La ausencia de una política contundente a favor de la planificación familiar recoge la debilidad del nivel nacional para establecerla, pero también la falta de un proceso regional de concertación para definir las prioridades regionales desde la voz de las ciudadanas y ciudadanos.
Es llamativa también la distancia que sigue existiendo entre las necesidades de las usuarias y usuarios y la oferta de servicios que brindamos. Esta brecha se expresa en lo sanitario -propiamente en la ausencia intermitente de insumos para la atención-, en ciertas deficiencias del personal en relación a las habilidades requeridas y en dificultades para un acceso equitativo a los métodos anticonceptivos cuya provisión entraña una mayor complejidad del servicio. Asimismo, existe una brecha entre las características de los servicios brindados y las expectativas de las usuarias y usuarios en ellos; no atender apropiadamente las particulares necesidades de las adolescentes, por ejemplo, se traduce precisamente en un menor acceso de este grupo a nuestros servicios.
El debate levantado a partir de este estudio presentado por PROMSEX ha generado ya en la región el compromiso de las autoridades para revertir la situación. Se espera que su difusión ayude a vencer la inercia contra el cambio requerido en diferentes niveles y podamos asegurar una mejor atención a las necesidades reproductivas de mujeres y hombres.
La ausencia de una atención integral de la salud sexual y reproductiva de las mujeres –cuya situación es vulnerable por la inequidad social y la discriminación por género en que viven– tiene incidencia en la calidad de vida y el bienestar a que tienen derecho, lo cual se constituye en desafíos permanentes y de prioridad que deben lograrse mediante acciones que comprometan a las instancias de gobierno nacional, regional y local, y mediante la promoción de una participación activa de los diferentes actores sociales.
Es de consenso universal que una de las estrategias más importantes a utilizar para garantizar una salud reproductiva óptima es la planificación familiar, sin embargo en nuestro país se aprecia que existen barreras de diversa índole que impiden el acceso a métodos anticonceptivos, sobre todo de las mujeres y con preocupante énfasis en las mujeres de bajos recursos económicos.
En Arequipa, estas limitaciones en políticas de planificación familiar, el abastecimiento de métodos anticonceptivos en forma regular, el abandono del fortalecimiento de las competencias de las y los proveedores, entre otros factores, precisan determinarse con mayor exactitud. Por ello, presentamos el presente estudio de corte cualitativo, con el fin de conocer una realidad representativa, la del distrito Alto Selva Alegre; una realidad que puede extrapolarse a otros ámbitos.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el apoyo a nivel operativo de la Asociación Humanidad Libre y el Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, contribuyen así con la tarea de propiciar una reactivación del papel fundamental que tiene la planificación familiar en la vida de las peruanas y los peruanos; una tarea que servirá para colocar la temática en la agenda de los decisores de la Región Arequipa y de los ámbitos municipales. El reto es asumir compromisos y desarrollar intervenciones amigables, eficientes y de calidad en los servicios de salud, a favor de la entrega de métodos anticonceptivos seguros, modernos y oportunos que satisfagan las expectativas de las mujeres usuarias de dichos servicios. El impacto de estas acciones repercutirá en forma gravitante en la salud de las mujeres y en el desarrollo regional, por lo que el esfuerzo de los actores sociales que han intervenido en este estudio será fructífero y valioso.
Hasta hoy, el Estado Peruano no ha logrado comprender la necesidad de tener una verdadera política de planificación familiar, enfocada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia fecundidad y enfocada en su acceso a los últimos avances en metodología anticonceptiva.
La planificación familiar no constituye ninguna prioridad en la política pública de salud en el Perú. Este y otros estudios señalan y han señalado que son pocos los esfuerzos que el Estado Peruano ha hecho para incorporar los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y luego los Objetivos del Milenio (ODM) en la política de planificación familiar.
El Estado Peruano tampoco ha logrado advertir los altos costos-beneficio que trae una inversión sostenida en planificación familiar y metodología anticonceptiva. Desde hace años, diversos estudios han señalado que una adecuada inversión evitaría, por ejemplo, la alta incidencia de embarazos no deseados y de los resultantes abortos inseguros, una de las principales causas de muerte materna y de morbilidad extremadamente grave en el Perú; las infecciones de transmisión sexual (ITS, entre ellas la del VIH), uno de los principales problemas de salud pública; el abandono de las escuelas por parte de las mujeres embarazadas a temprana edad; la menor productividad y ahorro a nivel familiar; la existencia de niños y niñas con menores oportunidades para la educación; y, por lo tanto, la existencia persistente de más pobreza en nuestro país.
