5 países recomiendan a Perú despenalizar el aborto en caso de violación sexual durante el 3er Ciclo del EPU en ONU

Eslovenia y Bélgica preguntaron sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la situación de discriminación hacia las personas LGBT. Sus interrogantes fueron: ¿Qué políticas se tiene para reducir el embarazo adolescente y asistir a aquellas cuyo embarazo es producto de una violación sexual?, ¿se considera la despenalización del aborto en casos de violación sexual, incesto y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina?, ¿considera adoptar legislación que prohíba la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género?

Frente a ello, la delegación peruana se limitó a señalar que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) estaría trabajando en estos temas y que, además, serán abordados por el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2017 – 2021. En el caso de Reino Unido que consultó ¿Cómo el gobierno planea revertir los retrocesos en materia de igualdad de género con la actual composición del Congreso?, la respuesta dada por Perú no abordó adecuadamente lo planteado. La delegación solo señaló los esfuerzos formales realizados, principalmente desde el Ejecutivo, para lograr políticas de la igualdad de género.

“Tenemos medidas en el Plan contra la Violencia de género 2012 -2017, que incluye reglas para mejorar la igualdad de género. Además, damos soporte legal a las víctimas de violencia desde el MINJUS”, precisó José Coloma, Viceministro de Derechos Humanos del MINJUS.

Por su parte, Hubert Wieland Conroy, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló una serie de medidas como la adopción del Plan Nacional de igualdad de Género 2012-2017, la disminución en la cifra de mujeres indocumentadas, la adopción de una política educativa con enfoque de igualdad de género, la nueva ley y reglamento frente a violencia contra la mujer, la implementación de 256 Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y un Protocolo para casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Pero ninguno de ellos hizo referencia al contexto legislativo en su respuesta.

Lamentablemente, la situación fue similar cuando República Checa consultó ¿qué medidas se habían tomado para eliminar las políticas de seguridad municipal de Lima que mencionan la “erradicación de homosexuales” en los espacios públicos?  Frente a lo cual la delegación se limitó a señalar que los Principios de Yogyakarta venía siendo usados para la formulación del nuevo PNDH 2017-2021 y que el Manual de DDHH de la PNP enfatizaba la no discriminación ni violencia contra las personas LGBT; pese a ser de conocimiento público que los principales agresores de las personas LGBT son miembros de serenazgo y la policía.

Por otro lado, José Coloma sostuvo en cuanto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que el Estado había realizado algunos ajustes a las normas de planificación familiar para asegurar el acceso efectivo. Pero reconoció que todavía faltaba realizar mayores acciones frente al embarazo adolescente, aunque este tema había sido abordado en el recién aprobado Currículo Escolar. En ese sentido, agregó la intención del Estado de trabajar sobre la materia junto con la sociedad civil.

Finalmente, luego de la sesión, 05 países (Canadá, Eslovenia, Suiza, Finlandia e Islandia) recomendaron explícitamente a Perú que despenalice el aborto en casos de violación sexual e incesto, al menos 08 estados (Canadá, Colombia, Honduras, Eslovenia, Francia, Argentina, Timor-Leste e Israel) le instaron a prevenir, penalizar, investigar y sancionar la violencia y discriminación contra las personas LGBT. Asimismo, Canadá le recomendó garantizar el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) y junto a Portugal, Francia y Eslovenia instaron a Perú a garantizar la educación sexual integral; mientras que, República Checa, exhortó a eliminar los planes de seguridad municipal que mencionan la erradicación de las personas LGBT en el espacio público.

Ya realizadas las recomendaciones, el Estado puede señalar antes de mañana, 10 de noviembre, o en marzo del 2018, cuáles serían las recomendaciones que el Estado acepta implementar durante los próximos 5 años. Por ello, PROMSEX solicita a la sociedad civil a unificar esfuerzos e instar al Estado a responder oportunamente y aceptar las recomendaciones que se le realizaron para mejorar la situación de las personas LGBT y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Promsex Comunicaciones
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