Adolescentes tienen derecho a anticonceptivos y educación sexual de calidad

Las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes mayores de 14 años son totalmente legales, según sentencia del Tribunal Constitucional del 2012. Es obligación de los proveedores de salud brindarles información y anticonceptivos según sus necesidades y garantizar así su derecho a la salud sexual y reproductiva.

Hace más de 9 años, el Congreso peruano aprobó la ley 28704 a través de la cual decidió que todas las relaciones sexuales entre y con adolescentes de 14 a 18 años era considerada una violación sexual y, por lo tanto, un delito. Esta situación tuvo como consecuencia la ilegalidad de la atención a las y los adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva, negando su derecho a estos servicios y, por ende, estar desprotegidos frente a ITS y embarazos no deseados.

Esta situación cambió. En el 2012, el Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional y reconoció el derecho de las y los adolescentes a la libertad sexual, a ejercer su sexualidad y a recibir información de calidad. Asimismo, reconoció el rol del Estado como ente obligado a garantizar el ejercicio de dichos derechos y a proveer servicios de salud sexual y reproductiva. A raíz de esta nueva sentencia, se viabilizan distintas políticas públicas desde el Estado, una de ellas es el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo Adolescente 2013 – 2021. En este marco, las y los proveedores de salud tienen responsabilidades concretas para prevenir el embarazo no deseado a temprana edad, como brindar orientación y métodos anticonceptivos modernos.

Sin embargo, menos de la mitad de los proveedores de salud conocen esta sentencia y por ende sus responsabilidades en torno a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, según información recabada por la Defensoría del Pueblo. Esta es una situación que debe ir cambiando. Si bien desde el Ministerio de Salud es necesaria una directiva clara para la atención en adolescencia, es deber de los proveedores de salud garantizar información y métodos anticonceptivos en la medida en la no existe traba legal alguna y por el contrario, esto puede hacer la diferencia en las posibilidades de futuro de las y los adolescentes.