Huánuco: empresas asumen protección de derechos de niños/as y adolescentes

Huánuco, 7 de julio de 2016.- Es inevitable que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, interactúen con niños, niñas y adolescentes y, afecten sus vidas de un modo directo e indirecto, es por ello que en la Conferencia «El Impacto de las Empresas en los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes» realizada ayer en la ciudad de Huánuco, el sector empresarial de esta zona del país reconoció la importancia de incluir en sus políticas, compromisos para apoyar, promover y respetar los derechos de la niñez y adolescencia, así como establecer medidas para prevenir y remediar cualquier impacto adverso sobre los mismos.

Y es que la puesta en marcha de estas iniciativas no sólo beneficiaría a los niños, niñas y adolescentes, sino que pueden también generar beneficios importantes para la propia empresa, pues una empresa que implemente sus acciones en favor de los derechos de la niñez y adolescencia, puede crearse una buena reputación, mejorar su gestión de riesgos y obtener el «permiso» de los ciudadanos de una comunidad donde operará, fueron algunas reflexiones que se señalaron en el evento.

Dicho evento que reunió a los empresarios y funcionarios públicos que promueven el desarrollo empresarial y social en Huánuco, también contó con la participación de María Gabriela Villalobos, Directora de País de Save the Children; de David Vignes, Gerente de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Save the Children; del Dr. Pier Paolo Marzo Rodríguez, Representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco; del Administrador Vladimir Santiago Espinoza en representación de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco; de la Dra. Gladis Bazán Gallardo en representación de la Dirección Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Huánuco; y, de Eysler Nieto Ferrer, Director Regional de la Asociación Paz y Esperanza en Huánuco.

Asimismo, se remarcó la importancia del rol del Estado, como principal garante de estos derechos, para crear un entorno propicio y favorable para que las empresas respeten los derechos de la niñez y adolescencia, fiscalizando sus actividades y, garantizando una instancia gubernamental o privada que atienda las demandas de los niños, niñas y adolescentes cuando sus derechos hayan sido vulnerados por las actividades empresariales.

«Una empresa que excede sus acciones más allá de las otorgadas por la ley, como cuando discotecas o bares se establecen cerca de instituciones educativas, o cuando expenden bebidas alcohólicas a menores de edad, o cuando los medios de comunicación difunden discursos que cosifican a la mujer, o cuando los servicios hoteleros y de transporte no corroboran la identificación de niñas y adolescentes acompañados por adultos, o cuando puestos de periódicos funcionan como publicidad de falsas ofertas de trabajo (que es una de las principales formas de captación de la trata de personas), o cuando las empresas extractivas no consideran que a la par de sus operaciones también se generan otros negocios ilícitos como la proliferación de bares clandestinos donde se explota sexualmente a adolescentes, o cuando simplemente no proveen a sus trabajadores de todas las condiciones de salud y seguridad contempladas por la ley, ya están afectando directa o indirectamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes», dijo Eysler Nieto Ferrer, representante en Huánuco de la Asociación Paz y Esperanza.

Sin embargo, se concluyó manifestando el grande potencial positivo que tienen las empresas grandes y pequeñas (como el financiar proyectos educativos o de salud en zonas de extrema pobreza como obras por impuestos, la generación de trabajo y por ende más familias con mejores ingresos) para crear un mundo mejor para todos los niños, niñas y adolescentes del Perú.

Esta es una acción apoyada por el Gobierno de Suecia y coordinada entre Paz y Esperanza y Save the Children.

Tomado de Asociación Paz y Esperanza – Huánuco
Proyecto: «Fortalecimiento de espacios de diálogo entre organizaciones de niñas, niños y adolescentes, sociedad civil, gobierno y las empresas privadas para la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su protección frente a la violencia».