Trabajadoras sexuales de Nicaragua rompen silencios y suman derechos

Tras vivir en las sombras de la semiclandestinidad, miles de mujeres nicaragüenses que se dedican al trabajo sexual, han roto el silencio y conquistado el respaldo institucional de los poderes del Estado para irrumpir en funciones públicas y obtener derechos que antes les estaban vedados.

María Elena Dávila, coordinadora nacional de la Red de Trabajadoras Sexuales de Nicaragua (TraSex), explicó a IPS que tras 15 años de organización en silencio, las mujeres que prestan servicios sexuales por dinero, lograron convertirse en facilitadoras judiciales de la Corte Suprema de Justicia y promotoras de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud.

También forman parte de la Defensoría de Derechos Humanos y cuentan con una procuradora especial que vela por sus derechos y acaban de ser invitadas a capacitarse en derechos políticos y a servir como funcionarias temporales del Consejo Supremo Electoral en los comicios generales de 2016.

«Esta invitación a capacitarnos en materia electoral nos fortalece para demandar y defender nuestros derechos ante los partidos políticos y candidatos», dijo Dávila a IPS.

TraSex representa a Nicaragua dentro de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, integrada además por organizaciones de Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En Managua, la red se fundó en noviembre del 2007 con apoyo de organizaciones no gubernamentales locales y fondos de asistencia social de agencias de cooperación.

Nacieron como la Asociación de Trabajadores Sexuales Girasoles e inicialmente eran 125 mujeres que ya desde 1997 asistían a capacitaciones de salud y charlas de educación sexual reproductiva, aunque todo de manera informal.

En 2009 la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos firmó un convenio de cooperación y asistencia con ellas y la organización empezó a ganar espacios.

Ahora tienen un registro de 14.486 trabajadoras sexuales entre los 18 y 60 años, de las cuales 2.360 se han asociado a la red.

«El resto de mujeres fuera de la red aún desconfían de la organización o desconocen nuestros objetivos de apoyo, pero estamos trabajando para capacitarlas en defensa de sus derechos como mujeres y como trabajadoras sexuales», explicó Dávila.

Pajarita de Nandaime, el nombre ficticio que dio a IPS para proteger su identidad, es una de las mujeres que rechaza todo tipo de organización de su gremio.

«Yo me valgo por sí misma y no confío en grupos y sociedades. Esas mujeres se meten a eso por agarrar dinero, dólares, y luego se olvidan de una. Esta vida me ha enseñado que entre putas no hay amistad, solo competencia», dijo a IPS la joven de 27 años.

Ella labora por citas telefónicas en horarios diurnos en moteles de Managua, asegura que estudia la carrera de Turismo por las noches y los fines de semana regresa a su hogar en Nandaime, una pequeña ciudad del oriental departamento de Granada, a 67 kilómetros de la capital.

No obstante, la organización sigue ganando terreno en las instituciones públicas. Ellas ahora tienen aliados en la Asamblea Nacional Legislativa, que les permiten incidir en las leyes que atañen a sus condiciones laborales y sociales.

Carlos Emilio López, diputado nacional y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, es uno de los funcionarios que apoya a la red.

«Son mujeres valientes, luchadoras, que históricamente han sido estigmatizadas y discriminadas y ahora vienen a demandar una atención que nunca se les ha dado. Es una deuda histórica del Estado y es hora de pagarla», dijo López a IPS.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Marvin Aguilar, presidió en abril un acto en que 18 mujeres de la red recibieron sus credenciales de facilitadoras judiciales.

Entonces explicó que la labor asignada a estas mujeres les permite actuar como auxiliares y mediadoras en administración de justicia en conflictos y faltas leves, como un mecanismo de solución de conflictos mediante el diálogo.

«Somos el único país del mundo que trata a las trabajadoras sexuales como facilitadores judiciales. El único país del mundo que no intenta arrestarlas y donde la actividad no es criminalizada. No las llevamos a prisión por el trabajo sexual», ha detallado Aguilar.

En mayo, las autoridades de la Policía Nacional nombraron a una jefa especial para atender directamente las demandas de seguridad de la red de TraSex y estableció una directriz institucional para atender sus denuncias de violencia general y doméstica con todo el rigor que fija la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Antes de este acercamiento, las trabajadoras sexuales denunciaban constantemente a los policías por abusos de autoridad, discriminación y persecución.

Esta nueva relación con los poderes del Estado permitió a la red TraSex incidir en el contenido de la Ley contra la Trata de Personas en Nicaragua, que entró en vigor en abril.

En el texto original se establecía una conexión entre la prostitución y el proxenetismo con el delito de la trata, y al mismo tiempo se destacaba que las mujeres, incluidas las prostitutas, eran sus mayores víctimas.

Según Dávila, las trabajadoras sexuales eran perjudicadas con esa doble vinculación de víctimas y victimarias, por lo que la red propuso una modificación del texto que fue aceptada y en el texto final se eliminó el trabajo sexual como delito conexo a la trata de personas.

Dentro de su empoderamiento en la sociedad nicaragüense, la red celebró públicamente el 2 de junio por primera vez el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que celebra desde 1976 en conmemoración de la protesta un año antes, en la ciudad francesa de Lyon, de mujeres prostitutas contra la discriminación de que eran víctimas.

Antes, en 2014, en un acto público y ante medios de comunicación promovieron la publicación del libro testimonial «Ni putas ni prostitutas, somos trabajadoras sexuales», donde cuatro mujeres narran sus experiencias en esta ocupación y sus aspiraciones sociales.

Además, desde 2014 cuentan con un puesto con voto en la Comisión Nicaragüense del VIH/Sida y participan, también con voz y voto, en la Mesa Coordinadora del País sobre VIH/Sida, donde instituciones oficiales, organizaciones sociales y organismos internacionales elaboran acciones contra el VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

Pese a los avances que ellas celebran, Dávila reconoció a IPS que aún sigue la discriminación social y hay muchas «batallas por librarse» para su colectivo en este país centroamericano.

Una de ellas es establecer comunicación con el Ministerio de Educación para que alfabetice y refuerce la educación de las trabajadores sexuales y garantice, además, la protección a sus hijos e hijas, víctimas habituales de «bullying (acoso escolar)» por parte de maestros y estudiantes, cuando se enteran del oficio de sus madres.

Otra batalla, dijo Dávila, es dialogar con las autoridades judiciales para que el nuevo Código de la Familia, vigente desde abril, no sea interpretado por jueces para despojar a las trabajadoras sexuales de sus hijas e hijas por razón de su oficio.

«Tenemos ahora mismo varios casos de madres trabajadoras sexuales que las autoridades les quieren quitar a sus hijas porque alguien denunció la labor que ejercen», explicó.

Editado por Estrella 

Tomado de IPS.net