Según las últimas Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (Endes), en Piura la tasa global de fecundidad (TGF) aumentó de 2,7 a 2,9, del año 2000 al 2009. Además, en el mismo periodo, el 52,7% de las mujeres unidas (sexualmente activas y casadas con pareja estable) usaba métodos anticonceptivos modernos y el 21,1%, tradicionales, habiendo bajado la utilización de los primeros y subido la de los segundos durante aquellos años. Resulta claro, entonces, que pese a los avances aún no logramos propiciar como deberíamos que las mujeres y sus parejas cuenten con los medios para decidir sobre su fecundidad.

Esta falla del sistema de salud tiene diferentes factores, como lo demuestra el siguiente estudio realizado en nuestra región por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX . La ausencia de una política contundente a favor de la planificación familiar recoge la debilidad del nivel nacional para establecerla, pero también la falta de un proceso regional de concertación para definir las prioridades regionales desde la voz de las ciudadanas y ciudadanos.

Es llamativa también la distancia que sigue existiendo entre las necesidades de las usuarias y usuarios y la oferta de servicios que brindamos. Esta brecha se expresa en lo sanitario -propiamente en la ausencia intermitente de insumos para la atención-, en ciertas deficiencias del personal en relación a las habilidades requeridas y en dificultades para un acceso equitativo a los métodos anticonceptivos cuya provisión entraña una mayor complejidad del servicio. Asimismo, existe una brecha entre las características de los servicios brindados y las expectativas de las usuarias y usuarios en ellos; no atender apropiadamente las particulares necesidades de las adolescentes, por ejemplo, se traduce precisamente en un menor acceso de este grupo a nuestros servicios.

El debate levantado a partir de este estudio presentado por PROMSEX ha generado ya en la región el compromiso de las autoridades para revertir la situación. Se espera que su difusión ayude a vencer la inercia contra el cambio requerido en diferentes niveles y podamos asegurar una mejor atención a las necesidades reproductivas de mujeres y hombres. 

Hasta hoy, el Estado Peruano no ha logrado comprender la necesidad de tener una verdadera política de planificación familiar, enfocada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia fecundidad y enfocada en su acceso a los últimos avances en metodología anticonceptiva.

La planificación familiar no constituye ninguna prioridad en la política pública de salud en el Perú. Este y otros estudios señalan y han señalado que son pocos los esfuerzos que el Estado Peruano ha hecho para incorporar los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y luego los Objetivos del Milenio (ODM) en la política de planificación familiar.

El Estado Peruano tampoco ha logrado advertir los altos costos-beneficio que trae una inversión sostenida en planificación familiar y metodología anticonceptiva. Desde hace años, diversos estudios han señalado que una adecuada inversión evitaría, por ejemplo, la alta incidencia de embarazos no deseados y de los resultantes abortos inseguros, una de las principales causas de muerte materna y de morbilidad extremadamente grave en el Perú; las infecciones de transmisión sexual (ITS, entre ellas la del VIH), uno de los principales problemas de salud pública; el abandono de las escuelas por parte de las mujeres embarazadas a temprana edad; la menor productividad y ahorro a nivel familiar; la existencia de niños y niñas con menores oportunidades para la educación; y, por lo tanto, la existencia persistente de más pobreza en nuestro país.